1/18/2020

Cuando la madre rivaliza con su hija



María Teresa Priego

Las páginas más bellas y conmovedoras de Marguerite Duras, son aquellas en donde habla de su madre. Un vínculo de culpabilidad y conflicto. La intensidad del amor de su madre por el hermano mayor, su manera de ignorar al hermano menor. La cotidiana puesta en escena de su desgracia, su conflicto con una hija tan distinta a ella. "Un dique contra el Pacífico" es la desgarrada historia del amor-odio de la escritora con la familia de los orígenes. Un vínculo pesado como una lápida y ante el cual, su tan leída historia de amor con el amante chino no es sino colocar –temporalmente– afuera, lo que se jugaba adentro: desde la perversidad del mayor, la fragilidad del pequeño, la escritura de la hija, cada uno de distinta manera fue un galeote de la madre viuda.
Después de una relación de una gran intimidad con su madre durante la infancia, Simone de Beauvoir abre en la adolescencia un gran conflicto entre las dos, a pesar suyo. Su madre es una mujer conservadora, religiosa, muy pendiente del "deber ser" social. La hija se convierte en una estudiante brillante, no quiere casarse ni tener hijos. La hija escribe y frecuenta una banda de intelectuales de izquierda que, para la madre, no pueden ser sino "malvivientes". Simone de Beauvoir era ya una de las mujeres más célebres de occidente, su lectura transformaba la vida de decenas de miles de mujeres y su madre, desde las alturas, la barría con la mirada.
Simone es "la vergüenza" de su familia. En los últimos tres meses de su vida la madre intenta aceptar la diferencia. "Su enfermedad había fisurado el caparazón de sus prejuicios y de sus pretensiones: quizá porque ya no tenía necesidad de esas defensas", escribe Beauvoir en "Una muerte muy dulce". Difícil discernir cuándo los prejuicios encubren una forma de rivalidad. Cuándo son un pretexto para rechazar a esa hija que es capaz de irrumpir con elecciones que cuestionan las elecciones de la madre. La vida misma de la hija se convierte entonces en una forma de violencia para la madre. Como si cada logro de la hija le infligiera una derrota. Como si cada elección de la hija distinta a las suyas le cuestionara su vida.
Sucede sobre todo con las madres muy dominantes y narcisistas. Allí donde la separación de cuerpos y de vidas está prohibida. La madre exige la repetición que la confirme, por un lado. Por el otro lado existe esa frase terrible: "¿Por qué tú pudiste y yo no?". "¿Por qué tu pudiste irte a vivir a Londres y yo no? ¿por qué tú pudiste divorciarte y yo sigo con tu padre? Odio a tu padre". Lo dijo una madre en la mesa de un café, con una rabia que hizo temblar los cristales. La hija le agradeció esa perla rara: su honestidad, por una vez.
Mientras la hija es una niña, la fantasía de fusión existe. La fusión puede prolongarse –con sus efectos terribles– a lo largo de toda la vida. Para la hija como para el hijo. Es el momento en el que la hija comienza a manifestar sus propios deseos, a buscar su identidad, como sucede en la adolescencia, cuando el conflicto estalla. No hay lugar para la singularidad. La madre no tiene las herramientas para aceptar a esa hija que no es ni su prolongación, ni su prótesis. Sólo entiende el vínculo en dos que son una: Ella. Una madre rompe furiosa la foto de su hija tomando el sol en traje de baño. "¿Qué, te crees muy guapa? Yo también fui muy guapa; ya se te acabará". Se inmiscuye en sus cajones, lee su diario. "No te mereces ni el aire que respiras", dice. En realidad, lo que quiere decir es, "no soporto que respires sin mis pulmones, no soporto que respires siendo otra, fuera de mí, alejada de mí".
El psicoanalista Jacques Lacan Lacan habla de "la madre estrago", usó la metáfora de una cocodrila que abre sus fauces para devorar a sus hijos. A menos que un tercero intervenga y haga el corte. En las familias del tercero ausente (aunque esté físicamente presente) la cocodrila cierra sus fauces. Con la hija/el hijo adentro. En "Apegos feroces", la escritora Viviana Gornick narra los avatares de su relación fusional con su madre. Y sus profundas diferencias. Es también una historia de rupturas generacionales. La madre es una migrante judía de origen precario, la hija una mujer que tuvo la oportunidad de ser universitaria y crecer en Nueva York. El padre es con frecuencia el ausente en estas historias, o el "convidado de piedra".
Delphine De Vigan en "Nada se opone a la noche", intenta recrear la vida de su madre para intentar entender un algo de su crueldad. Después escribe "Basada en hechos reales", una historia terrible de culpa y persecución. En este segundo libro, una mujer enfrenta a otra que se va convirtiendo en una especie de doble sádico. Nunca queda claro si esa otra mujer existe o ella la imagina. Como en un brote de locura. Esa madre que exigió la fusión es, quizá, colocada en esa otra mujer que la acosa. Como si para Vigan no hubiera sido posible escribir de su madre, sin ser castigada. Es-tragada.
Desde el psicoanálisis: "La madre estrago" de Cristina Jarque y Lola Burgos. "El estrago del vínculo materno" de Vanessa Brassier. "Entre madre e hija: un estrago" de Marie-Magdeleine Lessana. "Fusión madre-hija. Rescatarse sin dejar la piel" de Doris-Louis Haineault. La madre en la película "Cisne negro" de Aronofsky. Incapaz de separar la piel de la hija de la suya. La hija al borde del brote psicótico. Y la más estragada de las relaciones: la madre y la hija de Elfriede Jelinek en "La pianista". Las extraordinarias arañas-mamá de Louise Bourgeois. Sus jaulas con vestidos originales de su madre. La tela de la araña tan amada. El vínculo madre- hija como una jaula. Una jaula que incluye la más tremenda de las promesas: "te amaré toda la vida si te pareces a mí, si vives como yo, si repites mis elecciones, si eres mi anexo. Mi prótesis". Y la peor amenaza: "te odiaré a muerte si te singularizas. Estoy dispuesta a aniquilarte si me dejas. Te voy a aniquilar y la culpable, serás tú. Estás advertida".

