por Rogelio Muñiz Toledo
Cuartoscuro / Archivo
Desprecio a los poderes del mundo que sean poderes de iniquidad o de estulticia: José Vasconcelos Calderón*
El grupo de tecnócratas neoliberales, herederos del proyecto económico de aquéllos de los años noventa del siglo pasado, y su versión política, la “nueva generación de priistas” que el presidente presumía al inicio de su administración, que llegaron al poder en 2012 para “mover a México”, terminaron llevándolo al desastre.
La ausencia de una agenda política de cambio y la obstinación por dar prioridad a los intereses económicos de la élite gobernante, hicieron que perdieran la oportunidad de encabezar la postergada transformación del régimen. Tal vez nunca se lo plantearon.
Los acuerdos políticos logrados al inicio de su administración, el Pacto por México, pudieron ser útiles para replantear el modelo de desarrollo del país. En lugar de apostar por el cambio, prefirieron poner todas sus fichas por la aprobación de sus reformas estructurales, para consolidar el fallido modelo neoliberal.
Desdeñaron la agenda del cambio, o tal vez le temieron, y nunca se propusieron establecer una política social de Estado para erradicar las desigualdades. Decidieron limitarse a cumplir con lo que el presidente ofreció al tomar posesión, “ser un gobierno facilitador”, simples administradores de los intereses de las élites política y económica, en el poder desde hace treinta años.
A pesar de que en 2012 México se encontraba en el lugar 105 de 174 en el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, en el mensaje de toma de posesión no hubo una sola referencia a la corrupción. La palabra simplemente no aparece en el discurso. Mal presagio. El combate a la corrupción y la impunidad nunca estuvo entre las prioridades de su administración. Para 2017 el país había caído al lugar 135 de 180.
Del incumplimiento del compromiso de crear el “Sistema de Seguridad Social Universal” dan cuenta las cifras de la pobreza y el nivel del poder adquisitivo del salario. Según el Coneval, entre 2012 y 2016 aumentó el número de personas en situación de pobreza y 1.4 millones se sumaron a la población vulnerable por ingresos. Al tercer trimestre de 2018, el 39.3% de la población tenía un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, es decir, a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (pobreza laboral).
México tiene uno de los mayores índices de desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso. Pretender combatir la pobreza y cerrar las brechas de la desigualdad con un salario mínimo en el penúltimo lugar de América Latina y con la pérdida constante del poder adquisitivo, con una política social ineficaz y con un gasto social cuyo ejercicio mereció reiteradas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, fue un despropósito.
Los derechos sociales nunca estuvieron en su agenda. Nunca se plantearon garantizar a todos los mexicanos el derecho fundamental que es la base de los demás derechos humanos: la dignidad humana.
La inseguridad y la violencia solamente merecieron una mención en su mensaje de toma de posesión. Partieron de un diagnóstico equivocado y se empeñaron en continuar con la absurda guerra iniciada el sexenio anterior, sin dimensionar correctamente el problema y sus causas.
Decidieron combatir la inseguridad y la violencia con la misma estrategia fallida, sin empeñarse en la erradicación de la pobreza y la marginación, ni promover el desarrollo humano y la cohesión social. Dejan como legado: los dos años más violentos de la historia reciente del país, 2017 y 2018; más de 130 mil homicidios dolosos; desapariciones forzadas y más de 40 mil personas no localizadas; múltiples violaciones a los derechos humanos: Iguala, Tlatlaya, Tanhuato … y su inconstitucional Ley de Seguridad Interior, declarada inválida por la Suprema Corte.
Concluyen su aventura política con varios ex gobernadores, los de la “nueva generación de priistas”, prófugos o procesados por malversación de fondos públicos y con emblemáticos casos de conflicto de interés y de corrupción: “Odebrecht”; la “Casa Blanca” y la “Estafa Maestra” sacados a luz por las investigaciones periodísticas -premiadas ambas- del equipo de la periodista Carmen Aristegui y del portal de noticias Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, respectivamente; y la llamada “Operación Safiro” -con “s”, como señala Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que la denominaron sus operadores- destapada por The New York Times en diciembre de 2017.
Cierran el sexenio con la utilización de la controversia constitucional -diseñada para dirimir conflictos entre podres y órdenes de gobierno, no para amparar funcionarios- como protección para cuando el fuero ya no alcance, como último recurso antes de dejar el poder, para buscar el amparo de la justicia federal para los funcionarios de la actual administración -incluido el presidente- ante investigaciones criminales en su contra por parte de autoridades estatales.
Sexenio de iniquidad y estulticia que terminó en desastre.
José Vasconcelos Calderón
Abogado, político y escritor mexicano
Rector de la Universidad Nacional
Primer secretario de Educación Pública
Candidato a la Presidencia de la República
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