Por: la Redacción, Cimacnoticias | México, DF.- El
Instituto Nacional Electoral (INE) reiteró la obligación de los
partidos políticos y coaliciones de cumplir con la paridad (igualdad)
de género en el registro de candidaturas a diputaciones de mayoría
relativa y de representación proporcional.
Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo
que el INE aprobó en octubre de 2014 sobre los criterios aplicables
para el registro de candidaturas a diputados, para el proceso electoral
federal de junio próximo.
El acuerdo se ciñe a la reforma electoral que entró en vigor en febrero
del año pasado y la cual obliga a los partidos a garantizar la paridad
en candidaturas a legisladores federales y locales, es decir postular a
50 por ciento de abanderadas.
Los criterios establecen que en caso de que algún partido político o
coalición no cumpla con los artículos 233 y 234 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre paridad y fórmulas
del mismo sexo (titular y suplente), tendrán un plazo para cumplir con
el requerimiento.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- La SCJN tiene la oportunidad de sentar un precedente para que el Poder Judicial esté obligado a llevar procedimientos con perspectiva de género y etnicidad.
Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el expediente varios 1396/2011, un estudio que podría llevar a los ministros a sentar un precedente para promover que las mujeres accedan a la justicia, en especial las indígenas.
En 2002 las tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron víctimas de violación sexual por parte de militares. Ante la falta de justicia en México, llevaron su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que en agosto de 2010 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en este crimen.
Un año después de conocer los fallos, el 28 de noviembre de 2011, Inés y Valentina pidieron al entonces ministro presidente, Juan Silva Meza, que el pleno analizará las sentencias internacionales para determinar qué obligaciones surgían para el Poder Judicial de la Federación.
Así, el 19 de enero de 2012 el alto tribunal mexicano les informó que iniciaría el expediente varios 1396/2011 relativo al estudio de los fallos emitidos por la CoIDH, y que el proyecto estaría a cargo del ministro Guillermo I. Ortíz Mayagoitia; pero tras su salida del cargo, el caso se turnó al ministro Alberto Pérez Dayán.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- Aunque el gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no ha demostrado un interés real por proteger los derechos femeninos –lo que se traduce en que la entidad continúa con una alta tasa de asesinatos y desapariciones de mujeres–, en días recientes firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Ante la firma de dicho acuerdo, el Movimiento de Mujeres de la ciudad de Chihuahua –integrado por diversos grupos civiles– si bien manifestó su respaldo a la dependencia federal, reprochó que el gobernador chihuahuense aún no cumpla todos los compromisos asumidos durante su mandato para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres de la entidad.
El pasado 13 de febrero el gobierno de Chihuahua y el Inmujeres firmaron un Convenio de Colaboración, derivado de la Declaración por la Igualdad (suscrita por la Conferencia Nacional de Gobernadores), que tiene como fin “acelerar el empoderamiento económico de las mujeres y su acceso a recursos financieros”, según la información difundida por la dependencia federal y que deberá ser signado por todas las entidades federativas.
Francisca Jiménez, coordinadora de la Red por la Participación Política, relató vía telefónica a Cimacnoticias que quienes integran el movimiento feminista en la entidad acudieron al evento sólo porque el Inmujeres ha dado a las agrupaciones ciudadanas su apoyo ante la exigencia de reformar los códigos de procedimientos familiares y civiles del estado, por contener disposiciones “violatorias de los Derechos Humanos”.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –de la Secretaría de Gobernación (Segob)– emitieron una convocatoria pública, para conformar un Grupo de Trabajo que investigará la violencia de género en Baja California (BC), y eventualmente activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad.
Ante la falta de atención de autoridades locales para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, el pasado 27 de enero la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos y el Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana (Inmujer) presentaron ante el Inmujeres una solicitud de investigación de este flagelo.
Por quinta ocasión desde que se reformó el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en noviembre de 2013, Inmujeres y Conavim emitieron una convocatoria pública para conformar el Grupo de Trabajo, tal y como lo establece la fracción IV del artículo 36 de este reglamento.
