Por
Hernán Gomez Bruera
Hace algunos años los más reconocidos nombres de nuestra oligarquía comentocrática se llenaban la boca hablando acerca de los poderes fácticos y el profundo daño que hacían.
Hoy que el gobierno ha abrazado esa agenda como nunca antes, llama la
atención que subestimen lo que se está haciendo. Vale la pena un
apretado recuento de cómo esta administración ha tocado
a diversos grupos: a los contratistas comprometidos con el nuevo
aeropuerto y a quienes habían apostado a la valorización de terrenos
aledaños, al suspender la construcción. A los grupos del crimen organizado que participaban en el huachicol que arrojaba pérdidas anuales hasta por 60 mil millones de pesos, al combatirlos.
A los grandes productores agrícolas, al recortarles los enormes subsidios que recibían, y a organizaciones como Antorcha Campesina, al quitarles la intermediación de los recursos del Ramo 23.
A los medios de comunicación, al reducirles el financiamiento vía
publicidad oficial que -en lugar de vivir de sus lectores y para ellos-,
los llevó a subsistir de un subsidio público cual entidades paraestatales.
Al sector energético, al suspender las subastas y exigir a las empresas invertir como se comprometieron y nunca lo hicieron.
A quienes lucraban con las estancias infantiles –en
muchos casos negocio para militantes de distintos partidos–, al crear un
esquema distinto de financiación, aunque ciertamente cuestionable.
A grades empresas que recibían recursos para proyectos de investigación del CONACYT, al retirarles los beneficios del cuestionado Programa de Estímulos a la Innovación.
A los grandes contribuyentes, al acabar con los beneficios fiscales
que en dos sexenios llevaron a condonar 400 mil millones, así como al
combatir las facturas falsas.
A los sindicatos corporativos, al aprobar una reforma laboral
que permitirá que los trabajadores sean quienes elijan a sus líderes
gremiales y les impedirá eventualmente eternizarse en sus cargos.
A los patrones, al combatir los sindicatos blancos y al promover una legislación que limitará el outsourcing.
A las poderosas empresas agroalimentarias, al establecer el nuevo etiquetado frontal de advertencia que las obligará a alertar sobre el contenido de sus productos.
A los múltiples proveedores que le venden al gobierno, a través de un mecanismo de compras consolidadas que ha permitido ahorrar sumas considerables al erario.
Y más recientemente, a las empresas que proveían “servicios integrales de salud”, a farmacéuticas
y sus distribuidoras, al quitarles el monopolio en la venta de
medicamentos que tenía al Estado de rodillas y les permitía cobrar lo
que querían.
Posiblemente ni siquiera estemos frente a una agenda de izquierda,
sino simplemente una que busca recuperar la autoridad del Estado y hacer
valer la ley. Una agenda que cualquier comentócrata liberal podría acompañar si no se dejara gobernar por sus fobias y sus .
POR HERNÁN GÓMEZ BRUERA
HERNANFGB@GMAIL.COM
@HERNANGOMEZB
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