8/01/2020

Reforma al Sistema de Pensiones ¿Y las mujeres?


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CIMACFoto: César Martínez López
El pasado 23 de julio en forma tripartita -gobierno, empresarios y sindicatos- anunciaron una reforma en el sistema de las administradoras de fondos para el retiro (Afores). Aumentan las aportaciones de 6.5 a 15 por ciento, se reducen las semanas de cotización de mil 250 a 750, y aumenta la pensión mínima garantizada para que más de 20 millones de personas puedan tener un mejor ingreso durante la vejez. La pensión se elevará 40 por ciento.
Se refuerza el sistema de capitalización individual y amplía la cobertura para que más personas tengan acceso a una pensión. Esta iniciativa será presentada en el Congreso para su aprobación y entrará en vigor a partir de 2023.
Con esta reforma las aportaciones del patrón pueden ir desde 5.151 hasta 13.875 por ciento, todo dependerá del ingreso de la persona trabajadora. Si percibe un salario mínimo (SM), la aportación del patrón será de 5.15 por ciento y si el ingreso es de 25 UMA (Unidad de Medida y Actualización, Inegi), la aportación sería de 13.875 por ciento. Las aportaciones de los patrones serían deducibles de impuestos.
¿Cómo están los salarios de las mujeres? Primer elemento de desigualdad
Tal como se aprecia claramente en esta gráfica, sí hay una desigualdad de género salarial, que se expresa en los niveles de 1 SM, más de 5 SM y en las trabajadoras que no reciben ingresos (no se trata de trabajo del hogar), son empresas familiares que no les pagan a sus trabajadoras.
Prácticamente 49 de cada 100 trabajadoras se sitúan en un nivel de 1 hasta 2 salarios mínimos. Únicamente 2.8 de cada 100 gana más de cinco SM. Por tanto la aportación de las trabajaddoras en el primer nivel será de 5.15, menor al 6.5 por ciento actual. Implica un beneficio para las trabajadoras más pobres.
Actualmente el valor de una UMA diaria es de 86.88 pesos diarios, mientras que el salario mínimo en la zona norte de 185.56 pesos y el general de 123.22. Es mucho menor el valor de la UMA y también su crecimiento anual.
En el primer año de gobierno de AMLO el SM aumentó 16 y 100 por ciento para la zona norte, en tanto que los UMAS sólo crecieron 3 por ciento, ese es el aumento que se les da a las pensiones. Aquí ya hay una diferencia sustancial entre SM versus UMAS, la tendencia es el empobrecimiento de las pensiones, básicamente para las mujeres.
Las aportaciones del gobierno se convertirán en una cuota social; actualmente aporta 0.225 por ciento, pero la reforma indica que si la o el trabajador percibe un salario mínimo, el gobierno aporta 8.724 por ciento y para los que perciban cuatro UMA, aportará 1.798 por ciento. Mayor carga fiscal para el gobierno.
En tanto, las y los trabajadores se mantendrán con la aportación que hacen actualmente de 1.125 por ciento del salario base de cotización.
Otro beneficio para las mujeres: se reducen las semanas de cotización de mil 250 a 750. Normalmente una de las mayores dificultades que enfrenta la trabajadora es precisamente lograr las mil 250 semanas de cotización, ya que la vida laboral se ve interrumpida en varias ocasiones, debido a la carga de trabajo doméstico, la maternidad y los trabajos de cuidados que hace en toda la familia (enfermos, discapacitados, tercera edad y niñez). De tal forma que más mujeres podrán tener acceso a la pensión mínima garantizada que da el gobierno, la cual también aumentará de 3 mil 289 pesos a 4 mil 345 pesos.
Actualmente una trabajadora sólo percibiría 30 por ciento de su ingreso. Si este sólo alcanza dos salarios mínimos tendrá una pensión de 73.93 pesos diarios, algo así como 2 mil 300 pesos al mes. Esto sería para casi la mitad de las trabajadoras (49.4 por ciento), así es hasta 2023. Ahora, estas cifras de nivel de ingreso corresponden al primer trimestre del año y no recogen los efectos del COVID-19 en el ingreso y en el desempleo, que fueron devastadores.
Una desigualdad significativa es la esperanza de vida, ésta es superior en las mujeres, por lo consiguiente tienen que hacer pagos más altos o de mayor tiempo para lograr una pensión. Para ellas las cuotas del ahorro voluntario son un gran sacrificio, en sus ya de por si reducidos ingresos. También influye que ha creciddo el número de mujeres que son jefas de familia, únicas proveedoras donde su ingreso salarial es determinante para el sostenimiento del hogar.
Por eso se afirma que con la ley vigente, solamente 34 por ciento de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada; con la propuesta crece al 82 por ciento. La pensión mínima garantizada que da el gobierno será un complemento del dinero que reciba el trabajador de la Afore. Es decir, si el trabajador recibe una pensión de la afore de 3,000 pesos, el gobierno le dará mil 345 pesos para que tenga el monto de 4 mil 345pesos.
La mayor aportación de la IP se orientará a los trabajadores desde  tres salarios mínimos, mientras que los que están por debajo el aumento de la carga vendrá del gobierno hoy en 0.225 por ciento. Esto evitará que se afecte a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes). Y será en un plazo de 8 años.
Ahora, así como está el anuncio de la propuesta no se toca el problema de la informalidad. Trabajadoras que no cuentan con seguridad social y donde prevalecen las mujeres, antes de la pandemia y ahora mucho más. Ahí también prevalece una fuerte desigualdad salarial, tanto entre formales versus informales como entre sexos. Un efecto negativo que puede corregirse en el dictamen.
Es posible que haya más outsourcing, y sí es más posible que haya más recursos al mercado informal y también es probable que pudiera limitar el crecimiento en el salario real, pero aunque limitaría el crecimiento en el salario real los trabajadores sí tienen más garantías en su vejez.
Los dos elementos que conforman el actual sistema de pensiones son: informalidad laboral y envejecimiento demográfico. Los organismos internacionales señalan que los sistemas de pensiones de retiro, jubilación o vejez, tienen tres indicadores de evaluación que permiten ordenar los diagnósticos acerca de los sistemas de pensiones. Estos se refieren a la cobertura, suficiencia y sostenibilidad.
La cobertura se refiere a: 1) la proporción de población económicamente activa que está protegida con un seguro social y que tendría derecho a una pensión de retiro o de vejez y 2) a la proporción de adultos mayores que en la actualidad cuentan con una pensión. Por lo general, la edad que se toma como referencia es 65 años y más.
La suficiencia hace referencia al nivel de beneficios, por lo que la pregunta central es ¿qué tasa de reemplazo o proporción con relación al último salario, representan las pensiones?
“La sostenibilidad, desde la perspectiva de los organismos internacionales, se remite a la capacidad de la sociedad y del Estado para mantener los sistemas en funcionamiento, sin ocasionar mayores inconvenientes en las cuentas fiscales”.
Berenice Patricia Ramírez López. “La crisis social y fiscal de las pensiones y el envejecimiento en México” Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
Se puede afirmar que estos elementos están en falta en lo que a mujeres se refiere. Existe una inequidad de género
Sólo 17 por ciento de las mujeres reciben pensión y de los hombres,  32.7 por ciento. Ocho de cada 10 mujeres no cuentan con una pensión y siete de cada 10 adultos mayores carecen de la protección de los sistemas previsionales, señalaron académicos de la UNAM
Los sistemas de pensiones en México son excluyentes y desiguales. En el caso de ellas, la mayoría recibe pensiones por viudez, mientras que entre los varones predominan las jubilaciones o tiempos de servicio.
Las mujeres participan poco en el mercado laboral: de 60 a 64 por ciento en las edades más productivas (de 30 a 64 años), en comparación con el casi 100 por ciento de los hombres en ese mismo rango de edad. En el caso de ellas, la mayoría recibe pensiones por viudez, mientras que entre los varones predominan las jubilaciones o tiempos de servicio. “Excluyentes y desigualdades en las pensiones en México”, Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM
Consultando la información de Coneval, la protección de la seguridad social aumenta de acuerdo con el decil de ingreso; cuentan con pensión y/o jubilación 2.8 por ciento del decil 1, a diferencia del 65.5 por ciento del decil 10 y ello es resultado de que 92 por ciento de los que ganan hasta un salario mínimo no tienen prestaciones laborales (salario social o derechos laborales), a diferencia de los que ganan más de 5 salarios mínimos, donde 64 por ciento cuentan con ella.
Para Berenice Ramírez especialista en el tema “acorde con el modelo neoliberal instrumentado a partir de la década de 1980 en México, la capitalización plena e individual de administración privada se visualizó como la única opción de reforma. Lo que se destacó fue el equilibrio actuarial que se deriva de una relación directa entre aportaciones, edad y tiempo de trabajo.
Lo que no se consideró es que al ser las cuentas individualizadas y administradas privadamente, los riesgos para el trabajador aumentan; al de enfermedad, incapacidad, desempleo, informalidad y bajos salarios se suma el riesgo financiero, las altas comisiones, las malas decisiones y los manejos especulativos.
Lo que se tiene es una Intervención del Estado para la administración de la pobreza (programas de bienestar clientelares), y no para la creación de un Estado de Bienestar. La propuesta lanzada por el presidente en forma tripartita tiene muchas posibilidades de enriquecerse, depende de la activa participación sindical y de un Congreso que en verdad busque el beneficio de las mujeres pobres, en general el bien de todas las personas pobres del país, particularmente ahora con los efectos de la pandemia económica.

