Tortura y desaparecidos: la herencia de Calderón

Escrito por Autor
Jorge A. Romero
@YorchAromero


El presidente Felipe Calderón, en enero de 2007, flanqueado por los secretarios de Defensa y Marina (Cuartoscuro).

Cuando a principios de su sexenio Felipe Calderón salió vestido con un uniforme militar que le quedaba grande, muchos cartonistas se burlaron de él y ridiculizaron hasta el cansancio su actitud: la de un comandante serio, determinado a emprender una batalla que nadie sabía donde terminaría pero que contrastaba con su poca estatura y la talla absurda de su traje.

La aventura de la guerra contra el narco, anunciada en Michoacán en 2006, llega a su fin el próximo primero de diciembre, pero las consecuencias se convertirán en la herencia del ya conocido como sexenio de la muerte.

Las agresiones contra cualquier persona a manos del ejército y la figura del arraigo que supuestamente se convertiría en un instrumento para resolver casos relacionados con el crimen organizado se convirtieron en una plaga que disparó los casos de tortura y violaciones a los derechos humanos.

Por eso el pasado viernes el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó no sólo a terminar con la figura del arraigo, sino a aprobar una ley que investigue las desapariciones forzadas cuyo crecimiento denunció desde 2011 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y que calculó podría llegar a 3 mil casos.

Lo grave es que, so pretexto de que de esa manera se combatiría de mejor manera al crimen organizado, el Estado, a través de militares y policías, utiliza la desaparición forzada y la tortura para investigar, lo que termina en el asesinato de personas que simplemente se esfuman.

En Hidalgo, por ejemplo, la secretaría de seguridad pública mantiene una casa particular que sirve para arraigar a sospechosos. La misma corporación admite que a muchos de los inquilinos los debe mantener encadenados y también que las instalaciones no son de lo más seguras, puesto que están en una colonia céntrica y densamente poblada.

El crecimiento de los abusos, que el Comité contra la Tortura de la ONU observa con preocupación, debería de mantenernos en alerta permanente puesto que cualquiera es sospechoso si así lo juzga el uniformado que nos revisa en una carretera nacional. Hemos sido testigos de crímenes del ejército por el simple hecho de que los civiles no se detuvieron al así ordenarlo un soldado.

Calderón se despide y nos deja al ejército en la calle, situación que el próximo presidente Enrique Peña Nieto no cambiará, como ya han anunciado sus colaboradores más cercanos, entre ellos Miguel Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo y que se perfila para dirigir la “supersecretaría” de Gobernación.

Calderón se va y nos deja preocupados porque, según Amnistía Internacional, los casos de tortura crecieron aproximadamente 400% desde diciembre del 2006, sí, cuando comenzó la guerra contra el crimen que anunció el presidente con su traje militar de talla holgada.

Tan sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió desde 2006 y hasta 2011 4 mil 841 denuncias de tortura. El dato relevante es que había 392 quejas por tortura en 2006 y en 2011 se registraron mil 627, según datos hechos públicos por Amnistía Internacional a finales de octubre pasado.

Lo grave es que la situación, así parece ser, no cambiará con el gobierno que entrará el próximo primero de diciembre.