“No
se dan cuenta [las] personalidades políticas que el sufrimiento no se
negocia, que las vidas humanas no tienen precio y que para nosotros lo
primero es que aparezcan [nuestros hijos, los normalistas], no recibir
dádivas del gobierno federal”.
Felipe, padre de uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos [29 de octubre de 2014].
Ayotzinapa, reflejo desgarrador de un país bajo la tormenta
Lo acontecido en Iguala los pasados 26 y 27 de septiembre pone sobre la
mesa y nuevamente hace visible (de una manera atroz) el abanico de
problemas sociales que, habiendo caracterizado el sexenio calderonista
(en su guerra contra el narcotráfico), el actual gobierno había tratado
constantemente de minimizar y sacar de la escena mediática nacional e
internacional. La lista de agravios de la que es reflejo Ayotzinapa es
larga: desapariciones forzadas de carácter masivo y sistemático,
asesinatos y crímenes de estado, vínculos entre el crimen organizado y
el Estado (en diversas escalas), impunidad, corrupción, complicidad
entre delincuentes y autoridades, la falta permanente y grave del
respeto de los derechos humanos, violencia física y política selectiva
hacia los sectores campesinos e indígenas, el abandono y
desmantelamiento de la educación rural y del campo en México, la
incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y garantizar el
respecto a la libertad y la vida, la recurrente falta de impartición
efectiva y expedita de justicia y el castigo a los responsables de
actos delictivos, entre otros.
A más de un mes de los hechos
de violencia, apenas hace un par de días el jefe del ejecutivo y parte
de su gabinete en un encuentro tenso se entrevistó personalmente con
los padres y compañeros de los normalistas asesinados, desaparecidos y
heridos. Pareciera que el gobierno federal, más que la voluntad
efectiva de dar respuesta a los deudos de los normalistas de
Ayotzinapa, tiene en la apremiante necesidad de resolver a toda costa
esta crisis social y de legitimidad para resarcir la imagen de México
como un país de reformas estructurales y presto a los intercambios
comerciales con las potencias económicas del planeta. En cambio, los
compañeros y padres de los normalistas tienen exigencias muy claras que
siguen irresueltas: presentación con vida de los 43 estudiantes
desaparecidos, castigo a los responsables (materiales e intelectuales)
de los actos de violencia, atención a los heridos y esclarecimiento de
los crímenes; a estas, se han sumado dos reclamos suplementarios, el
cese a los ataques a la normal de Ayotzinapa y sus miembros y la
reparación de los daños.
Acción estatal tardía y la presión nacional e internacional
Probablemente, en un principio la falta de participación de las
autoridades nacionales en las investigaciones de los acontecimientos
violentos de Iguala tuvo ver con el propósito político de que toda la
responsabilidad de los hechos recayera en el gobierno de Guerrero.
Posteriormente, la forzada intervención del gobierno federal en el caso
Ayotzinapa fue resultado de las marchas, manifestaciones,
pronunciamientos, protestas y reclamos en las que han participado
padres y compañeros de los normalistas, organizaciones sociales y
políticas, maestros, estudiantes, universitarios, movimientos sociales,
organizaciones y colectivos de derechos humanos y diversos grupos de la
sociedad civil en México y el extranjero. También fue relevante para la
“visibilización” de estos hechos y el abrupto cambio de disposición
oficial (de una inicial y deliberada distancia e indiferencia de las
autoridades federales mexicanas respecto al caso a una inserción “de
lleno” en el asunto) el papel crítico de algunos medios de comunicación
nacionales y extranjeros en la cobertura mediática y los
pronunciamientos de organizaciones internacionales.
En este
tenor, el gobierno mexicano, en un afán por mantener y difundir en el
exterior una imagen de México como un país seguro y moderno dispuesto y
abierto a las inversiones externas, ha resentido claramente que los
hechos de violencia de Iguala y la impunidad e incompetencia de las
autoridades estatales llenen las primeras planas de la prensa
internacional y sean la nota estelar de cadenas televisivas en el
extranjero; los principales periódicos de Francia (Le Monde), Alemania
(Der Spiguel), Inglaterra (The Guardian, Financial Times, The
Economist) y Estados Unidos (New York Times, The New Yoker Magazine,
Time), entre otros países, han dado seguimiento a los asesinatos y
desapariciones de Iguala y han mostrado la crisis social y política en
que se encuentra sumido México. Aunado a esto, otra circunstancia que
ha contribuido a cuestionar la percepción del gobierno federal mexicano
han sido la preocupación y extrañamiento de estos hechos de violencia
por parte de diversos jefes de estado (uno de los casos más recientes
es el del gobierno de Obama), así como la condena generalizada por
parte de organismos internacionales como El Parlamento Europeo, La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator especial de las
Naciones Unidos para los Derechos Humanos, entre otros.
Exigencias de justicia y reclamos al poder estatal
No obstante, pese a la salida de Aguirre como gobernador de Guerrero y
a la detención de decenas de personas (entre policías municipales y
miembros de grupos delictivos) relacionados con los asesinatos y el
secuestro de estudiantes, los normalistas de Ayotzinapa siguen
desaparecidos y no se sabe de su paradero. Después del encuentro con el
ejecutivo federal el 29 de octubre y tras agradecer el apoyo de la
sociedad y las organizaciones en México y el extranjero, los padres y
compañeros de los 43 normalistas desaparecidos reiteraron a diversos
medios de comunicación que, a más de un mes de los hechos violentos de
Iguala, su principal demanda (la aparición con vida de los estudiantes)
no se ha cumplido y sigue pendiente; dijeron estar hartos de promesas
oficiales y que lo que piden son hechos concretos: volver a ver a sus
hijos de regreso. Recriminaron al Ejecutivo la tardía intervención de
las autoridades federales en el caso, asi como el que la PGR quisiera
establecer como una de las líneas de investigación vincular a los
normalistas a grupos delictivos y, finalmente, la falta de apoyo y
recursos para las normales rurales; manifestaron que las
investigaciones para localizar a los desaparecidos deberían ampliarse y
no limitarse a las fosas clandestinas, sino que también las búsquedas
contemplaran encontrarlos con vida. Expresaron que, dado el desarrollo
de las investigaciones oficiales y los resultados hasta la fecha
alcanzados, hay una falta de confianza en la capacidad de las
autoridades para llevar a cabo la búsqueda de los desaparecidos y la
investigación y esclarecimiento de los hechos. Por ello, demandaron que
se den las condiciones para que dejen trabajar a los peritos
extranjeros (al Equipo de Antropología Forense Argentino) y que se
solicité la intervención de otros grupos externos de especialistas en
casos de desapariciones (CIDH). Finalmente reiteraron que, como desde
hace más de un mes, sigue pendiente la aparición con vida de los
normalistas de Ayotzinapa.
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