México hoy (II)
En la entrega anterior señalamos que el capitalismo criminal se caracteriza porque las corporaciones criminales
adquieren una importancia relevante en el funcionamiento del sistema.
También dijimos que si las corporaciones criminales son la
materialización económico-financiera del capitalismo criminal, en lo
jurídico-político es el Estado criminal el que lo encarna. Aquí desarrollamos esta última idea.
Para el capitalismo criminal y las corporaciones criminales es
imprescindible incrementar el capital a cualquier costo. Para ello
echan mano del Estado criminal. México es hoy, como antes fue Colombia,
uno de los países donde vemos las expresiones más terribles de esto.
Sin embargo, el fenómeno también puede observarse en otras geografías,
por ejemplo en algunos países de África Occidental.
En el caso
de México en particular, observamos cómo las corporaciones criminales
se han insertado en todas y cada una de las instituciones del Estado:
presidencias municipales, diputaciones, gobernaciones, jefaturas de
policía y un largo etcétera, han sido exhibidas por su vinculación o
pertenencia a grupos criminales.
Al respecto, Gustavo Esteva ha señalado que «experimentamos [un] lodo social y político.
Del mismo modo que en el lodo no es posible distinguir el agua de la
tierra, en México ya es imposible distinguir claramente entre el mundo
de las instituciones y el del crimen. Son la misma cosa; encarnan
conjuntamente el mal que padecemos».
Las corporaciones
criminales y en general el capitalismo se alimentan de la corrupción
estatal. Ésta última tampoco es una anomalía, es lo que enlaza lo legal
y lo ilegal y crea ese lodo al que se refiere Esteva. En este contexto,
combatir la corrupción implementando los más sofisticados y autónomos
aparatos de transparencia son ejercicios necesarios pero insuficientes;
son como aspirinas para el cáncer.
Ahora bien, si el Estado es
«el instrumento de dominación de una clase sobre otra» –en este caso de
los ricos sobre los pobres– las corporaciones criminales, como nuevos
miembros de las burguesías nacionales y transnacionales entran también
a la disputa por la materialización del Estado; es decir, las
instituciones y los gobiernos. Ya no sólo financian campañas o utilizan
a sus aliados de clase en la política, ellos mismos se vuelven parte de
dichas instituciones y utilizan toda esa infraestructura para sus
negocios.
El primer rasgo entonces del Estado criminal es que borra
las fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo institucional y lo
criminal; peor aún, lo ilegal ocupa lo legal para seguir
reproduciéndose.
Un ejemplo concreto de lo anterior es lo
acontecido durante 2013 en el municipio de Aquila, Michoacán. Había
surgido ahí una organización de autodefensa comunitaria. Dicha
organización denunciaba una red de complicidad entre la Minera Ternium,
las autoridades locales y los Caballeros Templarios. Cuando la Policía
Federal y el Ejército acudieron a la zona detuvieron a 45 de los
pobladores que se habían coordinado para defender su territorio. Por el
contrario, de Ternium y de los Caballeros Templarios no se investigó
nada. Tanto la minera como el cártel siguieron operando a sus anchas.
Por supuesto, el fenómeno no se reduce al caso de Aquila, también en el
estado de Guerrero y otras partes de Michoacán se han documentado
complicidades de megaproyectos –que implican despojo territorial–,
crimen organizado y gobiernos de los tres órdenes y niveles.
Encontramos en este mismo caso una segunda característica del Estado criminal: una política criminalizadora,
mediante la cual busca anular el descontento social y las múltiples
formas de resistencia que surgen en contraposición. De esta manera se criminaliza la protesta social y a ciertas ideologías y prácticas contestatarias,
sobre todo aquellas que no se ajustan a los mecanismos e instituciones
del Estado. Sin embargo, inclusive las protestas que actúan dentro de
los márgenes de lo estatalmente permisible llegan a ser reprimidas,
violentadas, acalladas o reducidas: los tribunales internacionales y
las múltiples recomendaciones no inmutarán a un Estado que continuará
actuando de manera criminal.