2019: brechas de género y perspectivas



 Durante 2019, cada mes ocurrieron en México un promedio de siete casos de feminicidio de niñas y adolescentes; esta cifra representa un aumento de 13 por ciento con respecto al mismo periodo de 2018. Este dato escalofriante lo publicó Cimacnoticias el 7 de enero de 2020.
Y como ese hay muchos más, no sólo en materia de violencia, también en los temas de salud, educación, pobreza o la situación laboral de las mujeres en este país.
Son las llamadas brechas de género o enormes desigualdades en las que hoy viven las mujeres.
¿Qué hacer para resolver y afrontar esta grave problemática, cómo trabajar en 2020?, ya sea en las políticas públicas, los partidos políticos o las organizaciones de mujeres.
Un inicio es retormar el balance que sobre la materia hace el Banco Mundial para el caso de México, sobre 2019 y las brechas de género. El documento plantea que la igualdad de género es una vía clave para asegurar que la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida sean duraderas.
Identifica las principales brechas de género que enfrenta un país, a lo largo de diferentes esferas. Busca identificar dónde se han logrado avances en el aumento de oportunidades y resultados para mujeres y hombres en México y dónde se requieren acciones de política adicionales, con un enfoque neoliberal en tres áreas:
  1. Dotaciones, como salud y educación;
  2. Oportunidades económicas, como el acceso a los mercados laborales, de tierra y financieros; y
  3. Agencia, incluidas las normas, la representación y la libertad frente a la violencia
Sin embargo, aquí todas estas áreas o temas están enveltos y matizados por una fuerte violencia contra la mujer, que parece no tener solución ni fin. Pero solo “parece”.
Por años las personas que nos hemos dedicado al tema laboral -con enfoque de género-, o al de economía y género, hemos denunciado de mil formas la desigualdad en que viven las mujeres, que no es otra cosa que una forma de sobre explotación. Ahora hasta el presidente de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, habla del tema, y en general los organismos internacionales lo han retomado, en la medida en que ese número importante de mujeres que no tiene un trabajo remunerado se vuelve un “bono perdido” y una carga para la economia.
En una reunión reciente celebrada en México, el presidente de la OCDE declaró: “en México es más probable que una mujer se convierta en una persona que no trabaja ni estudia que un hombre; y las que llegan a trabajar en el mercado formal perciben un menor ingreso que el género masculino”. Pero no dijo qué se puede hacer al respecto. Eso es violencia económica que alimenta la violencia física, emocional y el climáx de la violencia contra las mujeres, que es el feminicidio.
“Las mujeres mexicanas se enfrentan a grandes obstáculos para realizar trabajo remunerado. La tasa de mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan es de 33 por ciento , el promedio de la OCDE es de 15por ciento; además, las mujeres tienen cuatro veces más probabilidad de ser nini que un hombre”, dijo al participar en un evento de Igualdad de género para el crecimiento incluyente de México.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo en ese mismo evento declaró que más de la mitad de las mujeres que laboran (53 por ciento) ganan el salario mínimo; desde esa mirada un incremento de 20 por ciento que se dió para 2020 beneficia más a las mujeres, eso es cierto, pero lo que se tiene que hacer, y pronto, es aumentar su salario por encima del mínimo, que salgan de la pobreza como rasgo femenino del país.
Elaboración propia con información de Inegi
Regresando al documento del Banco Mundial y sobre la gráfica anterior, la desigualdad de género en materia de inclusión financiera es más que obvia, en particular cuando se habla de fondo de retiro. Es decir, mujeres de la tercera edad sin pensión y en condiciones de pobreza, justamente por sus limitaciones laborales. Quizás este sea un tema para la creación del Banco de Bienestar.
Precisamente, por esa explotación de la cual son objeto en su vida familiar (trabajo doméstico no remunerado) y en el mercado laboral, a la que hacen mención José Ángel Gurría, el secretario de Hacienda, la secretaria del Trabajo y el propio Banco Mundial. Las diferencias están en las soluciones que proponen para 2020 y para el futuro en general.
Claro que tantas mujeres sin trabajo remunerado o con bajos salarios es un “bono produc tivo pérdido”, incluirlas como se dice implicaría un crecimiento del PIB, pero el punto es ¿cómo se plantean esa “inclusión”?
Porque también son ganancias extras para los empresarios, o, así ha sido hasta ahora y sobre todo, han significado pobreza y violencia, como binomios inseparables para las mujeres de este país y de muchos otros en el mundo.
Los empresarios “exigen” un Estado de Derecho para invertir y generar más empleos, nada más que da la casualidad de que, quienes violan ese “Estado de Derecho” -cuando despiden a una mujer embarazada, le niegan empleo o le reducen su salario, son ellos-, porque eso lo prohibe la Ley Federal del Trabajo, ¿entonces, donde quedó la bolita?
En resumen, las recomendaciones de Banco Mundial son: “apoyar la igualdad entre las mujeres y los hombres es una estrategia de desarrollo inteligente para México. Los esfuerzos de política deben abarcar los diversos frentes donde persisten las barreras a la igualdad de género, desde influir en las normas hasta garantizar el acceso equitativo a las oportunidades. La eliminación de las diferencias en las dotaciones requerirá un mayor alcance para abordar el embarazo adolescente y la mortalidad materna (especialmente en regiones rezagadas y en comunidades rurales e indígenas); promover estilos de vida saludables para reducir la obesidad y el riesgo de diabetes; facilitar la transición de la escuela al trabajo; y mejorar el acceso de las mujeres a recursos productivos. La reducción de las disparidades en las oportunidades económicas requerirá un mayor acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad, y a programas extraescolares o escolares de tiempo completo; políticas de permisos parentales”. ¿Cómo está México en esta última materia? No son muy novedosas estas recomendaciones
El Banco Mundial afirma que la igualdad de género es una vía clave para asegurar que la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida sean duraderas. ¡Que así sea!
¡Feliz 2020!
@ramonaponce 

Feministas de 20 universidades lanzan propuestas para frenar violencia contra mujeres

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Ciudad de México.- De cara a los recientes paros en diversos planteles educativos, académicas y estudiantes de 20 universidades del país lanzaron un manifiesto feminista en el que proponen una serie de acciones estructurales para que las instituciones de educación superior vayan “más allá de la simulación” en casos de violencia contra las mujeres.
Este manifiesto fue resultado del Cuarto Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias e Intervención a la Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior, que académicas y estudiantes llevaron a cabo el pasado 27 de noviembre en el estado de Hidalgo. 
Como resultado de este encuentro, las feministas coincidieron en que las instituciones encargadas de regular la educación superior en el país deben elaborar un registro nacional sobre los casos de violencia contra las mujeres.
También exigieron considerar diferentes formas de reparación del daño para las víctimas; y que se construyan protocolos y reglamentos para la atención de estas violencias, con campañas y procesos de difusión para toda la comunidad universitaria, y con leyes que eviten la simulación institucional.
Las académicas y universitarias pidieron diálogos intergeneracionales en que incluyan sus experiencias de acción y lucha, y que se les escuche para la generación de nuevos procesos y estrategias. 
Asimismo, pidieron que se refuerce dentro de los recintos universitarios una cultura de no violencia hacia las mujeres mediante actividades formativas, como talleres, difusión y otras formas de visibilización. 
Otra de las propuestas fue que los modelos de atención para casos de violencia de género dentro de las instituciones educativas se conviertan en una política institucional que tenga continuidad, permanencia y trascendencia para la vida universitaria.
Y exigieron que los organismos nacionales que rigen la educación superior, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior o Dirección General de Educación Superior Universitaria, elaboren un programa nacional con recursos específicos y suficientes par atender los casos de violencia. 
Las feministas también propusieron procurar formas de vinculación interinstitucional para atender los casos, y que los planes y programas académicos de las diferentes instituciones implementen de manera obligatoria asignaturas sobre conocimiento feminista y teoría de género. 
Las universitarias pidieron, como primer punto, reconocer la situación de precariedad y violencia que experimentan las estudiantes, académicas y trabajadoras administrativas de las universidades del país.
Las universidades firmantes son la Universidad Autónoma Metropolitana, unidades Xochimilco, Iztapalapa, Lerma y Azcapotzalco; Universidad Veracruzana; Colegio de la Frontera Sur; Universidad Intercultural del Estado de México; Universidad de Guanajuato; Universidad Pedagógica Nacional; Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; Universidad Humanista de Hidalgo; Escuela Nacional de Antropología e Historia; y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
También firmaron las Universidades Autónomas de México; del Estado de Hidalgo; de San Luis Potosí; de la Ciudad de México; de Ciudad Juárez; de Querétaro; de Chapingo; y de Quintana Roo. 

