5/17/2010

Bajas y percepciones

Carlos Fazio

La guerra contrarrevolucionaria tuvo su origen en la Escuela Francesa y, tras su derrota en Dien Bien Phu, fue aplicada por el ejército galo en Argelia. Se basa en la guerra sucia, expresión acuñada en 1948 por oficiales franceses en Indochina, donde aplicaron suplicios que no envidiaban nada a los de la Gestapo. Los métodos de la guerra sucia incluían tareas de inteligencia, la acción sicológica, la institucionalización de la tortura, ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzosa y masiva de enemigos, según la técnica inaugurada por Hitler con su decreto Noche y niebla, de 1941. Esas metodologías eran ejecutadas por comandos clandestinos del ejército, lo que a su vez requería de una justicia a la medida de los militares y leyes propias de un estado de excepción; ergo, la subordinación de la autoridad civil al poder militar. Importada por John F. Kennedy, apóstol de la guerra contrarrevolucionaria, se extenderá a toda América Latina, y de la mano de la Doctrina de Seguridad Nacional, los manuales de instrucción de la CIA y los escuadrones de la muerte, derivará en el terrorismo de Estado y en la multinacional represiva de las dictaduras del Cono Sur, dirigida desde Washington por el secretario de Estado Henry Kissinger.

2. En el contexto de una guerra sucia contrainsurgente que dura ya muchos años en Colombia, la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, que persigue una solución militar a un conflicto político-económico, ha utilizado la mentira sistemática como arma de guerra. Una modalidad del terrorismo militar y mediático, es lo que en ese país se conoce como falsos positivos. En la práctica, esa política, reportada como resultados positivos de la acción gubernamental contra grupos ilegales, ha implicado un incremento de las ejecuciones extrajudiciales de civiles no combatientes por parte del ejército, que luego son presentados como guerrilleros muertos en combate.

El asesinato de civiles inocentes (mil 800, según la ONU, principalmente jóvenes y campesinos pobres), como práctica para inflar los números de bajas causadas al enemigo (body count), fue utilizada por el ex comandante del ejército, general Mario Montoya (el héroe de la liberación de Ingrid Betancourt), para medir el progreso de la lucha contra las guerrillas. Esa modalidad incentiva las violaciones a los derechos humanos y es utilizada por oficiales del ejército que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores y obtener ascensos. Está ligada al sistema de recompensas, permisos y ayudas económicas que establece el Programa de Seguridad Democrática de Uribe. En 2008, la desaparición de 19 jóvenes en el municipio de Soacha, vecino de Bogotá, que aparecieron como bajas del ejército en Norte de Santander (a mil kilómetros de distancia), generó un escándalo que llevó a la destitución de 27 militares, incluidos tres generales, así como a la renuncia del general Montoya, premiado por Uribe con la embajada en República Dominicana.

3. En México, tras la llegada del embajador estadunidense Carlos Pascual, experto en estados fallidos y revoluciones conservadoras, y en el marco de la segunda fase del Plan México (Iniciativa Mérida) y de la guerra de Calderón contra un enemigo funcional y difuso, se ha incrementado el accionar de grupos paramilitares y de limpieza social, que, en clave de contrainsurgencia, han dejado un alto saldo de víctimas civiles (29, sólo en abril). Muertes minimizadas por Calderón y presentadas por el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, como daños colaterales de una guerra urbana irregular contra la delincuencia. Ello, claro, siempre y cuando por la condición de clase de las víctimas, su pertenencia a instituciones de alcurnia o por su alta visibilidad mediática, no se llegue a decodificar y exhibir la premisa principal del régimen: todos los muertos son sicarios o pandilleros (Calderón dixit) hasta que se demuestre lo contrario.

