9/01/2018

Cerrar la brecha de desigualdad en México, vital para acelerar productividad

La Cepal confía en que nuevo gobierno incentive la inversión pública

Cerrar la brecha de desigualdad en México y en otros países latinoamericanos no solamente es un imperativo ético, sino también necesario para acelerar la productividad, difundir el avance digital, y lograr una sostenibilidad ambiental, señala el estudio “La ineficiencia de la Desigualdad”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que fue presentado hoy en instalaciones de la UNAM.

En su ponencia, la secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena Ibarra, destacó que la igualdad, la productividad y la democracia son bienes correlacionados y cuando aumenta la desigualdad, como en el caso de los países latinoamericanos, disminuye la productividad.
Agregó que el desarrollo económico de los últimos 30 años no habría favorecido a la población más pobre. Al contrario, la liberación financiera “no ha generado inversiones”, y el avance de la tecnología “favorece la concentración del capital en el tope de la población”, expuso.
Sin embargo, Bárcena Ibarra se mostró optimista que el nuevo gobierno mexicano incentive inversiones públicas que puedan ayudar a disminuir la desigualdad, y que las orientaciones estratégicas expuestas en el estudio puedan servir de guía para una nueva política pública.
El estudio analiza la “cultura de privilegio” arraigada en la sociedad, el avance de las tecnologías, los efectos de un multilateralismo débil, y el medio ambiente, al igual que el mercado laboral, la educación, el acceso a infraestructura y los peligros del cambio climático. En todos estos ámbitos, la población está expuesta a discriminación según clase, etnia, y género.
En cuanto a la discriminación de género, las y los investigadores se concentraron en los efectos en el mercado laboral,  y desarrollaron diferentes escenarios de cómo este podría cambiar en el futuro. En un primer análisis, se preguntaron qué sucedería si participaran más mujeres entre 14 y 65 años en el mercado laboral formal.
En diferentes escenarios se supone que no cambia la brecha salarial, o que se elimina completamente. Para ambas visiones, la proyección de las y los académicos es que se logran importantes incrementos en el ingreso de los hogares, reduciendo así la pobreza y la desigualdad.
La segunda pregunta trató la repartición del trabajo no remunerado. Por ejemplo, para México, la Cepal constató que en los hogares donde vive una pareja, los hombres realizan alrededor de 70 por ciento de horas de trabajo remunerado, mientras que las mujeres realizan más del 80 por ciento de horas de trabajo no remunerado.
Repartir el trabajo remunerado y no remunerado (como cuidar niñas y niños, personas de la tercera edad, cocinar o limpiar) de manera más equitativa tendría efectos positivos para la economía, concluyeron. En su ejercicio de simulación, ambos integrantes se dividen la carga de trabajo remunerado y no remunerado de manera equitativa. Pero sólo en el escenario donde además desaparecen las diferencias de ingresos laborales entre mujeres y hombres, se observa un alza importante en los ingresos promedio del hogar.
Este beneficio, escriben las autoras y autores, sería “especialmente notable en los hogares de ingresos más bajos”, donde la participación laboral femenina es menor. Sin embargo, la brecha salarial entre los sexos “conspira contra un reparto más equitativo” de trabajos remunerados y no remunerados. Por lo tanto, concluyen que las políticas públicas deben generar condiciones que incentiven un reparto más equitativo.
Cabe señalar que en todos los ámbitos investigados para el informe, como la educación, acceso a infraestructura, medio ambiente, acceso a financiación, existe una discriminación de género, a la que la Cepal no dedicó un capítulo entero como en el caso del mercado laboral.
Alicia Bárcena Ibarra hizo referencia al hecho de que la discriminación es transversal cuando se refirió al acceso a la infraestructura, brecha que divide las poblaciones marginadas y las de clase media y alta en las ciudades. Relató que la Cepal observó un incremento respecto al tiempo que las personas dedican a transportarse. Al mismo tiempo, son las mujeres las que más utilizan transporte público y no individual, y que por lo tanto son más expuestas a la contaminación y la inseguridad en la vía pública.
El informe “La ineficiencia de la Desigualdad” se puede descargar en el siguiente enlace: https://www.cepal.org/es/publicaciones/43442-la-ineficiencia-la-desigualdad
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Congresos con mayoría de Morena podrían despenalizar aborto


