México, a decir de especialistas del
más alto nivel, vive ahora mismo una de sus peores crisis en cuestión de
derechos humanos, mostrada al mundo con los casos ya emblemáticos de
Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato, donde la brutalidad de las fuerzas
estatales es inocultable. Y ante cada nuevo episodio, sostienen, el
gobierno peñanietista sigue el mismo patrón: comienza con la negación,
sigue con la fabricación de “verdades históricas” y termina –demasiado
tarde– con el reconocimiento, a regañadientes, de sus pifias, inacciones
y omisiones.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Intolerancia a la crítica, deterioro
constante, negligencia, negación de la crisis humanitaria, falta de
voluntad política, ingobernabilidad y fabricación de verdades oficiales
ante los abusos, son algunos de los rasgos que distinguen la política de
derechos humanos del gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por la
desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El balance lo hacen para Proceso directivos de Freedom House,
Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), así como un
integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e
Involuntarias (GTDFI) de la ONU, consultados por separado.
Cumplidos ya cuatro años de gobierno de Peña Nieto, los expertos
entrevistados advierten de retrocesos graves y cifras oficiales
alarmantes, ineludibles, en materia de derechos humanos, al mantenerse
intocada la política de combate frontal contra el narcotráfico impulsada
por Felipe Calderón, quien heredó más de 26 mil desaparecidos, cifra
que se ha incrementado durante la actual administración a cerca de 28
mil.
Si Calderón dejó una imagen preocupante por los altos índices de
abusos de las fuerzas armadas y por masacres inimaginables, como las de
migrantes en San Fernando, Tamaulipas, para los defensores de los
derechos humanos lo que se ve es la multiplicación de esos horrores.
No sólo eso. La falta de acceso a justicia y verdad en México lo han
colocado a la cabeza de los países americanos con mayores peticiones de
intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
incluso muchas más que durante el sexenio de Calderón, cuando empezó la
guerra contra el narcotráfico.
Según el último informe de la CIDH, con datos de 2015, en los
primeros tres años de gobierno de Peña Nieto se acumularon dos mil nueve
quejas de víctimas ante ese órgano de la OEA, 423 más que las
registradas durante todo el sexenio de Calderón, que fueron mil 586.
A escala nacional, en su último informe de labores la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó de un incremento de 18%
en los expedientes de queja entre 2014 y 2015, al pasar de 8 mil 455 a 9
mil 980, y en casi la tercera parte de las denuncias, 3 mil 24, se
ubicó como responsables de los abusos a miembros de las fuerzas armadas y
de seguridad pública.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2078 de la revista Proceso, ya en circulación.
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