Se registran nuevos patrones de violencia contra mujeres durante pandemia

25 de Noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres

Ciudad de México. América Latina registró nuevos patrones de violencia contra las mujeres durante la pandemia, como aumento en tasa de feminicidio y violencia sexual, disminución en denuncias y restricción de la libertad, de acuerdo con el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).
La Mesecvi es un mecanismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuya función es evaluar las estrategias y políticas de cada país de la región para atender la violencia contra las mujeres.
Desde el inicio de la pandemia, este mecanismo advirtió sobre un posible incremento de la violencia contra las mujeres derivado del confinamiento y otras medidas adoptadas por los Estados para hacer frente a la COVID-19.
Cinco meses después de esta advertencia, la Mesecvi identificó como parte de su informe “La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19” que en las Américas,algunos países y gobiernos locales dieron cuenta de un incremento de hasta 80 por ciento en las llamadas a las líneas telefónicas que brindan atención y orientación en casos de violencia. Al mismo tiempo, las llamadas a líneas telefónicas por parte de hijas o hijos o familiares de mujeres víctimas de violencia también aumentaron con la cuarentena.
Varios países, observó este Mecanismo, identificaron que el alto consumo de alcohol estaría relacionando con los casos de violencia en el hogar registrados durante la cuarentena. Otros Estados reportaron que, a pesar de la disminución general de la criminalidad, se registró un aumento en los casos de violencia en el hogar, abuso sexual en niñas, casos de feminicidio consumados o frustrados, y casos de agresores liberados de prisión como medida para contener el COVID-19 que asesinaron a sus exparejas luego de su liberación. 
En Argentina, por ejemplo, la sociedad civil dio cuenta de que 25 por ciento de los casos de feminicidio en el 2020 sucedieron en el marco de las restricciones de circulación preventiva del contagio de coronavirus, la mayoría ocurrieron en la vivienda de la víctima o la compartida con el agresor.
Por otra parte, en Chile y Uruguay se registró una disminución en el número de denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia, pero al mismo tiempo hubo un aumento en casos de feminicidio, “lo que podría indicar las limitaciones para efectuar una denuncia”, explicó el Mesecvi.
Como parte de este cambio de patrones se identificó también un aumento de casos de violencia física y psicológica en el ámbito privado. En estos casos, la violencia fue perpetrada principalmente por parejas, exparejas y familiares.
Por otro lado, en Bolivia, muchos agresores que contaban con prisión preventiva por violencia de género fueron liberados. “Esta medida no tuvo en cuenta el efecto o la protección debida, a las víctimas de estos delitos”, determinó el Mecanismo.
Asimismo se identificó un aumento de violencia sexual contra las niñas perpetrada por parientes cercanos en los hogares, así como de denuncias de violencia contra mujeres que trabajan en el sector salud. La violencia contra este personal fue perpetrada por sus familiares, en el transporte público y en sus propios lugares de residencia.
El Mesecvi señaló que hubo un aumento de violencia contra las mujeres migrantes “al verse más expuestas a diversos delitos como explotación sexual, desapariciones y feminicidio”. En México las solicitudes de asilo en refugios para mujeres migrantes aumentaron un 30 por ciento. 
Este Mecanismo también documentó restricciones a los servicios de atención y acceso a salud sexual y reproductiva, denuncias de violencia en relaciones desiguales de poder por vulnerabilidad económica, así como restricciones ilegítimas de la libertad de trabajadoras domésticas por encontrarse en una situación de cuasi servidumbre al estar encerradas en las casas de sus empleadores.
También hubo un aumento de casos de violencia digital y se registró un aumento de delitos por crímenes relacionados con extorsión sexual y pornografía infantil en línea.
De acuerdo con el Mecanismo de la OEA, durante la pandemia hubo reportes en Argentina, Colombia, Paraguay y Perú de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, intimidaciones y arrestos injustificados por parte del personal policial, a propósito de la cuarentena. 
A esto se suma que las restricciones al derecho al tránsito afectaron “de manera desproporcionada” a mujeres que no pueden salir a poner una denuncia y carecen de acceso a herramientas telemáticas, porque no se han facilitado estas herramientas o porque desconocen su existencia; mujeres y niñas que requieren cuidados especializados debido a su edad o a su condición de discapacidad.
Asimismo, estas restricciones provocaron abandono de mujeres adultas mayores lo que, explicó el mecanismo, “exacerba su situación de vulnerabilidad, en tanto no se dictaron medidas que pudieran garantizar su acceso a servicios esenciales de cuidado”.

De espaldas a la CEDAW


CIMACFoto: César Martínez López
Hace 40 años México firmó su adhesión a la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, mejor conocida como CEDAW. Uno de los instrumentos internacionales más efectivos para promover la igualdad y no discriminación de mujeres y niñas. Esta convención y su protocolo facultativo cuentan con un Comité de expertas que evalúa el cumplimiento de los Estados parte y hace recomendaciones puntuales a los informes periódicos que éstos presentan.
Este año, el gobierno deberá informar sobre los avances parciales respecto a las recomendaciones de 2018. Si ya antes, los informes oficiales mostraban amplias brechas entre “leyes de avanzada” y políticas públicas deficientes, este gobierno nada podrá presumir. La “Ley Olimpia” o la tipificación de la violencia política de género, obra del Congreso, son otros avances legales. En los hechos, el gobierno “paritario”, ha dado la espalda a las mexicanas.
El panorama para mujeres y niñas es, en efecto, desesperanzador. Por sólo referirnos al 2020, según datos oficiales, en junio el feminicidio y los homicidios dolosos de mujeres siguieron aumentando; la terrible cifra de 11 mujeres asesinadas al día es ya una dolorosa e indignante realidad. A la violencia machista en casas y calles, se suman la desprotección y desprecio hacia mujeres periodistas y defensoras, la dilación de justicia a madres de víctimas de feminicidio y desaparición que siguen en busca de verdad. Se suman también la violencia institucional que representan la falta de presupuesto para refugios y CAMI, el retraso de la justicia para mujeres agredidas so pretexto de la pandemia, y el vaciamiento de instituciones creadas gracias a la sociedad civil, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim).  
Esta acumulación de agravios no se debe sólo a la pandemia y cuarentena. Desde 2018 el presupuesto efectivo para mujeres y niñas se ha reducido y, lejos de impulsar políticas públicas integrales, las funcionarias responsables, que deben conocer la CEDAW, han aceptado lineamientos contrarios a ella. ¿Qué podrán argumentar ahora que deban reportar qué medidas se han tomado para armonizar la tipificación del feminicidio en el país, garantizar la efectividad de la alerta de violencia de género, fortalecer la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, o resolver el caso de Pilar Argüello, joven veracruzana asesinada en 2012 cuyo feminicida sigue libre? ¿Qué informará este gobierno en 2022 acerca del combate a los estereotipos de género que favorecen la discriminación y la desigualdad? ¿cómo explicará que, en vez de aumentar los recursos al Inmujeres y “fortalecer su capacidad de aplicar políticas de igualdad de género”, la haya desmantelado o que, en vez de aprovechar la experiencia de las ONG, las haya descalificado y marginado?
¿Responderá que su estrategia “para superar la cultura machista y los estereotipos sobre funciones y responsabilidades de mujeres y hombres”  se reduce a una paridad decorativa, socavada por la exaltación de la cartilla moral y “la familia fraterna”? ¿Argumentará, como lo ha hecho ante la sociedad mexicana, que el tipo penal de feminicidio es tan complicado que no se puede aplicar, aunque otros países lo copien y adapten? ¿Explicará que “las leyes penales que restringen el acceso al aborto legal” y la falta de aplicación de la NOM-046 en los estados persistirán porque el partido en el poder se alió con fuerzas confesionales? ¿Eludirá que, en vez de fortalecer “su estrategia nacional de reducción de la pobreza” femenina, ha dejado sin recursos a la mayoría de las mujeres pobres?
Como afirma la abogada e investigadora Ydalia Pérez Fernández Ceja, la CEDAW “debería estudiarse en las escuelas”, y en la universidad. En ella se define con claridad lo que es la discriminación y cómo eliminarla para alcanzar una igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Esto lo saben bien las organizaciones que hoy preparan ya un informe sombra en que sin duda el Comité CEDAW verá cómo en año y medio se han destruido logros que costaron décadas de trabajo y luchas feministas.