SRE dice que México es el primer país con política exterior feminista

A través de un comunicado público del 9 de enero, la SRE, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que había adoptado una política exterior feminista, la cual consiste en incluir un enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género de manera transversal. 
La Cancillería dijo que esta iniciativa busca reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género; visibilizar el aporte de las mujeres a la política exterior y a las acciones globales; y mantener la coherencia y congruencia tanto al exterior como al interior de la SRE.
Transversalizar la perspectiva de género en toda la política del gobierno mexicano es una obligación del gobierno mexicano adquirida en 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín. De hecho, desde 2001, todos los planes Nacional de Desarrollo contienen un apartado específico al respecto. 
Una de las formas de garantizar las transversalización de la perspectiva de género en toda la política pública es a través de los recursos asignados en Anexo 13 del Proyecto del Presupuesto Federal, pero para el ejercicio fiscal 2020, la SRE mantuvo el mismo presupuesto de 17 millones que recibió en 2019 para la igualdad entre mujeres y hombres.
Estrategia improvisada
La política exterior feminista mexicana se sostiene en cinco ejes que constan en un documento de 24 cuartillas (la mayoría con no más de cuatro párrafos, fotos o gráficos partidos por la mitad) que Relaciones Exteriores compartió con Cimacnoticias.
El primer eje es construir “una política exterior con perspectiva de género y agenda feminista exterior plus”. Con esto, la Secretaría se refiere, entre otras cosas, a impulsar acciones concretas (sin decir cuáles) que tengan impactos en la agenda exterior de género, como Foro Generación Igualdad, CSW, Cario +25 y otros.
Este es el único punto en el que la Cancillería aseguró tener ya ejemplos de esta nueva política exterior en acción, y presumió que durante la 25 Conferencia de los Países de Naciones Unidas en París la delegación mexicana se distinguió por su liderazgo en un plan de trabajo para mitigar los impactos del cambio climático en la vida de las mujeres, aunque el documento no explica qué hizo para distinguirse en ese tema y sólo muestra fotos de las funcionarias y representantes de la sociedad civil que asistieron al evento. 
El otro eje es “una SRE paritaria”, que implica la certificación de representaciones en el exterior en NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación (cuyo proceso inició desde 2016); la adhesión de la Cancillería al programa HeforShe, de ONU Mujeres; y la emisión de licencias de maternidad y paternidad, por ejemplo, que es un derecho reconocido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
De acuerdo con el mismo documento, de los 103 cargos como titulares de las Misiones Permanentes que actualmente tiene la Cancillería, sólo 34 son para mujeres; y en los 49 cargos de altos puestos como secretarías, subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones, sólo hay 12 trabajadoras. 
El tercer eje se llama “una SRE libre de violencia y segura para todas”. En ella, el organismo promete cero tolerancia al acoso y a la violencia de género; atención adecuada en violencia de género a connacionales, y desarrollo de cuadrantes y perímetros seguros y libres de violencia para los edificios de la SRE.
Sin embargo, el pasado 16 de enero, diferentes medios nacionales de comunicación dieron a conocer que, según fuentes oficiales, el director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Roberto Valdovinos, tenía varias quejas por acoso sexual. 
En un comunicado del mismo día, la SRE negó que existieran esas denuncias por violencia sexual, pero admitió que el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés inició durante 2019 investigaciones por cinco denuncias contra el titular del IME, todas ellas relativas a posible hostigamiento o acoso laboral.
La cancillería también admitió que las denuncias fueron presentadas por colaboradoras y colaboradores del Instituto, pero no especificó cuántas fueron presentadas por mujeres y cuántas por hombres. 
A este hecho se suma a que en octubre pasado, Ebrard Casaubón se vio obligado por las críticas ciudadanas a frenar la postulación  –hecha desde septiembre– de Víctor Barreras Castro como cónsul en Las Vegas, ya que pesaba sobre él una denuncia por haber sostenido relaciones sexuales con una menor de edad. 
El cuarto de los ejes se llama “la igualdad se ve” y, entre sus acciones está elaborar una guía de comunicación incluyente y lenguaje no sexista, que existe en la dependencia desde 2016.
La Cancillería también se compromete a ofrecer y fomentar una imagen sin estereotipos y objetiva de la labor y contribución de las mujeres a la política exterior; sin embargo, la no discriminación de las mujeres es una obligación para México estipulada en la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El eje cinco de esta Política se llama “la SRE es feminista interseccional”, que consiste, entre otros puntos, en trabajar de manera coordinada con la APF para atraer los más altos estándares en Derechos Humanos e igualdad.
La nueva “política exterior feminista”, advirtió la Cancillería, sería del tipo de la que tienen países como Francia, Canadá, Noruega y Suecia. 
La política exterior feminista que, por ejemplo, adoptó Suecia desde 2014 contiene un Plan Estratégico que para dar cumplimiento a su objetivo general del disfrute pleno de los Derechos Humanos, en 2016 la atención se concentró en asegurar los derechos de las mujeres y niñas en campos humanitarios; y en el 2017, las acciones fueron reforzar los servicios exteriores para las mujeres y niñas migrantes o refugiadas. 
En contraste, la nueva estrategia de la SRE sólo menciona una vez a las niñas, niños y mujeres migrantes, y lo hace para referirse a un protocolo de atención que, asegura, es un servicio que ya se brinda.
Durante 2019, México regresó a sus países de origen a más personas migrantes que cualquier otro gobierno en el pasado; y al cierre de 2019 al menos 26 mil mujeres solicitantes de refugio en México aún permanecían en espera de una resolución.


Ciudad de México.-

Un sujeto social llamado “mujer”

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Ciudad de México.- El 2019 concluyó como uno de los años más difíciles para las mujeres en México por el recrudecimiento de la violencia y la descarada revelación de que a la sociedad mexicana le importan los muros, las estatuas, el silencio antes que la vida de las mujeres. Y no, no es sorpresa si se toma en cuenta que México es un país feminicida, infanticida, violento, misógino y otras cosas que nos obligan a reflexionar sobre las causas estructurales para evitar que esta violencia continúe.
Los medios, las redes, los periódicos e incluso las instituciones son el reflejo de lo que está sucediendo en el país. No es casualidad sino la suma de todas las creencias, las ideas, los prejuicios y hasta las fobias e incapacidad histórica de convivir con la diferencia lo que salta en el grave problema de la violencia estructural contra la mitad de la población: las mujeres.
Las causas se entrelazan con la expresión más cruda de la misoginia fundada en el machismo de los mexicanos que no puede hacerse a un lado en lo que hoy día se vive, menospreciar a las mujeres como personas, el desprecio por la vida, la dignidad, el cuerpo, despojar a las niñas y a las mujeres de valor como personas es, todas las sabemos una práctica que estuvo presente en nuevas vidas y que hoy se traduce en la violencia feminicida.
Es el Estado menospreciando la vida de las mujeres al no considerarlas como un tema prioritario en la agenda nacional, es persona servidora pública que ve como una molestia a la mujer que llega a intentar denunciar que vive violencia, es la o él policía que desprecia a las feministas que protestan, y por supuesto es el hombre o mujer que justifica la desaparición, la explotación sexual -porque es un empleo-, la violencia sexual y el feminicidio.
Todo está atravesado y relacionado en el desprecio a las personas que nacieron en cuerpo de mujer o que se ven como mujeres, misoginia fundada en interpretaciones absurdas que justifican desde lo dogmático y religioso, en la creencia que “la mujer” existe como cosa definida y determinada desde el mismo sistema social que le pone tallas, medida, aspecto e incluso conducta, que va más allá y dice cómo debe pensar y responder.
El resultado es un contexto en el que ser mujer, nacer mujer, sabernos mujeres nos hace parte de ese 50 por ciento de la población que se cuestiona a sí misma si es lo que los demás definen o lo que ella misma encuentra en su construcción genital-social del ser mujer, es decir de cómo vive en la sociedad a partir de un sexo biológico del sujeto social llamado mujer, pero que también vive en lo social bajo el parámetro de una construcción denominada “mujer”.
Es decir, bajo este doble estándar “la mujer” dejó de ser una persona para ser una “representación simbólica” entre lo material y lo subjetivo, entre lo real y lo imaginado colectivamente, en el que todos saben lo que es ser mujer menos la personas en esos cuerpos referidos históricamente como mujeres, y encontrarse, saberse, escucharse para entenderse y definirse a sí mismas (salir del laberinto de espejos), es causa de la violencia externa.
Porque incluso como “mujer” tienes que aceptar como real la representación simbólica construida que nos dice qué es lo que disfrutamos, de lo que se goza, de cómo se ama, de como se aprehende la realidad y por supuesto cómo es ser “mujer”.
Y esto hace que haya dos sujetos en lucha permanente; por un lado, tenemos “la mujer” socialmente construida y referida y por otro están “las mujeres” que están definiéndose a sí misma a partir del cuerpo y deconstruyendo-reconstruyendo lo que son “las mujeres” sin que el género se diluya, porque borrarnos es también un propósito en ese desprecio por las mujeres.
Lo cierto es que ya sea una mujer como representación socialmente construida o las mujeres, viven la violencia en México porque está desvalorización no separa entre la mujer o las mujeres, y si algo hay que decir es que las mujeres no acabamos de definir ni de conceptualizar lo que nos significa ser mujeres en este contexto de violencia, en las relaciones de pareja, dentro de un sistema que subyuga el cuerpo penetrable.
El odio está imbricado en todo, el desprecio está latente y se traduce en el odio es lo que salta en la saña de la extrema violencia contra las mujeres, un odio que no acabamos de entender aunque vivimos sus consecuencias en cuanto ponemos distancia para romper con una histórica normalización de todas las explotaciones del cuerpo de las mujeres al servicio del patriarcado.

