Por
cerca de tres décadas, desde que el Presidente José López Portillo
concluyó su sexenio, México ha perdido espacios significativos de
soberanía nacional en todos los órdenes de su vida política y
económica. Los gobiernos que le sucedieron al sexenio concluido en
1982, han aceptado en forma incondicional las políticas económicas
derivadas de un sistema financiero internacional que respalda su
sobrevivencia en la obtención de flujos de liquidez a costa de suprimir
el desarrollo económico de las naciones. El resultado de esta sumisión
es el desmantelamiento de la economía nacional, decrecimiento
económico, desempleo, pobreza creciente; y lo más preocupante la
pérdida de control por parte del Estado en el manejo de los recursos
naturales estratégicos.
En esta tendencia, acentuada durante la
última década, cobraron fuerza los denominados esquemas de inversión
público-privados, bajo los cuales -y sin mucha sutileza- dependencias
como CONAGUA pretenden entregarle el manejo del agua y el control de
cuencas hidrológicas a corporativos privados que descaradamente
reclaman el manejo de lo que cínicamente denominan “el prometedor
mercado del agua”.
Asegurar que el agua siga siendo propiedad
de la nación, y se conserve tal y como todavía la define la
Constitución, como un bien estratégico y como un insumo fundamental
para el desarrollo económico y el bienestar general de la población, es
sin duda un asunto de orden existencial para el futuro inmediato del
país y para las posibilidades mismas de todo programa económico que se
oriente a recuperar a la nación del caos en el cual se encuentra.
Perder el control soberano sobre el agua sería tan grave como perder la
rectoría del Estado en el manejo del petróleo.
La nueva “Cultura del Agua”
La docena panista en el Gobierno Federal, se convirtió en un
instrumento facilitador para que el país se entregara a los intereses
financieros internacionales que bajo el eufemismo de la “Nueva Cultura
del Agua”, le clausuraron a la nación toda política de gestión de más
agua -impidiéndole la construcción de grandes obras de infraestructura
hidráulica- y le impusieron el esquema fatalista de que México debe
ajustar sus posibilidades de crecimiento solamente al agua lograda con
la infraestructura existente, mejoras en la administración de los
disponible, reciclaje, y los más importante, que el manejo del recurso
pase a manos de intereses privados al consecionarles la construcción y
operación de obras con ese propósito específico.
Bajo este
esquema, el país ha venido sufriendo desde la desaparición de la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y la creación de la
Comisión Nacional del Agua en 1984, una serie de reformas a la Ley
Nacional de Aguas, dirigidas a desregular el manejo del recurso y a
crear los espacios para su privatización. Desde la creación de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recurso Naturales (SEMARNAT), esta
tendencia alcanzó mayor profundidad y tales dependencias empezaron a
operar como virtuales enclaves de intereses financieros internacionales
que, con ropaje ecologista, se han dado a la tarea de suprimir y
negarle recursos a aquellos proyectos de infraestructura que pudieran
fortalecer las capacidades nacionales de crecimiento económico y
producción de alimentos; para solo respaldar aquellos que les permitan
control sobre recursos naturales y negocios especulativos que debilitan
a la economía nacional.
Por ejemplo, desde principios del
sexenio de Vicente Fox, la SEMARNAT estableció convenios con el World
Wildlife Fund (WWF), Fondo Mundial para la Defensa de la Vida
Silvestre, una fachada ecologista del Imperio Británico y sus intereses
financieros. En el convenio también participó el corporativo CARSO,
propiedad del mega especulador Carlos Slim. Con ese convenio México se
ajusta a las consideraciones ambientalistas a modo de quienes están
tomando control de nuestros recursos naturales.
Después de
estos acuerdos, ocurridos cuando José Luís Luege Tamargo ocupaba la
SEMARNAT, la CONAGUA como entidad dependiente de esa secretaría y ahora
dirigida por David Korenfeld, quedó totalmente sometida a los criterios
del WWF en el manejo del agua, y a partir de entonces el mismo Grupo
Carso ha venido exigiendo que se le entregue el manejo del mercado del
agua en el país.
La envoltura de toda esta operación está
normada en el proyecto global lanzado por el WWF bajo el candoroso
título de la Nueva Cultura del Agua. Los funcionarios de la SEMARNAT y
de la CONAGUA explican muy bien el contenido esencial de esa Nueva
Cultura cuando dicen que los viejos parámetros que estimaron el agua
como un insumo para la producción de bienes útiles para el consumo de
la población, especialmente los alimentos, deben ser sustituidos por
esquemas “más eficientes” donde el uso del agua se mida por su
resultado en dinero. Y lo hacen explícito: el ex subdirector de la
dependencia, Sergio Soto Priante, en su momento dijo que reditúa más
dinero un metro cúbico de agua en la alberca de un hotel, que el
utilizado en el riego de una planta de maíz o trigo.
