La Corte Suprema mantiene “congelados” los recursos de inconstitucionalidad
Nelson Rodríguez
Managua,
27 oct. 14. AmecoPress/Cimacnoticias.- Más de 30 mujeres de unas 12
organizaciones civiles que integran el Grupo Estratégico por la
Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT) llegaron a la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), para presentar un escrito de protesta a ocho
años de que este derecho fue penalizado.
Unas 30
mujeres mueren al año en Nicaragua por problemas vinculados a la
negación del aborto legal, denunció Mayte Ochoa, integrante de la
organización Ipas-Centroamérica.
Durante ocho
años consecutivos el GEDAT ha reclamado a los magistrados de la CSJ que
resuelvan los recursos de inconstitucionalidad presentados ante ese
poder del Estado, pero la respuesta del secretario de la Corte, Rubén
Montenegro, es que el proyecto de sentencia está elaborado pero faltan
las firmas de los magistrados, explicó Ochoa.
“Esto es una
falta de interés del Estado, de estos magistrados que reciben salario
de los impuestos de la ciudadanía”, sin embargo no les preocupa la vida
de las mujeres en su mayoría de escasos recursos, reiteró.
En los
hospitales no se les informa a las mujeres sobre sus problemas
relacionados al embarazo y las dejan continuar con el mismo, y al final
ellas se suman a la lista de muertes maternas del país, señaló la
activista.
El Estado
maquilla las cifras de muertes maternas y luego aparecen como suicidio
o por otras causas de muerte, pero muchas están relacionadas al
embarazo, el cual si se les permitiera interrumpirlos debido a sus
problemas de salud todo sería distinto, abundó la integrante de Ipas.
Magali
Quintana, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD),
dijo que se han presentado más de 40 recursos reclamando la restitución
del aborto terapéutico y al año más de cuatro veces protestan para
reclamar este derecho negado por el gobierno del presidente Daniel
Ortega.
Las mujeres
siguen muriendo mientras la CSJ no les da respuesta, pero la lucha va a
continuar, advirtió Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de
Mujeres Contra la Violencia (RMCV).
La RMCV
reclama también a la CSJ que le dé respuesta a estos recursos por
inconstitucionalidad presentados por las organizaciones de mujeres
desde 2006, cuando los diputados, atendiendo posturas de las iglesias y
de organizaciones Provida, penalizaron el aborto terapéutico que estuvo
permitido en la ley por más de 100 años.
Foto: Magali Quintana.
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