Leonardo Curzio
Cuando los expertos discuten cuáles son las principales amenazas a la seguridad nacional la lista se amplía o se restringe en función de las valoraciones políticas o las sensibilidades académicas de cada sector. Hay quienes propenden a ubicar las prioridades en la definición restringida de la seguridad y hay otros que abren su ángulo de lectura e incluyen otras dimensiones de la seguridad como la humana y ciudadana. Hay, sin embargo, un consenso en que el principal problema que afronta el país es la inseguridad pública en todas sus manifestaciones: desde la criminalidad organizada hasta la criminalidad difusa.
Las implicaciones de esta devastadora realidad son enormes. Por un lado tenemos la infiltración de las rentas criminales en la economía formal, los flujos monetarios del dinero negro y la comercialización de productos robados o falsificados, giros con ramificaciones muy extendidas. Queda por conocer cuánto dinero de las organizaciones criminales convive con dinero legítimo en inmobiliarias (el caso Caro Quintero, documentado por este diario, es un ejemplo) y otras actividades de la economía formal.
Las derivaciones políticas de la criminalidad discurren por caminos diversos. La compra de autoridades es cada vez más extensa y la emergencia de la narcopolítica abre perspectivas espeluznantes.
Siendo todo esto muy grave, el peor de los problemas es que el mal no se ha visibilizado en su totalidad y presenta en mi opinión tres facetas. La primera es que un sector amplio de la población sigue considerando que la problemática se desencadenó por una decisión política del ex presidente Calderón. La lógica de muchos compatriotas era implacable: si cambia el inquilino de Los Pinos se arreglará el problema. Hoy vemos que el problema sigue vivo y que en muchos sentidos presenta un agravamiento que no es necesario repetir de manera estridente.
La segunda es que un segmento amplio de la sociedad percibe el problema de la inseguridad como si fuese un cuerpo extraño que sorpresivamente la amenaza y victimiza. No hay, en consecuencia, una vertebración entre prácticas sociales muy difundidas como la violencia intrafamiliar, el bullying y la convivencia con la ilegalidad así como la corrupción, con los niveles de violencia e inseguridad que padecemos. Algo así como si alguien se sorprendiera por el deterioro social y dijera: “No sé cómo hemos llegado a esto, si yo sólo golpeo a mi mujer, mi hijo hostiliza a sus compañeros en la escuela y yo recibo sobornos”. Es claro que la sociedad mexicana no asume autocríticamente su participación en el problema.
La tercera faceta es, sin embargo, la más grave y es que el Estado mexicano tiene complicaciones para generar orden político. El control de las prisiones, la moralización de los ministerios públicos y la eficiencia de la policía siguen siendo asignaturas pendientes y en estados como Michoacán y Guerrero resultan cada vez más ilusorias. El tema que se deriva de esta suerte de “sida” institucional, no es que las organizaciones criminales sean particularmente fuertes, sino la ausencia de capacidades de un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos de extorsiones masivas y disuadir a grupos cada vez menos sofisticados para ingresar a las actividades que antes controlaba la aristocracia criminal como el secuestro. Se ha roto un dique de contención y por eso cada vez más mexicanos victimizan a más compatriotas, pues el generador de orden en la sociedad es muy poco eficaz.
@leonardocurzio
Analista político
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