A revisión Códigos Civiles que discriminen a mujeres: Segob


Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, admitió que existen códigos civiles y leyes federales que discriminan a las mujeres al privilegiar a los abuelos paternos para ejercer la patria potestad de las y los niños que quedan en condición de orfandad por feminicidio. 
Luego de que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, fuera cuestionado en múltiples ocasiones durante su conferencia de prensa diaria por acciones puntuales para erradicar la violencia contra las mujeres en México, este 29 de julio la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, explicó algunas las acciones que integran la Estrategia Nacional de Protección Integral para las mujeres, las niñas y las adolescentes que viven violencias.
Esta estrategia fue presentada en marzo de 2019, durante una conferencia de prensa del presidente, sin embargo, sus objetivos, metas y acciones no constan en ningún documento oficial. 
No obstante, como parte de las acciones de esta Estrategia, dijo la Secretaria, se presentó el Protocolo Nacional de Protección y Atención Integral a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidios. Ésta, dijo, “es la primera vez en la historia de nuestro país que se está atendiendo, a través de este protocolo y quiero ser muy enfática a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por los feminicidios, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social y asistencia que requieran”.
La funcionaria agregó al respecto que los códigos civiles de varios estados de la República son “verdaderamente discriminatorios” porque prefieren que sean la abuela y el abuelo paterno quienes ejerzan la guardia y protección de los menores de edad que quedaron en condición de orfandad por feminicidio; esto implica que muchas veces se privilegie a la familia de quien asesinó a la madre de esas niñas y niños. 
“Hay resabios, todavía, y en la Ley de Acceso (de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) también tenemos detectado lo que acabas de señalar. Esto es inaceptable porque es uno de los temas más grandes que tenemos de discriminación en contra de las madres de las mujeres. Siempre han sido primero los padres del padre, o sea los abuelos paternos, y después los abuelos maternos, como si fuese primero tener un privilegio adicional. Muchos de estos códigos han sido reformados pero otros no; entonces nosotros queremos hacer una revisión y lo estamos haciendo de aquellos resabios de las normativas, sobre todo en códigos civiles, en donde todavía tenemos estas discriminaciones verdaderamente inaceptables e inadmisibles.
Muchas veces el victimario, quien cometió el delito de feminicidio, sus padres son los primeros que tienen derecho a ejercer la patria y potestad de la custodia y no los padres de una víctima de feminicidio, que son los abuelos maternos”, señaló la secretaria.  
Y llamó a los congresos locales en las entidades federativas a revisar los “resabios” discriminatorios en sus leyes. Este Protocolo, se explicó en la conferencia,  describe el proceso de atención de las instancias involucradas. Su objetivo es construir un piso común a través de la Procuraduría federal y establece un marco de referencia para las procuradurías estatales para homologar sus protocolos de actuación.  
Sobre los recursos
Cuestionada por el recorte del 75 por ciento al presupuesto para el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), su titular, Nadine Gasman, dijo que la institución “ha puesto en el centro el interés superior de la salud”, lo que explica el recorte al rubro de operaciones, pero no hubo recortes en materia de personal, salario y áreas “sustantivas”. “Estamos haciendo los ahorros que nos está pidiendo la austeridad”
La funcionaria aclaró que es “con capital humano” que siguen garantizando la transversalización de la perspectiva de género en cada una de las dependencias de gobierno, y que el presupuesto de las mujeres se está ejerciendo a través de programas de seguridad ciudadana y de créditos para mujeres afectadas económica o laboralmente por la pandemia. 
Para el caso del presupuesto para las Alertas de Violencia de Género (AVG) y las Casas de la Mujer Indígena (cuyo presupuesto fue restituido sólo a la mitad), López Obrador dijo que nunca antes se había “entregado” tanto dinero para las mujeres; sin embargo, no explicó en específico por qué redujo los presupuestos para estos dos ámbitos.
Otras acciones de la Estrategia 
Como parte de las acciones que se informaron de esta Estrategia, Sánchez Cordero recordó la conformación en 2019 de un Grupo Impulsor de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, el cual se amplió “considerablemente” durante un año hasta convertirse en un Grupo Intersecretarial.
Fue por petición de este Grupo, dijo la Secretaría, que el Consejo de Salubridad General incluyó en el decreto del 21 de marzo de 2020 como actividades esenciales durante la contingencia sanitaria aquellas que brindan servicios de protección integral para las mujeres que viven violencia.
Dijo “para quienes dicen que no hemos ejercido presupuesto suficiente”, que el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), de la Secretaría de Bienestar, ha ejercido 554 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en los Centros de Refugio para las Mujeres y los Centros PAIMEF, y que se “logró” asignar 16.5 millones de pesos para las 35 Casas de las Mujeres Indígenas.
En los 48 Centros de Justicia de las Mujeres en el país se reportó la atención a más de 97 mil personas; con un ejercicio por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) de un aproximado total de 240 millones de pesos.
En este semestre han sido atendidas 600 mil llamadas de mujeres. “Con ello comprobamos que cuando se brinda orientación correcta, oportuna y activa, las mujeres, las niñas y las adolescentes buscan ayuda y sí saben dónde encontrarla”, explicó la funcionaria.
Además, dijo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Programa Misión Género “mujeres, paz y seguridad” ha capacitado a 482 policías estatales y municipales, que a su vez son capacitadores en el Protocolo Nacional de actuación policial.
El Inmujeres, con con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, diseñó e implementó el programa Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz), cuyo objetivo es conformar grupos de trabajo, planeación y participación de las mujeres, para que éstas sean reconocidas como multiplicadoras del proceso de paz a nivel territorial. El Mucpaz tiene 257 redes en 107 municipios con una inversión de 122 millones de pesos.
Además, explicó, las Becas para el Bienestar Benito Juárez “empieza a saldar la deuda histórica con 2 mil 730 niñas, niños y jóvenes víctimas de delitos de alto impacto y violaciones graves de Derechos Humanos”.
A pesar de que las cifras más recientes demuestran que la violencia contra las mujeres va en aumento con casi 11 asesinatos de mujeres cada día, la secretaria felicitó a los municipios por implementar “programas innovadores y exitosos. (…) Han sido innovadores y han sido exitosos para proteger y atender estas poblaciones que han sido vulnerados por estas violencias”
Olga Sánchez Cordero señaló que el aumento de la violencia contra las mujeres es producto de la acción de administraciones anteriores a la de López Obrador: “porque entendemos a la Cuarta Transformación como reparadora de los daños causados por 30 años de políticas neoliberales, reflejados, por ejemplo, en la advertencia que hace el Inegi, al afirmar que las violencias contra las mujeres de todas las edades, ponen en riesgo las expectativas de desarrollo y bienestar del país”.
No obstante, dijo, la diferencia de su administración con otras es que “nosotras sí las vemos, sí las escuchamos, sí estamos juntas en la lucha por defender nuestros derechos a seguir buscando seguridad, justicia y bienestar. Porque la Patria es solo aquella que realmente equilibran y garantizan los derechos de todas y todos”.
La Segob dijo que las acciones y programas federales prioritarios están enfocados a la “búsqueda de la felicidad” y reconoció que el COVID 19 ha presentado “desafíos y hallazgos importantes” para mantener la exigencia de mejora continua de los servicios, acciones y programas para las niñas, las adolescentes, las jóvenes y las adultas mayores que enfrentan violencias por el hecho de ser mujeres.