En entrevista con Cimacnoticias, Meritxell Calderón Vargas, representante para Latinoamérica de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, dijo que la solicitud de investigación en BC se presentó ante la amplia incidencia de violencia de género en la entidad, especialmente en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- Mujeres periodistas del estado de Puebla se ven obligadas a trabajar en más de dos empleos y aceptar bajos salarios, porque las empresas de la entidad no les garantizan condiciones laborales dignas.
Recientemente Cimacnoticias informó que Arlette de la Torre Togán, reportera de la revista Líder de Puebla, habría sido despedida por presentar un embarazo de alto riesgo.
La reportera declaró que pese a permanecer un año en la revista nunca tuvo seguridad social, percibía un sueldo de 6 mil pesos mensuales por jornadas laborales de hasta 10 horas y –ante la falta de personal– cubría de seis a siete fuentes informativas.
Arlette de la Torre reveló que al mismo tiempo trabajaba en otro medio de comunicación porque el sueldo en ambos es insuficiente para cubrir los gastos de una renta y los 800 pesos al mes que paga por las vacunas de su hija de siete años de edad, quien padece distintas alergias.
Además, como una actividad extra a sus labores como reportera, vendía publicidad para la revista a cambio de un porcentaje mínimo de las ganancias, lo que le generaba tiempo y dinero que invertía (aunque no consiguiera la venta) y que no se le reembolsaba.
A raíz de su denuncia, De la Torre Togán tuvo conocimiento (sin precisar la información) de dos casos más de mujeres embarazadas que fueron despedidas o presionadas laboralmente por sus jefes en medios de comunicación de la entidad poblana en 2014.
Por: la Redacción Cimacnoticias | México, DF.- La Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca expresó su preocupación por el incremento de ataques contra mujeres defensoras y periodistas en el estado.
De acuerdo con el Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos, Oaxaca se coloca en primer lugar de ataques a nivel nacional desde 2010, según afirmó esta red en un comunicado.
Las defensoras oaxaqueñas denunciaron que en 2012 hubo 48 agresiones contra activistas, en 2013 fueron 122, y en 2014 ascendieron a 198.
De acuerdo con el monitoreo, las mujeres defensoras que sufrieron más ataques en 2014 son quienes defienden los derechos de las mujeres y las que luchan a favor del derecho a la tierra y el territorio.
La Red informó además que no siempre es posible identificar a los autores de las agresiones porque muchos ataques son anónimos, pero cuando se identificaron en su mayoría resultaron ser autoridades.
En el 45 por ciento de los casos documentados por la Red, los autores de la agresión fueron formalmente identificados como autoridades (policías, militares, autoridades federales, estatales, municipales o comunitarias).
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | México, DF.- La caja de Pandora se abrió en el estado de Guerrero luego de los hechos de Ayotzinapa y Cocula.
Aparecieron grupos de activistas, intelectuales y ciudadanos en redes
sociales declarando la inminente necesidad de cancelar las elecciones
en esa entidad sumida en una crisis de gobernabilidad similar a la que
ha pasado Michoacán.
El clamor antielectoral comienza a expandirse por todo México; aquí y
allá surgen grupos de activismo anulista (que proponen voto anulado con
una gran cruz), de abstencionistas (que proponen que nadie, pero nadie,
se presente a votar).
Los unos y otros argumentan que es indispensable enviar un mensaje
claro a los partidos políticos y a sus representantes para asegurarles
que la sociedad comprende que ellos y los candidatos que eligen no
tienen credibilidad; que los partidos han pulverizado los procesos
electorales y con ellos la democracia electoral mexicana.
La han transformado en una máquina burocrática que deja pasar
corrupción, mentiras y dinero sucio; es un aparato que simula
renovación pero en realidad está destartalado. Las candidaturas
independientes son parte de esa simulación, un logro pírrico, como ha
dicho uno de sus principales promotores.
