9/07/2024

Columnas y opinión del periódico La Jornada sábado 7 de septiembre 2024


Represión a la comunidad otomí

Un grupo de choque, cuya imagen recuerda a los halcones de los 70, dispersó a golpes, patadas, palazos y navajazos una manifestación pacífica en la explanada de Xochimilco, que protestaba por la criminalización de la defensora Hortensia Telésforo, del pueblo de San Gregorio Atlapulco.

Las imágenes no mienten. La policía los dejó golpear a diestra y siniestra. ¿Y a quiénes detuvo? A cinco de los manifestantes. Y luego, ya la policía directamente, reprimió a los activistas que acudieron en apoyo para que liberaran a sus compañeros trasladados a la fiscalía de Tlalpan. Fue una tarde-noche larga la de este jueves en la que, frente a la violencia institucional, se hizo presente la solidaridad.

El testimonio de Anselma Margarito, vocera de la comunidad otomí, resume parte de las graves violaciones a los derechos humanos: “A mí me quisieron ahorcar, una policía que se llama Karina y una que se apellida Frías. Frías me soltó una cachetada cuando quise decirle a los compañeros que se calmaran. La otra me dijo: ‘¿no que te sientes muy perra? Ahora sí, siéntete muy perra aquí’. Me dijo que yo tuve la culpa y que le puse el pie para que se cayera y a ver adentro cómo me iba, porque me iban a pegar.

“Tenía mucho miedo de que en algún momento se metieran contra nosotras, porque a mí no me soltaba la que me estaba ahorcando; todo el tiempo me tenía esposada, me llevaba a todos lados… Me quisieron quitar mi celular (porque) yo estaba grabando todo en la página de la comunidad. Ahí viene todo, desde el momento en que los golpeadores llegaron y la policía se fue.

“Muchas gracias a todos; fue difícil este tiempo allá adentro, muy feo. No comimos nada, nos duele la cabeza, nos duele la garganta, nunca nos dieron agua. Cuando preguntamos si ya se habían ido los compañeros de afuera, nos dijeron que sí, que nos habían dejado solos.

A pesar de esta represión, la comunidad otomí no se ha rendido y va a seguir levantando la voz por todos. No estamos solos. Si tenemos que volver a correr por nuestra vida, lo vamos a hacer, y si vamos a tener que defender a nuestra comunidad, la seguiremos haciendo. No nos hemos cansado, no nos hemos rendido y no hemos claudicado. Y no perdonamos.

Desinformemonos.org

El derecho de comer

El hambre como estado biológico crónico está asociado a la pobreza, sobre todo en la niñez. De acuerdo con datos del Unicef, unos 21 millones de nuestros infantes pasan hambre. En México viven 40 millones de niñas, niños y adolescentes, que representan 35 por ciento de la población total, y de su crecimiento y desarrollo depende el futuro del país. De ellos, 51 por ciento viven en pobreza y pobreza extrema.

A pesar de que México ratificó en1990 la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, y aunque contamos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desde 2014, la realidad no ha mejorado para la infancia pobre: subsisten enormes obstáculos que impiden el acceso igualitario a sus derechos y que dejan millones de menores al margen de ellos, en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La atención a la niñez de cero a cinco años es clave para su futuro, porque en esa etapa de la vida el cerebro crece más rápidamente (90 por ciento a los cinco años de edad); se estima además que del nivel de inteligencia que se puede tener a los 17 años, 50 por ciento está ya fijado a los cuatro años. Nutrición, estimulación y aprendizaje forman la triada del desarrollo mental. Uno de cada ocho menores de 5 años presentan en México una talla muy baja para su edad. La falta de una dieta nutritiva diaria está asociada con más de la mitad de muertes infantiles en todo el mundo. La tasa de mortalidad infantil, que significa número de niños muertos antes de cumplir un año por cada mil nacidos vivos, es: México 16.5, Chile 9.1, EU 5.9, Francia 3.9, España 3, Finlandia 2.2 y Japón 1.8.

