Guillermo Almeyra
Los
trabajadores mexicanos, como todos los explotados y oprimidos del
mundo, anhelan un cambio social logrado con métodos pacíficos y
democráticos, pues conocen en carne propia y por la historia el precio
en sangre y en sufrimientos de los cambios violentos. Pero cuando no
pueden mantener su modo anterior de vida, ni asegurar su existencia
misma, pueden verse obligados a reaccionar colectivamente y a responder
a la violencia criminal del Estado y de los delincuentes y a la
injusticia con la autodefensa y con una acción violenta liberadora.
Para que hoy en México un cambio por vía electoral fuese posible
debería imperar un grado mínimo de legalidad y de democracia, y el
Estado de la oligarquía y del capital financiero internacional debería
ser capaz de respetar lo que dicen las urnas, aunque el veredicto le
fuese desfavorable. Pero ¿quién puede creer en la posibilidad de
elecciones limpias, con resultados honestos, cuando la violencia
desenfrenada decapita, como en Guerrero, candidatos, decidiendo así por
anticipado quiénes representarán al Estado capitalista, y cuando la
llamada justicia y las fuerzas
del ordena su servicio consolidan la alianza entre el aparato estatal y un narcotráfico sostenido y alimentado desde Estados Unidos para someter y dominar a México y obtener mano de obra y recursos baratísimos?
Si Estados Unidos amenaza a Venezuela porque ese país es
políticamente independiente, aunque siga siendo dependiente en materia
económica, y porque ayuda a las economías cubana y caribeñas, ¿es
posible creer que aceptaría en México –que está integrado a la economía
y la sociedad estadunidenses– un gobierno con veleidades de
independencia? Si durante la Revolución Mexicana, cuando Washington no
tenía aún un ejército, Estados Unidos invadió México y ocupó Veracruz,
¿permanecería ahora pasivo cuando es la primera potencia mundial y
decide sin apelación quién
amenaza su seguridad interna?
¿Podría ser garante de elecciones libres un gobierno nacido del
fraude y derivado de otro gobierno que militarizó el país, mató a
decenas de miles de personas y metió el narcotráfico dentro de las
fuerzas armadas?
Si en Guerrero los comuneros, los campesinos, con el apoyo de los
demás explotados y oprimidos, eligen el camino de la autodefensa porque
no creen en los aparatos del Estado ni en su justicia tuerta, que ve
sólo los intereses de los poderosos, y se autorganizan y arman para
garantizar sus vidas y la democracia, ¿es sensato y moralmente
aceptable dejarlos solos para colaborar en la farsa de elecciones
regionales, imposibles de realizar en las actuales condiciones?
Durante mucho tiempo los capitalistas negaron el voto a los
trabajadores y a las mujeres, que conquistaron con duras luchas su
derecho a sufragar. El voto es algo que debe defenderse. No se trata
hoy, pues, de negar las elecciones por principio, sino de contraponer a
esta farsa electoral en Guerrero las elecciones democráticas, en
asamblea, de los representantes populares y de los ciudadanos en armas
designados por esas asambleas para combatir los delitos y los abusos de
todo tipo. Se trata de garantizar el derecho democrático de seleccionar
–y revocar, si es necesario– los propios representantes elegidos por
voz popular.
Contraponer
la participación en la farsa electoral favorable al PRI –para colmo
reuniendo los restos del moribundo PRD– a aquello que están votando ya
los guerrerenses equivale a condenar al olvido a los 43 desaparecidos
de Ayotzinapa, es políticamente incorrecto y es éticamente inaceptable
y condenable, porque equivale a un sostén indirecto al régimen
oligárquico que nos oprime.
El tiempo y los recursos humanos y de todo tipo que se utilizan para
avalar y legalizar unas elecciones que no reúnen las condiciones
mínimas para ser consideradas democráticas y válidas (se votaría en
estado de sitio, con ocupación militar del territorio, bajo la coacción
permanente del terror estatal y de los narcos y en medio de
asesinatos), deberían ser utilizados mejor para reforzar y difundir lo
que hacen los trabajadores guerrerenses y exigir, apoyándose en los
movimientos sociales y dándoles pleno sostén, las reivindicaciones más
elementales de los trabajadores mexicanos: castigo a los culpables de
la desaparición de los 43 normalistas, paz, derecho a un trabajo digno
en el país, justicia y pleno respeto por los derechos humanos y del
trabajador, anulación de todas las leyes reductivas de los derechos
laborales y lesivas contra la propiedad nacional de los recursos
naturales, un plan de empleo que esté financiado por la reducción
drástica de los privilegios de gobernadores, legisladores, políticos y
banqueros y por el control de la tremenda corrupción estatal.
En vez de servir al narcoestado ligado al imperialismo, hay
que crear los gérmenes de un nuevo Estado democrático mediante
asambleas resolutivas y ejecutivas, planes locales de desarrollo y
reconstrucción del territorio llevados a cabo por organismos elegidos,
organizados y controlados por asambleas populares. La autorganización,
la autonomía, la autogestión, la autodefensa, son los instrumentos para
eso. No hay salvadores supremos ni providenciales: sólo la fuerza y la
conciencia de los trabajadores organizados y su independencia política
frente al Estado y a los organismos de mediación de éste, como los
partidos del régimen, podrán defender y liberar a los oprimidos,
vejados, humillados, reprimidos todos los días y sacar al país de la
actual barbarie en que está cada vez más sumido.
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