6/07/2015

Finanzas públicas y contrarreforma educativa


En los comienzos del sexenio de Enrique Peña Nieto se puso en marcha un ambicioso programa de contrarreformas institucionales. Entre éstas, la más antipopular y retardataria era la educativa, y pretendía dar un paso decisivo para privatizar la educación hasta ahora pública y más o menos popular. 

Este objetivo se explica al tomar en cuenta el muy vasto y muy rico mercado educativo que representan muchos millones de demandantes de educación: niños y jóvenes entre los 4 y los 25 años de edad. 

Desde luego, el primer paso en el programa privatizador era y es poner en cuestión la calidad del sistema educativo, repitiendo la vieja, manida y tramposa cantaleta de que los servicios prestados por el Estado son deficientes. Y que basta con que pasen a manos privadas para que, como por arte de birlibirloque, mejoren sustancialmente. 

¿Pero cómo lograr que un millón de maestros dejen de ser empleados públicos para pasar a ser asalariados del sector privado? La respuesta es sencilla: hay que evaluarlos. Tramposamente, dede luego. Y como consecuencia de una mala calificación, despedirlos, sacarlos de la nómina oficial, mandarlos al desempleo, a la calle. 

Esta es la esencia de la contrarreforma educativa: despedir maestros. Y dejarlos en condiciones y necesidad de ser de nuevo contratados, pero ahora por escuelas privadas. No a todos los nuevos desempleados, por supuesto. Sólo a los más jóvenes, a los más fuertes, a los más sanos. Y desechar a los viejos, a los enfermos, a los obesos, a los diabéticos, a los débiles visuales o auditivos. La contrarreforma educativa recuerda, quizá sin proponérselo, al viejo agrónomo latino Catón, que aconsejaba a a los terratenientes de su época vender los esclavos ancianos y comprar esclavos nuevos. 

Este propósito oculto, sin embargo, fue plenamente percibido, visto, intuido por los maestros mexicanos. Recuérdese que las normas que componen la dichosa contrarreforma educativa plantean una evaluación magisterial para el ingreso, la promoción y la permanencia (la permanencia) en el empleo. 

Queda claro que la interesada y consecuentemente tramposa evaluación propuesta por la contrarreforma educativa dejaría sin empleo y, también consecuentemente, sin jubilación a los maestros más viejos, más desgastados, más desactualizados. 

Y éstos, lógicamente, y habiendo percibido el peligro, se plantearon e hicieron pública una solución que los librara del desempleo y de la carencia de una pensión jubilatoria. Esta salida era, simplemente, adelantar su jubilación. 

Algunos especialistas en la materia calculan la cifra de profesores dispuestos a la jubilación anticipada (a partir de los 15 años de servicio) es de un cuarto de millón de mentores, es decir, más o menos una cuarta parte de todos los profesores actualmente en servicio. Y ocurre que las finanzas públicas no están en condiciones de afrontar la asignación de pensiones de 250 mil personas, prácticamente de un día para otro. Y esto, sumado a la oposición militante y activa de los maestros agrupados en la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), consiguió mandar la contrarreforma educativa al cesto de la basura. 

Pensionar de un día para otro a un cuarto de millón de personas que pasan a retiro, y contratar además al cuarto de millón de profesores sustitutos de los nuevos jubilados implicaría un gasto irresistible para las finanzas públicas. 

Sabiendo todo esto, qué tiene de extraño que el gobierno peñanietista haya decidido suspender la absurda y repudiada evaluación educativa. Aunque tal conducta le haya granjeado las acres críticas de los empresarios que buscaban quedarse con el nicho de mercado que constituiría la educación privada, es decir, de paga. 


No hay comentarios.:

Publicar un comentario