TIEMPO DE MUJERES

¡Por fin!

Néstor de Buen

Cuentan las malas lenguas que ¡por fin! la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se dignó enviar a la Cámara de Diputados el anunciado proyecto de ley federal del trabajo. No lo tengo aún a la vista, pero sí he leído la información sobre los puntos principales en que se sustenta ese texto. Y desde luego que no resultan nada gratos, lo que me parece absolutamente natural a partir de que el autor parece ser el secretario del Trabajo, claro está que con la colaboración o hechura principal de abogados especialistas en la materia que, por cierto, no abundan por sus rumbos.

Claro está que no faltan especialistas externos que se habrán prestado de muy buena manera a formular el anteproyecto que habrá sido presentado bajo la responsabilidad del Presidente de la República y con el aval del secretario del Trabajo. Y conociendo a esos especialistas, con profundo olor a Coparmex, no tengo duda alguna de los verdaderos propósitos del proyecto.

Se dice que se tocan temas de derecho individual y de derecho colectivo del trabajo. Y viniendo de quien vienen no hace falta demasiada imaginación –quizá sólo una lectura inicial a las notas de prensa y el recuerdo del proyecto Abascal– para suponer qué es lo que el proyecto significa.

En el orden individual no me cabe la menor duda de que se propondrá la celebración de contratos de trabajo a tiempo fijo. También por hora, lo que ya acepta la ley cuando señala en el artículo 35 que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado. Es claro que en esos casos, si al concluir la obra o el tiempo subsisten las razones que motivaron la relación laboral, ésta deberá prorrogarse por el tiempo necesario. Pero no parece ser esa la intención de Lozano.

No me extrañaría que aparezca por ahí el contrato a prueba. Es una vieja aspiración de la clase empresarial, obviamente repudiada por los trabajadores y los especialistas. Hay ahora una cierta prueba en el artículo 47, fracción I, que obliga al patrón a probar que el trabajador presentó informes falsos para ser contratado y la prueba no podrá exceder de 30 días. Pero la Corte ha establecido que si durante ese mismo periodo el trabajador no demuestra aptitudes para el puesto, se le podrá separar sin responsabilidad, claro está que acreditando su incompetencia, lo que no siempre resulta fácil.

No es difícil que se considere ahora una reducción de las responsabilidades económicas por despidos injustificados. En algunos países se ha planteado que los salarios vencidos no podrán exceder de tres meses. Si no recuerdo mal, en una reciente conferencia que dí en Monterrey, alguien del público recordó esa formulita. El proyecto Lozano, generoso él, marca seis meses de salarios caídos.

Por supuesto que habrá que ver si en el proyecto se mantiene la regla de que el despido se tendrá que hacer por escrito y entregarlo al trabajador o comunicarlo a través de la junta en un procedimiento paraprocesal o voluntario, lo que no resulta tan fácil.

En materia sindical se plantean exigencias que hacen muy difícil a los trabajadores poder reclamar la firma de un contrato colectivo de trabajo. Pero, además, se limita el derecho de huelga en cuanto a su duración, lo que evidentemente perjudica a los trabajadores. Por otra parte, se atribuye a los empresarios el derecho de promover la imputabilidad del conflicto, lo que actualmente no pueden hacer.

Una novedad importante es que se prohíbe que las cuotas ordinarias que deben cubrir los trabajadores se descuenten de su salario para su entrega al tesorero sindical, con lo que evidentemente la propuesta pretende impedir el ejercicio efectivo del derecho de huelga, ya que los trabajadores difícilmente cubrirán directamente las cuotas al sindicato. Actualmente se sigue el mismo sistema con las cuotas extraordinarias, que debe cobrar directamente el sindicato a los afiliados, situación que hace difícil la captación de esos recursos y hace muy difíciles las acciones colectivas de resistencia.

