La Cámara de Diputados votará el martes una nueva ley de
remuneraciones, que en cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, prevé una fórmula para calcular y definir el
salario del presidente y los de la administración pública, el Poder
Judicial, el Congreso de la Unión, los órganos autónomos, la Fiscalía
General de la República, Banco de México, Pemex, Comisión Federal de
Electricidad e incluso las universidades públicas.
El límite máximo de ingreso de funcionarios será hasta de 98 por
ciento del que reciba el Ejecutivo federal, define el dictamen de la
Comisión de Transparencia, que plantea abrogar la ley aprobada por
Morena el año pasado, la cual impugnaron distintos funcionarios, lo que
llevó a una sentencia de la Corte que invalidó porciones de ese
precepto.
La Corte ordenó al Legislativo aprobar un método de definición
salarial del Presidente a más tardar en el periodo de sesiones que
termina el jueves 12; ante ello, Morena planteó una compleja ruta de
cálculo basada en cuatro mecanismos.
Primero, utilizar la definición de un PIB per cápita, resultado de
dividir el nacional entre el índice poblacional, y uno de referencia,
que se obtendrá del promedio del PIB per cápita de los tres años
anteriores.
Luego, un límite máximo de referencia, que se obtendrá primero de
multiplicar el PIB per cápita de referencia por los grupos jerárquicos
del gobierno federal y, el resultado, dividirlo entre el monto del
salario mínimo general vigente, y un límite mínimo de referencia que se
obtendrá, a su vez, de dos operaciones.
Estas son: el PIB per cápita de referencia multiplicado por dos, que a
su vez se dividirá entre el monto del sueldo mínimo general vigente
anualizado.
El salario resultante no será fijo para todo el sexenio, sino que se podrá actualizar conforme a la inflación e incluso
bajo situaciones extraordinarias económicas, que obligan a la Cámara a
aprobar un incremento de urgencia a las remuneracionesde todos los funcionarios, aunque este no podrá ser mayor al ajuste del mínimo general.
Además, para definir anualmente las percepciones del Presidente, se
prevé que la Comisión de Presupuesto convocará a audiencias públicas
sobre el tema, a las que no serán invitados funcionarios.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
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