Le Monde Diplomatique
Dentro de dos meses, el 25 de mayo, los electores españoles elegirán a
sus 54 diputados europeos. Es importante que, esta vez, a la hora de
votar se sepa con claridad lo que está en juego. Hasta ahora, por
razones históricas y psicológicas, la mayoría de los españoles
–jubilosos de ser, por fin, “europeos”– no se molestaban en leer los
programas y votaban a ciegas en las elecciones al Parlamento Europeo.
La brutalidad de la crisis y las despiadadas políticas de austeridad
exigidas por la Unión Europea (UE) les han obligado a abrir los ojos.
Ahora saben que es principalmente en Bruselas donde se decide su
destino.
Entre los temas que, en esta ocasión, habrá que seguir
con mayor atención está el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e
Inversión (ATCI) (1). Este convenio se está negociando con la mayor
discreción y sin ninguna transparencia democrática entre la Unión
Europea y Estados Unidos (EEUU). Su objetivo es crear la mayor zona de
libre comercio del planeta, con cerca de 800 millones de consumidores,
y que representará casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB)
mundial y un tercio del comercio global.
La UE es la principal economía del mundo: sus quinientos millones de habitantes disponen, en promedio, de unos ingresos anuales per cápita
de 25.000 euros. Eso significa que la UE es el mayor mercado mundial y
el principal importador de bienes manufacturados y de servicios,
dispone del mayor volumen de inversión en el extranjero, y es el
principal receptor planetario de inversiones extranjeras. La UE es
también el primer inversor en EEUU, el segundo destino de las
exportaciones de bienes estadounidenses y el mayor mercado para las
exportaciones estadounidenses de servicios. La balanza comercial de
bienes arroja, para la UE, un superávit de 76.300 millones de euros; y
la de servicios, un déficit de 3.400 millones. La inversión directa de
la UE en EEUU, y viceversa, ronda los 1,2 billones de euros.
Washington
y Bruselas quisieran cerrar el tratado ATCI en menos de dos años, antes
de que finalice el mandato del presidente Barack Obama. ¿Por qué tanta
prisa? Porque, para Washington, este acuerdo tiene un carácter
geoestratégico. Constituye un arma decisiva frente a la irresistible
subida en poderío de China; y, más allá de China, de las demás
potencias emergentes del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India,
Sudáfrica). Hay que precisar que, entre los años 2000 y 2008, el
comercio internacional de China creció más de cuatro veces: sus
exportaciones aumentaron un 474% y las importaciones un 403%.
¿Consecuencia? Estados Unidos perdió su liderato de primera potencia
comercial del mundo que ostentaba desde hacía un siglo... Antes de la
crisis financiera global de 2008, EEUU era el socio comercial más
importante para 127 Estados del mundo; China sólo lo era para 70
países. Ese balance se ha invertido. Hoy, China es el socio comercial
más importante para 124 Estados; mientras que EEUU sólo lo es para 76.
¿Qué
significa eso? Que Pekín, en un plazo máximo de diez años, podría hacer
de su moneda, el yuan (2), la otra gran divisa de intercambio
internacional (3), y amenazar la supremacía del dólar. También está
cada vez más claro que las exportaciones chinas ya no sólo son
productos de baja calidad a precios asequibles por su mano de obra
barata. El objetivo de Pekín es elevar el nivel tecnológico de su
producción (y de sus servicios) para ser mañana líder también en
sectores (informática, finanzas, aeronáutica, telefonía, ecología,
etc.) que EEUU y otras potencias tecnológicas occidentales pensaban
poder preservar. Por todas estas razones, y esencialmente para evitar
que China se convierta en la primera potencia mundial, Washington desea
blindar grandes zonas de libre cambio a las que los productos de Pekín
tendrían difícil acceso. En este mismo momento, EEUU está negociando,
con sus socios del Pacífico (4), un Acuerdo Transpacífico de Libre
Cambio (Trans-Pacific Partnership, TPP, en inglés), gemelo asiático del
Acuerdo Transatlántico (ATCI).
Aunque el ATCI empezó a gestarse
en los años 1990, Washington ha presionado para acelerar las cosas. Y
las negociaciones concretas se iniciaron inmediatamente después de que,
en el Parlamento Europeo, la derecha y la socialdemocracia aprobaran un
mandato para negociar (aceptado también, en España, en la proposición
presentada conjuntamente, en el Congreso de los Diputados, por el PP y
el PSOE...). Un informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Alto
Nivel sobre Empleo y Crecimiento, creado en noviembre de 2011 por la UE
y EEUU, recomendó el inicio inmediato de las negociaciones.
La
primera reunión tuvo lugar en julio de 2013 en Washington, seguida de
otras dos en octubre y diciembre (5). Y aunque las negociaciones están
actualmente suspendidas debido a desacuerdos en el seno de la mayoría
demócrata en el Senado de Estados Unidos (6), las dos partes están
decididas a firmar lo antes posible el ATCI. De todo esto, los grandes
medios de comunicación dominantes han hablado poco, con la esperanza de
que la opinión pública no tome conciencia de lo que está en juego, y de
que los burócratas de Bruselas puedan decidir sobre nuestras vidas con
toda tranquilidad y en plena opacidad democrática.