Feminismo es construir salud

nodal.am
- Por Virginia Cardozo

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Las desigualdades de género impactan en la salud de las personas. ¿Cómo abordar esto desde el área de la salud? ¿Cómo incorporarlo en el trabajo desde el Primer Nivel de Atención? Quiero aportar algunos elementos para reflexionar en este sentido sobre el feminismo desde la perspectiva de la intersección de género y clase, y en particular la estrategia de los grupos de mujeres.
¿Cómo influye el género en otros determinantes sociales de la salud? Cuando hablamos de pobreza, tenemos necesariamente que incorporar el aspecto del género; existe una feminización de la pobreza y la brecha salarial sigue siendo importante. Debemos agregar a esto que la población trans se encuentra entre los sectores más pobres de nuestra sociedad. En los barrios donde hay una peor situación socioeconómica están sobrerrepresentadas las familias monoparentales con mujeres jefas de familia con varios hijos/as a cargo, con la sobrecarga de cuidados que eso implica. La pobreza tiene cara de mujer.
Cuando las mujeres se incorporan al trabajo asalariado, no dejan de realizar el trabajo no asalariado vinculado a las tareas reproductivas. En promedio, las mujeres consiguen trabajo en peores condiciones, con peores salarios y más insalubres. Cuando vemos las encuestas de uso del tiempo vemos que los hombres no se incorporan de forma significativa a las tareas del hogar. Para las mujeres más pobres hay un continuum de violencia entre la que reciben en sus trabajos remunerados y la violencia dentro del hogar. Una violencia que llega al extremo de matar: las decenas de femicidios por año nos siguen doliendo e interpelando.
A las cargas ya mencionadas, se suma el trabajo de sostén comunitario que realizan las mujeres (por ejemplo, son quienes sostienen los merenderos barriales). Sufren así una doble opresión, la del capitalismo y la del patriarcado.
Estos aspectos generan una sobrecarga laboral y afectiva que repercute en la salud de las mujeres generando depresión y limitación para desarrollar estilos de vida saludables como el ejercicio físico, entre otros impactos. Tenemos, desde los sistemas de salud, una fuerte tendencia a la medicalización de estos problemas sociales, uno de los elementos que pueden explicar el mayor consumo de psicofármacos y en especial de sedantes como las benzodiacepinas en las mujeres.
En estos tiempos está en boga hablar del concepto “techo de cristal”, de esas barreras invisibles que nos ponen por el hecho de ser mujer. Un claro ejemplo lo tenemos en la Universidad, donde por más que las matrículas de estudiantes están altamente feminizadas, la mayoría de los cargos de decanato están ocupados por hombres. Pero este techo de cristal para las mujeres más pobres es un mito; ellas tienen “suelos pegajosos”, no llegan a despegarse de las situaciones de extrema vulnerabilidad en que viven. Tenemos que lograr un feminismo que piense en todas, en todes, porque no queremos un feminismo que deje afuera a las mujeres más pobres. No queremos un feminismo en que algunas rompan el techo de cristal para que otras mujeres tengan que barrer sus restos.
Un concepto importante que nos aporta el ecofeminismo para pensar la salud desde una perspectiva de género, y que debemos incorporar, es el de “cuerpo-territorio”. Desde el surgimiento del patriarcado, con la creación de la propiedad privada que incluía tanto el territorio como a las mujeres, hay un vínculo entre nuestros cuerpos y el territorio que habitamos, somos dependientes de este hábitat con el que somos una unidad, que nos construye y que nosotros construimos. Es aún más claro en esta etapa del capitalismo de avance feroz sobre la explotación de la naturaleza y también del cuerpo de las mujeres. Desde una perspectiva de clase, toma además otros sentidos: si bien hoy hay mayor movilidad en la ciudadanía, las mujeres que viven en las zonas más pobres tienen una menor movilidad por la ciudad o el país. A mayor vulnerabilidad, menor territorio habitamos. Son lógicas muy territoriales, y en las mujeres, cuanto mayor es la violencia basada en género que viven, menos territorio ocupan; incluso muchas veces su casa es el único territorio por el que circulan. A medida que las mujeres se van empoderando y van logrando salir de las relaciones de violencia basada en género, ocupan mayor territorio. Salir del territorio casa, encontrarse con otras mujeres muchas veces es la primera ruptura con la situación de opresión.
La Diaria

El Estado laico en riesgo


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Los avatares de la laicidad en México ante el embate de líderes religiosos con ambiciones políticas han encontrado en el presidente de la República a un impulsor de los valores religiosos en el espacio público. Desde 2018, se mina la separación entre iglesias y Estado a través un discurso que enarbola “valores”, referencias a la “moral” y alusiones a ideas religiosas que deberían quedar fuera del ámbito político. No se trata, como en sexenios anteriores, sólo de iglesias que violan la ley y buscan orientar el voto o condenan el derecho a decidir de las mujeres, ni de gobernadores o alcaldes que encomiendan “su” territorio al corazón de Jesús o a la Virgen. Se trata ahora de un presidente que se ha convertido en “actor central en el regreso de la religión a la vida pública en México”, que se atribuye y le atribuye al Estado la tarea de formar y difundir una moral, de la mano de iglesias evangélicas, sin importarle violar, entre otros, los artículos 3, 24 y 40 de la Constitución Política. 
Así lo sugieren Roberto Blancarte y Bernardo Barranco, especialistas en laicidad y religión, en “AMLO y la religión. El Estado laico bajo amenaza”, libro que destaca por la claridad y mesura con que exponen los riesgos de la “irrupción” religiosa para la laicidad del Estado y la convivencia social en un mundo en que el uso político de la religión ha favorecido el ascenso de líderes autoritarios y contribuye a la polarización en sociedades diversas.
Blancarte, por ejemplo, inscribe el discurso moralista de AMLO dentro de un programa populista que conlleva la idea de  “pacificar” al país mediante el impulso de valores morales, con apoyo de las iglesias, lo que resulta contradictorio puesto que éstas mismas forman parte de la “crisis de valores” y son responsables del “quebranto ético” ( y de su propia crisis de autoridad, como muestran los casos de corrupción o pederastia en el Vaticano o la Luz del mundo, por ejemplo). Con apego a la defensa de la laicidad, cuyos principios son el respeto a la libertad de conciencia, la autonomía de la política y de la sociedad civil frente a la religión, y la no discriminación (79-80), Blancarte aclara que el Estado laico es “imparcial”, no neutro ante la religión, por lo que el discurso religioso en la política no puede justificarse como respeto hacia todas las religiones o creencias. Al Estado no le corresponde ocuparse de la moral, ni imponer creencias individuales, así sea en la búsqueda de la “felicidad” o del “Reino de la Justicia”.
Por su parte, centrado en las acciones de las iglesias evangélicas que han ganado terreno con AMLO, Barranco se detiene en la trayectoria del “político evangélico” Hugo Flores y del “evangélico político” Arturo Farela, cuyos afanes muy terrenales coinciden con los desvelos por la moral pública que el presidente pretende encauzar a través de una Constitución moral y de la Cartilla moral, distribuida por integrantes de Cofraternice. Barranco advierte, una vez más, el peligro que significan las ambiciones políticas de las iglesias evangélicas que buscan acceder a los medios masivos para difundir su ideología, conservadora y contraria a las libertades de las mujeres y de la diversidad, más allá de los espacios que ya ocupan (gracias a la negligencia oficial) en la barra nocturna de TV, TV por cable y radio.  En este sentido, sus reflexiones acerca de la pretendida reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas, que ampliaría la difusión religiosa a través de lo que es un bien público y hasta podría dar voto pasivo al clero, son lectura imprescindible, sobre todo en un año en que la SCJN examinará casos relacionados con la objeción de conciencia y la despenalización del aborto.
Si el presidente, que a ratos se asume predicador, bajo pretexto de “moralizar” la vida pública, da a ciertas iglesias privilegios que otras también exigirán, no estará respetando la libertad religiosa sino abriendo la puerta a la discordia. La separación del Estado y de las iglesias debe por ello fortalecerse.  CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México.- 

Advierten poca efectividad del Registro público de agresores sexuales

Este mecanismo, advierten, sería un riesgo a la seguridad de las víctimas, quienes podrían recibir represalias por parte de los agresores. Además, la propuesta de crear este registro, presentada en diciembre de 2019 por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, también se podría convertir en un mecanismo para violar Derechos Humanos de las personas sentenciadas, como su derecho a la reinserción social y a la privacidad de sus datos.