Referencias y referentes


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CIMACFoto: César Martínez López
Con esto del progresivo borrado de las mujeres que pretenden las transgeneristas y su brazo político, el Ministerio de Igualdad es, si cabe más necesario que nunca dar referencias de mujeres a las niñas y niños que vienen detrás.
Y digo que es más importante si cabe, porque han de conocer que las mujeres hemos estado desde siempre y hemos contribuido con nuestros trabajos y saberes a mejorar las condiciones de vida de la población en general. Yo soy de las que estudiaron la Educación General Básica (EGB) y recuerdo que, aparte de la señora Curie, no aparecía ninguna mujer en los libros de historia. Ni cuando, ya en el BUP se nos enseñó machaconamente la revolución francesa, se nos mentó por un momento a Olympe de Gouges.
Y recuerdo tener en la última etapa de la EGB tener un profesor de esos que te ayuda a pensar y repensar las cosas y un día le pregunté el motivo por el cual las mujeres no aparecían en los libros de historia cuando sin ellas no se podrían tener hijos. Su respuesta fue demoledora: “estaban realizando las tareas de las casas y siendo buenas amas de casa criando y cuidando de sus vástagos”. Así, con una sola frase, liquidó todas las aportaciones realizadas por las mujeres a lo largo de la historia y se quedó más ancho que largo. Eso sí, se las daba de progresista, como no podía ser de otro modo, pues estábamos a finales de los años setenta.
Sé que la cosa ha mejorado mucho con respecto a esos mensajes patriarcales e incluso misóginos que yo recibí, pero me sigue preocupando bastante que, con el pretendido borrado de mujeres, también se borre la genealogía no solo feminista, sino también y pura y duramente los avances producidos. Nuestras generaciones presentes y futuras deben conocer no sólo su procedencia, también las aportaciones que tantas y tantas mujeres han realizado a la sociedad y a lo largo de toda la historia. Su borrado, dejaría en la orfandad a las niñas y niños y su aprendizaje quedaría gravemente mermado y cuestionado por ser de sesgo patriarcal y machista.
Las mujeres hemos existido desde siempre. Y no, no provenimos de una costilla de Adán y por tanto no se nos ha de considerar inferiores a los hombres. Las mujeres, no solo hemos estado y contribuido a los aportes científicos realizados a lo largo de la historia, sino que además hemos cargado también a lo largo de la historia con un trabajo añadido que nadie más que el patriarcado nos impuso: los cuidados de nuestras familias, tanto en el sentido físico, como en el emocional.
Y por supuesto hemos compuesto música, hemos escrito novelas y tratados de botánica, hemos pintado cuadros, esculpido estatuas, inventado cachivaches variados y aportado fuentes de conocimiento en cada momento histórico. Recordemos, por ejemplo, que la inventora del sistema binario que se utiliza para el lenguaje informático fue Ada Byron. Si, la hija del poeta, pero él se llevó la fama y ella solo fue reconocida mucho más tarde. O que fueron mujeres también las que contribuyeron a que la NASA pudiera llegar a la luna. O que el lavaplatos lo inventó una mujer llamada Josephine Cochrane, allá por 1886.
Estas aportaciones y muchas más, las realizaron mujeres. No seres con vulva, o seres gestantes, sencillamente mujeres. Con todas y cada una de sus letras M-U-J-E-R-E-S.
El “fluir” del transgenerismo me parece tan peligroso política y socialmente, como cosmético en sus formas y manifestaciones. O, dicho de otra manera, vacío de contenido político. Y no podemos olvidar que la reivindicación de la recuperación de la memoria histórica de las mujeres y de todas sus aportaciones, es claramente una cuestión política y de futuro para que nuestra niñez no quede huérfana de conocimientos.
Es de justicia social que conozcan la historia completa y eso pasa por el conocimiento de las aportaciones que hicieron tantas y tantas mujeres. No reconocerlas nos ancla no solo en tiempos pasados, sino también en ideologías que pretenden hacerle el juego al patriarcado que sólo reconoce al varón blanco y heterosexual como centro político universal. Y algunas no lo vamos a permitir y seguiremos alzando la voz para denunciar la situación de sometimiento y falta de igualdad que seguimos soportando las mujeres por haber nacido con sexo de mujer.
Recordemos que nos asesinan por ser mujeres, no por ser seres con vulva o seres gestantes. Nos asesinan y tratan para esclavitud sexual y reproductiva por haber nacido mujeres.
Seguiremos recordándolo las veces que hagan falta. Somos mujeres, seremos mujeres, y cuando no estemos, seguirán naciendo mujeres solo de mujeres.

Desaparición de niñas, niños y adolescentes en México, es ya una crisis de Derechos Humanos


Ciudad de México. En México, cada día desaparecen 7 niñas, niños y adolescentes, tan sólo en lo que va de este año han desaparecido mil 970, de las cuales, 64 por ciento corresponde a mujeres y 33 por ciento a hombres. 27 por ciento de ellos siguen sin ser localizados.
Así lo dieron a conocer durante el programa de radio “Análisis feminista” que se transmite todos los miércoles por Violeta Radio (en el 106.1 de FM), la abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD), Ximena Ugarte, y la directora de la organización en Chiapas, Melel Xojabal AC, Jennifer Haza Gutiérrez, quienes coincidieron que pese a la existencia de mecanismos para la protección de la infancia, aún falta mucho por hacer por parte del Estado.
En su oportunidad y al ser cuestionada por la periodista y conductora del programa, Lucía Lagunes Huerta, sobre las cifras, Ximena Ugarte dijo que en el IMDHD desarrollaron un diagnóstico a partir de las cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda en noviembre de 2018, donde se dieron cuenta que la cifra más grande desaparición de mujeres se dio en el Estado de México, con una proporción de edades que oscilaban de 15 a 17 años.
Con la actualización de las cifras presentada por la Comisión Nacional de Búsqueda, difundidas hace apenas unas semanas, pudieron observar que la desaparición sobre todo de mujeres, continúa en aumento en otras entidades como Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México, principalmente de niñas de 11 a 15 años de edad.
De acuerdo con Ugarte, la desaparición está ligada a redes de macrocriminalidad dedicadas a la trata de personas para fines de explotación sexual y laboral, y el feminicidio. Lamentablemente, dijo, en este último caso las autoridades e instituciones dedicadas a la investigación de los casos no han podido visualizar de manera adecuada este tipo de delitos, retrasando de esta forma el acceso a la justicia.
En su participación Jennifer Haza Gutiérrez, de Melel Xojabal AC, comentó que en Chiapas han contabilizado que 89 por ciento de las desapariciones son de niñas y mujeres adolescentes, lo que se agudiza por el contexto de la entidad que es fronteriza, por la discriminación, por ser un estado en su mayoría indígena y de trata de personas y tráfico de armas.
Ambas especialistas en el tema de niñez, señalaron que si bien existen avances legislativos en la materia, ha sido gracias al impulso de las organizaciones civiles, pero señalaron que el Estado ha sido omiso para proteger a la niñez y adolescencia, pues pese a la existencia de mecanismos como las Alertas Ámber y de recomendaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana desde el año 2011, quienes le insistieron al Estado respecto a la falta de información de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, no se ha logrado un avance real en estos puntos.
Lamentaron que ni en las pasadas administraciones ni en ésta, exista una estrategia para acabar con esta violación a los Derechos Humanos de estas poblaciones.
Así, expusieron, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada se reportaron 6 niñas desaparecidas; en el de Felipe Calderón 771; y más de 3 mil casos en el gobierno de Enrique Peña Nieto; muchas de ellas captadas para la trata. A junio de 2019 había 3 mil víctimas por este delito; y en siete de cada diez casos se trató de una niña o mujer adolescente.
De acuerdo con datos oficiales recopilados por la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim), las cinco entidades federativas que presentaron un mayor número de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en lo que va de 2020 fueron el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Durango, sumando en conjunto 69.3 por ciento de los casos a nivel nacional.
Ximena Ugalde consideró que falta organizar los bancos de datos de personas desaparecidas para que los registros lleguen realmente al Banco Nacional de Datos y poder generar de manera más rápida y efectiva las confrontas genéticas en los casos cuando se está recopilando ADN de restos humanos encontrados en fosas clandestinas y sugirió también disminuir las horas para la activación de la Alerta Ámber.
En tanto Jennifer Haza comentó que la desaparición de niñas, niños y adolescentes es ya una crisis de Derechos Humanos y destacó la falta de coordinación entre los 3 niveles del Estado. En el caso de Chiapas, dijo que la fiscalía estatal no se coordina con el Sistema Nacional de Búsqueda, a pesar de ser una recomendación internacional.
Destacó la urgencia de desarrollar una estrategia integral de protección a niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de violencia, y evidenció que la falta de recursos ante los recortes presupuestales para instituciones dedicadas a la niñez, hacen más difícil que se garanticen y gocen de sus Derechos Humanos.
Finalmente, Lagunes Huerta y las especialistas coincidieron en que las instituciones gubernamentales y de seguridad, deben poner atención ante la creciente  estadística de desaparición de niñas, niños y adolescentes en México, en donde deben aterrizar más estrategias de prevención, con un mejor marco jurídico y sobre todo atención a familiares de víctimas de este delito.

