México atraviesa por un
periodo histórico de gran crispación social y de un malestar
generalizado sin precedentes en los últimos años, producto de una crisis
económica, política y social del patrón de acumulación de capital, la
cual colapsa el nivel de vida de las clases trabajadoras. La gota que
derramó el vaso fue el aumento del 20% a las gasolinas en el primer día
de este año 2017. Sin embargo, para arribar a este escenario, se
condensan más de tres décadas de políticas neoliberales y de la
instauración del actual patrón de acumulación.
La inconformidad
social se sustenta en varios ejes: la monumental exclusión económica y
social; la asimetría gigantesca entre el valor de la fuerza de trabajo y
el salario real pagado al trabajador (superexplotación del trabajo);
los procesos de precarización, informalidad laboral y desempleo; el
despojo territorial y de recursos naturales; la violencia estatal
exacerbada —que ha arrojado innumerables atrocidades como la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de
luchadores sociales y periodistas; la violencia social, los feminicidios
y las desapariciones; el saqueo descarado y sin escrúpulos de los
recursos del Estado en todos los niveles del gobierno; el salario que
recibe la alta burocracia; el descredito de todas las reformas
neoliberales y las promesas que anunciaron con ellas, que resultaron en
un inmenso engaño, acentuando el deterioro de la calidad de vida de las
mayorías.
En aparente paradoja, es en estas circunstancias que
la acumulación de capital en México ha aumentado para los más ricos.
Para estos acaudalados, la crisis social por la que atraviesa el país
recae meramente en la “corrupción”i , y es natural que así lo
difundan, ya que esta concepción corresponde con sus intereses, pues
los desliga del metabolismo social y superexplotativo que ellos
encabezan. Así, su gran preocupación es el agotamiento de la democracia
mexicana y la “gobernabilidad” –que impusieron en conjunto con los
grandes partidos políticos desde la década de los ochenta– pues esta
puede poner en entredicho su dominación política, es decir, que se
desmorone su hegemonía al mostrar que sus intereses de clase son lo que el Estado presenta como el interés “general” de la nación.
Y es que fueron las nuevas condiciones de la “democracia mexicana”
controlada desde arriba, las que coadyuvaron a establecer su dominio
político para que los gobiernos ad hoc en turno generaran las
condiciones extraeconómicas para imponer los ejes estructurales del
capitalismo dependiente mexicano en el estadio neoliberal.
Es
en esta coyuntura histórica que el bloque en el poder en México, anclado
estructuralmente a la economía imperialista de Estados Unidos,
emprendió el viraje desde los años ochenta hacia el nuevo modelo de
acumulación de capital, lo que lo llevó a lanzar una ofensiva contra el
mundo del trabajo como premisa necesaria para acoplarlo a las nuevas
exigencias del capitalismo mundializado. Las “ventajas comparativas” del
país han sido: las garantías de superexplotación laboral, las preventas
jurídicas que permiten invertir a las empresas trasnacionales, los
vastos recursos naturales y la posibilidad de explotarlos, la cercanía
al epicentro de la economía mundial.
Fueron las clases
dominantes condensadas en el Estado quienes reorganizaron la acumulación
del capital con centro en el motor externo y el enorme desprecio a las
necesidades sociales ancladas en el mercado nacional. Se desmanteló el
aparato productivo industrial (desindustrialización, incluido Petróleos
Mexicanos) y se profundizó la radical separación del tejido productivo
respecto a las necesidades de los trabajadores y de las masas populares.
