Además, dentro de este fallo también se encuentra la exigencia al Estado ecuatoriano de retirar material explosivo militar sembrado en el territorio, lo cual fue solicitado desde el 2005, pero nada ha cambiado desde entonces.
Hace 28 años, el pueblo Kichwa de Sarayuku comenzó a denunciar violaciones a los derechos humanos por parte del estado ecuatoriano a quien acusa de violentarlos con despojar a este pueblo milenario amazónico de su territorio con la finalidad de abrir el camino para una magna empresa petrolera de origen argentino.
En aquellos años, el pueblo se unió para proteger el espacio y desarticular la concesión petrolera que, sabían, sólo llevaría al territorio explotación, contaminación y violencia, sin embargo, el Estado ecuatoriano les violentó y los hizo retroceder en sus ofensivas por lograr el diálogo con el poder federal y así seis años después de que se les avisara de esta concesión, la empresa argentina entró por la fuerza al territorio amazónico en el 2002.
Las Warmis, defensoras del Amazonas
Las mujeres sarayuku han sido una pieza elemental en la lucha por la defensa de su territorio, sin embargo, desde hace más de dos décadas se han visto atravesadas por la interseccionalidad de la violencia; su defensa es constante y su trabajo por la libertad también debe ser nombrado.
En este contexto, se reconoce el trabajo de Maricela Gualinga, lideresa sarayuku y una de las luchadoras más aguerridas del movimiento por expulsar a los colonos argentinos del territorio. Gracias a su resistencia, se logró desmilitarizar de manera paulatina e impulsar que el caso llegara hasta la CIDH.
Las warmis (mujeres en lengua kichwa) se han mantenido al frente de esta lucha de años contra el extractivismo, pero también, contra el patriarcado ancestral que atraviesa su comunidad.
Según el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés), la presencia de las warmis permitió al movimiento de resistencia florecer y sostenerse a través de sus trabajos. Recogiendo el siguiente testimonio:
“Cuando entró la petrolera en 2002 nos fuimos a luchar. Las mujeres nos reunimos para decidir quiénes íbamos a ir y quiénes se iban a quedar. Nos tocó abandonar a nuestros hijos en casa. Descuidamos las chakras y toda la cosecha se perdió en la lucha”, cuenta Ena Santi, actual dirigente de la Mujer en el Consejo del Gobierno Autónomo de Sarayaku. “Yo justo en ese tiempo estaba embarazada de nueve meses de mi hija Misha, pero igual caminé”, comparte para WRM. “Entre 20 mujeres agarramos una canoa y nos fuimos al lugar donde había aterrizado un helicóptero con trabajadores de la empresa. Agarramos a los trabajadores y los trajimos al centro de la comunidad. También cogimos a unos militares y les quitamos las armas. Nosotras solamente teníamos lanzas”
Actualmente, las mujeres y las infancias indígenas son las más vulneradas en situaciones de conflicto. Esto lo explica el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual señala que este sector es desplazado con mayor incidencia a causa de un conflicto armado, por lo general relacionado con sus tierras, territorios o recursos naturales, son más vulnerables a la violencia de género.
El informe también enfatiza que esta violencia adopta diversas formas, como la limpieza étnica o la deportación forzosa; la violencia sexual o la trata; la extorsión, la delincuencia o la explotación laboral en situaciones de vulnerabilidad como consecuencia de la pobreza. Finalmente, debemos apuntar a que la lucha por la liberación de los pueblos indígenas es un tema de carácter regional, donde la unión, la conversación y la evidencia de los Estados, resulta en el despertar del movimiento contra la violencia sistémica que se ha anidado en América Latina
Mujeres, niños, jóvenes y los hombres de la comunidad se levantaron en armas para no permitirles la entrada a Sarayuku, sin embargo, fueron agredidos con violencia por parte de las fuerzas armadas y 4 personas fueron detenidas arbitrariamente para, posteriormente, ser torturadas y amenazadas, entre ellas, dirigentes del poblado: «Esos niños y mujeres se movilizaron en defensa del territorio y de la Pachamama que estaba siendo agredida«, refiere el portal oficial de Sarayuku.
La empresa petrolera les cerró el paso al río Bobonaza, obstaculizando su acceso a este recurso que ahora, le pertenecía a los colonos quienes sembraron explosivos de alto poder para explorar el proceso hidrocarburífero y también, comenzaron a realizar perforaciones por la selva amazónica.
Ante una violación grave de derechos humanos, la lucha Sarayuku y sus representantes lograron llevar su caso al panorama internacional y vencieron; la Corte Interamericana de los Derechos Humanos falló a su favor, demandando a Ecuador detener esta concesión y desarticular la empresa petrolera, incluyendo los explosivos sembrados en el territorio. Esta demanda se hizo desde el 2005 y aún, nada ha cambiado.
«Ya no más»
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha acompañado esta lucha desde hace 20 años y ante la inacción de las autoridades, se realizó una conferencia con el abogado, representante y presidente de Sarayuku, Hernán Malaver, así como con otras personas representantes de otros pueblos originarios que denuncian la violencia del estado.
Según resolvió la CIDH en 2010, Ecuador debió expulsar a la empresa CGC del territorio y asegurar la garantía de los derechos de la comunidad Sarayuku, pero las cosas parecen inamovibles y los pueblos originarios han comenzado a llamar a un movimiento civil por la defensa de sus derechos humanos, pues este sistema de amedrentamiento y explotación no sólo sucede en Sarayuku, sino en muchos otros pueblos amazónicos ecuatorianos.
Es necesario referir que este poblado también puso una demanda ante la Corte Constitucional del Ecuador y que se resolvió a su favor, es decir, Sarayuku es un territorio que está protegido por los mandatos nacionales e internacionales, pero aun con todo, la violencia, la falta de acceso al recurso y el extractivismo continúa permeando en la vida de sus habitantes.
El líder Sarayuku denunció en conferencia de prensa que la Corte Constitucional le dio a Ecuador sólo seis meses para retirar toda la pentolita que había sido puesta en su territorio; la pentolita es un explosivo de grado militar.
«Se debieron retirar en 6 meses la pentolita, pero nunca pasó por eso estamos aquí, preocupados, hemos convocado a todas las comunidades aquí en Ecuador que tienen problemas similares, como los compañeros de Santa Clara (…) ¡Hay que hacer respetar los derechos de la naturaleza, de la vida y derechos humanos de los pueblos originarios, sigamos vigilantes!, convocó el presidente de Sarayuku.
En respuesta un joven perteneciente a la comunidad de Santa Clara denunció que viven hostigamiento diario, que las personas viven con preocupación de lo que les pueda suceder y que Ecuador no le permite a los pueblos amazónicos desarrollar su autonomía al vulnerarlos haciendo uso de las fuerzas armadas.
Para Viviana Krsticevic directora ejecutiva del CEJIL, Ecuador está ejerciendo un desacato a los principios internacionales, como el artículo 67 de la Convención Interamericana que obliga a los Estados a cumplir con las decisiones de la CIDH, zanjando el tema de la siguiente manera:
«El Estado está en mora con el pueblo y con la democracia; el Estado está en mora con la humanidad, proteger Sarayuku, es proteger la vida, la cultura y la razón de ser de un pueblo milenario. (De no hacerlo), tendrá consecuencias para la humanidad» Viviana Krsticevic.
En este sentido, resulta importante denunciar que no se puede continuar ejerciendo el extractivismo colonial sobre los territorios indígenas de América Latina. Una realidad que también está atravesando a Nicaragua, donde se está cometiendo un etnocidio.