Se trata, sin la menor duda, de una reforma que supera en fascismo a las presentadas por las autoridades con anterioridad. Si esta reforma se aceptara por el Congreso –confío en que no sea así–, la condición de los trabajadores sería dramática. Claro está –y lo vemos ahora con motivo de los conflictos del sindicato minero y del Sindicato Mexicano de Electricistas– que las organizaciones democráticas pueden superar cualquier escollo siempre y cuando se establezca con ellas la solidaridad, aquella que cerraba el Manifiesto comunista de 1848: Trabajadores de todos los países: uníos.

No cabe duda que en el supuesto centenario de la Revolución que llevó a Madero al poder, pese a sus errores garrafales, estamos regresando a las peores épocas del porfiriato. El gobierno actual ha demostrado su absoluto repudio a los derechos previstos en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. Intenta evitar la negociación colectiva, abaratar los despidos, generar relaciones de trabajo esencialmente temporales y a prueba, y privar a las organizaciones sindicales de sus recursos económicos.

A pesar de todos los pesares, dudo que la CTM y la CROM se adhieran a la propuesta de Javier Lozano que con entera alegría suscribe la Coparmex. La dificultad para el cobro de cuotas no es difícil que coloque a esas centrales en una posición harto incómoda frente a sus propios afiliados. Y la pérdida absoluta de la estabilidad en el empleo, la regulación en favor de las empresas del outsourcing, una de las medidas fraudulentas más recientes, y las otras medidas, por muy corporativas que sean esas centrales, resulta difícil creer que las aprueben.

La conclusión evidente es que el porfiriato intenta recuperar sus fuerzas conservadoras. El PAN lo representa en plenitud. Hay muchos detalles más a los que podremos dedicar futuros artículos. Pero lo que procede decir ahora es que el fascismo gobierna la propuesta de reforma.

Problema que se soslaya, estalla

Rolando Cordera Campos

AJesús Reyes Heroles se le recuerda y reconoce como jurista, politólogo, historiador e ideólogo; un político intelectual que no sólo contribuyó al estudio de las ideas políticas sino que entrelazó la tradición liberal mexicana con las ideas y convicciones de los revolucionarios.

Político de ideas, se empeñó en combinar la teoría y la práctica. Defensor del liberalismo, cuyo legado era para él una heterodoxia económica: el rechazo de la economía del laissez-faire en favor de la intervención del Estado en la vida económica. El Estado en el que piensa Reyes Heroles no es una utopía ni una abstracción; sabía de las vicisitudes del país para integrarse como nación y por eso podía afirmar que lo más importante del quehacer político era la creación, consolidación y sobrevivencia del Estado y sus instituciones. Esta concepción partía de entender (como lo ha dicho Enrique González Pedrero) que el Estado no es sólo coacción ni sólo fuerza, ni buenos deseos; ni sólo razón, ni sólo derecho, ni exclusivamente dominio: es acción integradora para la cooperación social.

En la VII Asamblea Nacional del PRI expresaba: Ni más sociedad para que haya menos Estado; ni más Estado para que haya menos sociedad y menos individuo. Individuo, sociedad y Estado tienen ámbitos de acción característicos y no es posible levantar una colectividad armónica sin respetar el papel que a cada una de estas entidades concierne. Nuestra meta no es una sociedad estatalizada; es un Estado social y una sociedad integrada por individuos libres y en pleno uso de sus derechos.

En ocasión del aniversario de la Constitución de 1824: Desde nuestros orígenes políticos, los liberales mexicanos se apartaron de sistemas abstractos y de principios absolutos; se alejaron del doctrinarismo dogmático, distinguiendo lo que hoy llamamos liberalismo, concepto ético-político centrado en torno a la libertad y al espíritu del liberalismo, del liberalismo económico, centrado en el libre cambio, la libertad de competencia, el dejar hacer y dejar pasar. Se apartaron del librecambio y de la abstención del Estado en la vida económica, sosteniendo la necesidad de que éste coordinara e interviniese fomentando actividades productivas y protegiendo a los que por su debilidad podían ser oprimidos. Así empezaron a construir un liberalismo, celoso en lo que se refiere a las libertades espirituales y políticas del hombre; social, en cuanto se sabe que sólo protegiendo al débil éste puede alcanzar la verdadera libertad, y que sostiene las responsabilidades del Estado en la vida económica de la nación.

