Cinco estados, liderados por DF y Veracruz, agrupan la mitad de los casos de activistas y periodistas que piden protección. En dos años 32 activistas ejecutados, según diagnóstico.
Arturo Angel (@arturoangel20)
Botones de pánico sin señal, teléfonos emergencia que nadie contesta,
patrullajes que no se hacen, cámaras que tardan meses en ser
instaladas, nulo seguimiento de las investigaciones… así “funciona” el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
Las
fallas de este programa, creado en junio del 2012 para – en teoría –
proteger a periodistas y activistas que por su labor pudieran estar en
riesgo, fueron desnudadas por medio centenar de organizaciones civiles e internacionales que realizaron un diagnóstico sobre su operación. La conclusión, es que el mecanismo hoy en día Incompleto, opaco y muchas veces inútil.
El
resultado es que en la práctica en los últimos tres años nada ha
cambiado. Para muestra un dato dramático: según las organizaciones, de
junio de 2012 a mayo del 2014 se registraron 32 defensores de derechos humanos fueron ejecutados extrajudicialmente en México.
Aunque
esos hechos no necesariamente corresponden a personas protegidas por el
mecanismo, el seguimiento de 59 casos en los que si se solicitó la
protección, arroja que existen fallas en el mismo que no contribuyen ni a resguardar a la personas ni a visibilizar el problema para generar una mejor política pública.
A
lo anterior se suman deficiencias que atañen a la propia administración
del Mecanismo como la falta de rendición de cuentas sobre los casos, de
personal capacitado y de áreas que de hecho no se han creado.
“Hay
ausencia de respaldo político, financiero y de recursos humanos al
Mecanismo, falta de reconocimiento de la labor de las personas
defensoras y periodistas que se protegen, descoordinación y falta de
voluntad de las autoridades competentes, limitaciones en las
investigaciones y desinterés en activar las herramientas para prevenir
los abuso” señala el documento.
Previo a la presentación de este
diagnóstico, un abogado y activista cuyo nombre no se revela por
seguridad del mismo, radicado en el DF, había revelado a Animal Político algunas de las deficiencias del Mecanismo. Por ejemplo, el retraso en la instalación de cámaras y cerraduras provocó que su oficina fuera saqueada en dos ocasiones y varios expedientes robados.
Durante la presentación del diagnóstico, al que por cierto no acudió ninguna autoridad mexicana,
el representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, reconoció
el esfuerzo por estudiar un mecanismo que sigue en una fase de prueba – error y que en algunos casos ha presentado retrocesos.
DF y Veracruz lideran casos
El
diagnóstico, elaborado por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad
Civil (Espacio OSC) que agrupa a las ONG que hicieron la evaluación,
reveló que de acuerdo con datos oficiales a los que se tuvieron acceso,
de junio del 2012 a noviembre de 2014 se registraron 204 solicitudes de protección a través del Mecanismo.
Sólo cinco entidades federativas, con el Distrito Federal y Veracruz a la cabeza, concentraron 102 solicitudes de protección que equivalen a la mitad de todas las que se han presentado a nivel nacional.
Aguascalientes es la única entidad del país donde no se ha registrado
una sola solicitud de protección, y hay tres casos en donde no se
precisa la ubicación geográfica
Cabe recordar que el Mecanismo
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas contempla una serie de medidas diferenciadas que el
gobierno federal otorga para periodistas o activistas de derechos
humanos que por motivo de su trabajo estén en riesgo o hayan sido
víctimas. Una junta de gobierno es quien decide si se protege o no al
solicitante.
De las 204 solicitudes registradas ante el mecanismo, 114 correspondieron a periodistas y 89 a diversos defensores de derechos humanos.
El
número de solicitudes, detalla el diagnostico, es muy inferior a los
casos de agresiones cometidos que ha reportado la sociedad civil. Por
ejemplo, solo en 2013 y 2014 Artículo 19 reportó 326 agresiones contar
al prensa, mientras que el Comité Cerezo registra 861 ataques contra
activistas.
“El Mecanismo adolece de una cifra negra respecto al
conocimiento de casos la cual impacta que cumpla satisfactoriamente su
fin (…) entre los motivos de que esto ocurra puede estar un desconocimiento del mismo Mecanismo o desconfianza de las víctimas hacia las autoridades” indica el diagnóstico.
Del total de los casos, las organizaciones dieron seguimiento a 59 prácticamente desde el inicio en los cuales las amenazas, la intimidación y el hostigamiento fueron el tipo de agresión más reportada, seguida de la agresión física, el allanamiento, la criminalización, el daño a la propiedad, el secuestro y el posible homicidio.
El
diagnóstico también dio a conocer, a manera de contexto, que según
cifras de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada del Comité
Cerezo, de junio de 2012 a mayo en 2014 se registraron 32 casos de presunta ejecución extrajudicial de activistas de derechos humanos.
Guerrero
es la entidad en que se registró la mayor parte de homicidios con once,
seguido de Oaxaca con nueve y Veracruz con cuatro.
¿Protección o placebos?
El
Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y
Periodistas establece distintas medidas de protección, desde físicas
hasta jurídicas o psicológicas, que se otorgan a una víctima
dependiendo de su situación particular y de lo que se decida en la
respectiva evaluación de riesgo. El diagnóstico presentado encontró fallas en casi todas ellas.
El
dotar a la persona afectada de un botón de pánico es una de las medidas
más comunes, Ocurrió en 13 de los 59 casos a los que se les dio
seguimiento y en todos ellos, el referido botón falló. Además de un riesgo para las personas afectadas, se trata de un derroche de dinero público.
