Cortesía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ciudad de México.-Las organizaciones civiles que
promovieron y apoyaron un amparo alegando que desde 2016 el Congreso de
Veracruz fue omiso al no despenalizar el aborto hasta las doce semanas
de gestación, lamentaron que la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) postergara la discusión sobre este tema.
La tarde de este miércoles 29 de julio, las y los ministros de la
Primera Sala desecharon, por cuatro votos en contra, el proyecto del
ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien planteó la
obligación del Congreso local de despenalizar el aborto; pero dijeron
que el amparo se turnará a otro ministro para realizar un nuevo
proyecto.
Al respecto, representantes de las organizaciones Justicia, Derechos
Humanos y Género; Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos
Humanos; Frente Veracruzano por los Derechos Humanos de las Mujeres;
Mexfam y Católicas por el Derecho a Decidir, expusieron en conferencia
de prensa virtual que esperan que la nueva propuesta de sentencia
responda al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
El amparo en revisión 636/2019 que llegó a la Suprema Corte tiene su
origen en la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado,
declarada el 13 de diciembre de 2017, por medio de la cual se recomendó
al Legislativo local modificar el tiempo penal de aborto, por ser una
norma discriminatoria y a fin de garantizar el acceso a la interrupción
del embarazo.
Al presentar el proyecto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández
expuso que las organizaciones civiles Justicia, Derechos Humanos y
Género, Colectivo Aquelarre y Colectivo Feminista de Xalapa, quienes
promovieron el amparo en revisión, no pretendían alegar una omisión
legislativa, sino reclamar que la tipificación del aborto es
discriminatoria porque no incluye todas las causales.
Sobre la decisión de los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña
Hernández, quienes votaron en contra del proyecto, la integrante de
Católicas por el Derecho a Decidir y coordinadora del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada,
criticó que mientras la Suprema Corte siga debatiendo, las mujeres
seguirán muriendo.
La defensora expuso que en el estado no se protege la salud
reproductiva de las mujeres y aseguró que el ministro que retome el
amparo en revisión para realizar un nuevo proyecto debe tomar en cuenta
los derechos sexuales y reproductivos a la luz de los mayores estándares
de protección, porque de lo contrario continuarán los embarazos
forzados de las veracruzanas.
En su opinión, la resolución deja a las mujeres en un estado de
indefensión porque la Suprema Corte no resolvió el amparo ni discutió el
acceso al aborto legal.
Por su parte la abogada y defensora, Patricia Bedolla, expuso que fue
sorprendente la conducta de las y los ministros porque no argumentaron
ni discutieron el tema y agregó que la Suprema Corte ha demostrado en
varias ocasiones la progresividad de los derechos de las mujeres, por
eso confió en que no se postergue más la discusión real en torno al
aborto.
En coincidencia, la abogada de la organización Mexfam, Esmeralda
Lecxiur Ferreira, consideró que la SCJN quedó en deuda porque, aunque
los ministros Piña Hernández y Pardo Rebolledo aclararon que no
comentaron sobre el fondo del asunto, si tenían forma de pronunciarse en
torno a la legislación local.
A su vez, el director ejecutivo de la organización Justicia, Derechos
Humanos y Género, Rodolfo Domínguez, dijo que la decisión de la Primera
Sala fue una decepción para las organizaciones civiles porque los
precedentes indican que no se pueden alegar formalismos ni cuestiones de
derecho interno para no acatar los tratados internacionales en materia
de Derechos Humanos de las mujeres.
El abogado lamentó que la Suprema Corte haya tardado un año en
conocer el amparo y que tras la decisión de este miércoles, haya mujeres
y niñas obligadas a continuar un embarazo no deseado, debido a que se
mantiene vigente una ley que las discrimina. Es por eso que llamó a la
nueva ministra o ministro a desarrollar un proyecto de manera diligente y
con perspectiva de género.
Finalmente, las organizaciones señalaron que en septiembre el Comité
de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) revisará el cumplimiento del
Estado mexicano en torno a las recomendaciones que han formulado, y allí
las agrupaciones mexicanas pesentarán información sobre este tema.
20/AGM/LGL
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