Por desconocimiento y prejuicios,
las autoridades de justicia mexicanas no aplican órdenes de protección
que evitarían que la violencia contra las mujeres escale a feminicidio
En México, donde cada día 9 mujeres y niñas son asesinadas, y en donde
durante 2019 se registraron más de 60 mil lesiones dolosas contra mujeres, de
acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, las órdenes de protección hacen la diferencia entre que una
mujer que vive violencia se convierta en una víctima de feminicidio o no.
En 13 años, (de 2007 hasta el 16 de enero de 2020) se otorgaron en todo
el país 47 mil 323 órdenes de protección, según el Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. En entidades como
Colima, con una de las tasas más altas de feminicidio, sólo se emitieron dos
órdenes en esos 13 años.
Las órdenes de protección son una medida legal pensada para evitar que
una mujer sea agredida o que un hecho de violencia escale a un feminicidio, así
lo establece su mandato en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. También aparecen en los códigos civiles y familiares de las
entidades, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los ministerios públicos, juzgadores, magistrados, fiscales y policías
deben otorgarlas en cuanto sepan de un hecho de violencia contra las mujeres,
sin importar si hay denuncia, lo que no ocurre pese a la existencia de
denuncias y antecedentes de violencia, ya que se desconoce su existencia, hay
una idea de que no son adecuadas ni obligatorias; y porque exigen a las
víctimas acreditar el nivel de riesgo en el que están, explicaron en
entrevista, Amaranta Magallon y Selma Maxinez, integrantes del área legal de la
organización Equis Justicia para las Mujeres.
No otorgarlas, aún cuando existe denuncia, tiene implicaciones graves,
como le ocurrió a Jacqueline Alva Cuello, quien en octubre del año pasado
acudió a un Ministerio Público del Estado de México porque su expareja la
agredió y amenazó.
Ella iba por protección, pero los ministeriales la convencieron de que
las amenazas no eran graves. Dos meses después, Jacqueline y sus dos hijas
menores de edad fueron asesinadas por su expareja.
Malas valoraciones
La valoración para determinar si una víctima requiere de estas medidas debe
tomar en cuenta si hubo ataques previos con riesgo mortal, amenazas de muerte, entre
otras situaciones similares.
Según el informe “No es Justicia”, de la Red por la Ciudadanía, en 69
por ciento de 110 sentencias analizadas, los juzgadores no analizaron las
posibles situaciones o conductas que ponían en riesgo a las mujeres y, por
ende, no dictaron las órdenes de protección necesarias.
Las expertas de Equis Justicia advirtieron que estos análisis no derivan
en órdenes porque se hacen bajo prejuicios como que la violencia en las parejas
es un problema del ámbito privado.
Una mala valoración también es grave. Por ejemplo, el 8 de noviembre de
2019, un magistrado ordenó retirar la medida cautelar que protegía a Abril
Pérez de su esposo, quien meses antes intentó matarla.
La protección
consistía en mantener al agresor en prisión preventiva pero ya sin esta medida,
Abril fue asesinada en la Ciudad de México el 25 de noviembre.
Aunque en todo el país hay decenas de protecciones diferentes, como obligar
al agresor a desocupar el domicilio conyugal o evitar que hipoteque bienes, Equis
Justicia afirmó que las autoridades insisten en aplicar siempre las mismas
órdenes sin analizar la situación, sin preguntar a las víctimas su necesidad
específica y sin verificar que se apliquen o sean útiles.
En un caso documentado por la organización, un ministerio público de la
CDMX valoró a una defensora con el riesgo más alto, por lo que ordenó que una
escolta armada la acompañara 24 horas al día, pero la Secretaría de Seguridad
Pública, quien debía ejecutar esa medida, dijo que no tenía dinero y sólo dio
el número de una patrulla.
Aunque en México no hay un diagnóstico formal que permita identificar
las faltas de órdenes de protección como causales de feminicidio; existen
razones para presumir que de emitirse estas medidas de forma más cotidiana y
garantizar su implementación adecuada habría menos mujeres asesinadas en el
país, coincidieron las expertas.
CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México.
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