El caso de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey asesinados el 19 de marzo pasado es paradigmático. Los datos duros indican que elementos de la séptima Zona Militar controlaron la escena del crimen por más de tres horas. En ese lapso alteraron el lugar de los hechos y desaparecieron evidencias. Entre ellas, las ropas y pertenencias de las víctimas, incluidas sus identificaciones. Además les sembraron armas. También confiscaron los videos de vigilancia y los radiotransmisores de la guardia del campus. Luego presentaron ante la opinión pública a Jorge A. Mercado y Javier F. Arredondo como sicarios. Hasta allí, la misma técnica de los falsos positivos de Colombia, a ser capitalizada como eficacia militar. Si a dos estudiantes de excelencia se les dio por sicarios, ¿cuántos degollados, descuartizados o encostalados no han sido presentados falsamente como presuntos delincuentes caídos en enfrentamientos con la policía y el Ejército o producto de ajustes de cuentas entre bandas rivales?

Pero entonces empezaron las contradicciones y se evidenció el montaje. A los padres de los muchachos no les dejaron ver los cuerpos en el Servicio Médico Forense. Reconocieron sus caras por… ¡computadora! Estaban amoratadas, desfiguradas. Rosa Mercado, madre de Jorge, dijo que parecía torturado. Según el rector del Tec, Rafael Rangel Sostmann, uno de ellos tenía amputadas sus piernas por el impacto de una granada.

Cuando la presión e indignación de la elite clasista regia creció, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, recurrió al plan B: el de las bajas colaterales resultado de fuego cruzado. Los estudiantes estaban en la línea de fuego y sicarios los mataron, dijo. El Ejército exonerado. Igual que en el otro Nintendo mediático, el de los niños Martín y Bryan Almanza, de Tamaulipas, cuya madre afirma que los asesinó el Ejército, mientras el fiscal militar lo atribuyó a una narcogranada. ¿Problema de percepciones o montajes y manipulación informativa?

Horizonte político
José Antonio Crespo
Democracia acribillada

Las av
ispas del narcotráfico siguen saliendo de su agitado panal y aguijonean a diestra y siniestra. El asesinato del candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso (Tamaulipas), José Mario Guajardo, es una escalada más de la relación entre narcotráfico y política. La intimidación directa a ciertos candidatos para que no compitan y, peor aún, la confirmación de sus amenazas, refleja que los capos se han tomado atribuciones para incidir en quién compite y quién no. De ahí que varios otros posibles candidatos prefieran no participar, pues en ello les va la vida y la de sus familiares. La candidata a diputada local Adriana Contreras decidió juiciosamente mejor no participar, pues “no están las condiciones dadas para que éste sea un proceso democrático”. En efecto, ¿qué legitimidad pueden tener las autoridades emanadas de procesos donde candidatos de ciertos partidos deciden no participar por razones de seguridad? César Nava llama a “tomar las cosas con tranquilidad” y solicita la protección para los candidatos (14/V/10). Pero, sabiendo de la capacidad de fuego de los capos, y el grado de corrupción policiaca, ¿cuántos guardias sería necesario desplegar para cada candidato y sus familiares? Fernando Gómez Mont, por su parte, ve en el atentado de hace semanas a la secretaria de Seguridad de Michoacán, Minerva Bautista, como una muestra “de que el Estado está siendo potente en la capacidad de infligir daño en las organizaciones criminales” (14/V/10). Sólo él lo cree (si es que lo cree). Gómez Mont sugiere enfrentar las amenazas con entereza, más que con inteligencia o protección: “Sólo corren peligro quienes tienen miedo… Esconderse, huir, temer, es estar siempre en peligro. El cobarde muere mil veces, el valiente sólo una”, afirmó en abril.
Pero no sólo hay que cuidarse de los sicarios del narco, sino también del Ejército, que está desbocado, pues cada vez con mayor frecuencia comete peligrosos errores. El sábado pasado, un piquete de soldados rafagueó un convoy del staff del candidato priista al gobierno de Chihuahua, Cés
ar Duarte, del cual él mismo debió haber formado parte pero, por suerte, su auto se retrasó unos minutos. No hubo víctimas, felizmente. Sin embargo, Duarte no atribuye el incidente a un error militar, sino a un acoso deliberado del gobierno federal. Declaró: “Hacemos un llamado al gobierno federal para que no le apueste al enrarecimiento del clima en Chihuahua. Sabemos y hemos dado muestras de nuestra capacidad y sobre todo de la manera que hemos venido madurando nuestra democracia. El proceso debe estar ajeno a las presiones del gobierno federal”. Acusación tan temeraria como infundada. Es más creíble que soldados, invadidos de nerviosismo y sin entrenamiento policial, disparen a lo que se mueva, y no que Felipe Calderón instruya al Ejército para atentar contra candidatos de otros partidos.
Duarte impidió que los vehículos agredidos se los llevaran autoridades federales, probablemente por la práctica, esa sí demostrada, de alterar el escenario para exculpar los errores y abusos militares. Recientemente se supo que, en el Tec de Monterrey, elementos militares semb
raron armas largas en los cadáveres de los dos estudiantes ahí asesinados, lo cual concuerda con el hecho de que se les hubiera retirado su credencial de la institución y se les contabilizara como sicarios del narcotráfico. Es decir, en aras de la impunidad militar, se está dispuesto a inculpar a inocentes y alterar el escenario de los diversos incidentes en que participa el Ejército. Si eso ocurrió en pleno Tec de Monterrey, ¿qué no podrá suceder lejos de la luz pública y de los reflectores mediáticos?
Finalmente, la desaparición de Diego Fernández de Cevallos (no aclarada en el momento de escribir esta colu
mna) no puede ser evaluada en tanto no se sepan el desenlace, el origen y las causas del suceso (aunque el senador Gustavo Madero ya lo atribuyó al crimen organizado). Con todo, el hecho opaca la gira de Calderón por España y Estados Unidos, pues serán poco creíbles las invitaciones que suele hacer a la inversión extranjera, garantizando seguridad. Tampoco podrá convencer a nadie en Estados Unidos de que la guerra contra el crimen “se está ganando” en tanto no se sepa lo ocurrido con un político tan prominente como El Jefe Diego (al margen de que su trayectoria pública no siempre ha sido prístina). Como sea, nuestra frágil democracia está siendo literalmente acribillada desde varios frentes y podría hundirse aun antes de que termine por salir a flote.