GIRE presenta informe sobre criminalización de mujeres 



La mayoría de legisladoras y legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 19 Congresos estatales y en el Congreso federal es una esperanza para lograr la despenalización del aborto a nivel nacional, coincidieron legisladoras, académicas y feministas.
En la presentación del informe “Maternidad o castigo”, que se realizó este 30 de agosto en las instalaciones de la UNAM, la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés Noriega, se mostró optimista de que se puedan gestionar avances importantes en el Congreso.
La esperanza es que se despenalice el aborto a nivel nacional, una idea con la que coincidieron destacadas feministas como Marta Lamas y las legisladoras de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle y Patricia Mercado y de Morena, Malú Mícher.
En cuanto a la sugerencia de la abogada y futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de aplicar una amnistía para las mujeres privadas de libertad por aborto, las defensoras opinaron que esto sería “asunto de los Congresos locales”; pero lo dicho sería una señal importante, dijo la jurista Ana Laura Magaloni Kerpel.
De acuerdo con el informe las mujeres son criminalizadas por tener un aborto, aun cuando este es espontáneo, por ejemplo de 2007 y 2016, en total 850 mujeres enfrentaron un proceso por el delito de aborto y de enero de 2007 a diciembre de 2016 se dictaron 98 sentencias a mujeres por el delito de aborto.
El Estado falla en garantizarlas una vida libre sin violencia, se les niega u obstaculiza el acceso a la justicia, y las sentencias en su contra tienen rasgos sexistas y discriminatorios, por ello GIRE hizo un llamado a los Congresos locales para despenalizar el aborto al menos durante el primer trimestre de la gestación, marco jurídico que ya existe en la Ciudad de México desde 2007.
El informe de GIRE abarca un panorama completo, expone las legislaciones de cada estado, las causales que permiten el aborto y las sanciones que se imponen cuando no es legal, menciona las constituciones que “protegen la vida” de la concepción/fecundación, hace un recuento de los estándares de derechos humanos, muestra casos reales y cifras de criminalización por aborto y otros delitos relacionados.
Todos los estados de la República permiten la interrupción del embarazo si es producto de una violación; 15 contemplan este derecho si corre riesgo la salud de la mujer; 24 si hay peligro de muerte; 15 si fue por inseminación artificial no consentida; 16 por alteraciones congénitas o genéticas graves en el producto; y dos por razones socioeconómicas.
Las penas de prisión más altas, con hasta cinco años, son en Baja California, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tamaulipas. Mientras que en Chiapas, Michoacán y Veracruz no se contemplan penas privativas de la libertad por el delito de aborto. En la Ciudad de México se permite el aborto legal hasta la semana 12 de gestación.
Sin embargo, en algunos casos las mujeres son condenadas a sentencias mucho más largas cuando el delito que se les imputa no es aborto sino infanticidio u homicidio, como en el caso de Mónica, profesora de la Ciudad de Cadereyta de Montes, en Querétaro, quien en febrero de 2001 tuvo un parto fortuito en la letrina de la casa donde vivía, el caso fue documentado por GIRE.
Cuando tuvo el parto inesperado, Mónica se quitó la playera, envolvió al recién nacido, lo tomó en brazos y al ver que aún respiraba salió en busca de auxilio pero cuando se dio cuenta ya no respiraba. Ella intentó reanimarlo, sin embargo, no reaccionó. Poco después la señora de la casa que la albergaba la atendió y Mónica fue trasladada a un hospital donde le practicaron un legrado.
De acuerdo con GIRE, Mónica se encuentra privada de libertad, acusada del delito de homicidio calificado y aunque ella declaró que su parto fue fortuito la declararon culpable.
El 7 de noviembre de 2001 el juez le dictó sentencia condenatoria por 42 años de prisión. Esta sentencia fue recurrida y en segunda instancia, en enero de 2002, los magistrados disminuyendo la condena a 25 años de prisión.
Estas historias “dejan ver el contexto del que estamos hablando”, afirmó la profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ana Laura Magaloni Kerpel, quien afirmó que el debate (sobre el aborto) “nunca está entrelazado” con la realidad.
La profesora destacó que nunca le había quedado tan claro, como en este informe, el vínculo de la criminalización de las mujeres con el sistema de salud. El personal de salud tiene la idea que pueden ser sancionados por practicar abortos. De hecho, el informe indica que la mayor parte de las denuncias por aborto en México provienen de los mismos prestadores de servicios de salud.
Hay estados que prevén entre seis meses hasta 10 años de prisión a los profesionales de la salud que cometan este delito. En el caso de Baja California el personal de salud puede ser condenado. Adicionalmente, hay suspensiones profesionales de hasta diez años.
Además, como parte de un patrón machista y discriminatorio, las mujeres que llegan a los hospitales y son tratadas como sospechosas, cuestionadas y maltratadas. Por ejemplo, GIRE documentó casos en los que las enfermeras llamaron a las mujeres “asesinas”.
Según el informe, cuando las mujeres son denunciadas, el Ministerio Público responde de inmediato y acude a los hospitales a interrogarlas aunque estén en camillas, lo que para esta organización es una violación del derecho al debido proceso.
En muchas ocasiones, los casos se basan exclusivamente en confesiones autoincriminatorias realizadas en contextos de emergencias médicas, “sin mayores pruebas que acrediten su responsabilidad”, expone el informe.
En otros casos, por falta de información, mala atención jurídica, y el trauma que sigue un parto fortuito y las acusaciones, las mujeres se consideran asesinas, narró José Luis Gutierrez Román, director de la organización AsíLegal que acompaña a casos en centros penitenciarios. Sólo después de preguntarlas cómo fue que supuestamente “asesinaron” a su hija o hijo, resulta que fue un parto fortuito o un aborto, declaró.
En tanto, el profesor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de laUNAM, aludió a la incertidumbre que viven las mujeres en el país, debido a las legislaciones tan distintas de cada entidad. Es una grave violación a la igualdad jurídica “que el lugar en que la mujer se encuentre a la hora de interrumpir el embarazo defina la manera de que es tratada”, destacó y llamó a las instituciones a armonizar la legislación con el Código Penal de la Ciudad de México.

