Sara Sefchovich
Esa es la pregunta que me hago por las declaraciones de los funcionarios del Instituto Federal de Acceso a la Información cuando se refieren a la cédula de identidad que la Secretaría de Gobernación ha decidido implantar para los ciudadanos que tengan entre cuatro (sí, leyó usted bien, cuatro) y 17 años de edad.
Semejante despropósito de la Secretaría de Gobernación ha sido el sueño calderonista desde hace años, y ahora lo van a cumplir, aunque sólo con una parte de la población, la que no puede registrarse a través del IFE, organismo que defiende con uñas y dientes que la credencial que ellos expiden sea la única, su coto de poder.
Una y otra vez vemos que entre las ocurrencias favoritas de los funcionarios ocupa un lugar privilegiado la de llevar registros: el CURP, el de contribuyentes, de derechohabientes, de electores, de mayores de 60 años, de autos, de celulares, de lo que sea. Supongo que tal empeño, que hasta hoy ha fracasado (recuérdese el Renave), sigue vivo porque es una actividad que parece importante, que da poder, que ocupa a mucha gente y que deja dinero a los felices proveedores del servicio y a los que lo consiguen.
Y en todos los casos, la justificación es la misma: siempre es para protegernos. Dicen que la cédula de identidad servirá para “evitar el robo, la suplantación y los ilícitos” con los menores. ¿Cómo es que una credencial va a conseguir esto? ¡Si así fuera, valdría la pena invertir en un registro de armas o uno de mujeres que trabajan en las maquiladoras de la frontera, o uno de migrantes! Y por lo demás, si ya se va a hacer, ¿qué nadie se roba o suplanta o comete ilícitos con bebés y niños de uno, dos y tres años?
Pero volviendo al IFAI. Resulta que nuestras leyes facultan a la Segob a registrar y acreditar a quienes viven en el país, y al IFAI, a proteger a los ciudadanos sobre el uso de sus datos personales. Esto significa que hay dos organismos cuyas funciones son incompatibles y que para cumplir con su mandato, el instituto tendría que oponerse a la cédula de identidad. Pero como no lo quiere hacer porque ello significaría pelear con el gobierno, lo que no le interesa, y como no encuentra entonces forma de justificar su existencia, pues es un organismo que tiene como mandato algo que le es imposible cumplir, entonces lo que hace es retórica: juran que van a garantizar el principio de licitud, a cuidar la proporcionalidad en el tratamiento de los datos personales, a velar por la seguridad en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales, a cuidar que los datos no sean mal utilizados y a restringir al mínimo indispensable el tratamiento de datos biométricos, pues según aseguran, “los ciudadanos tienen derecho a la privacidad y a la autodeterminación informativa”.
¿Qué dicen? ¿Qué es la proporcionalidad en el tratamiento de los datos? ¿Y la autodeterminación informativa? ¿Cómo son compatibles la confidencialidad y la disponibilidad de los datos? ¿Ya cuál es el sentido de pelear para que no se incluya al iris, sino solamente a las huellas dactilares? ¿Cómo van a cuidar que no se haga mal uso de los datos si es el gobierno el que los va a recabar y es desde allí de donde salen desde ventas de padrones a los estadounidenses, a la Secretaría de Hacienda, a los bancos y a las empresas de publicidad, hasta presiones y persecuciones financieras, fiscales, escolares, de salud, de trabajo?
Y todavía llegan más lejos: aseguran que se comprometen “a garantizar que se observen los principios y derechos reconocidos por la Constitución”. Pero ¿cuáles son esos principios y derechos si la Carta Magna no incluye nada que tenga que ver con los derechos a la privacidad? Entonces ¿qué es lo que nos están prometiendo?
Si el IFAI quisiera cuidar a los ciudadanos, pelearía por leyes que efectivamente protejan el derecho a la privacidad, es decir, a que se respete la existencia de un ámbito reservado al conocimiento de los demás. Pero no lo hace. ¡Qué paradoja, porque ese instituto fue creado para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información sobre el gobierno y terminó garantizándole al gobierno la información sobre los ciudadanos!