“Nuestra Revolución –solía decir– es la primera revolución nacional, democrática, social y liberal, en el sentido ético y político de la palabra, que avanza por una vía de desarrollo no exclusivamente capitalista.”

En Hacia un Estado social de derecho (publicado en 1980 en la revista Siempre) se pregunta si es posible un Estado social de derecho y asegura que si bien es una pregunta teórica, sus consecuencias son prácticas para los quehaceres políticos; examinar el asunto no es abstracción ni utopía. La idea de Estado de derecho es un elemento constitutivo del Estado democrático liberal y tiene un contenido material que le es esencial y que deriva de parte del contenido del Estado moderno. No hay Estado sin normas o reglas, empero, para determinar si estamos ante un Estado de derecho es preciso ver cómo han sido establecidas las normas, cómo pueden ser modificadas y cuál es su sentido.

Asegura que son obligadas distinciones y matices para deslindar lo vivo y lo muerto, lo aportado más allá de un límite histórico y lo reducido a la frontera temporal. “Recordemos lo ocurrido con el liberalismo ético-político, su confusión y mezcla con el liberalismo económico-social y los esfuerzos realizados por separar lo valioso del liberalismo de lo que fue coincidencia histórica, interrelación en ciertos casos y amalgama o mixtura susceptible de ser descompuesta, para conservar lo vivo y sepultar lo muerto.

La preocupación por combatir el Estado legal como Estado de derecho por la vía totalitaria o formalista pasó a segundo lugar cuando en la posguerra el problema social adquirió prioridad. Afirmados ya frente a quienes habían despojado al Estado de contenido y habían convertido en derecho lo que era política, vino un renacer de la fórmula Estado social de derecho.

Por ello, nada tiene que ver el Estado social de derecho con el neocapitalismo y la economía de mercado, así se denomine a ésta social. Tajante, afirma que se requiere distinguir el liberalismo ético-político del liberalismo económico-social; salvaguardar el primero y desechar el segundo. Tenemos que hacer síntesis entre los principios democráticos formales y aquellos que intentan ser más reales; dotar de un contenido social al Estado de derecho, preservando su esencia y preservándonos de incurrir en el fetichismo de formas de validez relativa o circunstancial.

Frente al fallido intento por convertir en mantra y pensamiento único una fórmula caduca, su retórica se vuelve guía: “Vale la pena considerar que la coincidencia de orígenes entre capitalismo y democracia no marca ni una identidad ni menos una dependencia de la segunda al primero; por el contrario, la idea democrática implica poner límites al capitalismo desaforado, que aunque no se impusieron, son innegables doctrinalmente hablando.

En instituciones liberales y democráticas no debe verse una expresión capitalista, sino un proceso y evolución política, con resultados susceptibles de adaptarse a situaciones distintas y de operar en sistemas diversos. Detrás de principios y técnicas democráticas y liberales está toda una evolución universal que debe ser aprovechada.

En esta perspectiva, reivindica el valor del experimento histórico: la vigencia de un auténtico Estado social de derecho demanda un conjunto de tareas teóricas y prácticas que, en su opinión, es menester emprender simultáneamente. Pongamos la mira en una labor de síntesis, sabiendo que no siéndonos accesibles las fórmulas definitivas, porque no las hay, sí podemos evitar o superar trágicas disyuntivas.

El legado reflexivo de Reyes Heroles se impone en su actualidad. Traducir sus ideas implica acciones profundas, de fondo y forma. No se trata de frutos de la casualidad o dictados de las leyes naturales; se trata de ir construyendo una renovada mentalidad colectiva y de poder, forjada al calor de la conversación y la discusión democráticas.

El de Reyes Heroles fue un discurso racional y de pedagogía política que ahora, en tiempos de crisis de las ideas, de ruido y de furia, de sordera militante del poder, como son los actuales para la economía y la política, las creencias y la cultura, son ejercicio crítico razonado que exige recordar que problema que se soslaya, estalla.