Especial Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

La nulidad del yo femenino I parte

Quinto Poder


Una mujer que vivió violencia ha dicho: “La violencia te hace sentir invisible, te quitan la sensación de ser persona, incluso de ser alguien… te hace sentir nada y es que con el tiempo terminas por convertirte en nada, en ser invisible”. El mejor ejemplo de uno de los conceptos sobre los que he hablado en distintos espacios para hablar sobre la nulificación del yo femenino.

Hace muchos años ya, en una conferencia en La Habana, Cuba, para hablar sobre feminicidio y la violencia contra las mujeres me permití explicar lo que consideraba ayudaba a entender el sentido instrumental de la violencia contra las mujeres -si es que puede considerarse que lo hay- desde la mirada androcéntrica y violenta.

No significa que las mujeres aceptemos ser nada, ni mucho menos que hable de una “nulificación efectiva y absoluta del yo”, pero de que es la intención de la violencia y su expresión, considero que así lo es, y que el feminicidio es una herramienta de control sobre las mujeres, no sólo sobre la víctima sino también sobre aquellas que serán testigos de este hecho en el contexto social y su efecto de violencia simbólica en ellas.
Para entender el concepto de la nulidad del yo femenino hay que empezar por entender el sentido de la nulificación. ¿Qué es nulificar? Cuando escuché a la mujer hablar para explicar sus sensaciones de ser “nada”, después de que expuse el concepto, agradecí su confianza en comunicarlo y me llevó a reflexionar sobre la violencia cotidiana en nuestras vidas y cómo se vive.
La forma más común es también la más inadvertida. Reflexionaba sobre la intención de esas personas -sean hombres o mujeres- que asumen una actitud de “ignorar” a otra persona, hacer de cuenta que no existe, que no está ahí, no hablarle, no mirarla, no dirigirse hacia ella. En la intención de lastimar a la otra persona a la que se ignora, entendí el sentido de la nulificación. Se entiende, se sabe que lo que se trastoca con el hacer “nada” a otro ser humano es precisamente desproveer de la condición de persona, violentar su dignidad humana.
Una mujer indígena me refirió en una ocasión cuando acudió a mí en busca de ayuda para exponer una queja por malos tratos institucionales que ella no sabía nada de derecho, pero que le dolía el corazón por la forma como la trataron y al conversarlo con alguien más le recomendaron buscar ayuda de una organización de Derechos Humanos; ella hablaba de su dignidad humana lastimada.
Volviendo al tema de la nulificación, cuando en 2012 hablaba sobre la nulidad del yo femenino rondaba por la idea de que la violencia tenía el propósito y el efecto de despojar de identidad a las mujeres, de fragmentar la identidad -tal como lo hace la tortura- a tal punto, que la persona no pudiera reconocerse a sí misma. Y es cierto, el efecto de la violencia es en gran medida ese, por esa razón no trasciende el concepto de la “cosificación”, pues la cosa es en tanto que a la mujer que se la violenta no se le reconoce condición de nada.
El efecto que reúne el síndrome de indefensión aprendida, o síndrome de mujer maltratada, ese del que tanto se hablaba como una actitud con la que un pueblo no responde a la violencia y a la desigualdad estructural ante su imposibilidad de mirarse como sujeto de derechos, es también un síntoma de esa nulificación a la identidad, que en el caso de las mujeres va directo a incidir íntimamente su yo interior.
Una de mis autoras favoritas y citada constantemente es Lucie-Anne Skitekatte por su obra “El silencio de Yocasta”, en el que aborda la reflexión sobre la existencia de un yo femenino íntimo más allá del yo femenino creado desde afuera como una máscara impuesta por el patriarcado a las mujeres, hasta convencernos de que esa que nos dicen que somos o debemos ser, esas somos.
No es sencillo el tema, pero la nulificación del yo femenino se refiere justamente a despojar a la persona de toda capacidad para abstraerse y sustraerse de su realidad para tener conciencia primero, y luego llegar a encontrarse de frente con un yo auténtico, un yo femenino interno que le hable y le diga quién es ella misma. La violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos va directo a producir el efecto de que nunca nos busquemos a nosotras mismas.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.-

Desigualdades de género, de ingresos y entre regiones del país

Monedero

Según afirmaciones de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, uno de los focos principales a trabajar en México es la desigualdad, que no sólo frena el crecimiento, sino que conspira contra él. En este sentido es indispensable recortar las enormes brechas de desigualdad que hay en el país, especialmente desigualdad de género, ingresos y desigualdad económica entre regiones.

ES EL COSTO DE LA DESIGUALDAD

Las diferencias económicas entre regiones al interior de México, se deben a que tienen como origen la cultura de los privilegios y la reproducen. Y vaya que las mujeres saben de “la cultura del privilegio”, se relaciona con el carácter estructural de la reproducción de las desigualdades.
La maternidad adolescente es una de las muchas formas de perpetuar las desigualdades sociales, al afectar el nivel educativo alcanzado y las posibilidades presentes y futuras de las mujeres jóvenes para acceder al trabajo y a la protección social. En promedio, las mujeres de 25 a 35 años de la región que fueron madres en la adolescencia estudiaron 3.2 años menos que las mujeres del mismo tramo etario que no fueron madres adolescentes.