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
Semejante despropósito de la Secretaría de Gobernación ha sido el sueño calderonista desde hace años, y ahora lo van a cumplir, aunque sólo con una parte de la población, la que no puede registrarse a través del IFE, organismo que defiende con uñas y dientes que la credencial que ellos expiden sea la única, su coto de poder.
Una y otra vez vemos que entre las ocurrencias favoritas de los funcionarios ocupa un lugar privilegiado la de llevar registros: el CURP, el de contribuyentes, de derechohabientes, de electores, de mayores de 60 años, de autos, de celulares, de lo que sea. Supongo que tal empeño, que hasta hoy ha fracasado (recuérdese el Renave), sigue vivo porque es una actividad que parece importante, que da poder, que ocupa a mucha gente y que deja dinero a los felices proveedores del servicio y a los que lo consiguen.
Y en todos los casos, la justificación es la misma: siempre es para protegernos. Dicen que la cédula de identidad servirá para “evitar el robo, la suplantación y los ilícitos” con los menores. ¿Cómo es que una credencial va a conseguir esto? ¡Si así fuera, valdría la pena invertir en un registro de armas o uno de mujeres que trabajan en las maquiladoras de la frontera, o uno de migrantes! Y por lo demás, si ya se va a hacer, ¿qué nadie se roba o suplanta o comete ilícitos con bebés y niños de uno, dos y tres años?
Pero volviendo al IFAI. Resulta que nuestras leyes facultan a la Segob a registrar y acreditar a quienes viven en el país, y al IFAI, a proteger a los ciudadanos sobre el uso de sus datos personales. Esto significa que hay dos organismos cuyas funciones son incompatibles y que para cumplir con su mandato, el instituto tendría que oponerse a la cédula de identidad. Pero como no lo quiere hacer porque ello significaría pelear con el gobierno, lo que no le interesa, y como no encuentra entonces forma de justificar su existencia, pues es un organismo que tiene como mandato algo que le es imposible cumplir, entonces lo que hace es retórica: juran que van a garantizar el principio de licitud, a cuidar la proporcionalidad en el tratamiento de los datos personales, a velar por la seguridad en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales, a cuidar que los datos no sean mal utilizados y a restringir al mínimo indispensable el tratamiento de datos biométricos, pues según aseguran, “los ciudadanos tienen derecho a la privacidad y a la autodeterminación informativa”.
¿Qué dicen? ¿Qué es la proporcionalidad en el tratamiento de los datos? ¿Y la autodeterminación informativa? ¿Cómo son compatibles la confidencialidad y la disponibilidad de los datos? ¿Ya cuál es el sentido de pelear para que no se incluya al iris, sino solamente a las huellas dactilares? ¿Cómo van a cuidar que no se haga mal uso de los datos si es el gobierno el que los va a recabar y es desde allí de donde salen desde ventas de padrones a los estadounidenses, a la Secretaría de Hacienda, a los bancos y a las empresas de publicidad, hasta presiones y persecuciones financieras, fiscales, escolares, de salud, de trabajo?
Y todavía llegan más lejos: aseguran que se comprometen “a garantizar que se observen los principios y derechos reconocidos por la Constitución”. Pero ¿cuáles son esos principios y derechos si la Carta Magna no incluye nada que tenga que ver con los derechos a la privacidad? Entonces ¿qué es lo que nos están prometiendo?
Si el IFAI quisiera cuidar a los ciudadanos, pelearía por leyes que efectivamente protejan el derecho a la privacidad, es decir, a que se respete la existencia de un ámbito reservado al conocimiento de los demás. Pero no lo hace. ¡Qué paradoja, porque ese instituto fue creado para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información sobre el gobierno y terminó garantizándole al gobierno la información sobre los ciudadanos!
sarasef@prodigy.net.mx
Escritora e investigadora en la UNAM
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