Este fue el mensaje
que al menos cuatro madres de mujeres jóvenes desaparecidas y asesinadas en el
Estado de México llevaron este domingo 19 de enero a Chimalhuacán, uno de los
11 municipios de la periferia mexiquense en los que desde 2015 se activó la
Alerta de Violencia de Género (AVG).
Las madres de las
víctimas replicaron su mensaje a todas las adultas, adultas mayores,
adolescentes y niñas que las miraron caminar con pancartas, al tiempo que
gritaban consignas por las calles, tianguis y avenidas principales.
La convocante
principal de esta marcha y jornada informativa fue Lourdes García Arizmendi,
quien desde hace 2 años no sabe nada de su hija Norma Dianey García García, de
24 años de edad.
La última vez que
alguien vio a la joven fue una noche del 15 de enero de 2018, cuando regresaba
de su trabajo en Nezahualcóyotl a su casa en Chimalhuacán, ambos municipios
colindantes en el Edomex, donde tan sólo en 2019 se iniciaron más de 100
carpetas de investigación por el delito de feminicidio.
El día que
desapareció, Norma compartió la combi con un compañero, quien aseguró después a
la madre de la joven que su hija recibió una llamada telefónica durante su
trayecto y luego bajó del transporte público. Nadie supo nada más de ella
después de eso.
Esa llamada es clave,
pero a más de 600 días de ese hecho, la Fiscalía General del Estado de México
no tiene en su poder la sábana telefónica del celular de Norma.
De hecho, asegura
Lourdes, la autoridad judicial ha avanzado poco o nada en su caso, ya que
inicialmente las autoridades detuvieron a dos hombres (padre e hijo), quienes
confesaron haber secuestrado a la joven y luego tirar sus restos en las
inmediaciones de las pirámides de Teotihuacán.
Las autoridades
habrían cerrado el caso con esta confesión si la familia de la joven no
insistiera en un punto central: los restos de Norma no han aparecido.
En estos 2 años,
Lourdes encontró que su caso no es el único impune. Así conoció a Lidia
Florencio, madre de Diana Velásquez Florencio, violada y asesinada en 2017 en
Chimalhuacán; Sacrisanta Mosso Rendón, madre de Karen Mosso y Erik Mosso,
asesinados en 2016 en Ecatepec; y Araceli Osorio; madre de Lesvy Berlín Osorio,
asesinada en 2017 en la Ciudad de México.
Aunque ellas llevan
sus propias tareas de exigencia de justicia, esas tres mujeres acompañaron a
Lourdes en la marcha de este domingo.
A Norma también la
respaldaron al menos otras cuarenta mujeres, algunas de ellas organizadas en
colectivos como la Red de mujeres del Oriente del Estado de México y la
Asamblea Nos Queremos Vivas Neza.
Todas ellas, juntas,
se hicieron cargo ese día de una tarea esencial en la búsqueda de las jóvenes y
de sus agresores, pero que la autoridad ha delegado a las familias: la
impresión y difusión de las cédulas de búsqueda y de recompensa.
Así, al mismo tiempo
que exigían justicia, las propias madres y sus aliadas entregaban de mano en
mano a cada persona que las miraba un folleto impreso a color con la cara las
jóvenes y sus datos de contacto. Estas hojas las imprimen ellas con sus recursos
y dedican horas enteras de sus días para pegarlas en todas las paredes, bardas,
postes y muros que encuentran.
A la mitad del
camino, las activistas se pararon frente a la Unidad Especializada Contra La
Violencia Intrafamiliar y de Género, creada en Chimalhuacán como parte de la
AVG que tiene el municipio, pero que –a decir de las víctimas y las activistas
que las acompañan– son bonitas pero no sirven.
“Por todas las
muchachas de Chimalhuacán, por todas las víctimas: está Diana, está Karen, está
Lesvy, hay muchas como mi hija, quiero justicia”, dijo Lourdes frente a una
veintena de policías que resguardaba el lugar.
A pesar de que la
coordinación interinstitucional es otra exigencia de la AVG, Lourdes denunció
que las autoridades de Chimalhuacán, donde ha vivido desde hace al menos 15
años, se niegan a apoyarla en las investigaciones bajo el argumento de que su
caso está en manos de las autoridades de Nezahualcóyotl.
Lo que le pasa a
Lourdes también le pasa a Lidia y a todas las madres que exigen justicia en el
Estado de México, ya que según denunciaron, las Unidades en el tema de atención
de género han sido incapaces de garantizar búsquedas inmediatas porque piden a
las madres que esperan hasta 24 horas antes de actuar y no hacen búsquedas en
vida.
“Hay presupuesto que
se está dando a los municipios beneficiarios de la AVG, pero no sabemos cómo se
están garantizando esos recursos. No queremos nuevas patrullas, queremos
investigación”, dijo Elsa Arista, integrante de la Asamblea Nos Queremos Vivas
Neza, que se creó tras la violación y asesinato de una niña en 2018, y que
ahora acompaña a víctimas.
Lourdes y las casi
cuarenta personas que la acompañaron ese día durante más de dos horas, llegaron
a pie hasta el Bordo de Xochiaca, donde desde 2015 las madres de otras víctimas
instalaron cruces rosas como símbolo de justicia por las cientos de mujeres
cuyos cuerpos han sido encontrados por años en ese canal de aguas negras.
Al cierre de otro día
de búsqueda y exigencias, las madres nuevamente regresaron a su casa sin sus
hijas, pero las familias de Chimalhuacán que la mañana de ese domingo nublado
salieron a caminar, a comprar la despensa de la semana, o a trabajar en los
puestos y mercados, ahora saben que no estamos todas, que aún nos falta Norma y
muchas otras mujeres más.
Chimalhuacán, Estado de México.-
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