A
pesar de que las Procuradurías de la Defensa del Trabajo y las Juntas
de Conciliación y Arbitraje deben garantizar un ambiente laboral libre
de violencia, rechazan las denuncias de las víctimas de acoso y
hostigamiento sexual, las canalizan a otros organismos y en el mejor de
los casos les piden conciliar con sus patrones o sus agresores.
Las mujeres, principales víctimas, no encuentran justicia porque las
instancias gubernamentales no perciben el acoso y hostigamiento sexual
como una violación a los derechos laborales, creen que estas denuncias
deben resolverse entre particulares, o bien, consideran que no pueden
intervenir en empresas privadas porque cada lugar de trabajo debe
generar acciones para mitigar esta violencia de género.
Las pocas trabajadoras que logran ser atendidas en las Procuradurías y
seguir su demanda ante las Juntas de Conciliación, como en todo
proceso, deben presentar evidencias que confirmen la violencia,
conseguir pruebas que avalen sus dichos, demostrar las afectaciones que
les causó la violencia e incluso intentar que algún testigo -si es que
lo tienen- declare contra el acusado.
Este círculo de violencia acompañado por cambios culturales
profundos, podría transformarse con las reformas a la Ley Federal del
Trabajo (LFT), la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a
la Ley Federal de la Defensoría Pública, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el pasado 1 de mayo, las cuales sientan las bases para
un nuevo sistema de justicia laboral.
Con esta reforma las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecen y
se crean tribunales laborales, que van a depender del Poder Judicial;
además se creará una instancia conciliatoria que en casos de acoso no
será necesario que se agote, deberá evitar la revictimización y tendrá
conciliadores con conocimientos en Derechos Humanos y perspectiva de
género.
Mientras se implementan estas políticas laborales, a dos meses que
sacudieron a diversos centros de trabajo las denuncias de acoso y
hostigamiento sexual difundidas en Twitter con la etiqueta #MeTooMX,
Cimacnoticias buscó a las responsables de las instancias laborales que
deben atender estos casos en la Ciudad de México con el objetivo de
indagar qué hacen para atender a las víctimas de acoso y hostigamiento
sexual en los centros de trabajo.
En estas dependencias se reconoce el acoso y el hostigamiento como
una forma de violencia en el entorno laboral pero no logran hacer más
por falta de personal y porque prefieren que estas conductas se
resuelvan en lo interno en cada centro de trabajo.
LA PRÁCTICA DE CANALIZAR CASOS
El acoso y hostigamiento sexual laboral son conductas definidas en la
LFT y pueden ser causa de la rescisión de la relación de trabajo y de
multas para los patrones que las realicen o toleren; sin embargo, el
primer paso para hacer realidad la ley es que las víctimas que denuncian
sean atendidas por las autoridades.
La subprocuradora de Atención a Mujeres en la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo, María de Lourdes Lezama Aguilar, instancia que
forma parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de
la Ciudad de México, señala que cuando una mujer llega a pedir asesoría
por causas relacionadas con el acoso sexual, la Subprocuraduría las
canaliza a otras dependencias.
En este año, hasta abril de 2019, la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo local reportó que había realizado 8 mil 955 asesorías en materia
laboral, de las cuales 4 mil 973 fueron para mujeres (55 por ciento) y 3
mil 982 para hombres (45 por ciento).
Por ejemplo, se les remite a la Secretaría de las Mujeres, para que
reciban contención psicológica; o si es discriminación las mandan al
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México y en caso de que detecten un delito como violación sexual las
mandan a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
(PGJDF) o al Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA),
que depende de la Procuraduría.
Lezama Aguilar argumentó que se les remite a otras instancias para
que reciban atención especializada pero lo cierto es que con este método
la Subprocuraduría se libera de casos y no debe seguir el camino
administrativo hasta llegar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Sin embargo, las solicitudes de asesoría son pocas. En cinco meses,
de diciembre de 2018 a abril de 2019, se registraron 14 casos de
hostigamiento sexual y en el mismo periodo se registraron 77 por
discriminación, en específico por despido de mujeres embarazadas, según
datos proporcionados por la Subprocuraduría.
En los casos de acoso si las mujeres insisten en que quieren seguir
su denuncia por la vía laboral y descartan el camino penal, la
Subprocuraduría las acerca a programas sociales como el programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, el Seguro de Desempleo y a las ferias del
empleo, pero no siguen la línea de violencia de género.
La funcionaria Lezama Aguilar reconoció que el acoso y hostigamiento
sexual en los lugares de trabajo es una violencia que puede causar “bajo
rendimiento, estrés, apatía, depresión” por ello dice que es mejor
remitir a otras instancias.
