Con bombos y platillos el estado de
Yucatán anunció la alianza con una aerolínea española para promover “el turismo
gay”. El estado donde en los últimos meses fueron asesinadas varias personas y
en las investigaciones y contextos lo primero que salió a relucir fue el
estigma de su condición por personas que decían que les pasaba porque “eran
así”.
No me lo cuentan, lo leí en los
comentarios y sentí mucho enojo de que bajo el amparo de los fundamentalismos
religiosos no solo se justificara, sino que se celebrara el asesinato de una
persona, contexto alentado desde la negativa del Congreso para reconocer los
derechos al matrimonio igualitario, en una andanada conservadora en la entidad.
Bastaría hacer un recuento de todos
los agravios que las personas que viven en esa entidad han registrado contra
personas defensoras de Derechos Humanos, bastaría mirar el tratamiento
colectivo y la reticencia que hay frente a los temas de Derechos Humanos para
asumir que lo que está ocurriendo es que hay mucho interés económico por lo que
gasta la comunidad LGBT cuando se le ofrece un destino en el que gran parte del
atractivo es la seguridad de que no serán agredidos en el espacio público, que
sus derechos son respetados y que recibirán un trato respetuoso en todos los
servicios públicos.
¿Pero qué sucede cuando aún
persiste el estigma entre la población respecto a la diferencia y las
expresiones de las personas en relación con la construcción social de género?
Más allá de las creencias personales basadas en ideas religiosas, mismas que no
enseñan el odio sino que supuestamente pregonan el amor.
En Yucatán, o en la Ciudad de
México, hay condiciones diferentes que la experiencia en el trabajo práctico me
ha permitido identificar. En la segunda hay normas y leyes que garantizan el
respeto a la diversidad y a las expresiones. Cada persona puede elegir cómo
verse y vivir su vida como mejor quiere, y eso está amparado en una
Constitución y en otras normas que limitan las expresiones de odio que también
existen.
La diferencia es ésa, una norma que
sancione la discriminación y que garantice la apuesta del Estado por el respeto
a los Derechos Humanos de todas las personas.
En Yucatán, en dos ocasiones el
Congreso del estado ha rechazado reconocer el matrimonio igualitario, pero por
si eso no bastara, los argumentos por los que se hizo nos dan una idea sobre la
visión particular llevada a la restricción de los derechos de todas las
personas en tiempos en los que ello constituye claramente una imposibilidad
para la convivencia en armonía.
¿Por qué venderse como destino gay
si no se respetan los derechos a los que muchas ciudades y entidades de México,
le han dicho sí? Porque hay mucho dinero de por medio. De acuerdo con la
información que se distribuyó de manera oficial, el “turismo gay” y lo
entrecomillo así porque siempre me ha parecido que asignar adjetivos es la peor
forma de etiquetar, por eso prefería el concepto de “matrimonio para todas las
personas”, en vez de “matrimonio gay” o cualquier otro eufemismo que en
realidad esconde una distinción.
En promedio el gasto de las
personas que se identifican como homosexuales es de 300 dólares
(aproximadamente 5 mil 600 pesos), y por ello muchas empresas han empezado a
venderse como “incluyentes” así como la entidad, que ha visto lo lucrativo que
puede ser pero sin comprometerse a educar a su sociedad y transformarla a
través de normas que promuevan el respeto a la diversidad y la no
discriminación.
El mejor ejemplo es la Ciudad de
México, personalmente he escuchado a personas servidoras públicas decir de
manera tímida “los gays”, pero saben que la ley protege a todas las personas y
que hay condiciones de protección y tienen certeza de que sus ideas o creencias
no deben sesgar el servicio que brindan.
Esa es la diferencia que urge y obliga a Yucatán a adoptar todas las
leyes y normas que garanticen que si llega turismo de donde venga, sean
de piel blanca, negra, amarilla o con cualquier expresión de género, no
recibirá discriminación ni comentarios homofóbicos o sexistas si hay
normas que protejan y garanticen los derechos para todas las personas,
si no atraviesa por los derechos entonces es publicidad y marketing de
la “inclusión”.
CIMACFoto: César Martínez López
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