Claramente se ve en la gráfica el “boom” que ha tenido esta maternidad en México, la tasa más alta (6.6  por ciento), corresponde a 2008. Prácticamente la cuarta parte de la población adolescente masculina que no asiste a la escuela es por razones de trabajo. En contraparte, 18.1 por ciento de las adolescentes abandonan la escuela por embarazo, matrimonio o unión.
Lo mismo sucede en América Latina y el Caribe. En Haití el promedio de estudios con embarazo es de 3.4 años y sin embarazo prácticamente el doble 6.5; para Perú los promedios son de 7.2 con embarazo y 10.9  años de escolaridad sin embarazo.
La cultura del privilegio puede entenderse a partir de tres rasgos básicos:
La naturalización de la diferencia como desigualdad

Quien establece esta jerarquía no es un juez imparcial, sino un actor entre otros que procura apropiarse de beneficios, para lo cual se constituye a la vez en juez y parte.

En esta dialéctica, la cultura del privilegio garantiza asimetrías en múltiples ámbitos de la vida colectiva, como el acceso a posiciones privilegiadas en los negocios y las finanzas; el poder decisorio o deliberativo; la mayor o menor presencia en medios que imponen ideas, ideologías y agendas políticas; la captura de recursos públicos para beneficios privados; condiciones especiales de justicia y fiscalidad; contactos para acceder a mejores empleos y servicios, y facilidad para dotarse de los mejores lugares para vivir, circular, educarse, abastecerse y cuidarse

La base histórica de la cultura del privilegio que, con distintas expresiones y rangos, se perpetúa hasta hoy, es la conquista y la colonización por medio de las cuales se sometió́ a poblaciones indígenas a trabajos forzados y a personas afrodescendientes a la esclavitud, se expropiaron los bienes y riquezas de los pueblos originarios, se prohibieron sus creencias y valores, se les aplicó un maltrato sistemático y se les negó todo estatuto de ciudadanía (incluyendo a las mujeres).

El avance en materia de igualdad tiene, pues, dos caras: la de la igualdad de derechos y la de la igualdad sustantiva. El sentido último de los modernos Estados de bienestar radica en que los individuos construyen su sentido de pertenencia a la sociedad y su adhesión a la vida democrática sobre la base de estas dos caras de la igualdad.

Los círculos virtuosos entre la igualdad y esos sentidos de pertenencia y adhesión, a su vez, son la clave para enfrentar un mundo de complejidad creciente y en el que se hace cada vez más difícil articular en las sociedades nacionales determinantes exógenos y fuerzas endógenas.
La igualdad se refiere a igualdad de medios, de oportunidades, de capacidades y de reconocimiento. La igualdad de medios se traduce en una distribución más justa del ingreso y la riqueza, y una mayor participación de la masa salarial en el producto; la de oportunidades, en la ausencia de discriminación de cualquier tipo en el acceso a posiciones sociales, económicas o políticas.
La igualdad en materia de acceso a capacidades hace referencia a habilidades, conocimientos y destrezas que los individuos logran adquirir y que les permiten emprender proyectos de vida que estiman valiosos. Implica igualdad en los ámbitos de la educación de calidad, la salud, el acceso al mundo digital, la nutrición y las condiciones de vida, reflejadas en un menor hacinamiento y un mayor acceso a bienes duraderos. Por otro lado, la igualdad como reconocimiento recíproco se expresa en la participación de distintos actores en el cuidado, el trabajo y el poder, en la distribución de costos y beneficios entre las generaciones presentes y las futuras, y en la visibilidad y afirmación de identidades colectivas.

A finales del Siglo XX  América Latina y el Caribe estuvo marcada por señales positivas en lo social, como la reducción de la pobreza, algunas reformas a los sistemas de protección social que aumentaron su carácter solidario, la expansión del consumo y una leve inflexión favorable de la distribución del ingreso.
Lo anterior fue de la mano de un cambio en la cultura ciudadana, en el sentido de afirmar la dignidad y asociarla a derechos efectivos y a la reciprocidad en el trato. Sin embargo, estos avances no son irreversibles.
Actualmente en México han surgido mayores resistencias al avance en términos de igualdad de derechos y profundización de las reformas sociales. El péndulo empezó a moverse regresivamente mediante recortes del gasto social o retracción de derechos laborales y reformas fiscales.
Este aumento en las desigualdades se ha visto acompañado de un recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, y se abrió más la brecha de desigualdad de género en lo económico y laboral.
* Economista especializada en temas de género

Twitter: @ramonaponce
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.