Se renunció a la producción de bienes de capital y a la diversificación
productiva-industrial. Se volcaron procesos productivos hacia la
especialización productiva basadas en recursos naturales (el caso de
Sudamérica con mayor vigor), o de bienes manufactureros en maquiladoras
de exportación (el caso de México y Centroamérica) sustentados ambas
formas en las férreas leyes de superexplotación del trabajo. Así
también, se asentó la mayor expulsión de fuerza de trabajo del país al
mismo tiempo en que la constituyó en premisa del débil mercado interno
vía consumo local (mediante remesas) de sus familias empobrecidas.ii
Las clases dominantes, ancladas en una enorme relación de inequidad a
nivel nacional acelerada por la desigual distribución del ingreso y
sustentada de modo estructural en los procesos de superexplotación
laboral, impusieron a sangre y fuego la renuncia al fortalecimiento del
mercado interno y de la articulación y diversificación industrial. Ante
las contradicciones del capitalismo dependiente, los tratados de libre
comercio fueron impuestos como la panacea para “sacar” al país del
atraso e impulsarlo a la “modernización”, no obstante, lo que continuó
fue el desarrollo del subdesarrollo. Y hoy, la crisis de la economía
mexicana ligada a su vez a la crisis estructural del capitalismo
mundial, remueve las capas tectónicas de la sociedad y hacen saltar la
corteza política institucional. Sustentado en la profundización de la
superexplotación del trabajo, el actual patrón de acumulación, salvo
años especiales, ha registrado bajas tasas de crecimiento económico. Más
aún, los llamados ajustes económicos han sacrificado el nivel de vida
de la población en general y los recursos se han dirigido al pago de la
deuda, que han resultado en un brutal tributo de la periferia al centro y
al capital financiero. Tan sólo con el actual presidente la deuda
aumentó del 34.4 % del PIB en 2012 al 50.5% a finales de 2016,
correspondiente a casi 10 billones de pesos.
Agotamiento de la democracia mexicana
La población (conformada en su mayoría por las clases trabajadoras), a
lo largo de este período, ha logrado madurar que una “democracia”
mexicana construida en las alturas del poder, atenta contra sus
intereses. Y no es para menos, esta “democracia” lleva el estigma del
fraude, la extorción, el robo descarado, el saqueo a la sociedad, la
demagogia a niveles nunca imaginados, el racismo, el cinismo, la
xenofobia, la exclusión, el conflicto de interés, la corrupción, el
despotismo, la impunidad …, expresiones en su conjunto que apuntan a su
agotamiento.
En este agotamiento también se han podido desnudar
los nexos orgánicos entre las fracciones de las clases dominantes
–nacionales y extranjeras (Telmex, Televisa, Peñoles, Altos Hornos,
grupo HIGA, Cemex, ICA, grupo CARSO, las mineras canadienses,
automotrices y manufacturas trasnacionales, etc.)– y el Estado en el
cual permanecen agazapadas. Por esto es una locura creer que los
lumpen-patrones confederados en Consejo Coordinador Empresarial
(Coparmex, Concamin, Concanaco, etc.,) puedan jugar un papel
“progresista” en el país, ya que estos organismos han consolidado el
poder político cada vez más centralizado de estas fracciones de clase,
del llamado bloque en el poder. Esto les ha permitido imponer toda una
serie de intereses (económicos, políticos, jurídicos, culturales), y con
ello hegemonizado las formas y modalidades de acumulación centradas en la dependencia y subordinación externa
contraviniendo las necesidades, aspiraciones e intereses de las clases
trabajadoras, franjas populares, territorios y comunidades enteras.
En México, no está ausente la continua y perenne herencia de las
democracias capitalistas que sumergen hoy a la civilización burguesa:
“broken promises” [promesas rotas] en la expresión de James Petrasiii.
La caída del encanto fetichista de la “democracia” capitalista que
envuelve de modo mistificado el carácter de la dominación, ha instalado
un periodo histórico marcado por la mayor inestabilidad política
que cobra fuerza aún más con la crisis de legitimidad, que sumada a los
anteriores problemas de la democracia mexicana (crisis del consenso, de
representación, de los partidos políticos,) impactan en el Estado
provocándole nuevas morfologías.
Con la crisis de la democracia
política se agudiza la crisis de legitimidad de una forma de Estado que
se ha sustentado (ideológicamente) precisamente en un ideario jurídico y
político democrático liberal, cuyos principales axiomas son la
“apertura política”, “pluralismo”, “ciudadanización”, “libertad e
igualdad”, “inclusión política”, “Estado de derecho”.
El
agotamiento de la democracia y sus impactos en la tan salvaguardada
“gobernabilidad democrática” lleva a la emergencia y rearticulación
política de las fuerzas sociales, de las luchas sociales y de la mayor
movilización y politización de las clases explotadas, lo que abre la vía
hacia las mayores confrontaciones, mismas que amenazan la estabilidad
del régimen económico-político del bloque en el poder, tal como lo
muestran las protestas sociales que han surgido “espontáneamente”, pero
como una constante que le impone serios obstáculos a la acumulación
capitalista. Así, por medio de esta compleja espiral de la
crisis, el Estado se va encontrando cada vez más con la mayor presión
popular, al punto de colocarse en callejones sin salida, tales como los
episodios de impasse políticoiv al que ha llegado a
arribar, por ejemplo, tal y como en su labor para extirpar la
resistencia y el desafío popular es impedido de “soltar a los perros” de
forma abierta al no contar con el consenso y legitimidad para llevarlo a
cabo.
