La visita del grupo de
trabajo de Naciones Unidas —del 29 de agosto al 7 de septiembre— será
para documentar las afectaciones que provocan las empresas al pueblo de
San Francisco Xochicuautla, Estado de México.
Después de recabar más de 80 testimonios de comunidades
afectadas por megaproyectos y otras actividades empresariales en México,
Dante Pesce, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y
derechos humanos, aseveró que la mayoría de los casos “son persistentes” y declaró que “al parecer hay patrones” en este tipo de abusos.
De acuerdo con la revista Proceso,
los expertos Pesce –de origen chileno– y Pavel Sulyanziga –de Rusia–
estuvieron el domingo 4 en el pueblo otomí de San Francisco
Xochicuautla, Estado de México, donde se reunieron con habitantes indígenas.
En el pasado mes de mayo, los pobladores consiguieron medidas cautelares contra las obras de la autopista Toluca-Naucalpan, que atraviesan sus tierras comunales y ya causaron la destrucción de miles de árboles del bosque otomí.
Durante cerca de tres horas se sucedieron en el micrófono pobladores
indígenas, pero también de otras entidades federativas, cuyas
comunidades fueron afectadas de una manera u otra por las actividades de
empresas, tanto privadas como paraestatales. Se abordaron problemáticas vinculadas con obras de infraestructura, minería, energía o agua, entre otros.
“No les pedimos que resuelvan los problemas que tenemos, sólo hagan
que aflore la verdad”, exhortó un líder de Xochicuautla, al añadir que “lo único que mantendrá vivo a este planeta son las comunidades indígenas, pues no nos movemos por el dinero sino con el corazón”.
Entre las empresas señaladas los habitantes, reiteraron a Grupo Higa y
sus filiales –propiedades de Juan Armando Hinojosa Cantú–, Abengoa y
Peñafiel; pero también empresas mineras de origen canadiense
o la Comisión Federal de Electricidad (CFE); casi todas involucradas en
megaproyectos de infraestructura o de carácter extractivista.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos
humanos realiza una visita a México desde el 29 de agosto y hasta el 7
de septiembre, a fin de examinar los esfuerzos del gobierno y las
empresas para prevenir y abordar impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos.
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