Violencia sexual y sus consecuencias

OPINIÓN
Por: Alena Pashnova*

La violencia sexual es un crimen muy particular. Se puede distinguir de otros crímenes por la manera específica en que se propagan sus impactos, dado que éstos entran a través del cuerpo de la persona, pero terminan afectando severamente no sólo el psique de la misma, sino también la sociedad en la que vive.
México es un país donde la violencia sexual está en ascenso. Esta tendencia se denuncia en reportes publicados en los últimos años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y otras instituciones.
Aquí suceden más de 600 mil violaciones al año y cada una de esas violaciones deja un profundo trauma en la persona que la sufre, en su familia, personas cercanas a la o el sobreviviente, en las siguientes generaciones e incluso en la consciencia colectiva.
Hace unos días Amelia, una estudiante de 22 años fue violada en plena calle en Naucalpan, Estado de México. Este caso es sintomático, ya que refleja la actitud general en torno al crimen.
Amelia cuenta que la violación fue presenciada por varias personas que pasaron por allí. Todos ponían la “cara de asco” y nadie decidió intervenir. Nadie quiso ver que detrás del cuerpo violado y forzado a participar en un acto sexual estaba una mujer paralizada por miedo, una persona que necesitaba ayuda.
Después de haber sido violada Amelia pasó largas horas esperando poder denunciar el crimen ante las autoridades. Los procesos burocráticos correspondientes son lentos y completamente insensibles con el sufrimiento de la persona. Los burócratas encargados de registrar el crimen, por lo general también son así.
En el caso de Amelia el médico que debía examinarla no llegaba, y durante el tiempo de espera a la joven no le fue permitido comer, ni asearse, ni descansar. Eso se debe a que el cuerpo de la víctima en caso de la violación sexual se piensa sólo como un objeto que debe ser estudiado e investigado.
Cuando Amelia comió algo fue acusada de “alterar la evidencia”, refiriéndose a su cuerpo, como si éste estuviera separado de ella, como si no existiera Amelia con su voluntad, libertad y personalidad.
Cuando algunas horas después los medios reportaron lo sucedido, salió al público la información más morbosa detallando el proceso y la manera en que Amelia fue violada.
Amelia fue víctima de un crimen, pero también fue revictimizada por la sociedad que es cada vez más insensible ante el dolor de una persona violada.
A final de cuentas todos fueron partícipes del crimen: los testigos por no intervenir, las autoridades por tratar el cuerpo de Amelia como evidencia y los medios por utilizar su historia como herramienta para llamar la atención de sus lectores.
Los partícipes lastimaron a la mamá de Amelia que estuvo desesperada por encontrar ayuda para su hija. Lastimaron a toda su familia que sufrirá profundamente lo que le sucedió a una persona cercana. Y aparte de todo, una vez más lastimaron a millones de mujeres que viven en México, caminan por las calles y día tras día exponen sus cuerpos ante el peligro de ser agredidas, atacadas y violentadas. 
Para ponerle fin a la violencia sexual habría que empezar con lo más básico: aceptar la idea que la violación no es un simple acto sexual sin consentimiento de una parte, sino es un crimen contra la voluntad, individualidad y lo más íntimo de cada persona.
Se necesita dejar la vieja idea de que el cuerpo y mente son separados. Un cuerpo vivo no es un objeto de investigación criminalística y no puede ser tratado como tal. Cuando un cuerpo es violado, la persona sufre un trauma psicológico muy profundo, puede requerir años de terapia y no hay garantía de su completa recuperación.  
Para terminar con la violencia sexual también tenemos que luchar contra el machismo, ya que actualmente 90 por ciento de las víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas. Es necesario dejar de estar de lado de los perpetradores y recordar que nada puede “provocar” la violencia sexual: ni el aspecto físico, ni comportamiento, ni forma de vestir de una persona.
Hay que luchar por la justicia, porque un crimen impune sólo da entradas a más y más crímenes. Hay que asegurarnos que el crimen contra Amelia sea condenado. Hay que denunciar si presenciamos o sabemos de cualquier tipo de la violencia y ¡nunca!, sí, ¡nunca! pasar de lado con “cara de asco”.
*Periodista rusa residente en México
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.-28/08/2018