En estas coordenadas, se trata de un periodo histórico
en el que las luchas sociales le imponen al Estado nuevas
modificaciones. Así las cosas, para que las clases dominantes puedan
salvar la bolsa exigen blindar la corona. Pocas cartas le quedan
al bloque en el poder, y una de ellas es la que se abre con fuerza con
la posibilidad de la constitución en México del Estado de excepciónv, una alternativa reaccionaria a la crisis que se despliega.
El revés al bloque en el poder y mecanismos de compensación
Los nuevos tiempos que se inauguran el próximo 20 de enero, día de la
toma de posesión de Trump, abren la posibilidad de un revés para las
clases dominantes del país por parte del nuevo gobierno norteamericano.
Las fracciones predominantes del bloque en el poder en México buscarán
la defensa y continuidad, esto es, la “modernización” y profundización
del TLCAN, con enormes costos para los trabajadores.
En estos
tiempos una de las cuestiones a rastrear se refiere a los conjuntos de
intereses de las fracciones predominantes del capital que el Estado en
México organiza, representa y por tal razón, buscará cimentar y
“acordar” con las fracciones hegemónicas abanderadas por el gobierno de
Trump.
En el marco de relaciones de dependencia
histórico-estructural estas relaciones y negociaciones se desenvuelven
bajo las relaciones de dominio y explotación internacional a las que
históricamente las burguesías lumpen se han subordinado con singular
carácter. Y es en esta línea en que se profundizan las pronunciadas
relaciones asimétricas con cargo en transferencias de valor, intercambio
desigual y procesos de despojo y desacumulación ahondando en el
lacerante atraso de nuestra sociedad.
En su afán por salvar su
bolsa, las clases dominantes en México van a sacrificar a los
trabajadores, exponiéndolos aún más, a la pauperización, y estirando más
los límites humanos de la fuerza de trabajo.
La defensa de los
intereses de las fracciones dominantes del bloque en el poder en México
se encuentra subordinada al ejercicio e imposición de los intereses de
las fracciones hegemónicas abanderadas por el imperialismo trumpista.
Por ejemplo, para fracciones empresariales dominantes en el país, evitar
la cancelación del TLCAN, establecer su continuidad “modernizada”,
supone nuevas aperturas (negociaciones entreguistas) hacia los intereses
(económicos, políticos, geoestratégicos, de seguridad, etcétera) del
imperialismo estadounidense, a lo que subyace una profundización de su dependencia estructural, de su mayor subordinación, poniendo de rodillas la soberanía.
Los tiempos del llamado “nacionalismo revolucionario” no son más que
humareda de chimenea para los nativos lumpen-poderosos fieles del dinero
y la ganancia. En tiempos de crisis y decadencia, las clases dominantes
reptan, coletean y se disponen a la mayor entrega. A la negociación
entreguista de la soberanía vuelven a llamarla “modernización”. No hay
nada más apátrida que la oligarquía decadente de nuestros países
latinoamericanos.
Como nos enseña la historia: las burguesías
dependientes no impugnan, negocian; no cuestionan, se adecúan; no
salvaguardan, conspiran. Los lumpen-empresarios no tienen ningún interés
en erradicar contradicciones, desplazarlas con alcance a sus mayores
beneficios es su divisa. Hoy como ayer, son los socios menores y
subordinados del imperialismo.
La reproducción del capitalismo
dependiente mexicano se sustenta sobre las premisas que el bloque en el
poder en México ha hecho prevalecer desde el poder político del Estado:
superexplotación del trabajo y disciplina salarial (como condición de
competitividad), apertura externa, especialización productiva
subordinada al exterior, desmantelamiento de estructuras industriales,
nichos manufactureros y agro-industriales exportadores, endurecidas
políticas neoliberales -monetarias, fiscales, cambiarias,
presupuestales-, fortalecimiento de los capitales financieros, creciente
endeudamiento, reformas promercado ad nausseam para capturar las inversiones externas de las que depende, cuyo autoritario “Pacto por México” lo ilustra.