No solo queremos cambiar los roles sociales, queremos transformar a México

8marzo17CDMX_Cesarmartinez

El 25 de junio de 2020, el presidente de México expresó que “las feministas quieren cambiar el rol de las mujeres” en cuanto al cuidado de los padres. Sí, efectivamente queremos cambiar los roles sociales que nos han asignado como cuidadoras eternas de padres, hijos, abuelos, esposos; queremos también ser sujetas de cuidado. Queremos que los hombres no sean más “desprendidos” sino más comprometidos. Pero no solo queremos cambiar los roles sociales, queremos un cambio social sustantivo, desde las raíces.
El problema de México no es sólo la desigualdad económica, es la desigualdad social que existe entre mujeres y hombres. Para cambiar esta desigualdad, debe ser cuestionado el dominio que ejercen los gobernantes, las instituciones, los individuos que se empeñan en presentar esta desigualdad como normal cuando no se reconoce que es una construcción social para mantener la subordinación de las mujeres en lugar de impulsar una sociedad de mujeres y hombres socialmente iguales.
Para lograr la equidad se necesita cambiar a las instituciones, porque según los pensadores sociales como Anthony Giddens, las estructuras son patrones sociales cambiantes, es decir, no son eternos, estos son construidos y reconstruidos por mujeres y hombres en su vida diaria, de acuerdo a su tiempo y a su espacio.
En ese sentido, instituciones como el Estado deben reflejar no solo en sus leyes, sino en sus prácticas y en sus decisiones, una igualdad entre mujeres y hombres. Esta equidad no es una concesión, es la respuesta a una demanda de miles de mujeres que han luchado en todos los ámbitos, desde principios de siglo XX y hasta la actualidad.
A pesar de la lucha de más de un siglo, el Estado mexicano no ha respondido a las demandas de las mujeres. En julio de 2019, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresó que en México había una ausencia de estrategias para el empoderamiento económico, laboral y educativo de mujeres de bajos ingresos, rurales, indígenas y con discapacidad, es decir, nacer mujer nos pone ya en desventaja.
Como han mostrado diferentes estudios, en México a las mujeres nos cuesta el doble, o triple de esfuerzo cada una de las conquistas que hacemos en lo individual y como grupo, por las diferencias estructurales que existen en cuanto al acceso a oportunidades para mujeres y hombres.
Pero lo que más queremos es incidir para que el Estado se convierta realmente en un garante de la seguridad para las mujeres.
En las recomendaciones del 2019, la CEDAW señaló entre sus preocupaciones centrales hacia México la persistencia de la violencia de género y del machismo. A un año de las recomendaciones, la situación ha empeorado, de acuerdo a cifras oficiales, el primer trimestre del 2020 fue el más violento para las mujeres. En este período, 964 mujeres fueron asesinadas en el país: 720 de los casos fueron clasificados como homicidios dolosos y 244 como feminicidio, según cifras de las fiscalías estatales, compiladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con la epidemia de COVID-19, la violencia no ha parado, por el contrario, se ha acentuado de manera preocupante, las mujeres están siendo asesinadas en sus hogares mientras cumplen la cuarentena. Las mexicanas estamos cansadas de ser violentadas en la casa, en el trabajo, en el espacio público o en el transporte público, sin que el Estado, ni las autoridades competentes, hagan algo para sancionar a los violadores y hostigadores, por eso queremos cambiar la forma de impartición de justicia.  
Queremos que la exigencia de justicia no se convierta en un calvario para las mujeres violentadas por las conductas machistas de los impartidores de justicia, que minimizan o no atienden debidamente las denuncias. La impunidad de que gozan los infractores, homicidas, hostigadores, ha conducido al incremento de actos criminales, cada vez con más saña, contra las mujeres, sabedores de que no se castigan; pero también ha conducido a la preocupación internacional por la violencia contra las mujeres que persiste en México. En el año 2019, México fue considerado como el país más violento de la Cepal, lo que debería preocupar a nuestros gobernantes.
Sin embargo, dado que el gobierno y las autoridades no han respondido a las demandas para erradicar la violencia, las mexicanas no nos hemos dado por vencidas, nos seguimos manifestando a pesar de recibir amenazas, burlas, críticas. Salimos  a la calle a gritar, a demandar, a exigir espacios públicos y privados libres de violencia, así lo manifestamos el pasado 8 de marzo cuando México se tiño de color violeta a lo largo y ancho del territorio nacional. En la lucha nos hemos encontrado mujeres de distintas generaciones, que seguimos estrategias distintas pero con un mismo propósito: el cese de violencia contra las mujeres. Las de mi generación, hacíamos marchas, nos uníamos en grupos de autoayuda, usábamos nuestros escritos para exigir nuestros derechos. Las jóvenes de ahora usan estrategias más directas, la confrontación, el pintado de paredes, porque están hartas, porque nacieron en una época en que los medios de comunicación, y ahora las redes sociales, difunden el asesinato diario de decenas de mujeres en todo el país, sin que se haga algo. Están cansadas de salir a la calles sin ser molestadas, de ser hostigadas en las escuela, en su trabajo, en el transporte público.
Ellas representan el enojo, la rebeldía, la memoria de sus madres, abuelas y otras mujeres que han visto ser violentadas y que no han denunciado. Ellas ya no están dispuestas a seguir soportando todo y quieren terminar con la violencia de género y si es necesario destruir monumentos, edificios, lo harán, no por ser violentas sino por el hartazgo social que tienen.
Acciones como cerrar las puertas, apagar la luz, como sucedió en el tribunal judicial de Sonora al pedir cese a la violencia, o decir que 90 por ciento de las llamadas de denuncia de violencia son falsas, no hacen más que acrecentar el descontento y el enojo que tanto cuestionan y critican las autoridades, en lugar de escuchar e implementar las medidas necesarias para frenar esta violencia.
Queremos también cambiar la perspectiva de las y los legisladores de este país, queremos un Congreso de la Unión que no sólo se precie de ser la “Legislatura de la paridad de Género” sino que lo demuestre con legislaciones que impulsen el cambio estructural a una sociedad más igualitaria, que realmente proponga, discuta, emita leyes que provoquen cambios sustanciales en cuanto a la equidad de género, por ejemplo castigos más severos a los violadores, a los feminicidas;  leyes que disminuyan la brecha salarial entre mujeres y hombres, o bien, leyes que impulsen la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos.
Reconocemos que hemos avanzado en cuanto a equidad numérica pero nos falta avanzar en que las mujeres que llegan al poder, sean diputadas, senadoras, gobernadoras o secretarias de Estado, tengan una perspectiva de género, y no se conviertan en legitimadoras del poder masculino o del presidente o del jefe de bancada, o peor aún que se masculinicen en sus actividades encomendadas. Queremos que se den cuenta de la enorme oportunidad que tienen de cambiar la desigualdad genérica que existe.
Finalmente, queremos cambiar las instituciones socializadoras, como la familia y la escuela, mediante la enseñanza de una educación sin roles sociales establecidos. En su lugar queremos  impulsar a los hogares como un espacio de convivencia  con corresponsabilidades, en igualdad de oportunidades y respeto mutuo. Aferrarnos a un ideal de familia tradicional, de madres abnegadas, hijas cuidadoras de padres, abuelas cuidadoras de nietos, hombres proveedores o desprendidos, es negarse a ver los cambios que existen en la actualidad, en donde las mujeres se han incorporado al mercado laboral pero siguen cargando con la responsabilidad del cuidado de los hijos.
Es negarse al avance social, a la corresponsabilidad del Estado y de los varones en el cuidado de los hijos, es negarse realmente al cambio social. En la escuela queremos una educación de iguales, no segregación educativa, es decir, abandonar la educación que impulsa actividades, habilidades o aptitudes diferenciadas para niñas y niños que conduce a que las niñas elijan actividades de cuidado o de apoyo, y los niños carreras creativas o de dirección; en su lugar, buscamos impulsar una educación de conocimientos y valores generales en donde la creatividad y las no limitaciones resultan los valores fundamentales. En otras palabras, las feministas no sólo queremos cambiar los roles sociales, queremos transformar a México.
* Doctora en Sociología por El Colegio de México, Profesora- Investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, Sede Matamoros. Publica sobre temas de sindicatos, maquiladoras, género y migración en el norte de México
20/CQR/LGL