Mientras los partidos siguen sumidos en sus dinámicas de repartición de
candidaturas reproduciendo los modelos tradicionales de corrupción,
nepotismo, amiguismo, reciclaje y fusión de compadrazgos e intereses
inconfesables, millones de personas en México expresan su
desesperación, enojo, o indignación frente a la capacidad de los
líderes partidistas para ignorar la crisis política y social en que
ellos mismos han sumido al país.
Por: Diana Manzo
Cimacnoticias/Página3 | Juchitán, Oax.-Las
11 mujeres del municipio de Guevea de Humboldt que lograron la
anulación de la elección municipal de 2013 mediante una orden de la
Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), debido a que no se les permitió votar, exigieron al
Congreso de Oaxaca la remoción del actual administrador, David González
Cruz, por “inoperante”.
González Cruz tomó posesión como administrador municipal el 28 de
agosto de 2014; sin embargo las mujeres de Guevea manifestaron que no
ha asumido su cargo como tal y atiende desde unas oficinas que habilitó
en la ciudad de Ixtepec, a hora y media de Guevea de Humboldt, en la
región del Istmo de Tehuantepec.
A raíz de que el administrador no visita Guevea, el desarrollo social
se ha visto detenido, no hay obras sociales, no hay registro de recién
nacidos, no hay un control en los programas de salud y el palacio
municipal está cerrado desde octubre de 2014, luego de que las mujeres
denunciaron que personas cercanas al destituido alcalde, Héctor
Hernández, intentaron saquear documentos oficiales e inmobiliario del
lugar.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Aunque hay activistas que están en evidente riesgo por su labor social, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), opta por negarles las medidas de seguridad o les brinda una deficiente protección.
El pasado 3 de febrero, Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) y el Washington Office for Latin America (WOLA) publicaron un informe sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección.
Según el reporte, el mecanismo tiene serias deficiencias y pone como ejemplo de ello los casos de Norma Mesino Mesino y Bettina Cruz Velásquez, defensoras que a pesar de vivir con el riesgo de ser agredidas y hasta asesinadas, deciden continuar con su trabajo a favor de los pueblos indígenas, aun sin la protección efectiva del Estado.
La activista guerrerense Norma Mesino afirmó que en diciembre de 2014 la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del mecanismo de la Segob le informó que determinó no dar trámite a su solicitud de incorporación que presentó en octubre pasado, al considerar que la defensora “no estaba en riesgo”.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-A 11 años del asesinato de Nadia Alejandra Muciño Márquez por parte de su pareja, el crimen sigue impune al no haber sentencia contra el presunto homicida, y por la falta de reparación del daño a la que se comprometió el gobierno del Estado de México en 2011, cuando el titular era Enrique Peña Nieto.
En uno de los casos más emblemáticos del feminicidio que azota desde hace años a la entidad mexiquense, María Antonia Márquez Hernández, madre de Nadia Alejandra, aún mantiene la exigencia de castigo por el asesinato de su hija y que se cumplan las promesas de becas, seguridad social y créditos de vivienda para los tres hijos de la víctima, ahora adolescentes.
El 12 de febrero de 2004 –cuando el gobernador de la entidad era Arturo Montiel Rojas–, Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada por su entonces pareja, Bernardo López Gutiérrez, y el hermano de éste, Isidro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Derivado de investigaciones judiciales plagadas de irregularidades –según denunciaron desde un primer momento organizaciones civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la familia de Nadia–, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinó en un inicio que la mujer “se había suicidado”.
Ese día fatídico, María Antonia Márquez abrazó el cuerpo sin vida de su hija Nadia, quien aún permanecía de rodillas y con una soga al cuello en el baño de su casa. Los tres hijos de la mujer (Carlos, Pepe y Fernanda López Muciño, de entonces cinco, cuatro y dos años de edad, respectivamente) habían presenciado el asesinato de su madre.
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