“Se está apagando 3 mil 500 pesos mensuales por cada botón de pánico. Esto representa 1.2 millones de pesos pagados al mes a
una empresa (RCU Sistemas) por una medida que en realidad funciona como
una especia de placebo para los defensores de derechos humanos y
periodistas que lo tienen pero que cuando lo han intentado poner en
práctica ha fallado en la mayoría de los caso” dijo Alberto Solís,
director de Servicios y Asesoría de la Paz (Serapaz).
Uno
de los casos en donde falló este sistema fue el del Colectivo Ustedes
Somos Nosotros ocurrido el 4 de abril del 2014. Activistas de ese
colectivo activaron el botón de pánico cuando fueron atacados por
personas armadas mientras brindaban apoyo a migrantes que descansaban
en vías del tren La Bestia pero la asistencia inmediata nunca llegó.
Los
teléfonos de emergencia es otra medida que se otorgó en 22 de los casos
monitoreados. En 14 de esos casos se tuvo en algún momento que llamar
al referido numero pero en ninguno funcionó pues nadie contestó.
Pilar Tavera, directora de la organización Propuesta Cívica A.C., dijo que el recurso líneas de emergencia falla porque simple y sencillamente no existe protocolo alguno sobre cómo debe funcionar ese mecanismo, quien tiene que atender el teléfono y que se debe de responder.
La
instalación de cámaras de circuito cerrado y cerraduras de emergencia
se otorgó en 17 casos pero en once de ellos, dichos dispositivos se
instalaron con retrasos de uno hasta seis meses. Animal Político
conoció directamente del caso de un abogado cuya oficina en la colonia
Roma fue saqueada dos veces antes de que se instalaran los referidos
dispositivos.
“Además tenemos el tema de los rondines de
vigilancia donde lo que hemos detectado es que estos solo se hacen por
un tiempo y después se dejan porque no hay monitoreo delos mismos
(…) otro es el de los escoltas donde el problema es que no están
capacitados para proteger activistas o periodistas, y lo que hacen es
encerrarlos en una burbuja que los aísla” dijo Tavera.
Un aspecto
preocupante, de acuerdo con el diagnóstico, es que medidas de fondo que
pueden resolver un caso o disuadir una amenaza como el
solicitar informes de las investigaciones sobre los ataques o reconocer
públicamente a una persona como activista o periodista en riesgo, son
las que menos se aplican. De los 59 casos monitoreados solo se hizo efectiva en tres de ellos
Mecanismo incompleto y opaco
Iván Baez, oficial del Programa de Protección para México y Centroamérica de Artículo 19
advirtió que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas está incompleto pues adolece de la
llamada ”tercera unidad” contemplada desde su creación encargada de
temas de prevención y difusión.
“Esta tercera unidad nada más y
nada menos es la responsable de diseñar la política de atención y
también sistematizar la información que eventualmente sirva para las
evaluaciones de riesgo (…) hoy en esta unidad trabajan dos personas que de hecho se dedican a otra cosa” dijo.
Baez
también comentó que se ha documentado una respuesta lenta de parte del
Mecanismo para definir cada una de las solicitudes. En 2014 esta
instancia estuvo al punto del colapso con más de 90 expedientes que no
se resolvían.
Artículo 19 también identificó que faltan manuales
en materia de protección, protocolos para situaciones específicas como
las líneas de emergencia, y capacitación auténtica del personal pues el
mismo solamente es rotado sin sentido.
Pilar Tevara de Propuesta
Cívica subrayó que no hay transparencia en materia de rendición de
cuentas pues la Secretaría de Gobernación no da a conocer informes con resultados periódicos y toda la información que se conoce solo es por los consejeros ciudadanos que participan en la junta de gobierno.
“Por
poner un ejemplo no se conocen las causas por las que le mecanismo
decide aceptar o rechazar a una persona (…) tampoco es claro cuando se
considera a una persona en riesgo y cuando no” señaló.
| Solicitudes de protección a periodistas y defensores de DH por estado | |
| Entidad | Solicitudes |
| Distrito Federal | 48 |
| Veracruz | 15 |
| Edomex | 13 |
| Oaxaca | 13 |
| Chihuahua | 13 |
| Chiapas | 10 |
| Michoacán | 9 |
| Guerrero | 9 |
| Coahuila | 8 |
| Baja California | 8 |
| Jalisco | 7 |
| Tamaulipas | 5 |
| SLP | 5 |
| Sonora | 5 |
| Morelos | 4 |
| Tlaxcala | 4 |
| BCS | 3 |
| Zacatecas | 3 |
| Hidalgo | 3 |
| Yucatán | 2 |
| Quintana Roo | 2 |
| Guanajuato | 2 |
| Querétaro | 2 |
| Sinaloa | 2 |
| Campeche | 1 |
| Tabasco | 1 |
| Nuevo León | 1 |
| Durango | 1 |
| Colima | 1 |
| Nayarit | 1 |
Periodo: Junio 2012 a Noviembre 2014
Fuente: “Segundo Diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas” Elaborado por Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
| Estados con más defensores de DH ejecutados extrajudicialmente | |
| Entidad | Casos |
| Guerrero | 11 |
| Oaxaca | 9 |
| Veracruz | 4 |
| Chiapas | 3 |
| Chihuahua | 2 |
Periodo: Junio 2012 a Mayo 2014
Fuente: “Segundo Diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas” Elaborado por Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
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