La propuesta

El 2 de diciembre de 2019, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. entregó al Congreso capitalino una iniciativa para crear la “Ley de Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México”, la cual está pendiente de aprobación.
Según el proyecto, publicitar la identidad de los agresores podría prevenir la violencia sexual contra la infancia y adolescencia; facilitar la investigación e identificación de los autores de estos delitos; y servir como medida disuasiva para la comisión o repetición de estos crímenes. 
La propuesta de Sheinbaum fue para responder, junto con la emisión de la Alerta de Violencia de Género (AVG), al estallido de protestas protagonizadas por las capitalinas durante 2019 tras la difusión de presuntos casos de violaciones sexuales cometidas por policías.
Más allá de esos casos, datos oficiales revelan que sólo en 2019 la Procuraduría de Justicia abrió hasta el mes de noviembre 888 carpetas de investigación por el delito de violación; 3 mil 407 por abuso sexual; y 763 por acoso sexual. Estas cifras podrían ser subestimaciones debido al subregistro que alcanzan los casos de violencia sexual por la falta de denuncias.

¿Es la medida correcta?

Integrantes de organizaciones debaten sobre la efectividad de dar a conocer a la sociedad quiénes son los agresores sexuales.
Por ejemplo, la oficial del área de Políticas Públicas en la organización Equis: Justicia para las Mujeres, Mariana López, reflexionó en entrevista para Cimacnoticias que los esfuerzos del gobierno capitalino deberían enfocarse en “evaluar por qué las mujeres no acuden o utilizan medios institucionales de denuncia, y garantizar investigaciones con debida diligencia”.
López también explicó que este proyecto de ley en principio supone problemas, ya que una vez que una persona es sentenciada por una autoridad judicial, no puede existir una sanción adicional por los mismos hechos, que, en este caso, representaría estar inscritos en el registro público.  
De acuerdo con la abogada, la propuesta también podría significar violaciones a otros Derechos Humanos, como son la reinserción social y la protección de datos, ya que pretende que cualquier persona pueda conocer, a través de un sitio en Internet, la fotografía del agresor, nombre, edad, alias, nacionalidad y delitos sexuales por los que fue condenado. 
Además, el Ministerio Público accedería a otros detalles de los sentenciados: señas particulares, ficha signaléctica –identificación con datos personales de la persona-, breve descripción del o los delitos por los cuales fue sentenciado, otros delitos por lo que haya sido sentenciado y su perfil genético.  
Este último dato se obtendría del Banco de ADN para uso Forense de la Ciudad de México, otra propuesta que formuló la gobernadora de la capital y aprobó el Congreso el 15 de diciembre de 2019.
Sobre para qué fines o cómo podría ser utilizada dicha información, es prácticamente indefino, ya que cualquier persona podría tener acceso a ella. No obstante, la experta en política pública advirtió que este mecanismo podría ser incluso contraproducente para las propias víctimas, tanto en términos de privacidad como en términos de represalias que pudieran enfrentar por parte de los sentenciados.
“No se está teniendo en cuenta a las víctimas involucradas en los delitos, es decir, no se les está preguntando qué repercusiones podría tener la publicación de esas sentencias”, señaló la experta.
La integrante de Equis Justicia también aseveró que la iniciativa gubernamental no tiene como centro de interés la protección de las mujeres y de las víctimas de violencia sexual; por el contrario, se encamina al castigo de las personas sentencias que, por otro lado, representan una minoría, especialmente cuando las agresiones sexuales ocurren en el contexto de las viviendas, por personas cercanas o conocidas a las víctimas.
En estos casos, el número de denuncias son mínimas y menores aún con el número de investigaciones y los casos que llegan a instancias de impartición de justicia.
Mariana López también observó que no existen evidencias reales de la efectividad de los registros de agresores sexuales que se han implementado en otros países y en los que se dice basar esta propuesta para responder a las comprensibles inquietudes de las capitalinas sobre la violencia en su contra.  

Impunidad, el problema de fondo

La propuesta de Sheinbaum encuentra su principal antecedente en Estados Unidos, donde existe el Registro Nacional de Agresores Sexuales (NSOPW, por sus siglas en inglés). Basta con entrar al sitio web de esta base de datos, introducir nombre, dirección o código postal de una persona, para conocer si fue condenado por algún delito sexual, o bien, saber su actual residencia. Los datos permanecen públicos incluso cuando hayan cumplido con su condena. 
Sobre el registro estadounidense en 2013. un estudio de la organización Human Rights Watch, advertía que no tiene algún efecto sobre la incidencia de delitos sexuales, en parte porque el enfoque de la política pública debería estar en, primero, prevenir que ocurra el delito. 
Otros registros en los que se inspira la propuesta de la gobernadora de la Ciudad de México es la Ley de registro de información de los ofensores sexuales de Canadá. No obstante, en este caso el acceso a su información está restringida únicamente a la policía canadiense para proporcionarles información que les ayude en investigaciones.
En este sentido, la coordinadora jurídica de la organización civil AsiLegal, Layla Almaraz Olivares, y la coordinadora del área internacional, Verónica Garzón Bonetti, coincidieron en entrevista que las y los legisladores de la urbe deben discutir la publicidad del registro. Por su parte, las expertas proponen acotarlo para el uso de investigaciones policiales.
Para las integrantes de AsiLegal, el fondo a resolver es la impunidad y la falta de efectividad de los procesos de procuración e impartición de justicia en los casos no sólo de violencia sexual, sino el conjunto de violencias que atraviesan las mujeres y niñas en la Ciudad de México.
“Si tuviéramos instituciones fortalecidas, Ministerios Públicos diligentes, no tendríamos que estarnos quebrando la cabeza en medios paliativos que realmente no atacan la estructura de la violencia y las causas de la violencia contra las mujeres. Que, si bien una de sus materializaciones más comunes es la violencia sexual, hay muchísimas otras causas y muchísimos otros orígenes que no estaríamos atacando con esta ley”, sentenció Verónica Garzón.
Por ahora, la iniciativa de la Claudia Sheinbaum ha sido tomada como ejemplo por el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del partido Movimiento Ciudadano, quien propuso el pasado 3 de enero diversas adiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales.


Ciudad de México.

Machismo, continuidad y repetición

Miguel Lorente Acosta
AJUBEL

La afirmación del machismo pasa por la negación de la realidad que él mismo crea, ésa es la forma de hacerse invisible en una sociedad que lo señala en cada uno de sus actos. Desde el piropo como halago y el maltrato como un tema de pareja, hasta el homicidio por celos o alcohol, todo forma parte de lo que el machismo presenta como verdad para así mantener su mentira. Da igual que sean 70 las mujeres asesinadas cada año y 700.000 las maltratadas, al final, para el machismo cada uno de esos casos es un accidente o una excusa, y todos juntos ninguno.

El problema de la violencia de género no son esos 700.000 hombres que maltratan ni los 70 que matan, el problema de la violencia de género es el machismo que los alimenta a todos ellos y al resto de la sociedad. Un machismo que lleva a que el 3% de la población de la UE manifieste que la violencia de género está justificada en algunas ocasiones, y que un 1% afirme que lo está en todas las ocasiones (Eurobarómetro, 2010).

