Buenos
Aires, 21 a br. 14. AmecoPress/Comunicar Igualdad.- Juana Gómez era una
joven chaqueña de 15 años. El 26 de julio de 2013 fue hallada muerta
atada a un árbol en la localidad de Quitilipi. Su cuerpo fue encontrado
semidesnudo, atado por el cuello a un árbol y con signos de haber sido
golpeada salvajemente. La autopsia posterior confirmó que además había
sido violada.
Reina
Maraz estuvo detenida en la Unidad Penitenciaria Nº 33 de Los Hornos
(provincia de Buenos Aires) desde noviembre de 2010. Arrancada de su
Bolivia natal, la joven quechua pasó un año encerrada sin comprender
por qué… la acusaron de matar a su marido. No hablaba el español y
apenas comprendía lo que le decían. Parió en la cárcel, sola y separada
forzadamente de sus otros dos hijos. Hoy espera en prisión
domiciliaria, que llegue el juicio que le ponga fin a su larga historia
de sufrimiento. (Ver Las barbaries sobre Reina Maraz).
Aunque
separadas geográficamente y por distintas circunstancias, las historias
de Juana y de Reina se cruzan en un mismo punto. Desde que nacieron sus
vidas estuvieron atravesada por distintas discriminaciones: ser mujer,
ser originaria, ser pobre. Reina además, por ser migrante en una tierra
hostil.
Las historias
de estas dos jóvenes, pertenecientes a dos pueblos originarios
distintos de nuestra América Latina, ponen al desnudo las múltiples
violencias que sufren las mujeres indígenas. Ocultadas por siglos de
opresión -de clases, de género, de etnia- sus historias son un llamado
de atención para que la sociedad toda abra los ojos e interpele más que
nunca a quienes tienen que tomar cartas en el asunto.
Las barreras de la justicia
“Estamos
peleando porque el caso de Juana no quede impune como tantos otros
casos que tenemos en la provincia”. La que habla es Elizabeth González,
originaria qom, miembra en Chaco del Consejo Nacional de Mujeres
Indígenas (CONAMI) e integrante de la multisectorial de mujeres de
Resistencia. Su voz se escucha fuerte al otro lado del teléfono, una
voz que clama justicia. “No queremos que quede impune”, insiste y
recuerda el caso de Natalia Flores. Natalia también tenía 15 años,
también era qom, y también fue víctima de femicidio. En julio de 2007
fue encontrada muerta tirada a orillas del Riacho Arazá, en la
Localidad de Fontana. Natalia también había sido violada. La causa de
su muerte cerró sin culpables, por falta de pruebas.
“Nosotras
vivimos a diario este atropello, no solo por ser mujeres, sino por ser
mujeres indígenas y mujeres pobres. Hay fuertes barreras en el acceso a
la justicia. Si no hay un poco de prensa para visibilizar la situación
que vivimos las mujeres originarias, éstos hechos quedan ocultos. Nadie
quiere destapar estas cuestiones y esa es nuestra realidad como mujeres
indígenas que proseguimos en pie de lucha”, remarca González.
La situación
de violencia de género que se vive en Chaco es alarmante. En lo que va
del año ya fueron asesinadas cuatro mujeres producto de estas
violencias: Nancy Adelaida Molina, Eliana Mabel Almirón, Yamile Gómez y
Cecilia Gómez. “Hay un reclamo fuerte. No solamente de las mujeres
indígenas, sino de todas las mujeres en general. Nos venimos
movilizando pidiendo que se declare la emergencia en esta materia que
es la violencia de género. Las barreras son muy grandes y en el caso de
las mujeres indígenas se agravan por no saber hablar la lengua
castellana”, enfatiza.
Días atrás, la
causa por el asesinato de Juana Gómez fue elevada a juicio y caratulada
como femicidio agravado por abuso sexual con acceso carnal. Por el
hecho hay dos imputados, unos hermanos de apellido Pereyra, quienes
vivían en el mismo barrio que la joven y que esperan el juicio alojados
en la alcaidía de la localidad de Sáenz Peña. La información fue
confirmada por Andrea Charole, presidenta del Instituto del Aborigen
Chaqueño (IDACH), y por Silvina Canteros, abogada a cargo de la
Dirección Provincial de la Mujer, un área que depende de la
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Un Estado sin respuestas
“La situación
de los derechos de las mujeres aborígenes en el Chaco sigue siendo de
absoluta vulneración”, sentencia Canteros, quien remarca que a diario
toman conocimiento de nuevos episodios en los que las víctimas son las
originarias qom. “Hace poco supimos del caso de una nena de once años
de Saenz Peña, abusada, embaraza y que había tenido el bebé sin que
hubiera un solo detenido”. La profesional asegura que desde el Estado
provincial se han dado algunos “gestos políticos importantes” pero que
no son suficientes para abordar la problemática de fondo.