Chicuarotes


María Teresa Priego 

"Así comenzó Cantinflas", dice el Moloteco en los "Chicuarotes", el segundo largometraje de Gael García Bernal. El Moloteco es huérfano, trabaja como payaso en los camiones y sueña con ser cómico profesional. Es flaquito, habla poco, la fuerza de su presencia nos llega justo de su personalidad silenciosa y desvanecida. El personaje más entrañable de Chicuarotes, colocado en ese punto emocional intermedio: la necesidad de la fuga, la desesperanza, y los vínculos afectivos que aún se conservan, a pesar de todo. La capacidad de crear vínculos que podría salvarlo. Sin embargo, se deja arrastrar, el Moloteco, porque el Cagalera es su amigo y pareciera que le enseña a mirar más lejos, a soñar más "grande". A ir más rápido. Pero, sobretodo, es su amigo. Cagalera no ve "futuro" alguno en un oficio que les permite ganar apenas unas monedas. Encuentra en su casa la pistola de un hombre al que llama Baturro y suponemos es pareja de la madre. El Baturro la golpea, ella recibe los golpes. ¿Acaso se podría vivir de otra manera? En algún momento entendemos que el Baturro es -también- su padre y el de sus hermanos. 
Cuando la rutina cómica no funciona en el pesero, Cagalera saca la pistola y asaltan a los usuarios. "Pues, señoras y señores, esperemos que les haya gustado el show, ahí se chingan un bolillito pa'l susto". Como tesoro de su primer robo a mano armada, el Cagalera conserva una caja de cerillos que anuncia el "Circus Show. Como en Las Vegas". Necesita reunir 20,000 pesos para comprarse una plaza en la Comisión Federal de Electricidad, allí comienza, le explica un conocido, la vida regalona. Quiere ir tan rápido como se pueda. Huir del barrio, de la precariedad material, de la violencia del padre alcohólico. Esa que él mismo reproduce contra su hermano homosexual. Huir junto a su novia Sugheili. Cuando el dolor aprieta, abre su cajita de cerillos, enciende uno y se concentra en la flama que brota, decrece, se esfuma. Como sus "proyectos" a la espera del "gran golpe". Improvisa el secuestro del pequeño hijo del carnicero quien, por las noches, es enviado por su padre a comprarle alcohol. El Moloteco "participa", dado que no se quita.
Nos internamos en la lógica del absurdo. El Moloteco es responsable de cuidar al secuestrado. El Cagalera se echa a andar por el barrio. En realidad, el "cómplice" sólo quiere salir a trabajar de payaso y dejar al niño lo más cómodo posible. Le hace prometer que no lo va a denunciar, le regala un dulce, lo tranquiliza. Y se va. El Moloteco anhela ser cómico, no dañar a nadie, vivir apoyando apenas los pies en la tierra, para no molestar. La violencia omnipresente, crece. Baturro (ebrio y cubierto con una túnica de encajitos, como una burla evidente a la infinita cobardía de sus violencias), le parte la cabeza al Cagalera. Odia a sus hijos porque "devoran" su vida. La madre les pide a sus tres hijos que salgan de la casa y regresen al día siguiente. No es lo mismo soportar la tradición: que la golpee a ella, a que le rompa la cabeza a su hijo. Ahora sí ya estuvo. 
Ella se va a "encargar" del padre. Y se "encarga" con un inmenso pomo de alcohol combinado con algo que lo lleva a vomitar sangre. El Baturro pide ayuda, pero su esposa prepara un guiso y le promete desde la cocina el más lustroso de los funerales. El carnicero contrata a un matón para encontrar a su hijo y levanta al pueblo para buscarlo. El niño ya liberado por Sugheili miente, no juró silencio en balde, y señala como culpables de su secuestro a los habitantes del "cerro". La cacería en el cerro comienza. Sucede a lo lejos mientras el matón pistola en mano intenta violar a Sugheili con "la ayuda" de Cagalera y el Moloteco. Un disparo. El Moloteco cae. Extiende su mano y logra atrapar el brazo del Cagalera. Ni una palabra. Se está muriendo con su rostro pintado de payaso
Espera que su amigo lo ayude, espera que por lo menos lo acompañe a morirse. La madre del Cagalera frente al cadáver del Baturro le dice a su hija que no se contenga, que "llore a su padre". El muerto yace en el piso rodeado de flores. Su esposa le "devuelve" su dignidad, ya no lo cubre la túnica de encajes, ahora el muertito viste de traje y corbata. La madre lo besa en los labios. Su marido y el padre de sus hijos, como quiera que sea. Algo así. Deshilvanado y delirante. La madre envenenadora y compungida, llora al muerto. ¿Qué más puede hacer una mujer? La sorpresa del Moloteco porque su amigo lucha por zafarse de su mano. No hay nada que vaya a hacer por él. No hay nada que su amigo vaya a hacer por nadie. El absurdo estalla en el sacrificio de ese personaje víctima de una violencia que él no traía dentro. El más desamparado. El más ingenuo.
La diferencia entre los amigos es abismal: es muy probable que el Moloteco no hubiera abandonado a su compañero. Pero el Cagalera hace tiempo soltó amarras. Hace tiempo que "resolvió" sus fragilidades y sus dolores con esa distancia emocional con los otros y con el mundo. Hace tiempo que lo congeló por dentro, la violencia que le infligieron. Sugheili se aleja. Es su última pérdida. La pistola en la banca junto a él. Es probable que ya no le quede demasiado trámite por hacer entre la vida de otra persona y esa pistola que podría disparar. Es probable que, si la usa, ya no sepa ni quién es el que dispara. No lo podemos asegurar. O, quizá solo preferimos no hacerlo. El final queda abierto. Cagalera abre su caja de cerillos, enciende uno. Mira como poco a poco se extingue la flama.
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Y pasan los años y la justicia ni pronta ni expedita


CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

El 2 de abril de 2014, en el noticiero de Carmen Aristegui se dio a conocer una supuesta red de trata de personas operada desde las instalaciones y con recursos del PRI-DF, al servicio del entonces presidente del partido en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

La trata de personas es un delito grave y se debe perseguir de oficio, lo que no ocurrió, ni por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ni por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). En ese tiempo, el PRD-DF y el PAN interpusieron denuncias penales, el primero ante la PGJDF y el segundo ante la PGR.

Mientras tanto, se acercaron 4 víctimas a la CATWLAC y se prepararon tres denuncias penales, las que se presentaron ante la UEITMPO-SEIDO/PGR, víctimas con identidad protegida e identificadas como Valentina, Beatriz y Renata, por los delitos de:

Delincuencia Organizada, Trata de Personas, y Demanda, Publicidad Engañosa Más lo que resulte.

Se consideró que era competente la Federación para investigar este delito de conformidad a lo previsto en el Artículo 5, Fracción IV y V, en tanto los partidos políticos son instituciones de interés público que se mantienen en buena medida de fondos públicos.

Con fecha 16 de mayo del 2014 se solicitó al titular de la SEIDO que en virtud de la relevancia social de los hechos por tratarse de un partido político y porque se podía presumir que había delincuencia organizada, atrajera la investigación del caso, en tanto había captación por abuso de una situación de vulnerabilidad, a través de publicidad ilícita o engañosa.

Con fecha 11 de junio de 2014 se presentó escrito dirigido al Procurador General de Justicia del DF, solicitándole que se declarara incompetente, en tanto existían más de 3 personas que se había coaligado de manera permanente para delinquir.

A las solicitudes presentadas tanto en la SEIDO como en PGJDF, se recibieron negativas que adolecían de la debida fundamentación y motivación.

De lo anterior se desprendieron dos amparos contra los acuerdos emitidos sin la debida fundamentación o motivación, ambos recayeron en el Juzgado 8º de Distrito en materia penal, fueron sobreseídos, se interpuso revisión en el amparo que es contra la SEIDO, en el que el Tribunal Colegiado ordenó a la Ad quo que por violaciones al procedimiento, se le ordenaba reponerlo.

Mientras tanto las denuncias de las tres víctimas se encontraban radicadas en la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales de la PGJDF, en donde no se actuó, argumentando que las víctimas no habían ratificado, cuando ya lo habían hecho ante el Ministerio Público Federal antes de que se declarara incompetente.

La inactividad del Ministerio Público le dio el argumento a Gutiérrez de la Torre para promover un amparo para que se determinara la Averiguación Previa, y entonces el Ministerio Público decretó el No Ejercicio de la Acción Penal. Ya pesar de interponer los recursos disponibles, la PGJDF se mantuvo en su decisión protegiendo a los presuntos delincuentes, lo que combatimos por 4 años con amparos y recursos de revisión, los que significó un gran desgaste que no hubiéramos podido afrontar si no hubiéramos contado con el invaluable apoyo de la Clínica de Trata del ITAM, a cargo del maestro Héctor Alberto Pérez Rivera.

Finalmente en mayo de 2019, ganamos el amparo después de 4 años de lucha jurídica y la PGJDF volvió a abrir la Averiguación Previa. Sin embargo, a un año dos meses no se ha ejercitado la acción penal y de nueva cuenta solicitó un amparo para obligar a la hoy FGJCDMX a que decrete el No Ejercicio de la Acción Penal de nuevo.

Esto significa que de nueva cuenta empieza la batalla jurídica, en esta ocasión en el Juzgado 14 de Distrito en materia penal. Y si se logra la consignación antes que se resuelva el amparo, entonces todo quedaría en manos el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Si en el equipo de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe nos sentimos frustradas de lo difícil que ha resultado enfrentar el poder y la corrupción de Gutiérrez de la Torre, quien nos ha perseguido y amenazado constantemente, con el propósito de las víctimas RENATA, BEATRIZ Y VALENTINA sienten una profunda frustración y decepción de las autoridades de la FGJCDMX, ya que tenían muchas expectativas de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum las iba a apoyar y por fin se les garantizaría el acceso a la justicia.

No nos explicamos y nadie nos pudo responder por qué cambiaron a la Ministerio Público y la que hoy está a cargo de la Averiguación Previa no tiene ni perspectiva de género, ni sensibilidad para con las víctimas.

Nada es coincidencia, hace como dos meses una compañera feminista me informó que los abogados de Gutiérrez de la Torre no habían salido de la oficina del doctor Rodrigo de la Riva Robles, hoy Coordinador de Investigación Estratégica.

