El pasado 23 de julio en forma tripartita -gobierno, empresarios y
sindicatos- anunciaron una reforma en el sistema de las administradoras
de fondos para el retiro (Afores). Aumentan las aportaciones de 6.5 a 15
por ciento, se reducen las semanas de cotización de mil 250 a 750, y
aumenta la pensión mínima garantizada para que más de 20 millones de
personas puedan tener un mejor ingreso durante la vejez. La pensión se
elevará 40 por ciento.
Se refuerza el sistema de capitalización individual y amplía la
cobertura para que más personas tengan acceso a una pensión. Esta
iniciativa será presentada en el Congreso para su aprobación y entrará
en vigor a partir de 2023.
Con esta reforma las aportaciones del patrón pueden ir desde 5.151
hasta 13.875 por ciento, todo dependerá del ingreso de la persona
trabajadora. Si percibe un salario mínimo (SM), la aportación del patrón
será de 5.15 por ciento y si el ingreso es de 25 UMA (Unidad de Medida y
Actualización, Inegi), la aportación sería de 13.875 por ciento. Las
aportaciones de los patrones serían deducibles de impuestos.
¿Cómo están los salarios de las mujeres? Primer elemento de desigualdad
Tal como se aprecia claramente en esta gráfica, sí hay una
desigualdad de género salarial, que se expresa en los niveles de 1 SM,
más de 5 SM y en las trabajadoras que no reciben ingresos (no se trata
de trabajo del hogar), son empresas familiares que no les pagan a sus
trabajadoras.
Prácticamente 49 de cada 100 trabajadoras se sitúan en un nivel de 1
hasta 2 salarios mínimos. Únicamente 2.8 de cada 100 gana más de cinco
SM. Por tanto la aportación de las trabajaddoras en el primer nivel será
de 5.15, menor al 6.5 por ciento actual. Implica un beneficio para las
trabajadoras más pobres.
Actualmente el valor de una UMA diaria es de 86.88 pesos diarios,
mientras que el salario mínimo en la zona norte de 185.56 pesos y el
general de 123.22. Es mucho menor el valor de la UMA y también su
crecimiento anual.
En el primer año de gobierno de AMLO el SM aumentó 16 y 100 por
ciento para la zona norte, en tanto que los UMAS sólo crecieron 3 por
ciento, ese es el aumento que se les da a las pensiones. Aquí ya hay una
diferencia sustancial entre SM versus UMAS, la tendencia es el
empobrecimiento de las pensiones, básicamente para las mujeres.
Las aportaciones del gobierno se convertirán en una cuota social;
actualmente aporta 0.225 por ciento, pero la reforma indica que si la o
el trabajador percibe un salario mínimo, el gobierno aporta 8.724 por
ciento y para los que perciban cuatro UMA, aportará 1.798 por ciento.
Mayor carga fiscal para el gobierno.
En tanto, las y los trabajadores se mantendrán con la aportación que
hacen actualmente de 1.125 por ciento del salario base de cotización.
Otro beneficio para las mujeres: se reducen las semanas de cotización
de mil 250 a 750. Normalmente una de las mayores dificultades que
enfrenta la trabajadora es precisamente lograr las mil 250 semanas de
cotización, ya que la vida laboral se ve interrumpida en varias
ocasiones, debido a la carga de trabajo doméstico, la maternidad y los
trabajos de cuidados que hace en toda la familia (enfermos,
discapacitados, tercera edad y niñez). De tal forma que más mujeres
podrán tener acceso a la pensión mínima garantizada que da el gobierno,
la cual también aumentará de 3 mil 289 pesos a 4 mil 345 pesos.
Actualmente una trabajadora sólo percibiría 30 por ciento de su
ingreso. Si este sólo alcanza dos salarios mínimos tendrá una pensión de
73.93 pesos diarios, algo así como 2 mil 300 pesos al mes. Esto sería
para casi la mitad de las trabajadoras (49.4 por ciento), así es hasta
2023. Ahora, estas cifras de nivel de ingreso corresponden al primer
trimestre del año y no recogen los efectos del COVID-19 en el ingreso y
en el desempleo, que fueron devastadores.
Una desigualdad significativa es la esperanza de vida, ésta es
superior en las mujeres, por lo consiguiente tienen que hacer pagos más
altos o de mayor tiempo para lograr una pensión. Para ellas las cuotas
del ahorro voluntario son un gran sacrificio, en sus ya de por si
reducidos ingresos. También influye que ha creciddo el número de mujeres
que son jefas de familia, únicas proveedoras donde su ingreso salarial
es determinante para el sostenimiento del hogar.
Por eso se afirma que con la ley vigente, solamente 34 por ciento de
los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada; con la
propuesta crece al 82 por ciento. La pensión mínima garantizada que da
el gobierno será un complemento del dinero que reciba el trabajador de
la Afore. Es decir, si el trabajador recibe una pensión de la afore de
3,000 pesos, el gobierno le dará mil 345 pesos para que tenga el monto
de 4 mil 345pesos.