Los demagogos de la paridad

Zona de Reflexión
Por: Lucía Lagunes Huerta*

Desde que las mujeres fueron excluidas del poder y los espacios de toma de decisión, han tenido que construir el camino de regreso para ocupar su lugar. Durante siglos han tenido que argumentar y demostrar que toda exclusión es nociva para el equilibrio, que es injusto que el grupo numéricamente más amplio de la población no cuente con la representación a la que tiene derecho por el simple hecho de ser parte de la humanidad.
Desde la Convención de Seneca Falls en 1848, en Estados Unidos, hasta la paridad de hoy, en México, el avance por el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido lento y sostenerlos ha costado la vida, simbólica y real, de muchas mujeres.
Cuando ellas han exigido tomar lo que les corresponde siempre hay una reacción virulenta que busca detenerlas, que las denosta e incluso las llega a asesinar. Olimpia de Gouges (1748-1793) es un ejemplo de la violencia política vivida por las mujeres en la búsqueda por el respeto a su ciudadanía plena, y de ese feminicidio hace ya dos siglos.
Quienes construyeron la exclusión de las mujeres y fomentan la desigualdad han usado todos los argumentos para evitar que sus privilegios y monopolios sean vulnerados; desde dudar que las mujeres tenían alma, en la época que tenerla era importante; hasta dudar de la masa encefálica que poseen, es decir si el cerebro de las mujeres razona. De todo se ha escuchado y hemos visto.
Tan naturalizada es la discriminación y la desigualdad de las mujeres, que los que lo tienen todo no logran sentirse interpelados cuando se señala el abuso. Los monopolistas del poder y los privilegios voltean para otro lado, dejan de prestar atención y simplemente ignoran.
Por ello ninguno de los que hoy coordinarán las fracciones parlamentarias tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados ha dicho esta boca es mía ante la reacción social de la exclusión completa de las legisladoras en estos cargos.
Ninguno se ha sentido en la obligación de explicarle a la ciudadanía cómo es que la democracia paritaria no alcanzó a llegar a los puestos duros del poder.
Muchos de los que hoy  guardan silencio fueron funcionarios, gobernadores, secretarios de Estado políticamente correctos, que cada 25 de mes se pintaron de naranja, que firmaron la campaña “He for She”, que se tomaron la foto y dieron la nota de lo que debe hacerse  para eliminar la violencia contra las mujeres, que incluso dijeron comprometerse para desterrar la desigualdad, que aseguraron estar a favor de la paridad,  que afirmaron que ninguna mujer tiene que vivir la exclusión etcétera…De eso ya no se acuerdan.
Éstos, “los nuevos aristócratas de la democracia”, como los llamó Olimpia de Gouges, “los coleccionistas de capas”, como los calificó Rosario Castellanos, siguen usando el poder expropiado para mantenerlo para ellos y nadie más. Aquí lo políticamente correcto no les conviene.
Ellos han perdido algunos espacios, gracias a la fuerza de las mujeres unidas, como la mitad de las curules y algunas sillas en los gabinetes. Los demagogos de la democracia se niegan a dejar sus privilegios y ser verdaderos demócratas. No están dispuestos a asumir que lo justo es la mitad, y no lo van a hacer sin que las mujeres den la pelea.
El número sí cuenta y ellas tienen que hacerlo efectivo, tienen la mitad de los votos para cualquier decisión y eso tiene un peso que debe ser usado a favor de una causa, la de la igualdad.
“Nada sin nosotras”, han dicho, “no sin mujeres”, “no sin legisladoras”. Para que esto tenga peso es necesario que las mujeres que están dentro de los congresos pacten para avanzar, para romper el techo de acero que las mantiene a límite y para dejar de tener el piso pegajoso para seguir avanzando.
Pactando las mujeres de antes, y las de ahora, han podido avanzar. Creer que alguno de los demagogos de la paridad “ceda” su lugar es tanto como esperar que un salvador nos salve. Tomar el poder desde las mujeres es ejercerlo.
Ninguno de los seis santos varones llega legitimado realmente por su bancada conformada por mujeres y hombres. Ellos fueron ungidos por sus ritos tribales del patriarcado, que ratifica “el poder es nuestro y para los nuestros, porque así ha sido y no hay necesidad que cambie”.
¡Claro que no! En eso coinciden porque si cambia tendrán menos para ellos, y cuando lo han tenido todo por el simple hecho de ser hombres, perderlo, aunque sea por justicia, no es fácilmente aceptado.
Tenerlo claro es fundamental para saber con quiénes sí tenemos que pactar, y eso es con las mujeres, porque históricamente nos ha funcionado para construir un mundo más justo e igualitario. Los demagogos de la paridad serán eso y no más.
*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.
Twitter: @lagunes28
Imagen retomada del portal República de las Mujeres
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Mujeres cuidadoras: entre la obligación y la satisfacción


Foto: Marcela Lagarde (Antropóloga Feminista)

Cuidados & Política feminista

“Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado."

Emakunde

Cuidar es en el momento actual, el verbo más necesario frente al neoliberalismo patriarcal y la globalización inequitativa. Y, sin embargo, las sociedades actuales, como muchas del pasado, fragmentan el cuidado y lo asignan como condición natural a partir de las organizaciones sociales: la de género, la de clase, la étnica, la nacional y la regional-local. 

Así, son las mujeres quienes cuidan vitalmente a los otros (hombres, familias, hijas e hijos, parientes, comunidades, escolares, pacientes, personas enfermas y con necesidades especiales, al electorado, al medio ambiente y a diversos sujetos políticos y sus causas). Cuidan su desarrollo, su progreso, su bienestar, su vida y su muerte. De forma similar, mujeres y hombres campesinos cuidan la producción y la tierra y las y los obreros la producción y la industria, la burguesía cuida sus empresas y sus ganancias, el libre mercado y hasta la democracia exportada a países ignorantes. 
La condición de cuidadoras gratifica a las mujeres afectiva y simbólicamente en un mundo gobernado por el dinero y la valoración económica del trabajo y por el poder político. Dinero, valor y poder son conculcados a las cuidadoras. Los poderes del cuidado, conceptualizados en conjunto como maternazgo, por estar asociados a la maternidad, no sirven a las mujeres para su desarrollo individual y moderno y tampoco pueden ser trasladados del ámbito familiar y doméstico al ámbito del poder político institucional. 

