El actual gobierno del país no ha impulsado procesos de
justicia ni ha dado atención a las víctimas de diversas violaciones de
derechos humanos cometidas en gobiernos anteriores, sino que promueve
una estrategia de
borrón y cuenta nuevaque dejaría en la impunidad dichos abusos, señalaron organizaciones civiles y comunitarias.
En conferencia de prensa, representantes de colectivos que acudieron
al segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves
Violaciones a los Derechos Humanos –celebrado del 3 al 5 de abril en la
comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán–, advirtieron que la
administración de Andrés Manuel López Obrador ha dejado sin respuesta
buena cantidad de agravios cometidos en el país.
Juventino Soria, representante del consejo de gobierno indígena de
Arantepacua –donde en 2017 hubo una incursión policiaca en la que
murieron tres lugareños y 12 fueron detenidos– lamentó que el gobierno
federal llame a las víctimas de abusos graves de derechos humanos a
perdonar a sus atacantes sin antes buscar justicia para los agredidos.
Sin embargo, sostuvo, las víctimas en Arantepacua no sólo no están
dispuestas a olvidar, sino que insistirán en que el gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles, y diversos funcionarios de su gabinete sean
investigados y encarcelados por su responsabilidad en los hechos.
Santiago Ambrosio, integrante del Comité de Justicia y Verdad 19 de
Junio, que agrupa a los familiares de personas asesinadas o heridas por
el ataque de policías federales cometido en 2016 en la comunidad de
Nochixtlán, Oaxaca, coincidió en rechazar la estrategia del actual
gobierno de no referirse a agravios ocurridos en años recientes y por
ende no investigar ni perseguir a los responsables.
“Nos queda claro que quieren una política de ‘borrón y cuenta nueva’,
pero no lo vamos a permitir. Queremos que comparezcan (el ex secretario
de Gobernación, Miguel Ángel) Osorio Chong; el ex gobernador de Oaxaca
Gabino Cué” y otros funcionarios federales para que rindan cuentas sobre
los hechos que dejaron al menos ocho pobladores muertos y más de 50
heridos.
Para llamar la atención sobre sus casos y exigir al gobierno de López
Obrador que actúe para resolverlos, los colectivos llamaron a realizar
una campaña nacional de visibilización de las víctimas de violaciones
graves de derechos humanos, que incluirá una serie de marchas que se
efectuarán el próximo 24 de abril en distintos puntos de la Ciudad de
México.
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 12 de abril de 2019, p. 15
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