Algunos piensan que el fin del fuero militar es un error que socava la disciplina del Ejército y que la medida probará su ineficacia, pero los defensores de los derechos humanos aplauden la decisión.
El intocable fuero militar o fuero de guerra de las Fuerzas Armadas mexicanas no lo es más. La discusión sobre las reformas a este estatus jurídico castrense se daría hasta septiembre, durante el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados; sin embargo, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla (detenido y desaparecido en 1974 por elementos del Ejército Mexicano en Guerrero), difundida en mayo de este año, vino a alterarlo todo, y dos meses y medio antes de que el asunto se discutiera en San Lázaro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordó el polémico tema a partir de los razonamientos de la CIDH, y finalmente los ministros emitieron su fallo el martes 12 de julio: los jueces civiles del país podrán juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas que incurran en violaciones a las garantías individuales.
El fallo de la SCJN deberá traducirse en una agenda de modificaciones legislativas al Código de Justicia Militar en su artículo 57, el cual aborda los delitos contra la disciplina militar, a fin de igualarlo con el artículo segundo de la Convención Interamericana, texto que establece que los militares que incurran en delitos contra los derechos humanos no podrán ser juzgados en el fuero castrense, sino en el fuero civil por jueces y juzgados civiles.
La decisión fue considerada como “histórica” por grupos civiles, por familiares de guerrilleros desaparecidos durante la llamada “guerra sucia” de los años sesenta, setenta y parte de los ochenta, y por instancias nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos. Estas últimas lo ven como un paso firme en la búsqueda de justicia, de transparencia y, en el futuro, de controles civiles verdaderos en torno a la actividad de las Fuerzas Armadas del país.
UN MAL DÍA
Desde otra perspectiva, la decisión de la SCJN sobre los límites del fuero militar es preocupante. Para Javier Oliva Posada, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y conferencista en el Colegio de Defensa Nacional del Ejército Mexicano, el 12 de julio pasará a la historia de la milicia como “un mal día”. Lo ocurrido en el pleno de la Corte es “una mala noticia no sólo para la justicia militar, sino también para toda la justicia mexicana”, afirma.
La decisión de los ministros de la SCJN fue apresurada, e incluso basada en conocimientos limitados sobre lo que es el Estado, sus instituciones y las funciones de éstas en una estructura como la de nuestro país, dice el catedrático en entrevista con M Semanal. “No estoy en contra de los cambios, de las reformas en el plano de lo militar, pero, ¿así? ¿De esta forma? ¿Tomando como base sólo un caso para armar una argumentación y dar un fallo de semejante trascendencia?”. El experto critica la medida y explica que en el terreno de los derechos humanos este sexenio ha sido distinto para las Fuerzas Armadas; el secretario de la Defensa Nacional creó la Dirección General de Derechos Humanos, y antes puso en marcha la Unidad de Vinculación Ciudadana para atender desde otros ángulos los problemas y reclamos sobre abusos y excesos de la tropa en la lucha antidrogas. Así que se ha trabajado, se han hecho esfuerzos y el tema no ha quedado en el aire para el Ejército, para la Fuerza Aérea ni para la Marina Armada, que llevan como materia obligatoria en sus planes de estudio el respeto a los derechos humanos.
El también conferencista del Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México lamenta que el tema y la discusión sobre el fuero militar se hayan politizado. El problema ahora es que asuntos como éste o una eventual reforma a las Fuerzas Armadas se ideologicen, y entonces se conviertan en parte de una agenda partidista o de algunos sectores, con las consecuencias que esto traería, apunta.
—¿Es más confiable la justicia militar que la civil?—, se le pregunta.
—Por supuesto. Es más eficiente y rigurosa en sus mecanismos de aplicación que la de los tribunales civiles, sin duda. Y algo más: el fallo de la Suprema Corte no sólo es inexplicable por los elementos que usaron los ministros, sino porque va a afectar de una manera u otra la disciplina militar.
UN PASO ADELANTE
Jaqueline Sáenz, abogada y coordinadora del Centro Miguel Agustín Pro, organismo civil dedicado a la defensa de los derechos humanos, celebra la decisión de la Corte. Es algo por lo que se había luchado durante muchos años, dice, y que ahora se cristaliza con un paso importante, pero al que le faltan más elementos para cantar victoria. Lo que ha ocurrido es la solución, de una manera bastante favorable, del caso Radilla. Como consecuencia del pronunciamiento de la SCJN, el fallo deberá también aplicarse en los casos de Inés Fernández Ortega (agredida sexualmente por militares el 22 de marzo de 2002, en la comunidad Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero), Valentina Rosendo Cantú (detenida ilegalmente, violada y torturada por personal militar el 16 de febrero de 2002, en el municipio de Acatepec, Guerrero) y de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (detenidos el dos de mayo de 1999 por personal del Ejército Mexicano en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, acusados de sembrar y proteger plantíos de marihuana, de portar armas prohibidas y de disparar contra el personal militar que iba a detenerlos; fueron sometidos a torturas para declararse culpables, y al obtener su libertad abandonaron el país por temor a represalias castrenses).
El fallo, dice Sáenz, trasciende en tres aspectos: los jueces del país deben dejar de aplicar normas contrarias a los derechos humanos; que estos cambios se ejerzan respecto a la aplicación del fuero militar, y que los ministros conozcan varios casos de abuso del fuero militar para revisarlos, pronunciarse conforme a los señalado por la CIDH y así ir creando la jurisprudencia que se pueda ir aplicando a futuro.
—¿Esperan ustedes que esto frene los abusos de marinos y militares contra la población civil?
—Así es. Con este fallo esperamos que la Secretaría de la Defensa Nacional instrumente más medidas para contener las acciones de su personal que puedan afectar a la ciudadanía, sobre todo en aquellos lugares en donde los militares están cumpliendo funciones en sustitución de la policía.
—¿Qué sigue ahora? ¿Otra fiscalía del pasado para juzgar a militares que abusaron del fuero castrense?
—No, lo que sigue es, deberá ser, la aplicación de la ley y la justicia, la creación de mecanismos de transparencia para una institución tan importante como son las Fuerzas Armadas, y la creación de mecanismos de control civil sobre ellas. Que quede claro: nosotros, los organismos de la sociedad civil, no defendemos narcos o delincuentes, y no queremos pegarle al Ejército, queremos transparencia y justicia, nada más.
Por la tarde del martes 12 de julio, tras conocerse el fallo de la SCJN en torno al fuero militar, el gobierno federal dio a conocer un comunicado conjunto en el que las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación reconocen la decisión de los ministros y aceptan la determinación alcanzada. Refrendan, además, “el compromiso de la presente Administración por el respeto a la legalidad y el Estado de Derecho como base fundamental de toda sociedad democrática”; asimismo, aseguran que se trabajará con las instancias indicadas para atender lo estipulado en el fallo sin dejar de lado la aplicación de la disciplina militar.
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