La fórmula enajenante asocia a las mujeres cuidadoras otra clave política: el descuido para lograr el cuido. Es decir, el uso del tiempo principal de las mujeres, de sus mejores energías vitales, sean afectivas, eróticas, intelectuales o espirituales, y la inversión de sus bienes y recursos, cuyos principales destinatarios son los otros. Por eso, las mujeres desarrollamos una subjetividad alerta a las necesidades de los otros, de ahí la famosa solidaridad femenina y la abnegación relativa de las mujeres. Para completar el cuadro enajenante, la organización genérica hace que las mujeres estén políticamente subsumidas y subordinadas a los otros, y jerárquicamente en posición de inferioridad en relación a la supremacía de los otros sobre ellas. 
Las transformaciones del siglo XX reforzaron para millones de mujeres en el mundo un sincretismo de género: cuidar a los otros a la manera tradicional y, a la vez, lograr su desarrollo individual para formar parte del mundo moderno, a través del éxito y la competencia. El resultado son millones de mujeres tradicionales-modernas a la vez. Mujeres Atrapadas en una relación inequitativa entre cuidar y desarrollarse. La cultura patriarcal que construye el sincretismo de género fomenta en las mujeres la satisfacción del deber de cuidar, convertido en deber ser ahistórico natural de las mujeres y, por tanto, deseo propio y, al mismo tiempo, la necesidad social y económica de participar en procesos educativos, laborales y políticos para sobrevivir en la sociedad patriarcal del capitalismo salvaje. 
Así, el deseo de las mujeres es contradictorio: lo configura tal sincretismo. 

Los hombres contemporáneos no han cambiado lo suficiente como para modificar ni su relación con las mujeres, ni su posicionamiento en los espacios domésticos, laborales e institucionales. No consideran valioso cuidar porque, de acuerdo con el modelo predominante, significa descuidarse: Usar su tiempo en la relación cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con los otros. Dejar sus intereses, usar sus recursos subjetivos y bienes y dinero, en los otros y, no aceptan sobretodo dos cosas: dejar de ser el centro de su vida, ceder ese espacio a los otros y colocarse en posición subordinada frente a los otros. Todo ello porque en la organización social hegemónica cuidar es ser inferior. 
Algunas tendencias minoritarias se abren paso pero incluso hombres que se pronuncian por relaciones equitativas están más dispuestos a ser amables con las mujeres o sumarse al algunas de las causas políticas del feminismo, que a hacer política feminista. 

El cuidado pues está en el centro de las contradicciones de género entre mujeres y hombres y, en la sociedad en la organización antagónica entre sus espacios. El cuidado como deber de género es uno de los mayores obstáculos en el camino a la igualdad por su inequidad. De ahí que, si queremos enfrentar el capitalismo salvaje y su patriarcalismo global, debemos romper con la naturalidad del cuidado por género, etnia, clase, nación o posición relativa en la globalización. 
El feminismo del siglo XX ha realizado la crítica del modelo “superwoman” y ha denunciado la explotación de las mujeres a través del trabajo invisible y de la desvalorización de muchas de sus actividades, incluso del trabajo asalariado, de la relativa exclusión de la política y de la ampliación de una cultura misógina simbólica e imaginaria. Ha logrado llevar a la agenda de las necesidades sociales, la violencia contra las mujeres y ha realizado pequeñas modificaciones jurídicas y legislativas en el Estado. 

Algunas corrientes contemporáneas ya no reiteran la desigualdad ni la violencia de género y, en cambio acuerdan con la igualdad entre mujeres y hombres y por un mundo equitativo. 

Sin embargo, nos queda por desmontar el deber ser, el deber ser cuidadoras de las mujeres, la doble jornada y la doble vida resultante. Y eso significa realizar cambios profundas en la organización socioeconómica: en la división del trabajo, en la división de los espacios, en el monopolio masculino del dinero, los bienes económicos, y en la organización de la economía, de la sociedad y del Estado. El panorama se vuelve complejo si se traslada el análisis con perspectiva de género a las relaciones entre clases sociales y entre países, por ejemplo entre países del norte y del sur, entre los 21 y los otros, etcétera. 

Se requieren a la vez, cambios profundos en las mentalidades. Es extraordinario observar cómo la mayoría de las mujeres, aún las escolarizadas y modernas, las políticas y participativas, las mujeres que generan ingresos o tienen poderes sociales diversos, aceptan como un destino, con sus modalidades, la superwomen– empresarial, indígena, migrante, trabajadora, obrera-.Con esa subjetividad de las mujeres subordinada a la organización social, a las instituciones como la familia, la iglesia y el Estado, y a los hombres, no estaremos en condiciones de desmontar la estructura sincrética de la condición de la mujer, imprescindible para eliminar las causas de la enajenación cuidadora y dar paso a las gratificaciones posibles del cuidado. 

La vía imaginada por las feministas y las socialistas utópicas desde el siglo XIX y puesta en marcha parcialmente en algunas sociedades tanto capitalistas como socialistas y tanto en países del primer y del tercer mundo, ha sido la socialización de los cuidados, conceptualizada como la socialización del trabajo doméstico y de la transformación de algunas actividades domésticas, familiares y privadas en públicas. Haberlo hecho ha significado mejoría para la vida de las mujeres, liberación de tiempo para el desarrollo personal, la formación, el arte, el amor y las pasiones, la amistad, la política, el ocio, la diversión, el deporte y el autocuidado, incluso, una mejoría en la calidad de vida y en la autoestima. Es evidente el desarrollo social, cultural y político de las sociedades que así se han estructurado. 