A partir de esas referencias creadas por la cultura, cada agresor desarrolla su estrategia de violencia de manera diferente, aunque todos persiguen lo mismo: controlar a las mujeres para que no se salgan del guión establecido, corregirlas cuando consideran que se han desviado de sus dictados, y castigarlas cuando la desviación alcanza cierta gravedad. La propia dinámica de la violencia muestra claramente que cada agresor reacciona ante el comportamiento y actitud de las mujeres, y frente a las circunstancias que envuelven los hechos.

Y cuando el machismo y los machistas ven que la sociedad está cambiando al incorporar y defender la Igualdad como derecho, al observar que las mujeres y el feminismo rompen con la injusticia de la desigualdad de la que nacen sus privilegios, y al comprobar que se incorporan con normalidad a los espacios y funciones que le habían sido negados, interpretan que esa nueva realidad es un ataque a sus posiciones y responden con su argumento habitual, que es la violencia.

Por eso no es casualidad que ante una norma como la Ley Integral, dirigida a abordar globalmente el problema de la violencia de género, el machismo responda e intente confundir con argumentos tramposos y falaces como el de las denuncias falsas (en verdad suponen el 0,01% según la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial), que todas las violencias son importantes, que las mujeres también maltratan, que es una ley dirigida contra los hombres, o que que en verdad lo que se busca es enriquecerse a través de esa violencia, como incluso llegan a escribir algunos columnistas con total impunidad. Nunca se han preocupado de las otras violencias, ni del maltrato que ejercen las mujeres, ni de las agresiones de los hombres por parte de otros hombres... nunca lo han hecho hasta que no se ha hablado de violencia de género, porque en realidad lo que les preocupa es perder un instrumento tan necesario para ellos a la hora de mantener el orden establecido, como es la violencia contra las mujeres. Tan necesario que, tal y como recoge la Macroencuesta de 2015, el 44% de las mujeres no denuncian por considerar que la violencia que sufren no es lo suficientemente grave, es decir, porque piensan que esa violencia es «normal» dentro de las relaciones de pareja. Y quien les dice que es normal no es el doble cromosoma X ni los estrógenos circulantes en sangre, sino la cultura machista que las paraliza.

Esa reacción del machismo no es abstracta e impersonal, sino que es la reacción coordinada de cada uno de los machistas. Y si es fácil entender que hay una respuesta individual ante los cambios sociales que hablan de Igualdad, también debe serlo entender que cada uno de los agresores que ya está ejerciendo la violencia, reaccione de forma particular ante las circunstancias que envuelven su relación y el contexto social del momento. De ahí las diferentes influencias que actúan en la construcción de sus conductas criminales.

Los homicidios por violencia de género son la consecuencia de una historia de violencia que los maltratadores van desarrollando en el tiempo, unas veces de forma acelerada, otras más lenta. Se trata de un proceso en el que van integrando elementos que refuerzan su decisión y aquellos otros que de alguna manera la cuestionan, y la evolución final dependerá de la mayor presencia de elementos a favor del homicidio o de factores críticos con la idea de matar. Se trata, pues, de un proceso dinámico que va consolidándose conforme avanza, dificultando y limitando las posibilidades de incidir sobre él.

Cuando se produce un homicidio por violencia de género el impacto social de la noticia es muy diferente. Y la valoración que hace el agresor que está pensando en matar a su mujer no es en términos de solidaridad o compasión con la víctima y su familia, sino que lo hace identificándose con el hombre que acaba de hacer aquello que él ya está pensando realizar. Ésa es una de las razones que hacen que un homicidio previo en violencia de género pueda actuar como refuerzo en la idea que manejan estos agresores, algo que se refleja en la acumulación de casos alrededor del homicidio cometido con anterioridad. El estudio realizado en 2011 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y la Universidad de Granada, demostró esa realidad al comprobar que al día siguiente de un homicidio se producía un aumento «no justificable por azar», lo cual sitúa la asociación en el conocimiento del caso anterior, puesto que se trata de sucesos aislados e inconexos.

Esta situación demuestra que son homicidios que nacen de la voluntad y de la decisión de matar del agresor, quien actúa por motivaciones internas y posicionándose ante los elementos del contexto. En ningún caso se puede interpretar esta influencia como un acto impulsivo e incontrolado surgido del simple conocimiento del homicidio previo, ni tampoco debe entenderse como un factor que incide en todos los homicidas. Se trata de un factor que influye «un poco en algunos casos», no en todos, pero como tal debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar el riesgo y de adoptar medidas de protección. Y tampoco debe llevar a la errónea conclusión de que ante esta realidad no se debe informar, todo lo contrario. Lo que hay que hacer es informar, e informar mucho, pero mandando un mensaje crítico hacia los agresores (por ejemplo, en lugar de titular «una mujer muere a manos de...» hacerlo con «un hombre mata a...»), y a esos entornos posmachistas que buscan generar confusión y desviar la atención sobre el significado y la gravedad de la violencia de género.

Los machistas no son hombres extraños a la realidad social que ellos mismos crean a través del machismo. Son hombres muy integrados en ella, en su valores y en sus ideas, tanto que responden con la violencia que habitualmente utilizan ante lo que interpretan como ataques, partan estos de la sociedad a través de las iniciativas políticas o de las manifestaciones que los cuestionan y critican, o surjan de la conducta de las mujeres a quienes están pensando asesinar. Creer que los machistas contemplan la realidad como si miraran un paisaje o al mar es un error que se traduce en más riesgo para las mujeres que sufren la violencia.

Los machistas se refuerzan entre ellos a través de las palabras y las conductas, lo vemos a diario en la calle y en las redes sociales; y los machistas que están usando la violencia se refuerzan identificándose con la violencia que utilizan otros hombres violentos, de ahí que la violencia de género continúe y se repita.

* Manuel Lorente Acosta es director de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Granada y ex Delegado del Gobierno para la Igualdad de Género.

Universidades, centros de violencia hacia estudiantes y profesoras


Especial
Ciudad de México.- En los pasillos de la universidad y en las aulas, los profesores humillan y ridiculizan a las estudiantes; los compañeros les alzan la voz y las insultan; los hombres les lanzan piropos; los maestros las invitan a salir y cuando no aceptan la represalia se refleja en sus calificaciones. Allí, en los centros de estudio, también se han cometido casos de feminicidio. Esto es lo que encontramos y aquí se pueden leer el texto
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Retrasan reformas a favor de las mujeres; pero buscan renombrar una ley