Todavía no existe la fórmula para calcular cuántos niños sobreviven vulnerados por cada uno que muere por desnutrición. Pero se sabe que desde hace décadas ya existen y se multiplican generaciones de mexicanos débiles físicos y mentales por desnutrición, según me confiaron con preocupación los científicos más destacados en el tema ( Proceso número 552).

Padecemos una ceguera social que nos impide preocuparnos políticamente por la niñez: comprender que una infancia dañada significa una condena para toda la sociedad. La democracia se funda en la niñez con igualdad de oportunidades: nutrición, educación y protección amorosa real. Por el bien de todos, primero los niños. Infancia es destino social.

Carísimo precio a pagar // En pocas manos, 20% del PIB // Piña, aberrante y arbitraria

Dice el presidente López Obrador que decidió no cambiar las reglas a los banqueros, mantenerlos intocados, entre algodones, porque es un precio que hay que pagar, pues es muy importante mantener estos equilibrios; ellos siguieron invirtiendo en México, y nos garantizó el no cambiar esas reglas que se mantuviese estabilidad económica, financiera. Ni con el pétalo, pues.

Sin duda, de primera importancia resulta mantener la estabilidad económica y financiera, pero en el caso de los bancos que operan en México (extranjeros lo de mayor relevancia, y los que no propiedad de barones marca Forbes, beneficiarios de la política privatizadora) la decisión de no cambiar las reglas (todas del régimen neoliberal) ha resultado carísimo para los bolsillos de los mexicanos, por ser los pagadores de las voluminosas cuan crecientes utilidades netas.

La tecnocracia garantizó a la mafia financiera –nacional y foránea– que México sería su paraíso, a tal grado que en no pocos casos (como en el del español BBVA) alrededor de 40 por ciento de sus utilidades globales las obtienen en este país, cuyo gobierno decidió no cambiar las reglas, es decir, que sin mayor problema la banca siga exprimiendo a la clientela mediante el cobro de comisiones hasta por respirar y tasas de interés nivel agiotaje. Y también, al no modificarlas, avaló la existencia del oligopolio en el mercado financiero autóctono, concentrado en cinco instituciones, mexicana apenas una de ellas, propiedad de la familia de aquel personaje popular que daba consejos: un político pobre es un pobre político.

Tras su comentario sobre la decisión de no cambiar las reglas, el presidente López Obrador recordó que en 2023 la banca que opera en el país obtuvo utilidades netas por 272 mil millones de pesos, limpios de polvo y paja, un monto nunca registrado, y mencionó que puede hacerse una consulta, entrevistas a los 30, 40, 50 empresarios más importantes de México, sobre cómo les ha ido en este sexenio en cuanto a utilidades, y todos, todos te van a decir que han obtenido ganancias lícitas importantes. Y ya ni hablar de los banqueros. Así, dijo, “yo puedo decir que en mi sexenio –y se puede probar– a empresarios y a banqueros, les fue pero muy bien, como nunca en la historia, pero tengo la dicha de poder decir también que les fue muy bien a la mayoría de los mexicanos y, sobre todo, que sacamos de la pobreza a millones de mexicanos, como no sucedía en décadas”.

Así es: por ejemplo, y como parte de los equilibrios, en el presente sexenio las fortunas conjuntas de los barones Forbes se incrementaron 51 por ciento y cerraron 2023 en 199 mil 700 millones de dólares (algo así como 8 por ciento del producto interno bruto nacional a precios actuales, en manos de una veintena de hombres de negocios). En el caso concreto de Carlos Slim (casi 6 por ciento del PIB en sus manos), el aumento fue de 60 por ciento, es decir, en esos seis años pasó de 64 mil a 102 mil millones de billetes verdes, y en el del tóxico Germán Larrea el avance fue de 111 por ciento, de 13 mil 300 a 28 mil millones, y falta conocer el logro de 2024.

En el caso de los bancos que operan en el país, desde la llegada del régimen neoliberal (Fobaproa incluido), la jauja ha sido la norma. Solo en el sexenio que está por finalizar, ellos acumularon un billón 300 mil millones de pesos en utilidades netas, un monto similar al que se embolsaron, de forma acumulada (otro billón 300 mil millones), en los tres sexenios previos (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes tampoco cambiaron las reglas).

