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| Comunicado del Colectivo Harimaguada sobre que se permita la sindicalización de las mujeres que ejercen la prostitución. |
El
Colectivo Harimaguada lamenta la actitud del gobierno español de
revocar la autorización que dio el Ministerio de Trabajo a la
Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), paralizando así una
iniciativa democrática de autoorganización del colectivo de trabajadoras
y trabajadores sexuales en defensa de sus derechos laborales.
Así mismo este Colectivo muestra su asombro y desconcierto ante las
declaraciones de diversos representantes del gobierno y ante el debate
generado, en el que se llega a confundir, una vez más, la prostitución
con la trata de personas con fines de explotación sexual, creando así
estereotipos estigmatizadores que afectan directamente a las
trabajadoras del sexo. Precisamente es el estigma asociado a ganarse la
vida con la prostitución el mayor problema al que éstas se enfrentan, y
políticas e intervenciones como la que analizamos, lo magnifican.
La
realidad no se puede falsear, estableciendo adulterados y emocionales
debates en torno a prostitución sí o prostitución no. Estamos de
acuerdo en que el trabajo sexual se está generando en un sistema
neoliberal y hetero-patriarcal, en que somos muchas las personas que
luchamos contra él y por construir una sociedad centrada en las
necesidades humanas, igualitaria, diversa, equitativa y justa, donde
todas las personas tengamos los mismos derechos, donde todas las mujeres
del mundo podamos tener una vida autónoma, digna y libre.
Pero
también hemos de reconocer que no podemos ignorar a las personas que
participan voluntariamente (dentro de los límites que nos permite esta
sociedad) en la prostitución, que se reconocen como trabajadoras y que
están exigiendo cuestiones básicas como lugares seguros para trabajar y
derechos laborales y sociales.
Lo
que realmente debería provocar indignación es que la patronal del
trabajo sexual, los empresarios de clubes de alterne, estén organizados y
reconocidos legalmente para preservar sus intereses y que las
trabajadoras no puedan auto organizarse para defender sus derechos.
Ante ello solo podemos estar a favor de los derechos de las trabajadoras
del sexo o condenarlas al abuso laboral, la exclusión y la
clandestinidad, pues es evidente que las políticas sancionadoras no han
logrado sus objetivos, aumentando la vulnerabilidad de las personas a
las que pretende proteger. Solo nos corresponde plantearnos qué podemos
hacer para contribuir a mejorar sus vidas dentro del sistema actual,
pero teniendo cuidado con pensar que somos nosotras las que tenemos
estas respuestas, sin contar con ellas.
Las trabajadoras del sexo se reconocen como trabajadoras y están
exigiendo derechos.
Es
imprescindible que la sociedad las escuche para hallar nuevas
perspectivas al tratar y hablar de prostitución, que no las prive de
esos derechos humanos básicos.
Y uno de los primeros pasos para lograrlo pasa por su auto-organización,
pues ésta las fortalece como protagonistas de sus vidas, permitiéndoles
visibilizarse públicamente, crear conciencia colectiva y reivindicar
sus derechos. La visibilización pública de las condiciones en las que
están trabajando contribuye también a romper con el estigma de la
prostitución y con los estereotipos con los que se les define.
Lo
cierto es que no existe ningún otro sector en el que se permita tener a
trabajadores sin que estos se puedan sindicalizar. Recordemos que la
compra y venta de sexo por parte de personas adultas no es un delito
penal en el Estado español, y que también es legal tener un
establecimiento en el que haya prostitución siempre que las trabajadoras
del sexo sean adultas, independientes y no presionadas y que la
propietaria o propietario no obtenga beneficios económicos de su trabajo
(entendiendo éste como el “contacto carnal”), trabajadoras que ven
sistemáticamente vulnerados y desprotegidos sus derechos.
La autoorganización de las trabajadoras y los trabajadores del sexo no
va a promover mayor explotación sexual.
Muy
al contrario, dará apoyo y reconocimiento público a quienes llevan
reivindicando derechos y denunciando la explotación sexual desde hace
mucho tiempo. Como en cualquier otro sector, las empodera, haciéndolas
menos vulnerables ante el abuso y la explotación.
Por lo tanto, un gobierno que se autodefine como progresista debería
aplicar políticas sobre trabajo sexual basadas en los derechos humanos y
en una perspectiva feminista de justicia social, donde los espacios de
participación y representación de estas mujeres y el reconocimiento de
sus derechos sean una realidad.
Queremos
derechos para todas, todas, todas, desde el reconocimiento de las
necesidades y realidades diversas y concretas y partiendo de la
aceptación de sus posibilidades como sujetos dueños de sus cuerpos y de
sus vidas. ¡Esperamos que seamos capaces de avanzar en este camino!.
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