El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, consideró preferible que el
presidente Andrés Manuel López Obrador designara como comandante de la
Guardia Nacional a un elemento con un perfil netamente civil, o en su
defecto, a un militar en un retiro.
En tanto que defensores de garantías fundamentales criticaron la
insistencia del mandatario de poner al frente de esa corporación a un
elemento castrense, y advirtieron que el nombramiento del general de
brigada Luis Rodríguez Bucio, quien está en proceso de retiro, se
contrapone al sentido de la reforma constitucional que dio paso a la
creación del nuevo cuerpo de seguridad de carácter civil.
El ombudsperson nacional fue interrogado al respecto durante
la presentación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria,
en la que enfatizó:
No fue lo ideal como quedó (la reforma para la creación de esa corporación) en los términos constitucionales, fue lo plausible, porque se acotó a una temporalidad de cinco años y a una adscripción civil. Lo óptimo es que se le hubiera puesto la cereza de un perfil civil (al mando). Hoy conocemos que será un perfil militar, pero no hay que hablar de sí está en proceso de retiro, tendría que estar ya en retiro o con licencia, subrayó.
El presidente de la CNDH aseguró que el organismo a su cargo estará
atento a cualquier exceso o abuso en el que pudiera incurrir los
elementos de la Guardia Nacional.
En entrevista por separado, el secretario ejecutivo de la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos
para Todas y Todos, Fernando Ríos, apuntó que el nombramiento del
general en proceso de retiro confirma el paradigma militar en la vida
pública del país.
El que la Guardia Nacional esté comandada por un general de brigada del Ejército le da un carácter militarizado, con un adiestramiento para el combate y no para la seguridad pública. Ese es el mensaje del Presidente. Con estos se refuerza el paradigma militar y probablemente se va a seguir ahondando en la crisis de derechos humanos en el país, cuando veamos que se repiten por la ejecuciones extrajudiciales, las torturas y las desapariciones forzadas con esta falta de transparencia y opacidad con la que se han caracterizado las fuerzas armadas, planteó Ríos.
Édgar Cortez, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, indicó que el nombramiento
se contrapone al sentido de la reforma. Además, tendrá una coordinación operativa con tres representantes, uno de la Defensa, otro de la Marina y uno más de la Policía Federal. En los hechos estará dirigida por tres elementos de las fuerzas armadas y uno civil, corriendo el riesgo de terminar con una institución que en los hechos está marcada y dirigida por lo militar y no por lo civil.
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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