Como la infraestructura energética liderada por el petróleo tiene (tuvo) la significación de asentare como riqueza social (alimentando una tercera parte de los ingresos del sector público), el
bloque en el poder (local-trasnacional) en México, y los socios menores
de los intereses imperialistas obligaron al Estado mexicano a
entregarla al gran capital petrolero trasnacional, más aun,
involucrándose en nuevas inversiones para su usufructo privado (Slim:
Carso Oil & Gas; Bailleres: Petrobal; Mexichem, la lista es larga).vi
De la misma forma, las lumpenburguesías no ahorrarán medios con los
cuales presionar al Estado mexicano para entregar y transferir riquezas,
activos (biodiversidad, energía, infraestructura, etc.), mayores
subvenciones al capital, concesiones de grandes contratos y
asociaciones, con el objetivo de “negociar” la nueva ráfaga de agresivos
intereses impuestos por el gobierno Trump y con ello lograr
contrarrestar el deterioro de sus intereses y beneficios.
Un
conjunto de mecanismos diferenciados, en sectores y escalas distintas de
flujos de riqueza y de poder podrían ponerse en acción como factores de neutralización al
deterioro de los intereses y ganancias de las fracciones dominantes
nativas y trasnacionales ganadoras de la asociación subordinada en el
TLCAN.
Los mecanismos y sectores clave evidentemente estarán
marcados por los intereses de las fracciones dominantes a que representa
el nuevo gobierno imperialista. Los intereses del capital financiero
(Goldman Sachs), los intereses de la más poderosa trasnacional petrolera
(ExxonMobil), los intereses de los grandes industriales a quienes
representa Trump, se convierten en grandes y complejos campos con los
cuales el Estado mexicano ofrecería como monedas de cambio un conjunto
de activos, contratos multimillonarios e intereses de “seguridad
nacional” afines al imperio. Sin embargo, sólo lo podrán negociar si de
por medio se pueden constituir en el país mecanismos de dominación que
puedan eliminar la resistencia del trabajo y del poder popular.
En estos tiempos, quizá asistamos a la mayor degradación del papel de
las fracciones empresariales del país en la representación de los
intereses de las fracciones imperialistas. Su principal divisa es
“negociación” al costo que sea. En el pasado fue el populismo y la
corrupción, ahora con un gobierno ad hoc a sus intereses y con
personeros a modo en la administración del aparato de Estado, a los
empresarios no les resta más que la corrupción.
En este
sentido, es posible asistir a la envestida de fuertes golpes a los
intereses de las fracciones dominantes asentadas en el país (nativas y
trasnacionales), lo que colocaría en el centro del Estado, la otra cara
de la ofensiva de los lumpen-empresarios para subordinar al Estado a la
puesta al día de mecanismos de compensación sobre las “pérdidas” y transferencias de riqueza extorsionadas a los nuevos perdedores.
Aquí se ponen de manifiesto la profundización de reformas fiscales
regresivas, profundización de grandes recortes presupuestales,
subvenciones de todo tipo al capital, transferencias de riqueza pública
para resarcir “pérdidas”, nuevas reformas laborales antiobreras, nueva
oleada de privatizaciones, apertura de nuevos circuitos mercantiles,
mayor explotación intensiva y extensiva del trabajo, mayor pérdida de
derechos laborales, expropiación y entrega de recursos naturales,
expansión de nuevas asociaciones “público-privadas” en obras de
infraestructura, etcétera.
En resumen, sea por factores de neutralización o mecanismos de compensación
o por una objetivación paralela entre ambas estrategias del bloque en
el poder, las clases trabajadoras y populares del México dependiente
experimentan escenarios sombríos. Se trata de una ofensiva agresiva de
las clases dominantes locales e imperialistas que acentúan hasta el
límite la mayor centralización del poder político y desafían las
condiciones de vida de las clases populares, capas medias y clases
trabajadoras.
El salto cualitativo del Estado Derecho al Estado de Excepción
En el curso de la crisis económica que viene azotando a la sociedad, de
la crisis de legitimidad que envuelve al Estado mexicano y al conjunto
de su cuerpo institucional, y de la fuerte inestabilidad política
evidenciada por el profundo cuestionamiento popular, llevan a cualquier
trabajador a sentir la crisis orgánica de la sociedad mexicana.
Aunado a la nueva etapa de luchas y confrontación social frente al
Estado y los intereses del bloque en el poder que en este nuevo periodo
histórico se registra en nuestro país, el ejercicio del poder se
encamina por la vía del Estado de Derecho hacia la vía autoritaria, una
peligrosa matriz de contención para apagar los estallidos del conflicto social.
