Inés M. Pousadela
MONTEVIDEO – La sesión de este año de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) de las Naciones Unidas, el principal foro mundial para promover la igualdad de género, se enfrentó a desafíos sin precedentes.
Con Arabia Saudí en la presidencia y las voces contrarias a los derechos cada vez más influyentes en el foro, la lucha por mantener los compromisos internacionales sobre la igualdad de género se intensificó drásticamente.
El 8 de marzo, las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer también adquirieron mayor urgencia, con manifestaciones desde Estambul hasta Buenos Aires centradas en resistir las múltiples manifestaciones de regresión de los derechos de género que se están sintiendo en comunidades de todo el mundo.
El Informe sobre el estado de la sociedad civil en 2025 de Civicus muestra que los derechos de las mujeres y de las personas Lgbtiq+, que tanto ha costado conseguir, están en peligro, desafiados por movimientos coordinados contrarios a los derechos que utilizan el género como una cuestión política divisoria.
Pero también proporciona abundantes pruebas de que la sociedad civil está a la altura del desafío.
Regresión global
Lo llaman «protección infantil» en Rusia, «valores familiares» en varios países de Europa del Este, «libertad religiosa» en Estados Unidos y «tradiciones africanas» en todo el continente.
La terminología cambia, pero el objetivo es el mismo: detener el progreso hacia la igualdad de género y desmantelar los derechos. Por supuesto, no se trata de diferencias en los valores culturales, sino de una estrategia política orquestada.
En Afganistán, el sistema de apartheid de género de los talibanes ha llegado a su brutal punto final: las mujeres están efectivamente encarceladas en sus hogares, privadas de educación, trabajo y vida pública, sus voces literalmente silenciadas por prohibiciones de cantar o hablar en público.
Las autoridades iraníes han llegado a extremos para mantener el control sobre los cuerpos de las mujeres. En Iraq, los legisladores están considerando reducir la edad mínima para contraer matrimonio a solo nueve años.
Estos ejemplos extremos existen en un espectro que incluye el parlamento de Ghana que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, Rusia que amplía las leyes de «propaganda» para prohibir cualquier representación positiva de las identidades Lgbtiq+.
También Georgia, un país que dice querer unirse a la Unión Europea, adopta una legislación al estilo ruso que restringe las organizaciones Lgbtiq+ bajo el cínico marco de «proteger a los menores».
En Estados Unidos, los jueces nombrados por el presidente Donald Trump en su primer gobierno anularon las protecciones constitucionales sobre el aborto, lo que provocó restricciones en numerosos estados.
La segunda administración de Trump ha restablecido la regla de mordaza global, que restringe la financiación internacional de las organizaciones que prestan servicios de salud reproductiva.
El Instituto Guttmacher prevé que esto impedirá a 11,7 millones de mujeres acceder a la anticoncepción, lo que podría provocar 4,2 millones de embarazos no deseados y más de 8300 muertes maternas.
Un movimiento transnacional coordinado
En toda África, se está intensificando una oleada de legislación anti Lgbtiq+, a menudo impulsada por el oportunismo político.
La junta militar de Malí aprobó una ley que criminaliza la homosexualidad como parte de su represión más amplia de los derechos. El parlamento de Ghana aprobó un draconiano «proyecto de ley anti LgbtiqI+», mientras que el Tribunal Constitucional de Uganda confirmó la dura Ley contra la Homosexualidad del país.
En Kenia, sigue pendiente en el Parlamento un proyecto de ley de protección de la familia que prohibiría la defensa de los derechos de las personas Lgbtiq+.
Como se ha visto en la última sesión de la CSW, la reacción violenta en curso es de naturaleza transnacional. Las fuerzas contrarias a los derechos comparten tácticas, financiación y mensajes a través de las fronteras, con fundaciones conservadoras de Estados Unidos que promueven una legislación restrictiva en África e ideólogos rusos que exportan su manual de estrategias a los antiguos estados soviéticos y más allá.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Las organizaciones evangélicas y los grupos de expertos conservadores de Estados Unidos son una fuente especialmente influyente de narrativas y financiación contrarias a los derechos: han canalizado millones de dólares hacia campañas contra los derechos reproductivos y la igualdad de las personas Lgbtiq+ en todo el mundo, al tiempo que han proporcionado marcos intelectuales y estrategias legales para su adaptación a los contextos locales, desde Polonia hasta Uganda.
