El clan Lozoya y la cleptocracia

Carlos Fazio

Producto del espíritu de la época, el clan Lozoya –Emi­lio Lozoya Thalmann, director general del Issste y secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y su hijo, Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración de Enrique Peña Nieto− sintetiza en la coyuntura a la cleptocracia como el mecanismo único de la corrupción entre los monopolios y oligopolios y la política.

Acusado de presunto lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita, Lozoya Austin involucró en la trama de la corrupción trasnacional de Odebrecht a su madre, Gilda Austin; su hermana Gilda Susana y su esposa, Marielle ­Eckes, y según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, habría movido 120 millones de dólares para dar sobornos; algunos, presumiblemente, a legisladores de PRI, PAN, PRD, Verde y Panal para la aprobación de la contrarreforma energética.

La corrupción es, eminentemente, un proceso económico-político; alude a los vínculos que existen entre la empresa y la política. Giulio Sapelli sostiene que el elemento fundamental de la corrupción son las empresas, porque son las constructoras sociales de los mercados, del monopolio y del oligopolio, como demuestran las investigaciones sobre la extorsión. Se trata de corporaciones ilegales y legales –por ejemplo,Chevron, Shell, Odebrecht, Exxonmobil, Repsol, OHL, Altos Hornos, etcétera−, que adquieren ventajas competitivas a través de la violencia, la evasión fiscal y tributaria y la circulación de enormes masas de capital que derivan de actividades ilícitas. En su máxima extensión organizativa, la corrupción es el despliegue intracolusivo de oligopolios, y lo que da inicio al ciclo de ilegalidad.

En la mayoría de los gobiernos democráticos, la clase en el poder usa la corrupción; las relaciones entre gobernantes y empresarios, y más en general, entre corruptos y corruptores, se hallan siempre ocultas, y cuando surgen a la luz pública se debe a una lucha desencadenada en su interior. La ruptura del secreto tiene que ver con el modo en que se desarrolla la lucha y la circulación de las élites económicas y políticas. Sapelli afirma que el problema central de la corrupción es el de la circulación de las élites.

Desde los años 70 del siglo XX, el advenimiento de nuevas élites económicas y políticas descompaginó mercados secretos e ilegales consolidados, y obligó a heredar y a contratar la herencia de ellos con los viejos y a menudo inexpugnables detentadores del poder. La reactualización de la corrupción tuvo que ver con la formación de nuevas clases dominantes de extracción no burocrático-estatal, sino monetaria de mercado. La regresión hacia una nueva forma de liberalismo llevó al surgimiento de una clase política cleptocrática, depredadora y falta de reglas morales y políticas, que cambió profundamente las relaciones entre economía y política. La presión para ampliar el área de los mercados ilegales se hizo más fuerte y con la personalización de la vida política emergió un neopatrimonialismo autocrático, ya no oligárquico, sino monocrático: el gonzalismo en España, el soarismo en Portugal, el salinismo en México, para mencionar a algunos jefes ilustres de la cleptocracia caciquil neoliberal.

Desde entonces, también, las clases gobernantes no sólo abusaron de su poder para mantenerse en él y obtener ventajas y ganancias particulares ilícitas, sino para hacer partícipes, vía la cooptación y los sobornos (la palabra latina subornare significa entregar a escondidas, conseguir algo por un camino ilegal), a otros estratos del aparato estatal (el Congreso, el Poder Judicial), para asegurarse un consenso a modo de defensa.

Pero ese neopatrimonialismo no hubiera sido posible sin la colusión del régimen político con las grandes empresas, las cuales usaron y subordinaron al Estado en función de sus intereses económicos particulares/privados. Los grandes consorcios, líderes de los grupos colusivos, entienden cuál es el eslabón débil de la cadena entre decisión política (jerarquía partidista/gubernamental) y decisión administrativa (tecnocracia neoliberal corrupta), y se autopropusieron para solucionar –vía el lobby con un referente privilegiado− los enjuagues financieros que surgieron a partir de la avidez de enriquecimiento desmedido de las tribus político-partidarias emergentes. La trama Lozoya/Odebrecht es un ejemplo elocuente de corrupción, como privatización de lo público y clandestinización de lo privado.

Las grandes decisiones políticas de los gobiernos neoliberales (reformas constitucionales, obras de infraestructura, adjudicaciones, contratos, concesiones, etcétera) fueron tomadas de manera consensuada por poderosas empresas y los jerarcas de los clanes político-partidarios. Producto del maridaje de la mano visible de la jerarquía política (Peña Nieto), con el poder invisible de los lobbies empresariales y el poder parlamentario, al amparo de la ilusión pluralista del Pacto por México, en diciembre de 2013 legisladores de PRI, PAN, PRD, Verde y Panal aprobaron −corruptores sobornos mediante−, la contrarreforma energética, la joya de la corona del paquete de reformas estructurales, objetivo codiciado desde hacía décadas por Estados Unidos y sus sectores financiero y energético.

A medida que se emprenden grandes proyectos nacionales, nacen poderosas cúpulas colusivas no exentas de tensiones y luchas intestinas o externas. Si, como considera Sapelli, el problema central de la corrupción es el de la circulación de las élites económicas y políticas, el ciclo podría repetirse.