Por Hernán Gómez Bruera
Hernán Gómez Bruera es especialista en Derecho a la alimentación, doctor
en Desarrollo por la Universidad de Sussex, profesor visitante del
CIDE, consultor de la FAO y la CEPAL. Es autor de los libros
"Conversaciones sobre el Hambre: Brasil y el Derecho a la Alimentación"
“Desde el Sur” y “Lula, the PT and the Governability Dilemma in Brazil”.
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La
Cruzada Nacional contra el Hambre, lanzada el año pasado por el
gobierno de Enrique Peña Nieto se planteó aprender de la experiencia
brasileña en materia de reducción de la extrema pobreza. Hacerlo fue
una decisión acertada, pues un estudio de la CEPAL
muestra claramente cómo en las últimas dos décadas Brasil ha logrado
mayores éxitos que México en este terreno. ¿Cuáles han sido hasta ahora
los éxitos de la Cruzada y qué podría mejorar? Aquí menciono diez temas
relevantes.
1. Uno de los aciertos más
importantes de la Cruzada es el haber situado el problema del hambre
como una prioridad en la agenda nacional. Esto no es poca cosa porque
hasta hace poco tiempo el hambre no era un asunto que las autoridades
mexicanas reconocieran ni uno al que dieran prioridad. En un país como
el nuestro, nadie debiera oponerse a una política de combate al
hambre.
Este llamado, sin embargo, debe ir acompañado de acciones
contundentes y campañas de sensibilización, especialmente entre
sectores de la sociedad mexicana entre los que todavía no existe una
conciencia clara del problema del hambre y la desnutrición.
2. Necesitamos
modificar esa lógica perversa que todavía predomina entre algunos
sectores que ven las políticas sociales como concesiones de la
autoridad o beneficios que se otorgan de arriba hacia abajo, en lugar
de asumir que se trata de obligaciones del Estado para garantizar
derechos fundamentales.
El derecho humano a la alimentación está hoy
establecido en el artículo 4to de la Constitución y en el decreto de
creación de la Cruzada. La Cruzada, por tanto, debe concretar un
auténtico enfoque de derechos más allá de una simple formulación
retórica. Cada uno de sus programas debe definir con claridad sujetos
de derechos y obligaciones y que sus titulares sean informados de
ellos. Deben además establecerse mecanismos de exigibilidad y recursos
de revisión accesibles a los ciudadanos. Sin un enfoque de derechos,
los programas de la Cruzada corren el riesgo de convertirse en un
esfuerzo asistencialista más.
3. La
Cruzada debe garantizar canales de participación adecuados para la
sociedad civil y para los titulares de los programas. La participación
también es un derecho de los ciudadanos, organizados o no. Desde el
nivel comunitario hasta el nivel federal la Cruzada contempla
mecanismos de participación tanto de organizaciones de la sociedad
civil como de los titulares de los programas. Sin embargo, esta
participación debe ir más allá del papel. Según cálculos de 2008, en
México existen 227 instancias públicas de deliberación ligadas al
gobierno federal que funcionan o deberían funcionar como organismos
colegiados que contemplan la participación de la sociedad civil.
Lamentablemente, la mayor parte de estos espacios no funcionan en la
realidad, como si ocurre, por ejemplo, en el caso de Brasil. Este tipo
de foros ofrecen una oportunidad que debe ser aprovechada. Dinamizarlos
no sólo depende del gobierno federal; también es un reto que la propia
sociedad civil debe asumir.
4. Es
importante que se contemple la participación de organizaciones de la
sociedad civil en el Consejo Nacional de la Cruzada. Dicho consejo
debería ser más incluyente y, eventualmente, adquirir un carácter
deliberativo y no sólo consultivo a fin de que sus decisiones tengan
una incidencia real.
Vale la pena conocer la experiencia del Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria en Brasil, el cual ha tenido un papel
fundamental en la formulación de una política nacional de seguridad
alimentaria.
De este consejo han emanado importantes recomendaciones,
algunas con implicaciones presupuestarias. Una de sus cualidades más
notables es el ser presidido por un integrante de la propia sociedad
civil, lo que le permite un mayor grado de independencia.