Entonces, en 23 años (falta el resultado de 2024) en los que no se han cambiado las reglas, la banca que opera en el país obtuvo utilidades netas acumuladas por alrededor de 2 billones 600 mil millones de pesos (alrededor de 10.4 por ciento del PIB mexicano), todo de los bolsillos de los mexicanos, a quienes no cambiar las reglas les ha resultado onerosísimo.

En síntesis, por no cambiar las reglas y derivado del precio que hay que pagar, cerca de 20 por ciento del PIB en manos de una veintena de hombres de negocios y un grupúsculo de bancos, mayoritariamente extranjeros.

Las rebanadas del pastel

La burda maniobra de la impresentable Norma Piña para impedir la reforma al Poder Judicial, resulta aberrante, arbitraria, violatoria de la Constitución y afectaría el estado de derecho; no creo que prospere, dijo el presidente López Obrador, pues no le importa la democracia ni la justicia; solamente sus intereses y privilegios; son partidarios de la corrupción.

Twitter: @cafevegacfvmexico_sa@hotmail.com

A las puertas del otoño

A falta de más o menos dos meses para que, en pleno otoño, empiecen –en los escenarios principales de los combates tanto en el Donbás (Donietsk y Lugansk) como en la región rusa de Kursk– las lluvias y la tierra sea lodazal dificultando el desplazamiento de tropas y armamento, todo indica que la actual correlación de fuerzas sólo podría cambiar a partir de quién resulte electo presidente de Estados Unidos, principal sostén de Ucrania.

De si la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump se instala como nuevo inquilino de la Casa Blanca, al margen de lo que puedan o quieran aportar los países europeos, depende cuánto apoyo en finanzas y armamento de Washington podrá recibir Kiev para hacer frente a los embates militares de Moscú. Pero incluso en caso de ganar Trump, Ucrania no tiene por qué tirar la toalla, simplemente volverá a vivir una situación de carencias de todo tipo, similar a la que tuvo esta primavera cuando la demora de medio año en el Congreso estadunidense para autorizar el enésimo paquete de ayuda facilitó el comienzo de la ofensiva rusa en el Donbás.

A las puertas del otoño, parece claro que las tropas ucranias frenaron a las rusas a 10 kilómetros de Pokrovsk, formando con refuerzos varias líneas fortificadas, mientras el Estado Mayor ruso lleva semanas reportando a diario la toma de insignificantes aldeas por los flancos que, en una perspectiva distante, podría derivar en el golpe táctico de rodear a las unidades ucranias que defienden esa zona.

Y las tropas ucranias, que un mes después de cruzar la frontera ocupan mil 300 kilómetros cuadrados de Kursk, afrenta al Kremlin más que victoria militar, tampoco pueden, tras volar los puentes sobre el río Seim, cerrar el cerco de los entre 2 y 3 mil soldados rusos que hay en el distrito de Glushkovo, pues es muy arriesgado intentarlo en tanto no logren destruir los seis pontones que tendió Rusia para mantener la logística de su efectivos ahí.

Visto con realismo, la guerra no va a terminar cuando los rusos logren ocupar Pokrovsk ni tampoco si no son capaces de expulsar a los ucranios del territorio de Kursk que controlan. Tanto Moscú como Kiev esperan el desenlace electoral en Estados Unidos para poder pensar en sus operaciones bélicas ya, con mayor o menor alivio, en el invierno siguiente.

El gobierno federal detuvo a Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, uno de los líderes regionales del cártel Guerrero Unidos en Iguala en septiembre de 2014, quien es considerado entre los principales responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

López Astudillo fue detenido por primera vez ese mismo año, pero en diciembre de 2019 un juez federal lo liberó porque presuntamente fue víctima de tortura por parte de las autoridades del peñato, cómplices en el operativo de encubrimiento de lo ocurrido en Iguala hace casi una década y autoras de la verdad histórica, la trama de mentiras con que se quiso dar carpetazo al crimen de Estado.