Victorias contra todo pronóstico
En este desalentador contexto, la sociedad civil sigue logrando victorias notables gracias a su resistencia estratégica y su perseverancia. En 2024, Tailandia se convirtió en el primer país del sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que Grecia abrió nuevos caminos al ser el primer país de mayoría cristiana ortodoxa en hacerlo.
Francia, por su parte, consagró el derecho al aborto en su Constitución, creando un poderoso baluarte contra futuras amenazas.
En el Caribe continuó una tendencia regional, con litigios de la sociedad civil que anularon con éxito las leyes de la época colonial que criminalizaban la homosexualidad en Dominica.
Colombia y Sierra Leona prohibieron el matrimonio infantil, mientras que los grupos de defensa de los derechos de la mujer en Gambia derrotaron un proyecto de ley que habría despenalizado la mutilación genital femenina.
Estos éxitos comparten elementos comunes: son el resultado de campañas de promoción sostenidas y de varios años de duración que combinan impugnaciones legales, movilización comunitaria, comunicaciones estratégicas y solidaridad internacional.
Tomemos como ejemplo la victoria de Tailandia en materia de igualdad matrimonial. El éxito se debió en parte a la interacción de la campaña con el movimiento democrático liderado por jóvenes, que vinculó los derechos de las personas Lgbtiq+ con aspiraciones más amplias de una sociedad más justa.
En Kenia, a pesar de la dura retórica anti Lgbtiq+ de los líderes políticos, el litigio estratégico de la sociedad civil consiguió un fallo judicial que impide la incitación a la violencia contra las personas Lgbtiq+.
Incluso en los contextos más represivos, los activistas encuentran formas de resistir. Las mujeres afganas, a las que se les niegan los derechos básicos a la educación y a la libertad de movimiento, han desarrollado escuelas clandestinas y han creado formas sutiles de desobediencia civil que mantienen la presión sin arriesgar sus vidas.
Junto con sus hermanas iraníes, continúan haciendo campaña para que el apartheid de género sea reconocido como un delito en virtud del derecho internacional.
El camino a seguir: interseccionalidad y solidaridad
El progreso en la realización de los derechos no es ni lineal ni inevitable. Cada avance desencadena oposición, por lo que cada victoria necesita defensa.
Para solidificarse y perdurar, los cambios legales deben ir acompañados de una transformación social, razón por la cual la sociedad civil complementa la defensa de políticas con la educación pública, la organización comunitaria y el compromiso cultural.
La defensa es más eficaz cuando abarca la interseccionalidad, reconociendo cómo el género, la sexualidad, la clase, la raza, la discapacidad y la condición migratoria crean formas superpuestas de exclusión que necesitan respuestas integradas.
Los movimientos feministas se centran cada vez más en las experiencias de las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad y las mujeres trans.
Incluso cuando el progreso puede parecer difícil de alcanzar, la sociedad civil desempeña un papel crucial para mantener viva la esperanza.
Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y de las personas Lgbtiq+ mantienen espacios donde las personas pueden ser ellas mismas, prestan servicios de apoyo que nadie más prestaría, documentan violaciones que de otro modo no quedarían registradas, mantienen la presión sobre las autoridades y crean redes de solidaridad que sostienen a los activistas en tiempos difíciles.
El apoyo internacional a estos esfuerzos nunca ha sido tan importante.
La congelación del finacimiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Usaid, pone de manifiesto una preocupante tendencia a la reducción de los recursos destinados a los defensores de los derechos de género precisamente en el momento en que más se necesitan.
Esto hace que la diversificación de las fuentes de financiación sea una prioridad urgente, y que las filántropas feministas, las fundaciones progresistas y los gobiernos comprometidos con la igualdad de género tengan que dar un paso al frente.
Se necesitan mecanismos de financiación más innovadores para responder rápidamente a las emergencias y, al mismo tiempo, mantener el trabajo a largo plazo de construcción de movimientos.
Las personas tienen poder: cualquiera puede contribuir directamente a las organizaciones de primera línea, amplificar sus voces en las redes sociales, desafiar las narrativas regresivas en sus comunidades y exigir que los representantes electos den prioridad a la igualdad de género a nivel nacional y en la política exterior.
En la lucha mundial por los derechos fundamentales, nadie debe ser un espectador. El momento de la solidaridad es ahora.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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