Mediante ese
acuerdo de marcado carácter neoliberal, EEUU y la UE desean eliminar
aranceles y abrir sus respectivos mercados a la inversión, los
servicios y la contratación pública, pero sobre todo intentan
homogeneizar los estándares, las normas y los requisitos para
comercializar bienes y servicios. Según los defensores de este proyecto
librecambista, uno de sus objetivos será “acercarse lo más posible a
una eliminación total de todos los aranceles del comercio
transatlántico en bienes industriales y agrícolas”. En cuanto a los
servicios, la idea es “abrir el sector servicios, como mínimo, tanto
como se ha logrado en otros acuerdos comerciales hasta la fecha” y
expandirlo a otras áreas, como el transporte. Sobre la inversión
financiera, las dos partes aspiran a “alcanzar los niveles más altos de
liberalización y protección de las inversiones”. Y sobre los contratos
públicos, el acuerdo pretende que las empresas privadas tengan acceso a
todos los sectores de la economía (incluso a las industrias de
defensa), sin discriminación alguna.
Aunque los medios de
comunicación dominantes apoyan sin restricción este acuerdo neoliberal,
las críticas se han multiplicado sobre todo en el seno de algunos
partidos políticos (7), de numerosas ONG y de organizaciones
ecologistas o de defensa de los consumidores. Por ejemplo, Pia
Eberhardt, miembro de la ONG Corporate Europe Observatory, denuncia que
las negociaciones se han llevado a cabo sin transparencia democrática y
sin que las organizaciones civiles hayan tenido conocimiento en detalle
de lo que se ha acordado hasta ahora: “Hay documentos internos de la
Comisión Europea –declara la activista– que indican que esta se reunió,
en la fase más importante, exclusivamente con empresarios y sus lobbys.
No hubo un solo encuentro con organizaciones ecologistas, con
sindicatos, ni con organizaciones protectoras del consumidor” (8).
Eberhardt observa con inquietud una posible disminución de las
exigencias para la industria alimentaria. “El peligro –comenta– lo
conforman los alimentos no seguros importados de EEUU que podrían
contener más transgénicos, o los pollos desinfectados con cloro,
procedimiento prohibido en Europa”. Añade que la industria
agrícola-ganadera estadounidense exige la supresión de los obstáculos
europeos a ese tipo de exportaciones.
Otros críticos temen las
consecuencias del ATCI en materia de educación y de conocimiento
científico, pues podría extenderse a los derechos intelectuales. En
este sentido, Francia, para proteger su importante sector audiovisual,
ya impuso una “excepción cultural”. El ATCI no abarcará las industrias
culturales.
Varias organizaciones sindicales denuncian que, sin
ninguna duda, el Acuerdo Transatlántico ahondará en los recortes
sociales, en la reducción de los salarios, y destruirá empleo en varios
sectores industriales (electrónica, comunicación, equipos de
transporte, metalúrgica, papel, servicios a las empresas) y agrarios
(ganadería, agrocombustibles, azúcar).
Los ecologistas europeos
y los defensores del comercio justo explican además que el ATCI, al
suprimir el principio de precaución, podría facilitar la supresión de
regulaciones medioambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, a
la vez que puede suponer una merma de las libertades digitales. Algunas
ONG ambientalistas temen que se comience también a introducir en Europa
el fracking, o sea el uso de sustancias químicas peligrosas para los
acuíferos, con el fin de explotar el gas y el petróleo de esquisto (9).
Pero
uno de los principales peligros del ATCI es que incorpora un capítulo
sobre “protección de las inversiones”, lo que podría abrir las puertas
a demandas multimillonarias de empresas privadas en tribunales
internacionales de arbitraje (al servicio de las grandes corporaciones
multinacionales) contra los Estados por querer estos proteger el
interés público, lo cual puede suponer una “limitación de los
beneficios de los inversores extranjeros”. Aquí lo que está en juego es
sencillamente la soberanía de los Estados y el derecho de estos para
llevar a cabo políticas públicas en favor de sus ciudadanos. Para el
ATCI, los ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos
pertenecen a las empresas privadas que controlan los mercados.
El desafío es inmenso. Y la voluntad cívica de parar el ATCI no debe ser menor.
Notas:
(1) En inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).
(2) El valor del yuan está alineado sobre el del dólar estadounidense.
(3) En abril de 2011, en el marco de la Cumbre de los BRICS en Sanya
(isla de Hainan, China), se firmó un acuerdo de cooperación financiera
entre las cinco potencias emergentes que prevé la apertura de líneas de
crédito en sus monedas nacionales respectivas, con el fin de reducir la
dependencia respecto al dólar. En 2008, ya Pekín había firmado este
tipo de acuerdo con Argentina.
(4) Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Corea del Sur, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
(5) Por parte europea, el jefe de los negociadores de la UE es el español Ignacio García Bercero.
(6) Léase Le Figaro, París, 4 de octubre de 2013.
(7) Léase, por ejemplo, la resolución sobre el ATCI adoptada por Izquierda Unida: http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/RESOLUCION_TLC_UE_EEUU_ConferenciaEuropa_Junio2013.pdf; Y la posición de Jean-Luc Mélenchon, líder del 'Parti de Gauche' francés: http://europe.jean-luc-melenchon.fr/sujet/grand-marche-transatlantique/
(8) Léase Deutsche Welle en español, 17 de febrero de 2013, http://www.dw.de/tratado-ee-uu-ue-libertades-recortadas/a-17438697
(9) Léase “A Brave New Transatlantic Partnership”, 4 de octubre de 2013, http://corporateeurope.org/trade/2013/10/brave-new-transatlantic-partnership-social-environmental-consequences-proposed-eu-us
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