Esta vía se refiere en los fundamentos de un refinamiento jurídico (y
bárbaro) de los aparatos y dispositivos de fuerza y aniquilación del
Estado al cuestionamiento popular. Se trata de una reconstrucción
jurídico-política que salta de la fase de criminalización de la protesta
social hacia la militarización -en diferentes espacios, escalas y
temporalidades- del cuestionamiento popular.
Dentro del Estado y
las fracciones hegemónicas del bloque en el poder, el Estado de Derecho
se presenta como el establecimiento del “orden” y de la “paz social”
(los “derechos de terceros”), no obstante, en esencia es la garantía
mediada por la “fuerza pública” de la reproducción del capital y de los
intereses prevalecientes mediante la violencia de clase.
Dada la crisis de representación, del consenso y de legitimidad que
corroe al cuerpo político estatal, para los personeros del capital,
sucede que el Estado de Derecho encierra “vacíos”, “huecos”, por lo que
para el Estado es cada vez más imperativo dotar de energía a la corroída
legitimidad del uso de la “fuerza pública” y su negligente y represiva
usurpación de funciones (el ejército en labores civiles) que cumple ya
más de diez años.
En este contexto se presentan en el congreso las propuestas y formulaciones de una “Ley de Seguridad Interior”vii
que establezca un cuerpo jurídico (de protección) a las mismas fuerzas
armadas, y la elaboración de una “Ley Reglamentaria” que habilite “en
apego” a la Constitución el “Estado de excepción” en México, con lo
cual, de modo perenne se busca colmar para las clases dominantes una
pieza “ausente” y decisiva para aniquilar toda fuerza social, razón e
impugnación al “orden” establecido, ello bajo el manto de la “seguridad”
ante el “narcotráfico” y el “crimen organizado”. Son las jugadas del
poder.
A todas luces se trata de la nueva arma
jurídica-política-ideológica-militar del orden del capital en México. En
tanto las instituciones de la estrecha democracia-electoral se han
precipitado en su crisis, las clases dominantes han agotado los recursos
políticos para dotar de alma e insuflar vida al desgastado patrón de
legitimidad del control y del dominio. Una supuesta reconstrucción del
Estado de Derecho -figura superior del alma del capital-, bajo una Ley
de Seguridad Interior y una nueva regulación jurídica que establece el Estado de excepción en
México, es indisociable de la pretensión de las clases dominantes de
lograr la legitimidad perdida, aunque esta vez no del orden social en
sí, sino de la propia violencia dirigida a garantizar el “orden”.
Con una Ley de Seguridad Interna y el nuevo Estado de Excepción que le
subyace, el capitalismo dependiente mexicano se auto-impone
objetivamente el derecho de aniquilar el cuestionamiento popular al
modelo de acumulación de capital, militarizar la movilización de los
pueblos y fuerzas sociales, socavar los derechos políticos básicos (de
organización, tránsito, inviolabilidad del domicilio, etc.), así como de
modo subjetivo pretende levantar un halo de legitimidad a esta nueva
barbarie. Sin duda asistimos a un componente que viene a redefinir una
nueva morfología del Estado en México: la estatalidad excepcional, que si bien de modo permanente ha venido desplegándose de facto, ésta tiende a metamorfosearse cualitativamente hacia el mantenimiento continuo y permanente de una excepcionalidad de jure,
esto es, jurídico-política, al normativizar, juridificar y normalizar
los instrumentos institucionales de muerte y aniquilación (desaparición)
de la violencia del Estado esparcidos plenamente en la esfera social.
El establecimiento de un Estado de excepción suena muy escandaloso, sin
embargo, para el régimen es más “natural” de lo que pudiera parecer.
Por ejemplo, sin ir muy lejos, es menester señalar que la vía maestra
del Estado de excepción en apelo al Estado de Derecho fue abierta en
Perú por el régimen neoliberal del ex presidente Ollanta Humala, quien
en distintas ocasiones decretó con bombo y platillo el Estado de
excepción contra la protesta social y popular en defensa de los recursos
naturales, territorios y comunidades que veían peligrar sus condiciones
de existencia ante la ofensiva furiosa del capital y los proyectos de
despojo territorial auspiciados por la especialización productiva
exportadora fincadas en la minería y el agronegocio. Así, es bajo los
emblemas del “orden”, “paz” y “Estado de derecho” que se militarizaba
“con base” en la Constitución el cuestionamiento socialpopular saltando
de las etapas de criminalización de la protesta social hacia su
militarización, desorganización y extirpación al tiempo en que se
aceleraba la dinámica de reproducción del capital sobre sus ejes
predominantes.