Este miércoles 15 de enero, el senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, presentó formalmente una propuesta de reforma que anunció la semana pasada: modificar el artículo 5 de la Ley General para nombrar esta norma como “Abril Cecilia Pérez Sagaón”, en referencia a una víctima de feminicidio.
Abril fue asesinada en la Ciudad de México el pasado 25 de noviembre de 2019, día que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A ella le dispararon cuando se dirigía al aeropuerto para tomar un avión de regreso a Nuevo León, donde vivía. El día del crimen acudió a una audiencia por un juicio por la custodia de sus hijos.
Mientras se presenta esta iniciativa en el Congreso para cambiar el nombre a una ley; las y los legisladores han dejado pendiente reformas como aquella para reconocer la violencia política contra las mujeres o la propuesta para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación a nivel federal, entre otros temas.
Por ejemplo, el pasado 5 de diciembre, la Cámara de Diputados modificó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Estas reformas fueron para definir la violencia política de género, un tema que se ha discutido desde 2012 sin legisladoras y legisladores tengan un acuerdo sobre si sólo se debe reconocer, si se debe tipificar o cuáles son las sanciones que hay que imponer. Esta falta de consenso en ambas Cámaras ha hecho que ninguna reforma entre en vigor. Hoy, el tema está de nuevo en el Senado, donde se podría aprobar el paquete de reformas, rechazarlo o modificarlo para que regrese, una vez más, a la Cámara de Diputados.
Por otro lado, hace un año, en enero de 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitió una opinión favorable a una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el ámbito federal. La propuesta fue presentada el 8 de noviembre de 2018 por la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio, para reformar el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de aborto.
Esta iniciativa no fue aprobada y durante el año pasado se sumaron otras propuestas en el mismo sentido. Hasta ahora el Congreso ha rechazado legislar al respecto. Incluso otra propuesta que no pasó fue la presentada el 23 de octubre de 2018 por el diputado de Morena y entonces presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo para modificar el Artículo 4 de la Constitución federal para garantizar el “derecho a decidir sobre tener hijos o no” y la “autonomía reproductiva”, lo que abría la puerta a la despenalización del aborto.
Legislar para cambiar nombres a las leyes
En este contexto, un caso de feminicidio hizo que el senador y fundador de Morena se interesara en modificar el nombre de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Batres es el único integrante de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, posición que obtuvo después de que el pasado 15 de octubre pidió ser integrado porque, dijo, “hasta ahora ese órgano ha estado integrado sólo por mujeres, pero el tema de igualdad compete a mujeres y hombres”.
La semana pasada, cuando Batres anunció su intención de cambiar el nombre de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, un grupo de defensoras de los derechos de las mujeres publicó un documento en la plataforma change.org para solidarizarse con la familia de la víctima y anunciar su rechazo a este cambio debido a que el proceso de creación de esta ley, incluido el nombre, fue resultado de una amplia investigación, encabezada por mujeres especialistas en el tema.
“Quitar el nombre a la ley, sería invisibilizar el trabajo realizado por todas ellas”.
En 2007 esta norma fue producto del cabildeo de legisladoras y de la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, quien ocupó un escaño como diputada federal respaldada por el Partido de la Revolución Democrática, que en ese momento tenía la tradición de otorgar espacios de elección popular a ciudadanas feministas sin partido político, a fin de empujar la agenda de derechos de las mujeres.
Marcela Lagarde llegó a la Cámara de Diputados con el objetivo de tipificar el delito de feminicidio, lo que no pudo concretar en ese momento, pero coordinó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual concluyó que cuatro mujeres eran asesinadas al día. Esos fueron argumentos suficientes para crear esta ley.
Esta investigación fue uno de los ejes que dio elementos al equipo de investigadoras para crear la norma, una que hicieron “general” para todo el país, donde colocaron el centro del problema “una vida libre de violencia para las mujeres” y la obligación del Estado de garantizarles el “acceso” a ese derecho.
En el escrito de las defensoras, ellas argumentaron que el proceso de creación, metodología aplicada y resultado de esta ley fue profundamente feminista. “El nombre está justificado por una razón política, representa la lucha de miles de mujeres y explica claramente la función de la misma, es decir busca que todas vivamos una vida libre de violencia”.
Para quienes analizaron y fueron testigos del proceso para convencer al Congreso de aprobar esta legislación, utilizar el nombre de las víctimas solo es recordar que el estado ha fallado en garantizar la seguridad de las mujeres y entonces debería llevar a un nombre largo e interminable ya que todos los días asesinan mujeres por la ineficacia de los gobiernos.
“Estamos conscientes de que las legislaciones deben ser modificadas y adaptadas a las nuevas necesidades para que no sean obsoletas, pero eso no justifica un cambio de nombre que parece ser a capricho e innecesario”.
De acuerdo con la iniciativa de Martí Batres, el objetivo de cambiar el nombre de una ley que costó años de trabajo al movimiento feminista, en un hecho simbólico es modificar el nombre de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que lleve el nombre de Abril como “un modesto homenaje a esta mujer asesinada en la Ciudad de México”.
Según el senador, el homenaje en esta ley es porque se trata del ordenamiento legal que tiene por objeto establecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
“Es por ello, que de hoy en adelante las mujeres deberán reivindicar la aplicación de la “Ley Abril” para exigir el cumplimiento de sus derechos”.
Otras iniciativa del senador Batres Gudarrrama han sido para cambiar el lenguaje que se usa en la Ley Federal del Trabajo a fin de que fuera incluyente; implementar la rotación por género en la presidencia de la Mesa Directiva; sustituir la palabra “varón” por la de “hombre”; y modificar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para que los hombres, y no sólo las mujeres, accedan al derecho de guarderías, entre otras.


Ciudad de México.-

¿Nuevas masculinidades?


Mercurio Cadena
Nunca en la historia se ha dado la redención masiva de una casta opresora. Los detentadores del poder no ceden de buena gana sus espacios y prebendas, sino que se les arrebatan con organización, fuerza e ideas claras sobre la justicia del acto, y por tanto sobre la legitimidad de sus costos. ¿Por qué esperaríamos que con la opresión patriarcal fuera diferente?
Quienes respondemos a esto con la honesta ausencia de motivos, nos queda una dolorosa pero importante pregunta: ¿qué sigue? Considero que reflexionar sobre al menos tres cosas ayuda a ir delineando algunos pasos siguientes para los hombres:
  1. La violencia feminista es completamente legítima. Uno sólo podría negarle legitimidad a la violencia feminista ignorando a la historia o simpatizando, consciente o inconscientemente, con la causa de la casta opresora. Lo menos que podemos hacer en nuestro pretendido éxodo de la opresión es abandonar la actitud mezquina de defender lo indefendible. Es clarísimo, para quien quiere ver, que sólo con el ejercicio autónomo y estratégico de medidas como el vandalismo y el boicot se han logrado crear costos sociales que deriven en atención pública generalizada, o poder social, para plantear un cambio hegemónico realista. Como ejemplo puede citarse a la famosa desobediencia civil gandhiana que instó a la gente a producir sal no industrial para evadir el impuesto británico. El campamento en Reforma en Ciudad de México es un ejemplo más cercano. La historia del feminismo está repleta de ejemplos de éxito.
2.  Por estructura, no existen hombres feministas ni aliados; sino sólo y cuando mucho, traidores del patriarcado. La consciencia de clase es un punto de partida fundamental para delinear una ruta de acción honesta y eficiente. Como bien dicen los grupos de autoconsciencia feminista que surgieron a finales de los 60 (a los que bien valdría la pena emular para abandonar de una vez la delusión de las nuevas masculinidades, que juegan convenientemente a que el género es algo más que un mecanismo de opresión): admitir el problema es parte de la solución. Y el problema aquí es que todos los hombres crecemos al amparo de un pacto patriarcal, firmado por y para nosotros, que nos beneficia por el simple hecho de ser hombres. Eso nos impone una posición política desde la cual enunciarnos feministas o aliados no es sino mentira o hipocresía; sobre todo cuando la mayoría de nosotros no hemos hecho nada o casi nada para romper con dicho pacto patriarcal. Algunos dirán que esto es lo que está detrás del concepto de aliado, porque traicionar al patriarcado es equivalente a aliarse con el feminismo. Yo defiendo que al concepto de “aliado”, por un lado, le es inherente un bono reputacional que no merecemos; y por el otro, “traidor del patriarcado” refleja mucho mejor no sólo el tipo de acción estratégica que nos demanda nuestra posición, sino también el más que justificado escepticismo con el que nos ven y tratan las feministas. ¿Quién en su sano juicio puede confiar en alguien tras su inmediata (y casi sólo verbalizada) traición al bando contrario, sobre todo cuando se trata de un bando asesino y violador? Nadie. Eso requiere mucho tiempo y obras que devengan en mérito auténtico, histórico, sistemático. ¡Y no sólo obras! Un franco y profundo disciplinamiento de cuerpos. Es lo menos. Mientras tanto, es justo que se nos guarde el recelo reservado a los traidores. Si en serio estamos comprometidos con la causa, será una carga que sabremos llevar con dignidad, el tiempo que sea necesario.
3. Consciencia. La redención masiva del opresor nunca ha sucedido, pero la transformación hegemónica a largo plazo, mediante organización teórica y práctica, sí. Formar parte de grupos de hombres críticos del género, dispuestos a reconfigurarse con mucha honestidad y trabajo, es un buen paso en este camino de traición. Prácticas muy concretas al interior de estos grupos pueden ser un buen inicio. ¿Qué tal si denunciamos a nuestros amigos violadores y rompemos con una de las ventajas más notables del pacto patriarcal? ¿Qué tal si nos rehusamos a trabajar con hombres violentos? ¿Qué tal si no participamos en eventos que no cuenten con, al menos, 50% de participación de mujeres? ¿Qué tal si renunciamos a la pornografía? Rutas, hay; lo importante es ejercer el compromiso, y no sólo cacarearlo.
Mercurio Cadena. Abogado que codea, especializado en administración proyectos públicos 
@hache_g

Chile: ¡Un Encuentro para las que luchan!