Y no dudamos de la honestidad y rectitud de la Fiscal General y la Fiscal para la Investigación de Delitos de Trata, pero también sabemos de qué calaña son los abogados de Gutiérrez de la Torre y el mismo Gutiérrez de la Torre.

Lo que debe quedar muy claro es que mientras las víctimas quieran seguir defendiendo su derecho al acceso a la justicia, nosotras seguiremos desde nuestra trinchera luchando con ellas.

Las resistencias en Sonora para aprobar la Ley Olimpia


CIMACFoto: César Martínez López
En Sonora, la iniciativa para armonizar el marco legislativo que protege los derechos y libertades de las mujeres en materia de violencia digital de género se presentó en marzo pasado. Fue la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, quien personalmente la entregó en un acto protocolario al congreso estatal, a representantes de diversas comisiones de la 62 legislatura.
En el acto había también invitados especiales como la fiscal general de Justicia del estado, Claudia Indira Contreras, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez. Así de importante era la iniciativa que aparentemente unía a todas las bancadas partidistas, pues era un tema en el que todas y todos estaban de acuerdo. Después vimos que no fue así.
“Se trata de una ley que protegerá a las mujeres de ciberacoso, ciber violencia y ciber chantaje, entre otras”, se leía en los medios el 5 de marzo del 2020. Todos estaban felices, era una fiesta de unidad en torno a una propuesta, que como pocas, parecía que saldría pronto y entraría en vigencia inmediatamente.
No solo eso, para las feministas esto era por fin el reconocimiento de que las mujeres somos dueñas de nuestra intimidad sexual, rompiendo con la imposición histórica de que nuestra sexualidad es de y para los demás. La “Ley Olimpia” es una reapropiación nada menos que de la sexualidad de las mujeres para sí mismas, de ahí la sanción si no hay consentimiento.
Cuatro meses han transcurrido, mismos que han coincidido con la vivencia de la pandemia. Las condiciones de confinamiento y distanciamiento social han favorecido la imposibilidad de reuniones, manifestaciones, y actos de análisis presencial entre ciudadanas y quienes legislan.
La iniciativa de la gobernadora coincidía con la convocatoria al Parlamento de Mujeres organizado por la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Alicia Gaytán, y con algunas propuestas ciudadanas que se presentaron en ese foro para legislar la violencia digital.
La propuesta gubernamental pretende reformar el Código Penal, el Código Civil, la Ley Estatal de Responsabilidades y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos para el estado de Sonora.
Mientras toda la atención estaba en la pandemia, el congreso sesionaba en periodo extraordinario, y fue así que, en un desafío inusitado, el jurídico del congreso, afín al Partido Revolucionario Institucional, incluyó en el dictamen del 12 de junio un artículo que a todas luces llevaba como objetivo acallar las voces que monitorean a las personalidades políticas y las exhiben en situaciones relacionadas con su quehacer político.
El jurídico se atrevió a incluir algo que no estaba en la iniciativa y que ninguna diputada o diputado había solicitado. El dictamen estaba sucio, manchado por la manipulación de una facción política en lo que toda la sociedad vio como un intento de aplicar la “Ley Mordaza”, aprovechando el proceso de legislación de la “Ley Olimpia”.
En el dictamen del 12 de junio se pretendía sancionar a: “Quien por cualquier medio relacionado con Tecnologías de la Información y/o de la Comunicación, sin el consentimiento de la persona que legalmente deba proporcionarlo, publique, revele, divulgue, o difunda información apócrifa, editada o alterada, así como amenazas, mensajes de odio, en perjuicio de su intimidad, imagen pública o su derecho a la no alteración de identidad personal, se le impondrá de cuatro a seis años de prisión y de ciento cincuenta a trescientas Unidades de Medida y Actualización. La pena se agravará en una mitad cuando:
I. La acción nuclear recaiga sobre contenido sexual, atente contra la dignidad o el libre desarrollo emocional; II. Sea cometido por alguna  persona servidora pública o integrante de las instituciones de Seguridad Pública en ejercicio de sus funciones, incluyendo a los integrantes de órganos ciudadanos que reciban recursos públicos; III. La acción se cometa con el objeto de denigrar, afectar o perjudicar la imagen política o social de una persona;”.
La “Ley Olimpia” perdía su espíritu, pues lo que pretendía proteger, la intimidad sexual de las mujeres, de pronto se convertía en una ley para impedir la crítica, y la circunstancia del contenido sexual se convertía solo en uno de los supuestos.
En respuesta, el “Observatorio Contra el Acoso México”, con sede en Hermosillo, Sonora, se pronunció a través de un comunicado en contra de cualquier acción que se aleje de la finalidad que tiene esta ley a favor de las mujeres, adolescentes y niñas, ya que esa ley fue propuesta para garantizar el respeto a la intimidad sexual de las mujeres, no para ser usada a beneficio de nadie más que el de la seguridad e integridad de las víctimas.
Por esa irregularidad en donde el jurídico se arrogó facultades que son propias de las y los legisladores, la Comisión de Igualdad de Género pidió que se rehiciera el documento, lo cual se aceptó.
Sin embargo, lo volvieron a hacer. El 21 de julio sesionaron las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Igualdad de Género unidas, para dictaminar la “Ley Olimpia”, pero cuál no sería la sorpresa, que el PRI insiste en utilizarla para aplicar sanciones a las voces críticas.
La forma se ha sofisticado, ya no es tan burdo y claro, sino que lo llevan a la discusión de una palabra, pero ¡Qué palabra! es el término crucial para legislar la “Ley Olimpia”, casi podemos decir que, si no está, es otra la ley que se está dictaminando.
El PRI insiste en hablar de “intimidad”, pero las diputadas Alicia Gaytán, Miroslava Luján y María Dolores del Río, de Morena y Movimiento Ciudadano respectivamente, observan que debe decir “intimidad sexual”, pues de otra forma se pierde el espíritu de la Ley.
Esto es en el Código Penal de Sonora, al cual se está proponiendo también retirar como delito el sexting que erróneamente se había incluido como conducta delictiva, e incluir el delito de: “violación a la intimidad”.
El problema ahora es que la composición de las comisiones dictaminadoras incluye a diputadas y diputados que, a juzgar por la sesión virtual del 21 de julio, actúan por un lineamiento establecido afín al PRI, pues en sus intervenciones exhibieron su desconocimiento sobre los antecedentes y objetivos de la “Ley Olimpia”, incluso confundiendo casos mediáticos, y comentando que no eran de carácter sexual, cuando justo el ataque fue a la intimidad sexual.
La votación no arrojó un dictamen pues hubo empate. Con esto la Ley Olimpia en Sonora sigue en el aire, se retrasa una vez más, pues no hay fecha para la siguiente sesión de comisiones. Votan legisladores que no conocen el tema, otras y otros permanecen callados, solo cierran filas con quien la está deteniendo para brindarle su voto.
Sonora sigue en rezago de armonización legislativa para garantizar el ejercicio de todos los derechos para todas y todos.
20/SNE/LGL

No debe aprobarse iniciativa de Ley de Salud mental porque viola DH, afirman organizaciones