Preguntas elementales, respuestas ominosas
Abraham Nuncio

Marzo, mes ac
iago, superó la marca funeraria de la violencia en México: mil 300 víctimas. En ese mes tuvo lugar el asesinato colateral de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Un mes y medio y muchas más víctimas después, a la PGR le falló el cácaro, la explicación y todo lo demás en la mesa redonda convocada para dar una explicación de los avances en la investigación de esa tragedia a la que se ha prestado una atención tan privilegiada como estéril.

Al día siguiente se procedió a la reconstrucción de los hechos mediante un espectacular despliegue de funcionarios de la PGR y el Ejército Mexicano. El 28 de abril, Felipe Calderón refrendaba en Monterrey su compromiso para el esclarecimiento de lo ocurrido en la puerta del Tecnológico de Monterrey, y también sobre el asesinato de un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México que participaba en un programa de intercambio en la universidad pública de Nuevo León.

Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, viajó también el 14 de mayo a Monterrey para anunciar, carente de toda evidencia ministerial, que los sicarios fueron los autores de la muerte de los estudiantes del Tec. La afirmación del rector Rafael Rangel Sostmann no requiere comentario sobre lo declarado por Gómez Mont: “Sentimos que es muy triste y lamentable que no den una respuesta a la situación… Si piensan que dándole largas se nos va a olvidar, pues están equivocados” (El Norte, 15 de mayo). Parecen ser tres los motivos por los cuales las autoridades civiles no han podido dar una respuesta mínimamente satisfactoria:
a) las autoridades militares no les han proporcionado la información correspondiente;
b) ya la entregaron y las primeras la mantienen oculta, y
c) entre unas y otras hay complicidad.