Qué burguesía en estos tiempos de convulsión
social no exigiría auxiliarse en la “Constitución” apelando a un “Estado
de excepción” amparado y legitimado por el Estado de Derecho y la nueva
Ley de Seguridad Interior. Ante una creciente crisis económica,
política y social, de qué modo el Estado no apelaría al mantenimiento de
la estatalidad excepcional (en sus distintas escalas, espacios y
dimensiones) y apagar con ello las expresiones más espinosas de las
contradicciones estructurales que la sociedad entraña. Oaxaca, Chiapas,
Guerrero, Michoacán, y vastas zonas, territorios, poblaciones, junto con
movilizaciones colectivas (paralización de vías de comunicación,
bloqueos carreteros, toma de casetas de peaje) y fuerzas sociales
(autodefensas, comunidades) y un sinfín de movilizaciones en
resistencia, existentes en el territorio mexicano frente al despojo
territorial, destrucción ambiental y degradación de derechos laborales y
sociales, ven amenazados y en riesgo con esta nueva Ley de Seguridad
Interior sus propias condiciones de vida, de lucha y de resistencia.
Conclusión
¿Quiénes son los responsables de la actual crisis económica, política y
social en México? La respuesta a esta pregunta nos conduce a quienes
realmente detentan el poder político en México. No solo basta con culpar
a los personeros de clase o administradores del aparato de Estado,
desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto, a lo mucho
ellos son los operadores. No basta con decir que es el patrón de
acumulación de capital, que es ya decir mucho, pues no se personifica y
se desresponsabiliza a un proceso de clase. Ni mucho menos, se puede
decir, como lo hace el CCE que es la corrupción, ya que esto desvía de
su responsabilidad a la lumpenburguesía que domina en México. Por tanto,
los responsables de lo que ocurre en México, son el llamado bloque en
el poder en México. Sus formas de acumular capital, sobre las que se
levantan todas sus formas de vida social, son las causas de la crisis
actual.
Hoy más que nunca debe acelerarse la mayor articulación
política entre las fuerzas obrero-campesino-populares que desafíen de
modo radical las estructuras depredadoras del capitalismo mexicano y la
nueva vía reaccionaria adoptada ante la crisis.
Notas
i
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propaga esta versión. Véase:
“Protestas por el gasolinazo, impulsadas por los escándalos de
corrupción”. Julio Reyna Quiroz, La Jornada, Martes 17 de enero de 2017, p. 9.
ii
Las medidas de apoyo a los inmigrantes deportados que hasta ahora
ofrece el gobierno de México así como el nuevo Pacto para el
“Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”
descansan en un círculo reducido de políticas asistenciales, esto es, no
van ni pueden ir más allá del mismo patrón de reproducción del capital
con el que el gobierno de México de modo estructural desterró a millones
de trabajadores y deterioró la calidad de vida de la población.
iii James Petras. “Promesas rotas: el legado estructural de las democracias capitalistas.” www.lahaine.org 1712-2016.
iv Este impasse
es un síntoma de su crisis, como sucedió en 2016 (en el marco de la
lucha contra la privatización pública y la precarización laboral de los
trabajadores de la educación) con las movilizaciones de la CNTE, que a
pesar de las presiones de los organismos patronales, el Estado no logró
operar el golpe definitivo (represión abierta) cuando éstos se lo
exigieron. Véase nuestro ensayo: Iván Montero, José Luis Ríos Vera,
“Reforma educativa y reproducción del capital: El impasse del Estado mexicano”. www.Lahaine.org 13-7-2016.
v John Saxe-Fernández. “Ley de Seguridad Interior: ´sería un golpe de Estado´”. La jornada, 22 de diciembre de 2016.
vi “Funcionarios presentaron la Ronda Uno al empresariado mexicano”, La Jornada, 25 de octubre de 2014; “Son demasiado grandes los lotes no convencionales para firmas nacionales” señala Coparmex: La Jornada, 26 de octubre de 2014.
vii Jorge Carrasco Araizaga, “Un golpe silencioso”. Revista Proceso, No. 2094. 18 de diciembre de 2016.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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