También, porque en el área especializada de mujeres sólo hay dos
abogados para atender todos los casos de trabajadoras que lleguen de la
Ciudad de México y las víctimas incluso deben notificar oficios y
demandas a su patrón porque la institución solo cuenta con una persona
notificadora.
Por otra parte, si la instancia atiende a las mujeres, la primera
recomendación es decirle que lleve su caso al órgano interno de su
empresa y si no se logra una solución les piden que concilie con el
patrón para que reciba una liquidación justa. Sólo en pocos casos,
aunque no hay cifra pública, las denuncias llegan a juicio ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje.
"Nosotros preferimos conciliar. En eso radica la asesoría, en
orientar a la trabajadora, al trabajador. Nosotras tratamos de que las
dos partes ganen. Entonces, la cuantificación que se hace de lo que le
corresponde conforme a la ley, indemnización, liquidación, prestaciones,
prima vacacional o de antigüedad, aguinaldo, todo es en una
negociación".
Ahora, con la reforma laboral de 2019, habrá centros de conciliación
por lo que la negociación entre la trabajadora y el patrón seguirá
siendo el primer camino para resolver una acusación de acoso u
hostigamiento sexual y solo se tomarán previsiones cuando la autoridad
encuentre un riesgo inminente de revictimización para la víctima.
“En la Subprocuraduría de Atención a Mujeres yo no aplico un
protocolo en específico. Estamos trabajando en ello. El año pasado se
publicó en el boletín de la STyFE, en marzo de 2018, un Protocolo para
Prevenir, Erradicar y Sancionar el Acoso Laboral, con perspectiva de
género y no discriminación. No se ha implementado”.
Explica: “Lo que pasa es que para tu poder aplicar una sanción
administrativa por ese tipo de conductas hay que llevar a cabo un
procedimiento, es una investigación donde tiene que haber un grupo
especializado que discuta los casos, otro grupo especializado de
contención a la víctima y después, si quiere, se haga una denuncia”.
Sobre las acciones para garantizar un ambiente libre de violencia
agrega: "nosotros no tenemos competencia como tal en esas conductas" y
explicó que la Procuraduría de Defensa del Trabajo y la Procuraduría de
Justicia capitalina están trabajando en editar un manual de atención a
víctimas de acoso laboral.
POCAS DENUNCIAS LABORALES
Una vez que las mujeres agotaron las instancias internas en su lugar
de trabajo pueden presentar una denuncia ante la Junta de Conciliación y
Arbitraje (JCyA), pero no es común que lo hagan, ya sea por
desconocimiento, desisten de seguir el proceso, o algunos casos se
resuelven internamente en los centros laborales.
En la Ciudad de México la JCyA creó en 2014 la Junta Especial 19 para
atender asuntos laborales relacionados con grupos considerados en
“situaciones de vulnerabilidad” en los que se encuentran mujeres,
menores de edad, personas mayores y personas de la comunidad LGBTTTI. A
la Junta 19 se turnan los expedientes de acoso u hostigamiento sexual.
Desde su creación en 2014 a 2018 la Junta Especial 19 sólo ha
recibido 63 denuncias por acoso sexual. Según los datos que proporcionó
la instancia a Cimacnoticias, 60 de las denuncias las presentaron
mujeres y 3 las tramitaron hombres.
La coordinadora de Asuntos Jurídicos e Información de la JCyA de la
Ciudad de México, Yedid Mendoza Hernández, abundó que la Junta Especial
19 se creó con el propósito de resolver este tipo de casos de forma
eficaz y con atención especializada.
Sin embargo, de estas 63 denuncias de acoso sexual que ha recibido la
Junta, no se sabe cómo se resolvieron, cuáles fueron las sanciones o
cuál es el estado que guarda cada caso. A pesar de ello, la maestra
Yedid Mendoza asegura que de las 23 personas trabajadoras que integran
la Junta, 19 están capacitadas en perspectiva de género y sensibilizadas
para resolver los casos.
De manera incipiente han incrementado en la Junta de Conciliación las
denuncias por acoso sexual, en 2017 recibieron 22 casos, en 2018 se
presentaron 32. En los años anteriores, las denuncias son pocas; en 2014
se presentaron cuatro; en 2015 hubo seis denuncias; en 2016 otras
cuatro denuncias.
DESCONOCEN TIPOS DE SANCIONES
En las denuncias de acoso sexual, como en cualquiera de los casos que
recibe la Junta Especial 19, se cuenta con dos conciliadores quienes
primero ofrecen una solución a ambas partes para evitar iniciar el
juicio.
Cuando los casos no se concilian, comienza el litigio donde
fundamentalmente son las mujeres quienes deben comprobar que sufrieron
el acoso u hostigamiento sexual por medio de pruebas psicológicas de la
afectación, documentos o testigos, describe Yedid Mendoza.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2018 reconoció que en el acoso sexual es
difícil tener pruebas porque frecuentemente no hay testigos durante las
agresiones. Además de que la carga de evidencias recae en las víctimas y
en la mayoría de los países no hay mecanismo de protección a las
víctimas ni a los testigos, factores que desalientan denunciar.