¿La reconstrucción de los hechos y el resto de la publicitada indagación arrojarán las respuestas que el sentido común esperaría?:
a) el parte militar para saber quién dio las órdenes de perseguir a los presuntos delincuentes a balazos en una zona de numeroso tránsito peatonal y las de ingresar al Tec, neutralizar la presencia de los guardias particulares de la institución e incautar las cámaras que grabaron –durante tres horas– la acción;
b) el informe de los guardias del Tec a la autoridad correspondiente;
c) el parte de la policía estatal a sus superiores entre cuyas acciones, según se dice, estuvieron la de recoger los cuerpos de las víctimas y cubrir la fuga de los hampones;
d) el dictamen forense completo sobre los impactos de bala –su trayectoria y los órganos que destruyeron– y los golpes –de qué posible instrumento–, que les causaron la muerte;
e) el croquis balístico y características de los proyectiles en el perímetro donde tuvo lugar el enfrentamiento donde cayeron los estudiantes;
f) saber el lugar donde fueron acribillados (si fue dentro del ITESM, como parece ser por la sangre que las mangueras a presión accionadas por su personal enjugaron, ¿dónde estaban los militares y dónde los gángsteres?);
g) el o los nombres de quienes ordenaron sembrar armas a sus cuerpos sin vida y por qué;
h) el contenido del material videograbado por las cámaras de la institución;
i) saber quiénes recogieron las pertenencias que llevaban encima los estudiantes y cuáles fueron éstas, empezando por sus credenciales.

Hay sin duda otras preguntas. También hay respuestas en el clima de guerra sucia que vive el país, pero son todas ominosas.

En la ceremonia de La patada del éxito (que se da cariñosamente en las nalgas a una chica), el propio rector Rangel Sostmann exhortó a los estudiantes del Tec: “Deben sentir que tienen un compromiso, sentir que deben hacer algo; no volverse ciegos ni apáticos ante lo que sucede en nuestro país y participar… Lo importante es no quedarse callados”. Tiene razón el rector del Tec. Cuando los universitarios callan, algo se pudre. Hacer algo equivale a romper el silencio. Y creo que las autoridades, los maestros y los estudiantes del Tec podrían hacer mucho si, por ejemplo, ante el silencio de las autoridades gubernamentales, procedieran a realizar su propia investigación. Muchos fueron testigos, en un aspecto u otro, de la balacera en que cayeron muertos Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo. La sociedad civil también tiene que confiar en sí misma y en su capacidad de conocer la verdad por sus propios medios.

No quedarse callados. Las autoridades federales y estatales suelen derrochar espots llamando a la población a no quedarse callada, a denunciar. Pero denunciar, según sabemos, puede acarrearnos males. Ejemplo reciente: en Monterrey se ha organizado un grupo de ciudadanos en defensa del parque La Pastora donde la internacional Heineken, a través de la nacional Femsa, pretende construir un enorme estadio que causará, sin duda, daños ecológicos a esa zona reconocida como un gran pulmón del Monterrey metropolitano. Este grupo, que ha logrado tener eco en Holanda (el Partido de los Animales ya realiza una intensa actividad sobre el tema) ha recibido amenazas anónimas. Un tal Alex Treviño (alextrevino7@hotmail.com) les deja saber que “ya es momento de que le paren a su pedo. […] Su biologuito joto, defensor de las mariposas y los pajaritos lo tenemos bien checado, es el primero que deben parar, lo tenemos bien checado y si antes no le bajo a sus mamadas con la calentada, ahora sobre aviso no hay engaño. […] El biologuito y la periodista [Antonio Hernández y Ximena Peredo] dejan sus chingaderas y se van a chingar su madre; el estadio se hace, pendejos. Ustedes saben, su biologuito sabe que no nos andamos con mamadas; va el aviso y si no le paran actuamos. Esto es a la de ya entiendes”.

Otro grupo, en este caso de periodistas, se ha solidarizado con los amenazados y ha pedido a las autoridades del estado que investiguen, aclaren, se pronuncien e informen al respecto.
...

No hay comentarios.:

Publicar un comentario