La mayor aportación de la IP se orientará a los trabajadores desde
tres salarios mínimos, mientras que los que están por debajo el aumento
de la carga vendrá del gobierno hoy en 0.225 por ciento. Esto evitará
que se afecte a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes). Y será en un
plazo de 8 años.
Ahora, así como está el anuncio de la propuesta no se toca el
problema de la informalidad. Trabajadoras que no cuentan con seguridad
social y donde prevalecen las mujeres, antes de la pandemia y ahora
mucho más. Ahí también prevalece una fuerte desigualdad salarial, tanto
entre formales versus informales como entre sexos. Un efecto negativo
que puede corregirse en el dictamen.
Es posible que haya más outsourcing, y sí es más posible que haya más
recursos al mercado informal y también es probable que pudiera limitar
el crecimiento en el salario real, pero aunque limitaría el crecimiento
en el salario real los trabajadores sí tienen más garantías en su vejez.
Los dos elementos que conforman el actual sistema de pensiones son:
informalidad laboral y envejecimiento demográfico. Los organismos
internacionales señalan que los sistemas de pensiones de retiro,
jubilación o vejez, tienen tres indicadores de evaluación que permiten
ordenar los diagnósticos acerca de los sistemas de pensiones. Estos se
refieren a la cobertura, suficiencia y sostenibilidad.
La cobertura se refiere a: 1) la proporción de población
económicamente activa que está protegida con un seguro social y que
tendría derecho a una pensión de retiro o de vejez y 2) a la proporción
de adultos mayores que en la actualidad cuentan con una pensión. Por lo
general, la edad que se toma como referencia es 65 años y más.
La suficiencia hace referencia al nivel de beneficios, por lo que la
pregunta central es ¿qué tasa de reemplazo o proporción con relación al
último salario, representan las pensiones?
“La sostenibilidad, desde la perspectiva de los organismos internacionales, se remite a la capacidad de la sociedad y del Estado para mantener los sistemas en funcionamiento, sin ocasionar mayores inconvenientes en las cuentas fiscales”.Berenice Patricia Ramírez López. “La crisis social y fiscal de las pensiones y el envejecimiento en México” Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
Se puede afirmar que estos elementos están en falta en lo que a mujeres se refiere. Existe una inequidad de género
Sólo 17 por ciento de las mujeres reciben pensión y de los hombres,
32.7 por ciento. Ocho de cada 10 mujeres no cuentan con una pensión y
siete de cada 10 adultos mayores carecen de la protección de los
sistemas previsionales, señalaron académicos de la UNAM
Los sistemas de pensiones en México son excluyentes y desiguales. En
el caso de ellas, la mayoría recibe pensiones por viudez, mientras que
entre los varones predominan las jubilaciones o tiempos de servicio.
Las mujeres participan poco en el mercado laboral: de 60 a 64 por
ciento en las edades más productivas (de 30 a 64 años), en comparación
con el casi 100 por ciento de los hombres en ese mismo rango de edad. En
el caso de ellas, la mayoría recibe pensiones por viudez, mientras que
entre los varones predominan las jubilaciones o tiempos de servicio.
“Excluyentes y desigualdades en las pensiones en México”, Instituto de
Investigaciones Económicas. UNAM
Consultando la información de Coneval, la protección de la seguridad
social aumenta de acuerdo con el decil de ingreso; cuentan con pensión
y/o jubilación 2.8 por ciento del decil 1, a diferencia del 65.5 por
ciento del decil 10 y ello es resultado de que 92 por ciento de los que
ganan hasta un salario mínimo no tienen prestaciones laborales (salario
social o derechos laborales), a diferencia de los que ganan más de 5
salarios mínimos, donde 64 por ciento cuentan con ella.
Para Berenice Ramírez especialista en el tema “acorde con el modelo
neoliberal instrumentado a partir de la década de 1980 en México, la
capitalización plena e individual de administración privada se visualizó
como la única opción de reforma. Lo que se destacó fue el equilibrio
actuarial que se deriva de una relación directa entre aportaciones, edad
y tiempo de trabajo.
Lo que no se consideró es que al ser las cuentas individualizadas y
administradas privadamente, los riesgos para el trabajador aumentan; al
de enfermedad, incapacidad, desempleo, informalidad y bajos salarios se
suma el riesgo financiero, las altas comisiones, las malas decisiones y
los manejos especulativos.
Lo que se tiene es una Intervención del Estado para la administración
de la pobreza (programas de bienestar clientelares), y no para la
creación de un Estado de Bienestar. La propuesta lanzada por el
presidente en forma tripartita tiene muchas posibilidades de
enriquecerse, depende de la activa participación sindical y de un
Congreso que en verdad busque el beneficio de las mujeres pobres, en
general el bien de todas las personas pobres del país, particularmente
ahora con los efectos de la pandemia económica.
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