Posibilita asediar al próximo presidente y obstaculizar su labor, dice el jurista
De 2003 a 2017 hubo 350 solicitudes de juicio político, por lo que habrá acoso permanente
La reforma aprobada en la Cámara de Diputados para eliminar el fuero a los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, es una decisión precipitada, irresponsable y que puede conducir a la ingobernabilidad, afirmó el constitucionalista Diego Valadés. Además, considera que es una de las mejores medidas que se podrían tomar si se quiere inmovilizar al próximo mandatario.
En entrevista telefónica, el académico emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que la reforma pone a los legisladores de los estados en grave riesgo de recibir presiones muy fuertes por parte de sus respectivos gobernadores. Además, la supresión del fuero podría ser usada para asediar al siguiente Presidente y obstaculizar su labor.
Le será aplicable el artículo 108 constitucional, conforme al cual puede ser sometido a juicio político, con lo que queda abierta la posibilidad de que el próximo presidente sea objeto de un enjuiciamiento que paralizaría su trabajo. Si tenemos en cuenta que de 2003 a 2017 se presentaron más de 350 solicitudes de juicio político que no prosperaron, vemos que la institución del juicio político ha sido prácticamente inútil, pero que tratándose el próximo Presidente de la República puede ser un instrumento para tenerlo bajo acoso permanente.
Según la reforma, que aún debe ser aprobada por el Senado, el Presidente podrá quedar sujeto a enjuiciamiento penal a partir del momento en que lo determine un juez. Y él le podrá imponer una serie de medidas cautelares, con excepción de la prisión preventiva y la separación del cargo. Las medidas que sí le puede imponer incluyen la presentación periódica ante un juez, prohibirle la salida del país, que le sea colocado un localizador electrónico o que quede resguardado en su propio domicilio.
Con esta reforma, dice el experto, se lanza al país a la ingobernabilidad. De aprobarse, los siguientes presidentes, o al menos el siguiente, podría quedar a merced de lo que decida un juez que se quiera hacer famoso o que reciba presiones de mafias.
Desde luego entiendo que dadas las condiciones de desconfianza en relación con el poder público y quienes lo ejercen, y dado el extremo de impunidad al que se ha llegado en el ejercicio de las funciones públicas, la sociedad va a recibir esta norma con beneplácito, pero no abona a favor de las instituciones democráticas.
Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada
Sábado 21 de abril de 2018, p. 10
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