 – Por Carla Perelló y Laura Salomé Canteros, especial NODAL

Chile arde en historia y digna rabia feminista. Es que desde el viernes 10 hasta el domingo 12, más de 4 mil activistas territoriales se reunirán en la Universidad de Santiago, Chile, en el que será el segundo Encuentro Plurinacional de las que Luchan, una instancia preparatoria de la huelga feminista del 8 de Marzo y una excusa para la reconstrucción de la memoria feminista y el debate para la proyección del futuro soñado.
El movimiento feminista en Chile está en la primera línea del estallido social, señalando con fuerza a los opresores desde el 8 de marzo de 2019. Organizando cacerolazos, pañuelazos, besatones LGBTTIQ+, caminatas, stand up, pegatineadas, intervenciones, performances y cadenazos radiales. Todas formas de interpelación que anuncian que las calles y los espacios públicos también son hábitat de las demandas feministas.
La mercantilización y la precarización de la vida fueron los motivos de las tomas feministas en las universidades durante 2018 y la toma de las calles con la consigna “no bastan tres causales”, correlato de la marea verde que se dio en la región a partir del debate que llegó al Congreso nacional de Argentina por la legalización y despenalización del aborto. Para entonces, distintos hitos venían marcando al movimiento. Historias de vida que evidenciaron la manifestación de las violencias en su máxima expresión, muestra de que los derechos de las mujeres y las personas del colectivo LGBTTIQ+ no están en la agenda del Estado.
Por ejemplo, el femicidio empresarial de Macarena Valdéz, una activista por los derechos de las comunidades mapuches que fue encontrada sin vida el 22 de agosto de 2016 en su casa en la comunidad de Newen-Tranguil, en Liñique, al sur del país. Estaba colgada y tenía signos de ahorcamiento y fue luego de recibir amenazas por haberse resistido junto con la comunidad a que la empresa austro-chilena RP Global Chile Energías Renovables S.A., instalara unos cables de alta tensión. También por Nicole Saavedra, quien desapareció el 18 de junio de 2016 y fue encontrada violentada y asesinada el 25 del mismo mes. La investigación pasó por tres fiscales y sus familiares y amigxs esperaron más de tres años a que la justicia activara la resolución de lo que denunciaron como “lesbofemicidio”.
Las activistas y el movimiento chileno también se posicionaron políticamente durante la primera reunión del Prosur -organismo creado en reemplazo de la UNASUR-, que se realizó a principios del año pasado. La presencia más repudiada fue la del jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, reconocido por su misoginia y racismo. Con las frase “Más amor, menos Bolsonaro”, salieron a las calles con pancartas y cánticos en el centro de la ciudad. Mientras, el dicho popular llamaba a la creatividad en la adversidad y las expresiones artísticas florecieron en cada rincón. El llamado a los cacerolazos en la voz de Anita Tijoux se replicó:
Quema, despierta
Renuncia, Piñera
Por la Alameda, nuestra es La Moneda
Cuchara de palo frente a tus balazos
¿Y al toque de queda?, ¡cacelorazo!
Y Las Tesis bajaron los textos de teóricas feministas y los transformaron en himno que hizo arder las calles no sólo de Chile o Argentina sino que llegaron a Tokio, latiendo en cada rincón del mundo contra la violencia política del Estado, de la Iglesia y la connivencia con las fuerzas represivas que digitan la vida de las personas y someten la vida de las mujeres.
Un Encuentro histórico por donde se mire
Encontrarse. Rebelarse juntas ante las imposiciones del sistema. Cambiar el mundo para un futuro mejor. Las expectativas son altas: “Creemos que va a ser un evento de carácter histórico, el evento feminista más grande de la historia de nuestro país”, nos dijo Alondra Carrillo, una de las voceras de la Coordinadora Feminista 8M, el espacio de articulación que convoca y organiza el segundo Encuentro Plurinacional de las que Luchan.
El balance del rol del movimiento feminista a lo largo de este año aparece como una de las primeras necesidades, sin embargo, un estallido social arde en el país, el 8M se acerca y no se puede dejar de mirar el fuego: “Vamos a poder transformar el programa que construimos para la huelga general feminista del año pasado en un programa que nos sirva para intervenir en los distintos niveles de la coyuntura a través de su transformación en un pliego de emergencia y en una orientación hacia el proceso constituyente. Vamos a poder también discutir un plan de lucha y aportar con todos esos elementos al movimiento popular, a los sectores que se están organizando al calor de la revuelta y poder proponer algunas orientaciones junto al movimiento social”.
Lilith Becerra llegará al Encuentro en Santiago con toda la experiencia que le otorga formar parte de una colectiva autogestionada y ser acompañante de mujeres en situación de violencias en su territorio, los cerros populares de Viña del Mar. “Como mujeres ni siquiera nuestra vida está garantizada. Hemos sido explotadas históricamente en cada espacio que habitamos: familia, escuela, trabajo, transporte público y hoy más que nunca estamos en lucha”, afirmó. Sobre la coyuntura opinó que llega al Encuentro para expresar el sentir “de las mujeres que son segregadas e invisibilizadas del sistema, el que nos vuelve hoy a violar y asesinar”, representando “el rostro de la feminizacion de la pobreza” en Chile. Y nos contó quiénes la acompañarán: “nuestras ancestras, abuelas y las que ya no están pero que viven en nuestra memoria de sobrevivientes y feministas”.
Alondra nos contó que son cinco mil las inscriptas que llegarán desde todos los territorios del país e incluso hay quienes atravesarán las fronteras. “Esperamos que toda esa diversidad multiplique la potencia para poder seguir imaginando los caminos para transformar radicalmente la realidad que ya tenemos. Combatir efectivamente la violencia contra la cual nos hemos rebelado y abrir un horizonte a un futuro distinto, mejor”, afirmó.
“Yo marcho por mis compañeritas con alas”
En el Chile de hoy, mientras hay espacios que debaten la paridad de género tras el anuncio del inicio de un proceso de debate institucional para una nueva Constitución, propuesta del presidente Sebastián Piñera, hay quienes discuten en el Congreso la reducción de las horas trabajadas de 45 a 40. Mientras, en las calles y universidades, el movimiento estudiantil de secundaries protesta por la falta de garantía del acceso al derecho a la educación, ya que el ingreso universitario restringido hace que de 295 mil estudiantes que rinden exámenes, solo 112 mil obtienen cupo el universitario.
Al respecto, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs, emitió ayer una declaración en la que llama a “fortalecer y multiplicar las asambleas” ante la respuesta del gobierno nacional de querellar a 34 dirigentes secundarixs tras las movilizaciones que lograron que en varias sedes universitarias se cancelaran las pruebas de admisión a pesar de los operativos de represión estatal. “¿Cómo ibamos a rendir la PSU mientras tenemos compañeros/ as presos/as, mutilados/ as, asesinados/ as y familias enteras estremecidas por el dolor de perder a uno de los/ as suyos/as por luchar por una vida digna?”, dice el comunicado público, “hemos decidido ponerle fin a una prueba estandarizada que lleva años condicionando la vida de los hijos y las hijas de los trabajadores”.

En Chile, la pedagogía de la crueldad apuesta a multiplicar las imágenes del dolor. Sin embargo, hay quienes aun se animan a pensar en les niñes. Aunque elles piensan por sí mismxs. El estallido social que comenzó el 18 de octubre hoy encuentra a activistas, vecinxs, ciudadanía, debatiendo la necesidad de una reforma y revolución en asambleas autoconvocadas. Y es en esos espacios comunes donde se hace presente el futuro. Como esa niña, que desafía con ternura, llevando gafas, glitter, colores pasteles y un cartel que dice: “Yo marcho por mis compañeritas con alas”.