Situado en su dimensión histórica,
el Estado criminal está fuertemente vinculado tanto al capitalismo en
su fase neoliberal como al proceso de globalización: es un Estado al
que se le ha eliminado todo contenido social y al que se le ha
fortalecido para garantizar y salvaguardar la propiedad privada, así
como la acumulación por despojo. Para muestra de ello, basta mirar el
paquete de reformas estructurales de los últimos años –Educativa,
Laboral, Energética; la militarización de la seguridad pública con el
consecuente despliegue del Ejército por todo el país; la creación de
nuevas estructuras policiacas como la Policía Federal, la Gendarmería
Nacional o la Agencia Federal de Investigación; o bien la
implementación de políticas de «tolerancia cero».
En el Estado criminal, los crímenes de Estado son una constante.
Las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y recurrentes.
Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales también
son cotidianas. Activistas sociales, defensores de derechos humanos y
periodistas comprometidos con la verdad se han vuelto «sujetos
vulnerables».
En el caso de periodistas y comunicadores en particular, la situación es alarmante. De acuerdo con datos la organización Reporteros sin Fronteras,
en la última década (2003-2013) 80 periodistas han sido asesinados y 17
han sido desaparecidos. Por su parte, las organizaciones Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas documentaron el asesinato de 31 periodistas de 2010 a 2014, suceso al que habría que sumar las amenazas y los actos de censura.
El encarcelamiento por motivos políticos
resulta una herramienta más del Estado criminal. Según datos de la Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y del Comité Cerezo
México, actualmente existen en México 395 presos políticos y de
conciencia.
Pero la violencia del Estado criminal no va sólo
dirigida contra las organizaciones, pueblos y comunidades que resisten,
en realidad se aplica contra una mayoría de la población. Mantener
atemorizada a la sociedad se ha vuelto un instrumento estatal
fundamental. El miedo y el terror son mecanismos por los que el Estado criminal controla a la sociedad.
Al respecto, Pilar Calveiro [1] ha analizado a profundidad cómo este
fenómeno obedece a la reconfiguración del poder como consecuencia de
una reorganización de la hegemonía mundial.
En el capitalismo criminal los
antiguos campos de concentración de los fascismos y las dictaduras
militares se refuncionalizan y son utilizados como centros de «trabajo»
esclavo. Los testimonios de migrantes hombres y mujeres que fueron
detenidas o secuestradas para someterlas a explotación laboral o sexual
se cuentan por miles. En la mayoría de estos testimonios también figura
la participación de policías, gobernantes o integrantes de diferentes
partidos políticos. Para las corporaciones criminales, como ya hemos
dicho, no sólo los territorios son «explotables», también lo son los
cuerpos.
Los gobiernos y los estados de las naciones donde
más se ha desarrollado el capitalismo criminal llegan a convertirse en
verdaderos aparatos de guerra contra sus sociedades. Los rasgos
más visibles en México –y también los más devastadores– son los de las
víctimas humanas, que rondan entre las 130 mil personas asesinadas, más
de 35 mil personas desaparecidas, cerca de 280 mil personas víctimas de
desplazamiento forzado, los feminicidios, juvenicidios, asesinatos de
migrantes, miles de huérfanos y otras terribles realidades que los
números jamás lograrán sintetizar.
En el caso particular de
México, algunos intelectuales y periodistas han llegado a la conclusión
de que se trata de un «Estado fallido». Argumentan que el Estado
mexicano ha fallado en garantizar seguridad y que por tal motivo se
vive un clima de violencia e inseguridad. Desde luego no compartimos
esa opinión [2]. Observamos que en realidad el Estado mexicano obedece
a la lógica del capital. No está fallando, sino adaptándose para
cumplir una función: garantizar la acumulación y reproducción del
capital. Veámoslo de esta forma: el Estado criminal es al capitalismo
criminal lo que fue el Estado de bienestar al keynesianismo.
Si
podemos afirmar entonces que el Estado es criminal, buscar alternativas
dentro de él resulta absurdo. Eso lo saben bien las organizaciones,
pueblos y comunidades que hoy construyen alternativas reales.
Alternativas que frente a un proyecto basado en la muerte, reivindican
la vida. Sobre las luchas por la vida versará nuestra siguiente entrega.
Artículo publicado por primera vez en Subversiones
Notas:
[1] Ver: Calveiro, Pilar (2012). Violencias de Estado, la guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global. México: Siglo XXI Editores.
[2] Al respecto, vale mucho la pena revisar el artículo de Gilberto López y Rivas «México no es un Estado Fallido».
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