Activistas reviran que persiste clima hostil en Guerrero
El
Estado mexicano negó ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que en el país se criminalice a activistas, y aseguró
que –contrario a las denuncias de organizaciones civiles– “se están
cumpliendo las recomendaciones internacionales en la materia”.
En una audiencia celebrada hoy en Washington, como parte del 154
periodo de sesiones de la CIDH, Alejandro Alday González, director de
Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), aseguró que no hay ninguna estigmatización contra las y los
defensores de Derechos Humanos (DH).
A pesar de que grupos civiles aseguran que en el estado de Guerrero no
se han cumplido las recomendaciones de la CIDH, el funcionario atajó:
“Yo lo quiero subrayar, reiterar, recordar, es que si algún país
coopera con el sistema internacional es México”.
Alday González detalló que el Programa de Derechos Humanos está basado
en las recomendaciones internacionales. Abundó que el Estado mexicano
ya presentó un programa de trabajo conjunto a la CIDH para cumplir con
los casos que permanecen ante el mecanismo de la Organización de
Estados Americanos (OEA).
“Que tengamos diferencias por algunas afirmaciones o matices que se han
hecho recientemente, no quiere decir que no estemos dispuestos a seguir
cooperando, como lo hemos hecho”, sostuvo.
Es de destacar que México ya cuenta con cuatro sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por casos ocurridos en
Guerrero (dos por violación sexual –referentes a las indígenas Inés
Fernández y Valentina Rosendo, ultrajadas por militares en 2002–, una
por detención arbitraria y tortura, y otra por desaparición forzada).
“CICLO DE IMPUNIDAD”
En la audiencia también participaron representantes del Centro por la
Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Comisión de la Verdad
de Guerrero (ComVerdad), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, quienes expusieron la grave situación humanitaria por la
que atraviesa Guerrero.
La delegación oficial, encabezada por el embajador permanente de México
ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa, aseguró que se está cooperando con
las víctimas para cumplir con las recomendaciones y llegar a la
justicia.
Sin embargo, Viviana Krsticevic, directora de Cejil, dijo ante las y
los comisionados de la CIDH que hay un “ciclo de impunidad”, porque
desde el periodo de la llamada “Guerra Sucia” –la represión militar a
los movimientos sociales y guerrilleros en los años 60 y 70– se ha
visto que hay agresiones que se repiten sin que sean castigadas, según
se constató en el informe que en octubre de 2014 presentó la ComVerdad,
y del cual se desprendieron recomendaciones para lograr la justicia.
“La represión, cultura de impunidad y arbitrariedad que existe en
Guerrero desde la época de la ‘Guerra Sucia’, ha facilitado que
subsista en la actualidad un contexto de violencia generalizada de
graves violaciones de Derechos Humanos, similares a las que ocurrieron
en el pasado”, recalcó.
A su vez, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, dijo que en
el estado continúan los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y
desapariciones forzadas, violaciones que se utilizan “para acallar las
voces de disidentes políticos y luchadores sociales y estudiantiles”.
Asimismo observó que existe un uso represivo de la fuerza durante las
manifestaciones, lo que deriva en detenciones arbitrarias y tortura.
Pese a esta documentación, expuso el abogado que de acuerdo con la
Procuraduría de Justicia estatal entre 2007 y 2010 no se abrió ninguna
denuncia por estos delitos; en el caso de desapariciones, se registró
que entre 2011 y 2013 desparecieron tres defensores de DH.
Rosales Sierra calificó como “abominable” la desaparición de 43
estudiantes normalistas, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala,
presuntamente por policías preventivos y el grupo delincuencial
“Guerreros Unidos”, lo que evidencia –advirtió– la omisión de las
autoridades antes, durante y después de esas desapariciones.
Sobre el llamado caso Ayotzinapa, las familias de las víctimas tuvieron
también una audiencia con la CIDH, en la que expusieron que son
“revictimizadas” por las autoridades mexicanas, y pidieron que el
organismo haga un llamado para que se continúe con la investigación y
búsqueda de los jóvenes desaparecidos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
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