“Nos es muy
difícil conseguir decisiones políticas de jerarquía que impliquen
asignación de recursos y por ende la planificación de políticas
públicas de mayor alcance territorial”, enfatiza. Canteros reconoce que
incluso desde la Dirección de la Mujer, que tiene competencia
provincial, es muy poco lo que pueden hacer hacia el interior y las
zonas rurales, que es donde se asienta la mayor concentración de
población originaria. La falta de recursos económicos y humanos
capacitados y sensibilizados con la temática, aparecen como las
principales equivocaciones.
Desde el
IDACH, un organismo bastante cuestionado por las organizaciones
sociales y de mujeres, Andrea Charole reconoce las múltiples
discriminaciones que atraviesan las mujeres originarias. Focaliza
fundamentalmente en las dificultades en el acceso a la justicia,
marcadas fuertemente por las barreras idiomáticas y la discriminación
de clase. “La Justicia con respecto a la mujer aborigen es muy
complicada y es muy lenta.
El gran
problema de las mujeres indígenas es el tema de la traducción; una
mujer que va a una comisaria a hacer una denuncia muchas veces no puede
hacerlo por falta de intérpretes, a lo que se suma el maltrato”,
señala. También reconoce que hay muchos otros casos que no han tomado
estado público. “Este caso de Juana Gómez se hizo de mucha publicidad
porque sucedió en la fiesta del Gauchito Gil y se pudo meter en todos
los diarios, pero hay casos que no fueron revelados a nivel público”,
asegura. Recuerda el caso del niño de 12 años Ilmer Flores, asesinado
en Bermejito, quien aparentemente también fue violado y afirma que han
recibido muchas denuncias de mujeres originarias violadas en Pampa del
Indio.
La presidenta
del IDACH también alertó sobre el avance de la trata de personas,
señalando que las redes mafiosas tienen como blanco vulnerable a las
jóvenes qom. Relató un hecho que le tocó vivir en el que fue trasladada
por un remisero hacia un lugar alejado, suceso que la marcó para
siempre y del que afortunadamente pudo salir ilesa. Sobre esto señala
que son pocos los controles.
Pese a
reconocer esta situación de extrema vulnerabilidad, Charole remarca
como un hecho muy positivo que la causa por el femicidio de Juan Gómez
haya sido elevado a juicio en tan poco tiempo.
Desandar un camino para poner fin a las múltiples violencias
Chaco es una
de las provincias más pobres de nuestro país. Según datos
proporcionados por Andrea Charole, en su territorio habitan al menos 20
mil indígenas toba, 8 mil wichis y 10 mil mocovíes. La mayoría vive en
la zona rural donde sufren la falta de acceso a los servicios básicos
como agua potable, gas y energía eléctrica. La situación de las mujeres
originarias se agrava por su condición de extrema pobreza. Una
situación que es muy alarmante en todo el noroeste de nuestro país.
Según el
último censo nacional de 2010, en Argentina habitan cerca de 955.000
personas de pueblos originarios. No hay datos desagregados por sexo, ni
estadísticas que visibilicen la prevalecía de la violencia de género
sobre este sector de la población; como no las hay en general.
Un informe
reciente del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el
Caribe de la Cepal, señala que la distinción urbano-rural sigue siendo
un marcador de desigualdad en la región, en especial dadas las grandes
diferencias que persisten en cuanto a la oferta de servicios básicos,
de educación, salud y empleo que afectan negativamente a las
poblaciones rurales en general, y a las mujeres indígenas en particular.
Como Reina y
Juana miles de mujeres originarias sufren las múltiples
discriminaciones por el sólo hecho de ser mujer, por ser pobres, por
ser indígenas, por ser extrañas en un territorio que no les pertenece.
Y como ocurre en muchos casos, estas situaciones se visibilizan y ponen
de manifiesto sobre el cuerpo de ellas. Las mujeres son violentadas y
hasta asesinadas, para que la sociedad en su conjunto, y
fundamentalmente el Estado tome nota de lo que sucede.
Fotos: Comunicar Igualdad.
