Popularidad fortalecida, pese a confrontaciones
A ritmo galopante, sin tregua desde el inicio de su
administración, Andrés Manuel López Obrador cumplirá mañana la simbólica
cifra de 100 días en la Presidencia con la lucha contra la corrupción y
la instauración de la austeridad como signos de gobierno. Es también el
periodo que se dio para detonar sus programas prioritarios y recuperar
un papel más activo del Estado en la asistencia social y en la economía,
bajo el objetivo de poner fin a la larga noche neoliberal y desmontar
sus efectos.
Desde el primer día, López Obrador imprimió un estilo personal de
gobernar para distanciarse del régimen anterior desacralizando los
principales símbolos del poder: la clausura de Los Pinos como residencia
oficial, la desaparición del Estado Mayor Presidencial y el envío del
avión presidencial a California para su venta. En ese ímpetu por romper
con el pasado ha decretado un masivo despido de trabajadores del Estado,
la reformulación de los apoyos sociales acotando el papel de las
organizaciones de la sociedad civil, creación neoliberal bajo la óptica
de López Obrador.
En materia económica, con las principales variables bajo control que
han resistido la incertidumbre de la transición –inflación, paridad
cambiaria, comportamiento bursátil–, a pesar de decisiones polémicas
como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, las
valoraciones de las calificadoras internacionales han puesto de
manifiesto la diferencia con la visión gubernamental del rumbo de la
economía que pretende un cambio radical que ha decretado el fin de la
era neoliberal.
Distanciado históricamente del sector empresarial en su trayectoria
opositora, como Presidente ha sido el ámbito donde ha tejido las
principales alianzas, pese a las críticas que algunas organizaciones
patronales lanzaron tras la decisión sobre el aeropuerto. Con un hombre
de negocios como jefe de la Oficina de la Presidencia (Alfonso Romo),
desde la transición López Obrador ha buscado puentes bajo la lógica de
que acelerar el ritmo del crecimiento económico no es suficiente sólo la
inversión pública.
La creación de un consejo asesor durante la transición (integrado con
algunos de los más connotados empresarios), su presencia en el Consejo
Mexicano de Negocios y el relevo del Consejo Coordinador Empresarial,
con los que acordó el impulso de la economía y su convocatoria a
involucrarlos en la construcción de uno de sus programas más importantes
–el Tren Maya, proyecto de 6 mil millones de dólares–, reflejan los
términos de la relación, pero que hasta ahora no se ha patentizado en
inversiones concretas.
▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador
durante el acto Mujeres transformando el futuro,
ayer en Palacio Nacional.Foto Pablo Ramos
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Periodo este también de contrastes y confrontaciones en que la
popularidad presidencial ha crecido a partir de sus primeras acciones de
gobierno que han consolidado su liderazgo en muchos sectores de la
sociedad, pero han generado encono entre los que López Obrador denomina
sus adversarios: los conservadores. En paralelo, en las proyecciones del
Banco de México y sectores financieros han caído las expectativas de
crecimiento de la economía al punto más bajo en años, auspicios que el
Presidente ha atribuido a la incomprensión de la importancia de la lucha
contra la corrupción.
No han sido pocas las veces que a la cruzada contra este arraigado
fenómeno que ha emprendido López Obrador le ha conferido atributos
mágicos–
tengo la fórmula mágica, ha reivindicado en su espacio natural: la plaza pública–, la clave del cambio de rumbo nacional para dejar atrás el neoliberalismo, esa etapa de la historia reciente que –ha proclamado– sumergió al país en la descomposición, según la nueva óptica oficial.
Una era que bajo el discurso obradorista representó destapar la caja
de pandora que desató todos los males del país, como ha enfatizado el
Presidente prácticamente desde el primer día: corrupción, pobreza,
marginación, inseguridad, abandono del campo, desastre energético,
colapso institucional; desintegración familiar; rezago salarial, y un
largo etcétera. Escenario que pretende revertir con la fórmula que
ambiciosamente ha denominado la Cuarta Transformación.
El principal golpe contra la corrupción arrancó en plena época navideña: la lucha contra el huachicol
que representaba una sangría anual de 60 mil millones de pesos,
tolerada desde las entrañas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que reveló
un entramado de corrupción que involucraba a empresas y funcionarios.
Un robo a la nación que involucraba millonarias operaciones de lavado
de dinero que evidenciaron la profundidad de la corrupción alcanzada en
el sector. A pesar de la tragedia de Tlalhuelilpan, Hidalgo, que causó
135 muertes, las interminables colas que propició el desabasto, las
expresiones de inconformidad en algunas entidades, no minó el apoyo
social a la ambiciosa medida, primera instrumentada para rescatar lo que
para él es prioridad estratégica: Pemex.
Crítico de la privatización emprendida con la reforma energética, la
política hacia el sector ha coexistido con la nueva realidad que
involucra la iniciativa privada bajo nuevas reglas y que abarca al
sector eléctrico. La corrupción detectada en la Comisión Federal de
Electricidad originó la descalificación presidencial hacia grandes
consorcios involucrados con
contratos leoninos; acusaciones contra la complicidad de sus antecesores en su desmantelamiento y la más acre crítica a los
organismos autónomos: la Comisión Reguladora de Energía.
Diferencias que el Presidente ha marcado también con otros organismos
autónomos a los que considera onerosos por los elevados salarios que
allí se devengan, los cuales no compatibilizan con su visión de
austeridad, pero contra los que no se ha detenido en descalificarlos.
Alma Muñoz y Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
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