Tras tantos años de los hechos es casi imposible establecer si El Cabo Gil padeció los abusos que alegan sus abogados o si la denuncia de violaciones al debido proceso fue una argucia para lograr la liberación de este personaje clave en el caso Ayotzinapa: tan creíble es que el ex procurador Jesús Murillo Karam, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, u otros altos funcionarios ordenasen la tortura para obtener declaraciones a modo; como que un miembro del Poder Judicial se prestara a regalar (o vender) impunidad a un individuo acusado de delitos graves.

A punto de que se cumpla el décimo aniversario del ataque que provocó nueve heridos (cinco de ellos, normalistas), 17 heridos y los consabidos 43 desaparecidos, y de que expire un sexenio más sin que los familiares y el entorno de los jóvenes puedan conocer el paradero de sus seres queridos, la reaprehensión de López Astudillo supone una tenue esperanza de avanzar en unas indagatorias que se han estancado por factores como la fuga de Zerón, la erosión de las evidencias con el paso del tiempo, el operativo de ocultamiento que tuvo lugar desde las más altas esferas del gobierno de Enrique Peña Nieto y el indignante papel jugado por el Poder Judicial.

Debe recordarse que sólo el juez tercero de distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, absolvió a José Luis Abarca y dictó más de un centenar de libertades absolutorias en favor de acusados sin que el Consejo de la Judicatura Federal tomara acción alguna ante la sistemática impunidad otorgada en un asunto tan delicado y de tan profundas repercusiones sociales.

Esta falta de resultados ha llevado a los padres de Ayotzinapa a una comprensible exasperación y a la pérdida de confianza de un sector de ellos en la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir su palabra de dar con el paradero de los estudiantes. El propio mandatario ha reconocido la existencia de muchos intereses que ya no quieren que se encuentre a los jóvenes, pero reafirmó su compromiso de seguir trabajando en el esclarecimiento y expresó su fe en que todavía pueda hacerse algo para resolver el caso.

Sea a través del testimonio de López Astudillo o de otras fuentes de información, y sea en las semanas que le quedan a la administración saliente o durante el próximo sexenio, lo cierto es que el Estado mexicano tiene la ineludible obligación de localizar a los normalistas y de llevar ante la justicia a todos los implicados en el episodio más emblemático de violación a los derechos humanos en el país en lo que va de siglo.

Mientras persista la condición de desaparecidos de los jóvenes, Ayotzinapa será una herida abierta no sólo entre sus familiares y quienes los han acompañado, sino en toda la sociedad mexicana.

El Correo Ilustrado
Milei puso en crisis a Argentina, opina

Dos hombres de la política argentina han caracterizado al gobierno de Javier Milei como de miseria planificada (Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande) y de un intento de supresión del otro al desaparecer toda acción política (Fernando Borroni, periodista). Miseria, hambre y muerte han azotado el país en nueve meses de la llegada al poder de La Libertad Avanza; en ese tiempo 5 millones de personas cayeron en pobreza –cerca de 20 por ciento de ellos en el nivel de indigencia–. Además, 5.9 millones de kilogramos de alimentos fueron guardados en galpones del Ministerio de Capital Humano, sin que ese insumo se entregara a comedores populares, los cuales se prevé que desaparezcan.

La drástica reducción en la entrega de medicinas en forma gratuita o de bajo de costo a los jubilados, quienes cobran una pensión que lejos está de cubrir la canasta básica, que vergonzosa y cobardemente fueron recientemente reprimidos con extrema violencia por la Policía Federal, la gendarmería y la prefectura al ejercer su derecho a la protesta pacífica frente al Congreso de la Nación. Todos los que piensan (y pensamos) de manera distinta y contra el régimen son, según Milei, ratas inmundas, hijos de puta. Más temprano que tarde las cosas cambiarán.

