Una
de las iniciativas constitutivas a la neoliberalización de los Estados
es la criminalización de la población. Especialmente la población
joven, estudiante o económicamente improductiva. En el léxico del
poder, estas estrategias están englobadas en la noción de “gestión de
poblaciones marginales”. La novedad de la gestión neoliberal –que se
distingue de otros modos de administración no sólo por una cuestión
“epocal”– consiste en que ésta es infinitamente más letal: la
criminalización se traduce no pocas veces en exterminio. En los albores
del neoliberalismo, las políticas de seguridad contemplaban una
reestructuración legal y penitenciaria, orientada al encierro de
personas, en especial jóvenes, desempleados, subempleados y pobres, por
oposición al rigor disciplinario de otras épocas. Pero la estrategia
escaló en intensidad y amplitud. La persecución se extendió a vastos
sectores poblacionales. Y las premisas tácticas cobraron un aspecto más
violento e intolerante. El control de las poblaciones en los Estados
neoliberales integraría la guerra y el exterminio como métodos
privilegiados, y en los países del llamado “tercer mundo”, la
desaparición forzada a gran escala. Los experimentos
dictatoriales-militares en América del Sur anunciaban el advenimiento
de ciertas técnicas que a la postre se extenderían a la generalidad de
las sociedades. La guerra contra el narcotráfico, que es un modo de
violencia estatal, habilitaría en México un escenario bélico óptimo
para el dominio en el contexto de la neoliberalización, inaugurando las
formas más radicales de terrorismo estatal, violencia e intimidación
represiva. El caso Ayotzinapa es sólo un ejemplo de esas formas
radicales de violencia estatal. No es otra cosa que el Estado
efectuando uno de sus quehaceres fundamentales: la gestión de
poblaciones a su entender “residuales”.
Para acusar al Estado
por los crímenes en Guerrero es preciso tener ciertas bases teóricas,
aún cuando la intuición histórica nos ofrece un sostén legítimo e
invaluable. Por eso en esta ocasión se convino recuperar el pensamiento
de Karl Marx en relación con el concepto de Estado. Más que una
explicación detallada de sus ideas, acá sólo se aspira a proveer
algunas pistas para documentar teóricamente la naturaleza del Estado,
las fuentes de la criminalidad en México, y en particular la trama de
relaciones objetivas que decretan la culpabilidad del Estado en el
asesinato de seis personas, y la desaparición de otras 43, el pasado 26
de septiembre en Iguala, Guerrero.
Escribe el autor alemán:
“Desde el punto de vista político el Estado y la organización de las
cosas no son dos cosas distintas. El Estado es la organización de la
sociedad. Allí donde el Estado confiesa la existencia de abusos
sociales, los busca o bien en leyes naturales, irremediables con las
fuerzas humanas, o en la vida privada, independiente de él, o en
disfuncionalidades de la administración, que depende de él…
“La existencia del Estado y la de la esclavitud son inseparables. El
Estado antiguo y la esclavitud antigua –contraste clásico y sin
tapujos– no se hallan soldados entre sí más íntimamente que el moderno
Estado y el moderno mundo del lucro –hipócrita contraste cristiano–. Si
el Estado moderno quisiese acabar con la impotencia de su
administración, tendría que acabar con la actual vida privada. Y de
querer acabar con la vida privada, tendría que acabar consigo mismo, ya
que sólo existe por oposición a ella… El Estado no puede creer en la
impotencia interna de su administración, o sea de sí mismo. Lo único de
que es capaz es de reconocer defectos formales, accidentales y tratar
de remediarlos ¿Que estas modificaciones no solucionan nada? Entonces
la dolencia social es una imperfección natural, independiente del
hombre… o la voluntad de la gente privada se halla demasiado pervertida
como para corresponder a las buenas intenciones de la administración…
“La contradicción entre el carácter y la buena voluntad de la
administración por una parte y sus medios y capacidad por la otra no
puede ser superada por el Estado, sin que éste se supere a sí mismo ya
que se basa en esta contradicción. El Estado se basa en la
contradicción entre la vida pública y privada, entre los intereses
generales y especiales. Por tanto la administración tiene que limitarse
a una actividad formal y negativa, toda vez que su poder acaba donde
comienza la vida burguesa y su trabajo. Más aún, frente a las
consecuencias que brotan de la naturaleza antisocial de esta vida
burguesa, de esta propiedad privada, de este comercio, de esta
industria, de este mutuo saqueo de los diversos sectores burgueses, la
impotencia es la ley natural de la administración. Y es que este
desgarramiento, esta vileza, este esclavismo de la sociedad burguesa es
el fundamento natural en que se basa el Estado moderno”.
El Estado mexicano insistentemente ha tratado de fincar la
responsabilidad de los hechos en Iguala a los cárteles de la droga, a
grupos criminales particulares que operan en la región. Es decir
–siguiendo a Marx– reconoce la “existencia de abusos sociales, [pero]
los busca… en la vida privada, independiente de él”. Y es natural, pues
“el Estado no puede creer en la impotencia interna de su
administración, o sea de sí mismo. Lo único de que es capaz es de
reconocer defectos formales, accidentales y tratar de remediarlos”. Por
eso las autoridades públicas anuncian pomposamente búsquedas,
operativos y pesquisas intrascendentes, tercamente omitiendo su
corresponsabilidad en la trama. La “dolencia social”, que en este caso
se trata de la criminalidad o la delincuencia organizada, presuntamente
no es un asunto que involucra al Estado. La narrativa oficial argüiría
que “la voluntad de la gente privada –los cárteles o células
delincuenciales– se halla demasiado pervertida como para corresponder a
las buenas intenciones de la administración”. Pero este relato ignora
deliberadamente que “el Estado se basa en la contradicción entre la
vida pública y privada, entre los intereses generales y especiales. [Y
que] por tanto la administración tiene que limitarse a una actividad
formal y negativa, toda vez que su poder acaba donde comienza la vida
burguesa…”
En el marco de un narcoestado, la ecuación
es más o menos la misma: allí donde comienza la vida de la empresa
criminal, acaba el poder del Estado. Esta vileza, señala Marx, “es el
fundamento natural en que se basa el Estado moderno”.
En este
sentido, el Estado es el responsable de los crímenes en Guerrero por
dos razones: uno, porque involucra directamente a personal estatal en
los actos represivos-delictivos; y dos, porque el Estado es el
facilitador de las empresas criminales, suministrando, con base en las
políticas que impulsa, la trama legal e institucional que permite el
libre albedrío de los negocios privados, aún allí donde tales intereses
particulares entrañan altos contenidos de criminalidad e ilegalidad.
Fue el Estado.
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