Un estudio de la organización México Evalúa señala que la excesiva politización en la asignación del presupuesto en proyectos de infraestructura llevan al fracaso a muchas obras que quedan inconclusas o cuyos recursos son manejados en la opacidad.
En el documento “10 puntos para entender el gasto en infraestructura en México”, la organización sostiene que durante el sexenio pasado, encabezado por el entonces presidente Felipe Calderón, un total de 233 proyectos de infraestructura presentaron irregularidades, en las cuales hubo desvío de recursos, reducción inexplicable de dinero, obras inconclusas o cancelaciones.
Para Edna Jaime, directora de México Evalúa, muchas veces el problema de la falla en los proyectos de infraestructura viene de origen, pues se cabildean obras que no están respaldadas con estudios y sólo cumplen con compromisos políticos.
“Muchos proyectos se quedan a la mitad por la falta de planeación, a veces se coloca la primera piedra y se hace el anuncio y ya no se avanza en ellos porque faltó el estudio ambiental o porque simplemente no se pueden realizar obras en esa zona.
“El de infraestructura es el rubro que más se modifica en el Presupuesto de Egresos por las negociaciones políticas que lo envuelven; y aunque son miles de millones de pesos, el hecho de que este dinero esté en la cartera de inversión no es necesariamente bueno por esa falta de claridad en su ejercicio”, comentó en entrevista.
El cabildeo que gobiernos estatales, municipales y grupos políticos realizan en el Congreso incide en la asignación de recursos, que se hace sin tomar en cuenta la factibilidad de los proyectos o la importancia en el desarrollo de ciertas regiones, explica México Evalúa.
“Dado el margen de maniobra que tiene el Congreso para modificar el Presupuesto en infraestructura, es fundamental acotar al Poder Legislativo para evitar discrecionalidad en sus decisiones en la materia”, acota el estudio.
Para 2014, se presupuestaron 14,616 millones de pesos tan sólo en el programa de infraestructura carretera y caminos rurales, recursos cabildeados por gobiernos estatales y por diputados para sus entidades.
El gobierno federal ha declarado en diversas ocasiones que el gasto en infraestructura es uno de los rubros más importantes de su eje de desarrollo.
Tomando como base los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), México Evalúa afirma que entre 2006 y 2012, en 38 obras hubo reducción de recursos; en cinco, el dinero fue transferido a otros proyectos que no tenían relación alguna con el original, y 71 de ellos se vieron afectados porque los recursos se emplearon para finiquitos y ajuste de costos en otras obras.
En nueve proyectos, los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tenían siquiera los elementos básicos para la realización de la obra, como los estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, liberación de derechos de vía u otros requisitos.
Un total de 20 proyectos no estaban registrados en la cartera autorizada por la Secretaría de Hacienda; cuatro obras carreteras se suspendieron porque no se obtuvieron los derechos de vía; y en tres no se obtuvo el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente.
“A lo largo y ancho del país, hay carreteras que llevan meses en espera de que en ellas se coloque la primera piedra, otras fueron suspendidas sin visos del día en que se podrán trasegar.
"La CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) registra que, en 2009, el sector perdió 185,000 empleos por la falta de aplicación de los recursos en el rubro carretero”, expone el estudio.
Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa, aseveró que la falta de sustento de los proyectos es una de las principales causas de que exista subejercicio en ese sector.
“No estamos costeando los proyectos que son realmente importantes para el desarrollo de una región o para la consecución de un Plan Nacional de Infraestructura que debiera estar por encima de las peticiones que, si bien son importantes, deben estar perfectamente sustentadas y ser realizables porque si no, es dinero mal invertido”, comentó en entrevista.
El priista José Sergio Manzur, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, reveló que previo a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2014, recibió miles de peticiones de gobernadores, presidentes municipales o diversos actores que enviaron requerimientos a San Lázaro.
“(Este Presupuesto) es el resultado de deliberaciones realizadas en reuniones plurales que tuvimos para analizar de un total de 33,143 peticiones de recursos provenientes de toda la República, las cuales sumaron un monto de 989,241 millones de pesos”, dijo el legislador.
La mayoría de esas peticiones son para proyectos de infraestructura, en concreto, construcción y mantenimiento de carreteras y caminos rurales.
Las propias autoridades estatales han reconocido que a veces el subejercicio en este rubro se debe a que no se entregan proyectos con el soporte necesario para que sean contempladas en el Presupuesto de Egresos.
Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, habló sobre el tema en su entidad y refirió que en 2012 se negaron recursos a alcaldes de diferentes municipios porque el dinero no fue entregado por la Federación debido a que entregaron proyectos incompletos a la Cámara de Diputados.
“Les transmitimos la preocupación de que pudiera haber subejercicio de recursos este año, muchas veces los proyectos que se presentan no tienen soporte técnico; nos ha sucedido en años anteriores, particularmente a nivel de ayuntamientos", dijo Moreno Valle el pasado 12 de noviembre, según citó el periódico local Central.
México Evalúa sostiene que el país ocupa el lugar 49 de 59 naciones en el Índice Internacional de Infraestructura Pública, que mide el nivel de inversión en el sector respecto a su Producto Interno Bruto (PIB).
Para remontar su posición, insiste la organización, se debe disminuir la politización de los recursos dedicados al tema.
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