5. Los
Comités Comunitarios que han comenzado a formarse en varios municipios
del país son un elemento importante de la participación. Sin embargo,
no es la primera vez que se crean mecanismos como éstos en el ámbito
local en políticas de combate a la pobreza. Tenemos la ya conocida
experiencia de los comités de Solidaridad, que en muchos casos
resultaron en un alto uso político-electoral o el más reciente caso de
los Comités de Promoción Comunitaria del programa Oportunidades, cuyo
papel en la práctica se ha reducido a ser receptores de quejas.
Los
comités deben funcionar como auténticos mecanismos de control y tomar
decisiones que les den una incidencia real en la definición de
programas de desarrollo local. Aquí también vale la pena conocer la
experiencia de los primeros dos años del programa Hambre Cero en
Brasil, donde se crearon "comités gestores” en los que los titulares de
programas eran responsables de integrar listas de beneficiarios,
asignar recursos y asegurar su transparencia.
6.
Las políticas rurales en México están sesgadas a favor de los grandes
productores y se subestima a los pequeños productores o agricultores
familiares. Por ello es necesario impulsar un programa nacional de
agricultura familiar, a fin de mejorar la producción, distribución y
comercialización de alimentos en nuestro país.
Aquí también Brasil hizo
un buen trabajo. A pesar de que el gobierno de ese país subsidia a los
grandes productores, existe una política diferenciada y específica de
apoyo a la agricultura familiar, el llamado PRONAF, así como una
política de compras a pequeños productores para abastecer programas
públicos como el de alimentación escolar.
7. La
Cruzada no puede eludir un hecho contundente: Aunque la incidencia de
la pobreza en el país es más alta en las comunidades rurales, en
términos absolutos ésta ha tenido un incremento mayor en zonas urbanas.
Hoy, en las localidades urbanas residen más del doble de personas en
pobreza de las que viven en el sector rural.
El país necesita
desarrollar una política diferenciada para combatir la pobreza y la
inseguridad alimentaria en el medio urbano, donde el problema
alimentario está asociado en gran medida al comportamiento del mercado
laboral y, en general, a lo que ocurre en el mundo del trabajo.
8.
La política salarial no puede quedar fuera de una política de combate
al hambre. Es sabido que existe una sincronía entre los movimientos del
salario mínimo y las personas bajo la línea de pobreza. Al menos 13 por
ciento de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo y 49%
está entre 0 y 2 salarios mínimos. Sin embargo, sabemos que el salario
mínimo se viene depreciando desde 1976, hasta alcanzar, en 2011, una
cuarta parte de su valor.
Si Brasil ha logrado mayores éxitos que
México en la reducción del hambre es también porque ha logrado revertir
la tendencia del salario mínimo a la baja, habiéndose incrementado en
un 77% en términos reales entre 1995 y 2007.
9. Para
acabar con el hambre y la extrema pobreza necesitamos discutir la
creación de un auténico sistema de protección social que se plantee la
cobertura universal de las políticas sociales. El gasto público social
en México equivale apenas a poco más del 11% del PIB, mientras que en
Brasil es del 26.2%.
No puede quedar fuera del debate la ampliación del
sistema de pensiones, especialmente en el ámbito rural. En Brasil, por
ejemplo, el porcentaje de adultos mayores cubiertos por algún tipo de
beneficio de retiro o pensión es casi el doble que México.
10.
Es necesario discutir la viabilidad de mantener programas de
transferencia condicionada como Oportunidades. Este tipo de programas,
a pesar de su utilidad, no pueden constituirse en la estrategia única o
principal de un gobierno porque, antes que superar la pobreza, lo que
hacen fundamentalmente es atenuarla o contenerla.
Estos progrmas,
además, están aproximándose “al límite de su capacidad de contribución
para la reducción de la desigualdad y la pobreza. Tenemos que empezar a
discutir ya una segunda generación de programas sociales y cerrar el
capítulo Oportunidades para abrir uno nuevo donde nos acerquemos al
reconocimiento de un ingreso básico como un derecho de todas y todos
los mexicanos.
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