La coordinadora de Asuntos Jurídicos asegura que en comparación con
otras juntas que tardan hasta tres años en resolver un caso, la Junta
Especial 19 en un máximo de cuatro meses revisa las pruebas y emite un
laudo por una denuncia de acoso u hostigamiento sexual.
Sin embargo, Cimacnoticias en la primera parte de este reportaje,
mostró el testimonio de una trabajadora que en marzo de 2018 interpuso
una denuncia en esta Junta, la cual a la fecha no ha sido resuelta.
Eloisa Farrera, ex editora de la sección Internacional del periódico
Reforma, fue una de las denunciantes en el #MeTooMx, quién narró que en
junio de 2017 interpuso una queja en el área de Recursos Humanos de la
empresa y determinaron que no ocurrió el acoso.
Con todo en contra, en marzo de 2018 Eloisa presentó una demanda
contra la empresa en la Junta de Conciliación y Arbitraje argumentando
que en aquel lugar no se garantiza un espacio libre de violencia para
las mujeres. Aunque la demanda pudo quedar en una conciliación la
empresa rechazó ofrecerle una disculpa, garantizar su atención
psicológica y adoptar la Norma Mexicana 025 sobre Igualdad Laboral y No
Discriminación, por lo que a más de un año el juicio sigue.
Sobre las sanciones que podrían recibir quienes acosen u hostiguen
sexualmente a una mujer en el trabajo, Yedid Mendoza aseguró que la
Junta Especial únicamente puede “orientar para que las empresas se
abstengan de hacer esas conductas o solicitar a las contralorías que
pongan sanciones internas”.
No obstante, la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 51 y 994
establece que el hostigamiento y el acoso sexual son causas de rescisión
de la relación de trabajo y que se impondrá multa, por el equivalente a
250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa
cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al
que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos
de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores.
Pero en la Junta de Conciliación de la Ciudad de México no hay datos
públicos que muestren cuántas veces se han aplicado las sanciones
establecidas en la Ley.
“PREVENCIÓN CORRESPONDE A EMPRESAS”
En comparación con las denuncias que reciben en las Juntas de
Conciliación de la ciudad, que son alrededor de 90 mil asuntos en
trámite, los casos por acoso u hostigamiento sexual son mínimos,
reconoció Yedid Mendoza.
La funcionaria consideró que el bajo número de denuncias está
relacionado con el hecho de que las mujeres no perciben comportamientos
como los comentarios ofensivos, miradas lascivas o contactos físicos no
deseados como acoso u hostigamiento sexual.
Pero entre la responsabilidad de la Junta Especial 19, Mendoza afirmó
que la instancia no tiene facultad para mitigar esta violencia en los
centros laborales: “La Junta no puede incidir en las empresas o
instituciones porque es un tema doméstico”, expresó la funcionaria e
indicó que es una tarea que requiere “mucha labor interna” de las
instituciones y empresas.
Como ejemplo, aseguró que la Junta de Conciliación ha difundido entre
su personal un mensaje de cero tolerancia ante estas violencias y
repartido folletos del código de ética y actuación en los casos.
INDOLENCIA A LAS DENUNCIAS
Las administradoras de las diversas cuentas de Twitter donde se
publicaron los testimonios del #MeToo, junto con algunas denunciantes y
defensoras feministas consideraron que ante el movimiento gestado en las
redes sociales instancias de derechos laboral del Estado y empresas
privadas debían responder y asegurar a las mexicanas su derecho a una
vida libre de violencia.
El 11 de abril emplazaron en pronunciamiento a que les informarán
dentro de un mes las acciones que realizarían ante las denuncias
expuestas en el #MeToo. En la fecha límite, el 6 de mayo de 2019,
ninguna Junta de Conciliación, Secretaría de Trabajo o Procuradurías de
Defensa, respondieron.
Quienes atendieron al llamado fueron organismos de Derechos Humanos
como la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo para Prevenir y
Erradicar la Discriminación, ambas de la Ciudad de México. Se
comprometieron a acompañar a las mujeres que deseen presentar su
denuncia.
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia de la capital del país
dijo que investigará las agresiones que enfrentaron en Twitter las
administradoras de las diversas cuentas del #MeToo.
A nivel federal, la Secretaría de la Función Pública dijo que
fortalecería las acciones para erradicar el hostigamiento y el acoso
sexual, mientras el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
exhortó a las víctimas a respetar la presunción de inocencia y el debido
proceso, e invitó a denunciar con las autoridades competentes.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
