El 15 de septiembre del año pasado, la reportera Jesusa Cervantes dio
a conocer un documentado reporte de la corrupción como regla de
conducta en la Cámara de Diputados
(https://www.proceso.com.mx/551097/rastros-documentados-de-la-corrupcion-en-san-lazaro)
en la legislatura anterior. La nueva mesa directiva que preside
Porfirio Muñoz Ledo busca dejar como legado un cambio real en los
criterios de asignación de pautas de publicidad oficial a los medios. En
las próximas semanas la Cámara de Diputados tendrá (por fin) una
normatividad innovadora, por la transparencia y equidad de su contenido,
que marcará un parteaguas en las relaciones de ese órgano legislativo
con los medios de comunicación.
El cambio ha empezado ya en la Coordinación de Comunicación Social de
ese órgano legislativo. Y vaya que no es menor: a) Se ha eliminado la
compra externa de monitoreos de medios porque esa coordinación tiene su
propia área de monitoreo que no era aprovechada; b) en la elaboración de
los diseños y contenidos de los spots para los tiempos oficiales, por
el precio de uno en la legislatura pasada, ahora se pagan 15 al
aprovechar la infraestructura de la propia coordinación; c) Se ha
reducido el número de ejemplares comprados de periódicos impresos en más
de 6 millones de pesos en el presupuesto anual de esa área; d) Una
reforma que ha generado un precedente histórico es la dignificación de
los ingresos de los trabajadores con menores percepciones, quienes
pasaron de recibir 6 mil pesos netos mensuales a ganar 15 mil pesos al
mes; casi el 200% de aumento con las economías realizadas al cerrar el
pozo sin fondo de la corrupción. Se trata de un asunto de la mayor
importancia. Muchos piensan por desconocimiento que la ley de
remuneraciones busca acotar los sueldos más altos y dejar igual a los
más desprotegidos y el propósito es totalmente distinto: se busca
reducir las asimetrías subiendo los sueldos más bajos y reduciendo los
más altos como se hace en esa área de Comunicación Social, por poner un
ejemplo; d) Se ha eliminado hasta ahora la firma de convenios de
publicidad y se reactivarán, en su caso, bajo la nueva política pública
en esa materia que está por ser concluida.
El cambio, empero, tiene costos altos por las resistencias de quienes
habían hecho de la corrupción un modelo de vida profesional. La
coordinadora de Comunicación Social, Roselli Reyes Cuevas (quien no es
pariente de Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial, por cierto),
ha sufrido en carne propia las consecuencias de alejarse de la inercia
facilista y adoptar, en cambio, criterios de eficacia y de racionalidad
del gasto público. En efecto, la eliminación de los “apoyos” a
periodistas sin ningún sustento normativo y las reformas iniciadas,
generaron, de entrada, que dos medios se le fueran a la yugular a
Roselli al ser acusada de ganar más que el presidente de la República.
Para ello se hizo una solicitud de información en 2019 de los ingresos
brutos de la titular de la coordinación en 2018 y se comparó con el
sueldo neto del presidente López Obrador, lastimando, por un lado, el
derecho a saber y, por otro, afectando el patrimonio moral de Roselli. Y
no se trató de un “error”, porque ante el ejercicio del derecho de
réplica con documentos oficiales en la mano los medios fueron renuentes a
modificar lo difundido, aunque finalmente lo publicaron en el lugar más
escondido, dejando sin sustancia la naturaleza del derecho de réplica
que es un derecho de toda persona previsto en el artículo 6
constitucional.
Cuando una servidora pública honesta y comprometida como Roselli se
atreve a predicar y practicar el cambio democrático, además de cuidar
los recursos del pueblo, es un deber cívico alzar la voz para reconocer y
acompañar críticamente esas nuevas prácticas que mucho bien le hacen al
país y que honran a quien las pone en acción. Los medios deberían ser
agentes del cambio, no de la reproducción de las pautas conductuales del
gatopardismo, de que todo cambie para que siga exactamente igual. Hay
que recordar que el primer deber ético de un medio de comunicación es
asegurar su sobrevivencia financiera, que de ninguna forma es una
obligación del Estado ni en México ni en ningún lugar del mundo. Todo
indica que la Cámara de Diputados no será más rehén de los medios,
aunque haya que pagar momentáneamente el precio de esa transición, que
no debe tener caminos de regreso.
ernestovillanueva@hushmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario