Las reformas constitucionales y legales para crear la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR, han ocasionado un fuerte enfrentamiento en las áreas jurídicas del Gabinete presidencial. El procurador Jesús Murillo Karam acusa al consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, de haber manipulado la iniciativa de Ley que crea la nueva Fiscalía autónoma, ya aprobada por el Senado y a punto de discutirse en Cámara de Diputados, para restarle al Fiscal General algunas facultades importantes, como la representación jurídica del Presidente de la República y del gobierno federal.
Y es que la iniciativa que está en comisiones de San Lázaro y que acaba de ser publicada el 23 de septiembre pasado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, establece que “bajo el nuevo esquema constitucional el Fiscal General conserva atribuciones de garante constitucional, pero sus facultades están acotadas a la materia penal y procesal penal”. Dice además que “la autonomía constitucional de la Fiscalía implica que a su titular ya no le corresponde la defensa de los intereses de la Federación, por lo que está función ahora la ejercerá el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República”. Es decir, que el nuevo abogado del presidente y de la Nación es Castillejos y no Murillo.
El enfrentamiento entre los dos se produjo cuando hace algunas semanas el Presidente mandó llamar a su despacho al procurador Murillo para pedirle iniciar una controversia constitucional en su nombre. La respuesta del titular de la PGR desconcertó al presidente: “No puedo señor presidente, no puedo hacer lo que usted me pide por que yo ya no soy más su abogado”. Peña, sorprendido, preguntó a qué se refería Jesús Murillo y éste le pidió que le preguntara a su consejero Castillejos porque éste había puesto en la iniciativa de reformas constitucionales que la representación jurídica del presidente y la Federación no correspondía más a la Fiscalía General sino a la Consejería Jurídica.
Cuentan fuentes de la casa presidencial que Peña Nieto, contrariado y molesto porque desconocía de lo que le hablaba Murillo Karam, mandó llamar a Humberto Castillejos y le preguntó de qué se trataba el asunto, a lo que el consejero Jurídico confirmó que así había sido enviada la iniciativa y así se había aprobado. El presidente montó en cólera y le reprochó al abogado Castillejos por qué había introducido tal redacción y tales modificaciones al esquema jurídico del gobierno federal sin consultarlo. El funcionario de la presidencia trastabilló y explicó que así se había planeado la redacción, lo que no evitó un fuerte regaño del presidente y, según las fuentes, una sonrisa de satisfacción del procurador que atestiguaba la escena.
Sin embargo, la reforma Constitucional ya fue aprobada por el Senado y turnada a los diputados que la discutirán en los próximos días. Por ahora, lo que establece la Constitución es que en el tránsito entre la PGR y la nueva Fiscalía, la representación jurídica del presidente y del gobierno federal, incluidas todas sus secretarías, está a cargo de la oficina de Castillejos.
Así que, en adelante, cuando se hable del “abogado del presidente” o del “abogado de la Nación” ya no se referirá más al procurador o fiscal general sino al consejero Jurídico de la Presidencia que pasa de ser un simple asesor a al poderoso abogado de la Federación. Y eso no debió gustarle mucho al actual procurador y próximo fiscal Jesús Murillo Karam.
NOTAS INDISCRETAS… El escándalo por las corruptelas del Oficial Mayor del DF, Edgar Armando González, crecerá hoy cuando se difunda un nuevo video donde se le ve incurrir en actos de corrupción. En el GDF se habla de que hoy el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tomaría una decisión: destituir a Edgar Armando para que sea investigado y el cambio de otros dos integrantes de su gabinete, uno de ellos el Jefe de la Oficina del GDF, Javier González, en cuya posición llegaría Luis Ernesto Serna, actual secretario particular… Los dados abren semana. Amenaza la Serpiente.
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