Madres y padres de los estudiantes refrendaron que seguirán en la búsqueda de sus hijos; pidieron a la sociedad que los acompañe en las calles el 26 de septiembre, cuando se cumple un año de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
Foto: Isabel Mateos/ Cuartoscuro
La continuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta
que se esclarezca el paradero de los 43 normalistas, así como una
reunión con el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para que se
comprometa a cumplir a cabalidad las recomendaciones del grupo, son las
dos peticiones principales que hicieron padres y madres de los
estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, después de conocer el informe de los expertos presentado este domingo.
Familiares y organizaciones acompañantes consideraron que la
respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) al informe
del GIEI es insuficiente y no garantiza el respeto irrestricto a las
recomendaciones y elementos ofrecidos por los especialistas.
Insistieron en que la investigación debe reestructurarse en su totalidad.
El refrendo indefinido del mandato de los expertos se haría con base
en la cláusula 10 del acuerdo de asistencia técnica. Los familiares
señalaron que, ante las revelaciones del GIEI, solamente de esta forma
tendrán garantías de que el Estado no vuelva a fabricar o desviar la investigación sobre el paradero de sus hijos.
“Hay decisiones de Estado que se deben tomar para asegurar que la
investigación sea independiente, imparcial y autónoma”, resaltó Mario
Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez.
El informe de los expertos tras seis meses de investigación señaló
inconsistencias en la investigación y consideró que la verdad histórica
de la Procuraduría General de la República -decir que los normalistas
habían sido incinerados en el basurero de Cocula- es científicamente
imposible. Al respecto, los padres reiteraron que ellos nunca creyeron la teoría de la PGR porque no se les ofrecieron elementos científicos que la sustentaran, por lo que el informe del GIEI les da la razón.
Los familiares lamentaron que se esté por cumplir un año de la
desaparición forzada y que aún no se sepa el paradero de los jóvenes,
por lo que insistieron en que –de acuerdo con las recomendaciones del
GIEI- se deben generar estrategias de búsqueda inmediatas y serias.
“Los expertos ofrecieron elementos de por dónde puede ir esa búsqueda”,
señaló Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan.
Primero mintió Ángel Aguirre (entonces gobernador de Guerrero),
cuando dijo que sus hijos estaban en fosas -”imagínense ustedes qué
dolor tan grande para una madre”- y hoy sabemos que mintió la PGR
cuando dijo que sus hijos habían terminado en el basurero, “por eso ya
no creemos en el gobierno”, expresó la señora María de Jesús Tlatempa.
“Nunca lo creímos y hoy se dio por hecho, gracias a nuestros expertos
de la CIDH, que son unas personas serias”, agregó la madre de José
Eduardo.
Tanto padres y madres de los desaparecidos como las organizaciones
acompañantes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
y el Centro Prodh, resaltaron que todos los funcionarios que
obstaculizaron el acceso a la justicia deberán ser investigados.
También precisaron que la investigación debe abarcar todo el contexto
de macrodelincuencia, pues no es creíble que la colusión del crimen
organizado con las autoridades se limite al ámbito municipal.
Los familiares de los heridos Aldo Gutiérrez Solano y Edgar Andrés
Vargas informaron que se encuentran en estado delicado y demandaron
atención especializada y pronta. “Les destrozaron la vida”, lamentó
Ulises, hermano de Aldo. En el caso de los ejecutados y heridos, la
impunidad es total, describieron.
Video de la conferencia:
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