Una de las mayores pérdidas de las mujeres de los países que antes fueron socialistas y se han convertido de manera drástica al capitalismo en tiempos neoliberales ha sido la de el sustento social que significaba el Estado social para sus vidas. En la actualidad han vuelto a ser su responsabilidad un conjunto de actividades que la transformación socioeconómica ha tornado domésticas, privadas y femeninas. Y lo mismo está sucediendo aún en países capitalistas de alto y medio desarrollo en los cuales se ha adelgazado al Estado de una manera violatoria de los derechos sociales construidos con muchos esfuerzos en gran medida por los movimientos socialistas, obrero y feminista. 
La alternativa feminista contemporánea que se abre paso en gran parte del mundo en el siglo XXI tiene sus ojos puestos en la crítica política de la globalización dominada por el neoliberalismo patriarcal de base capitalista depredadora. La opción que busca avanzar en el desarrollo de un nuevo paradigma histórico cuya base sea un tejido social y un modelo económico que sustente el bienestar de las mayorías, hoy excluidas, marginadas, expropiadas, explotadas y violentadas. 
Pensamos que sólo una alternativa de este tipo será benéfica para la mayoría de las mujeres, sus otros próximos, sus comunidades y las regiones y los países en que viven. 
Estas transformaciones de género están circunscritas e íntimamente ligadas a transformaciones equitativas de clase, étnicas y nacionales, enmarcadas en la construcción de naciones con derecho al desarrollo sustentable y en una globalización solidaria y democrática. De no articularse las transformaciones de género con estas últimas pueden observarse distorsiones significativas como las que se dan en la actualidad: mujeres dotadas de recursos y derechos de género que son ciudadanas de naciones hegemónicas, militaristas y depredadoras de otras naciones y pueblos donde habitan mujeres con las que se identifican en la construcción de sus derechos y oportunidades. 
También hay hombres cuya identidad es la de ser avanzados, democráticos y progresistas que no consideran importante la emancipación de las mujeres. Estados que colocan a las mujeres entre los grupos vulnerables y no las miran como sujetos políticos. Países en los que, a través de las acciones afirmativas, por ejemplo las cuotas, todavía negociamos el grado de exclusión política de las mujeres, y se consideran democráticos. Mujeres que piensan que ya lograron todas las metas de transformación de género y no se percatan que “el género” es su categoría social y a ella pertenece la mayoría pobre y cuidadora del mundo: las mujeres. 

Por eso, la otra dimensión de esta alternativa feminista es el empoderamiento de las mujeres como producto de la construcción de un nuevo paradigma histórico. El empoderamiento es el conjunto de cambios de las mujeres en pos de la eliminación de las causas de la opresión, tanto en la sociedad como, sobre todo, en sus propias vidas. 
Dichos cambios que abarcan desde la subjetividad y la conciencia, hasta el ingreso y la salud, la ciudadanía y los derechos humanos, generan poderes positivos, poderes personales y colectivos. Se trata de poderes vitales que permiten a las mujeres hacer uso de los bienes y recursos de la modernidad indispensables para el desarrollo personal y colectivo de género en el siglo XXI. 

Todos esos poderes se originan en el acceso a oportunidades, a recursos y bienes que mejoran la calidad de vida de las mujeres, conducen al despliegue de sus libertades y se acompañan de la solidaridad social con las mujeres. La participación directa de las mujeres en la transformación de su mundo y de sus vidas es fundamental y conduce también a la construcción de un mayor poder político y cultural de las mujeres que crean vías democratizadoras para la convivencia social. El cuidado, ha dejado de ser para otros y se ha centrado en las mujeres mismas. La sociedad, en un compromiso inédito cuida a las mujeres, es decir, impulsa su desarrollo y acepta y protege su autonomía y sus libertades vitales. En ellas va incluida la libertad de elecciones vitales, de actividades, dedicación e identidad: Es el fin del cuidado como deber ser, como identidad. 
En el siglo XXI ha de cambiar el sentido del cuidado. Hemos afirmado muchas veces que se trata de maternizar a la sociedad y desmaternizar a las mujeres. Pero ese cambio no significará casi nada si no se apoya en la transformación política más profunda: la eliminación de los poderes de dominio de los hombres sobre las mujeres y de la violencia de género, así como de la subordinación de las mujeres a los hombres y a las instituciones. Es decir, el empoderamiento de las mujeres es un mecanismo de equidad que debe acompañarse con la eliminación de la supremacía de género de los hombres, la construcción de la equidad social y la transformación democrática del Estado con perspectiva de género. 
Para la mayor parte de las corrientes feministas contemporáneas la articulación de lo personal con lo social, lo local y lo global conforma la complejidad de nuestro esfuerzo. 
La idea fuerza en torno al cuidado es la valoración de la dimensión empática y solidaria del cuidado que no conduce al descuido ni está articulado a la opresión. 
De ahí la contribución de las feministas: primero, al visibilizar y valorar el aporte del cuidado de las mujeres al desarrollo y el bienestar de los otros; segundo, con la propuesta del reparto equitativo del cuidado en la comunidad, en particular entre mujeres y hombres, y entre sociedad y Estado. Y, tercero, la resignificación del contenido del cuidado como el conjunto de actividades y el uso de recursos para lograr que la vida de cada persona, de cada mujer, esté basada en la vigencia de sus derechos humanos. En primer término, el derecho a la vida en primera persona.