Ciudad de México. Integrantes de organizaciones no gubernamentales se pronunciaron en contra de la propuesta de la Ley General de Salud Mental impulsada por la senadora del Partido del Trabajo por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, por ser violatoria de los Derechos Humanos, y la cual podría ser aprobada mañana 30 de julio por el Senado de la República.
En conferencia de prensa virtual, el integrante de la organización “Documenta”, y también coordinador del Programa de Prevención de la Tortura, Ángel María Ferrer, recordó que la propuesta de ley fue presentada en noviembre de 2019 y precisó que su contenido es violatorio de los Derechos Humanos, entre los que destaca el derecho a la igualdad, a la seguridad e integridad personal, así como derecho a la salud.
Ángel María Ferrer señaló que dicha iniciativa contiene un modelo de atención con recursos altamente discriminatorios, “con una óptica de atención a la salud mental de manicomial, que apuesta por un modelo de tratamiento biofarmacológico para las personas usuarias”, lo que en su opinión, es un enfoque completamente obsoleto que seguirá provocando sufrimiento a los pacientes con internamientos involuntarios y tratamientos farmacológicos forzados.
El especialista dijo que estos tratamientos han sido denunciados internacionalmente, y el Grupo de Trabajo sobre Intervenciones Voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha establecido que los Estados tienen la obligación de no permitir los internamientos involuntarios por razón de existencia de una discapacidad real mental o percibida, y agregó que la Relatora sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental, ha mencionado que recluir en espacios de salud mental a personas que representen un supuesto peligro para sí mismas, por necesidad de recibir cuidados o por una necesidad médica, es una medida ilegal y arbitraria.
Del mismo modo, Ferrer puntualizó que someter a tratamientos forzados contraviene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y recordó lo que al respecto ha señalado el Relator sobre la Tortura de las Naciones Unidas, quien dijo “que someter a tratamiento forzado en instituciones psiquiátricas genera condiciones comparables a la tortura y malos tratos.”
Ferrer manifestó también que esta iniciativa es contraria a los derechos suscritos por el Estado mexicano, las organizaciones civiles, defensoras y personas preocupadas por la buena salud mental.
Por otra parte, la integrante de “Sin Colectivo” y de la “Colectiva Dignas Hijas”, Gabriela Aragón Zamorano, aseguró que la iniciativa no sólo afectará a personas con discapacidad psicosocial, sino a toda la ciudadanía al verse violados sus Derechos Humanos.
En su participación, el integrante del “Programa de Discapacidad Psicosocial de Justicia” en la Organización Documenta e integrante de “Sin Colectivo”, Víctor Lizama, denunció la discriminación que ha padecido por ser una persona con discapacidad psicosocial, al haber sufrido internamiento involuntario y por ser medicado en exceso.
Actualmente, aseguró que no toma medicamentos, vive con salud a pesar de que los médicos ya le habían diagnosticado un mal crónico mental, por lo que también se pronunció en contra de la ley de la senadora Bañuelos y señaló que es necesaria la reforma del capítulo de la Ley General de Salud en el apartado de salud mental, porque su propuesta tiene una naturaleza discriminatoria y carente de Derechos Humanos.
Por su parte, la integrante de “Sin Colectivo” y de “Grupo Loco México”, Rebeca Gutiérrez Ramírez, explicó que la primera asociación es un grupo plural mexicano de personas expertas en salud mental que trabajan por las personas con discapacidad psicosocial. Relató que ella fue diagnosticada con discapacidad psicosocial por lo que le fue negado su derecho a la educación por parte de las autoridades de su universidad, condicionándola a que sólo podría realizar sus estudios si tomaba fármacos; por lo que tuvo que mentir sobre su condición para desarrollar actividades académicas.
Agregó que la asociación “Orgullo Loco México” se dedica a reivindicar la locura y sus diversas manifestaciones, y se pronunció contra la iniciativa.
La periodista y cofundadora de la asociación civil “Yo También”, Katia D´Artigues informó sobre las reuniones que han tenido con senadores de diversos partidos para tratar de contener la ley que está por aprobarse, entre los que destaca Ricardo Monrreal, Emilio Álvarez Icaza, además de varios panistas que no votarán por el dictamen, así como Claudia Ruíz Massieu y Miguel Ángel Mancera.
Coincidió que la ley no garantiza los Derechos Humanos de las personas que padecen alguna condición mental, y agregó que la pandemia será un detonante para que aumenten las crisis de salud mental, considerando que por este motivo uno de cada cuatro mexicanos manifestará algún padecimiento mental.
Las y los participantes, coincidieron en tomar en cuenta a las personas con discapacidad mental antes de aprobar la iniciativa y consideraron pertinente revisar la Ley General de Salud y los tratados internacionales, que el seguimiento a las y los pacientes sea a través de mejores políticas públicas y servicios de salud de calidad pues señalaron que la salud mental sólo cuenta con 2 por ciento del presupuesto, por eso se cuenta con pocas instalaciones hospitalarias e insumos.
Por último, Gabriela Aragón relató que cuando “La Castañeda” estuvo de pie, si un hombre decía que su esposa estaba loca, de inmediato la encerraban en este manicomio; por lo que también se pronunció en poner atención en el tema de perspectiva de género en la ley y en los recursos que tiene el patriarcado para someter a las mujeres, por lo que recomendó empezar a hacer intersecciones para mejorar las condiciones de las mujeres en este rubro.

La escuela, un espacio fundamental para prevenir la trata de personas


Ciudad de México. En el mundo, las mujeres son, en su mayoría, víctimas de trata de personas, y si bien las adultas continúan en mayor proporción de personas tratadas, con 49 por ciento, se ha visto un incremento de niñas quienes ya se ubican en 23 por ciento de víctimas de este delito a nivel mundial, así lo dijo el embajador de Australia en México, Remo Moretta.
Al participar en el conversatorio virtual “Las escuelas como espacio potencial para contribuir a la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual” que se realizó esta mañana como parte de las Jornadas de prevención de la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Tlaxcala, Remo Moretta, dijo que pese a los esfuerzos en casi todos los países para luchar contra este delito, continúa como uno de los más lucrativos.
Refirió que de acuerdo con el Informe Mundial de 2018 sobre la trata de personas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un 72 por ciento de las víctimas en el mundo son mujeres: 49 por ciento adultas y 23 por ciento son niñas, lo que significa un incremento con respecto al Informe del año 2016. Sobre las personas tratantes, 63 por ciento son hombres
El funcionario australiano ejemplificó que en ese país se generó un Plan Nacional para combatir la trata de personas y la esclavitud y expuso que la Embajada cuenta también con el Programa de Ayuda Directa, cuyo objetivo es brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en México, Cuba, Centroamérica y República Dominicana con 70 por ciento de los recursos orientados para el empoderamiento de niñas y mujeres, tanto en secundarias y preparatorias.
En su intervención en este evento organizado por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, a propósito del Día Mundial contra la trata de personas, la representante de la “Fundación Hispanics in Philanthropy”, Diana Paola Olvera Feregrino, indicó que el diagnóstico de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación en Tlaxcala reveló que 40 municipios se dedican a la trata de personas y que entre enero de 2009 y 2017, se identificaron 86 casos de tratantes de origen tlaxcalteca detenidos en el país, así como se identificaron 8 ciudades de Estados Unidos como puntos de explotación.
Del mismo modo, Olvera Feregrino resaltó que en la tesis “Lenocidio como proyecto de vida de niños de Tenancingo”, arrojó que en esta comunidad y en algunas otras, 26 por ciento de los niños aspiran a ser tratantes. De tal manera, agregó que el Estado mexicano está obligado a atender la trata de personas en los tres órdenes de gobierno, y las escuelas son los sitios donde se debe poner atención para evitar la trata de mujeres y niñas, por ser un lugar de convivencia social y en el que se puede detectar el desarrollo del delito y evitarlo.
El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Armando González Placencia dijo que la pandemia puede exacerbar la trata de personas toda vez que los tratantes ya no necesitan un espacio público para ofrecer a las personas, sino que el espacio virtual se ha diversificado para estos fines.
En ello coincidió la coordinadora del área de género de la Secretaría de Educación Pública, Laura Padilla Pelcastre, quien también insistió que la pandemia abre la posibilidad de que mujeres y niñas sean víctimas de trata de personas y diversas formas de explotación, como prostitución, trabajos o servicios forzados, esclavitud análoga, servidumbre y extracción de órganos, cuyo delito sólo es superado por el tráfico de armas y de drogas, y se dijo preocupada por el acceso que tienen los delincuentes al uso de redes sociales donde enganchan a niñas, niños y adolescentes.
La directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, Alejandra Méndez Serrano, recordó los datos del Diagnóstico de Trata de Personas 2019, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual se señala que del 15 de junio de 2012 al 31 de julio de 2017, se identificaron a 5 mil 240 víctimas de trata; de éstas 3 mil 308 fueron mujeres, mil 86 niñas, 492 hombres y 289 niños a nivel nacional.
En el estado de Tlaxcala, dijo, información de la Contraloría del estado, arrojó que del 2011 a mayo de 2019, existieron 27 víctimas, de ellas 26 fueron mujeres y niñas y un niño de 6 años.
La antropóloga y socióloga feminista Ixchel Yglesias González Báez, expuso que el fondo de la trata es la prostitución y criticó que continúe protegiéndose a los varones consumidores pero no se cuestione el uso del cuerpo de las mujeres que son prostituídas.
Coincidió en que el COVID-19 agudiza la vulnerabilidad en las familias por falta de dinero, lo que incrementa la violencia masculina en el hogar que se acompaña de violencia física, sexual, emocional, económica y que puede ser un motivo para que niñas y mujeres sean reclutadas para el explotación sexual en bares y negocios sexuales en un sistema proxeneta, aunado al crecimiento de la pornografía infantil.
Las y los especialistas plantearon la necesidad de educar desde la primera infancia para construir relaciones armónicas, para que deje de verse a las mujeres como objetos de deseo o servicio, y para evitar conductas de riesgo y de violencia dentro de las instituciones educativas.
Señalaron también que deben promoverse políticas públicas para erradicar la violencia y debe implementarse un programa dentro de los niveles educativos en el estado de Tlaxcala con la participación del personal administrativo, profesorado, madres y padres de familia, que incluya cambios de actitud para una masculinidad no violenta; y también debe protegerse a los docentes que denuncian la violencia, además de asegurar un acompañamiento de calidad emocional para estudiantes y no un psicólogo para 800 estudiantes, así como grupos de trabajos en contra de la violencia masculina.
20/APC/LGL