Las Buenas Obras de Carlos Slim
A la sombra de la Nueva Cultura del Agua, uno de los principales
beneficiarios ha sido Carlos Slim. Protegido por los corruptos esquemas
de inversión publico-priva, el hombre-dinero propietario del Grupo
Carso, aparece recurrentemente en proyectos hidráulicos orientados a
los negocios y a la especulación, y por supuesto ajenos al desarrollo
nacional. Así se observa su presencia en la construcción de un
acueducto de cerca de setenta kilómetros, para abastecer a Ciudad
Juárez Chihuahua, donde el mismo Slim, ya adquirió buena parte del
Centro Histórico de esa ciudad. Al mismo tiempo el gobernador de ese
estado, César Duarte, a principios del 2011 dio a conocer que la
consultoría que lo asesora para los proyectos hídricos de esa entidad
es el Grupo Carso, que también se propone construir una hidroeléctrica
sobre el río papigochi, uno de los principales afluentes de la Cuenca
del Río Yaqui que abastece a un millón de habitantes en el Sur del
Estado de Sonora e irriga al Valle del Yaqui principal productor de
trigo en el país.
La empresa IDEAL, también propiedad de
Carlos Slim, fue favorecida con el contrato de construcción de la
planta tratadora de aguas residuales ubicada en Atotonilco Hidalgo y
considerada la más grande del mundo. El proyecto le daría tratamiento a
las aguas residuales de la Ciudad de México y su área metropolitana.
Al Asalto del Río Yaqui
Previo a la aparición abierta del Grupo Carso con el gobernador de
Chihuahua -anunciando los planes de tomar control sobre uno de los
principales afluentes de la Cuenca del Río Yaqui- en Sonora, el
Gobernador Guillermo Padrés, desde principios del 2010 anunció el
propósito de construir un acueducto desde la Presa el Novillo, ubicada
en la Cuenca del mismo Río Yaqui, para desviar el agua a la Ciudad de
Hermosillo. Inicialmente el Grupo Carso aparecía como uno de los
posibles beneficiados con la construcción y operación de la obra, pero
las denuncias masivas de una poderosa oposición a la realización de
esta obra en el Sur del estado de Sonora, obligaron a Carlos Slim, a
dar una retirada táctica y el gobernador decidió entregarle la
construcción de la obra a una fachada de empresas que podrían estar
funcionado como mampara del mismo Grupo Carso.
La
característica de esta política es subvertir el principio en que se
cimentaron las bases mismas de la existencia de la nación. Lograr
niveles crecientes de autosuficiencia alimentaria bajo la ecuación
agua-alimentos, contrario a la que hoy se nos está tratando de imponer:
el esquema agua-dinero. Lo que se pretende hacer con las aguas de la
Cuenca del Río Yaqui, tipifica los planes
criminales que estos
intereses tienen diseñados para el país entero.
Supeditados a
lo impuesto por el WWF en México, el gobierno federal y las
dependencias relacionadas, han renunciado a toda política de gestión de
más agua. Lo que es peor operan como saboteadores de los grandes
proyectos de infraestructura hidráulica que México trazó desde los años
sesenta para aprovechar más del cincuenta por ciento de los
escurrimientos nacionales que aún siguen retornando al mar.
En torno a la política de de supeditación al manejo y administración
del agua disponible, se quiere hacer valer la falacia de retirarle agua
a la producción de alimentos para supuestamente proteger el consumo
humano. Contrario a lo absurdo de estos dichos, la realidad es que
somos deficitarios en cuanto a disponibilidad de agua, y que
necesitamos más agua para consumo humano y para consumo agrícola.
Porque a la hora de consumir un huevo, de comer una tortilla o de
consumir un pedazo de carne, estamos ingiriendo metros cúbicos de agua.
Estas falacias, pretenden encubrir el hecho de que quieren convertir el
agua en mercancía a costa de destruir la capacidad nacional de producir
los alimentos que la nación necesita.
Si estos planes se consuman
en Sonora, y avanzan en otras partes del país, se le ocasionará una
herida a la nación de la que difícilmente se recuperará. Evitarlo es
tarea de quienes aún viendo a la nación aplastada, humillada y
aterrada, sabemos que está viva y su futuro es posible.
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