Miguel Socolovsky

Admirables, ministras que apoyan la reforma

Es destacable la nota de Gustavo Castillo por la digna posición de las ministras de la SCJN Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz al rechazar irse al paro de labores que decidieron sus homólogos, a pesar del gravísimo perjuicio por los miles de casos que se tramitan en esa institución. Desprecio hacia los mexicanos de a pie es lo que reflejan los ausentes, quienes con su decisión incurren en una insultante e ignominiosa violación de varios artículos constitucionales, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y el código penal federal, por lo que diputados y senadores deberán someterlos a juicio político e inhabilitarlos de su cargo. También deberán responder a la conducta típica de corrupción por recibir pago indebido de su salario y no acordar su suspensión.

José Lavanderos

Pide no dejarse engañar por información falsa

¡Qué entretenido es ver cómo el chisme corre más rápido que la verdad! Resulta que algunos se asustaron pensando que el gobierno de la Ciudad de México les quitaría sus casas. Pero, antes de salir corriendo, tomemos un minuto para aclarar las cosas.

Primero, el artículo 139 ni existe en la Constitución Federal (¡se quedaron en el capítulo equivocado!). La reforma que ha causado tanto revuelo no modifica la propiedad privada, ni pública ni social. Lo único que hizo fue actualizar el artículo tercero de la Constitución de la CDMX para alinearlo con el famoso artículo 27 de la Carta Magna, que siempre ha protegido tu propiedad. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Además, la reforma fue aprobada por unanimidad: todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. Entonces, ¿de dónde salió la confusión? Bueno, tal vez de esos medios convencionales y redes que disfrutan más el caos que la verdad. ¿Te van a quitar tu casa? Para nada. Lo único que hicieron fue asegurarse de que la ley local y federal hablen el mismo idioma.

Moraleja: la próxima vez que escuches algo tan ridículo como el gobierno te va a expropiar, recuerda que lo único que se están expropiando es tu tiempo con mentiras.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

¿Es hora de reubicar a los afectados por las anegaciones en Chalco?

La necia batalla que iniciaron los españoles hace 500 años contra la naturaleza lacustre de la cuenca endorreica del Anáhuac sigue de forma irracional hasta hoy. Esto es el resultado de la imposición de la mentalidad y cultura foráneas en un entorno geográfico radicalmente distinto al de los conquistadores y colonizadores hispanos. Los españoles no entendieron el manejo que hacían los habitantes originarios de los recursos hídricos y optaron por destruir sin comprender.

El gobierno de la 4T ha dado un gran ejemplo al recuperar parte del lago de Texcoco, lo que tendrá efectos benéficos en diversos aspectos. Pero en el caso de Chalco también se hace evidente que lo mejor es no ir en contra de la naturaleza; la topografía de la región nos dice claramente que ahí debe existir un cuerpo de agua. La pregunta es ¿no es hora de reubicar a los habitantes de la parte más baja de la zona?

Oscar Mendoza Ramírez

Invitaciones

Presentación del libro Cuauhtémoc, águila que levanta el vuelo

El Círculo de Reflexión, Análisis y Participación, Colectivo Buzón Ciudadano invita a la presentación del libro Cuauhtémoc, águila que levanta el vuelo, de Pablo Moctezuma Barragán. La cita es hoy a las 12 horas en el parque del Cartero José Refugio Ménez, en la colonia Postal, cerca del Metro Villa de Cortés, atrás del mercado. Consulta la página de YouTube del Círculo de la Reflexión y sus redes sociales en Facebook y en X para seguir la transmisión.

Imelda Beristain, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, Salvador Munguía, Marú Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa, José Ramón Puente, Carolina Hdz. Calvario, Óscar Rojas, Víctor Iván Martínez, Nadia B. Olivares, Katia Rueda y Antonio Villegas

Presentan la obra de teatro El pequeño dragón

Juguito de Uva Teatro, presenta la obra: El pequeño dragón. De Lise Vaillancourt. Traducción Boris Schoemann y Elena Guiochíns. Producción y dirección: Carlos Rangel.

Funciones: hoy a las 12 horas, en el Centro Cultural El Hormiguero (ubicado en Gabriel Mancera # 1539, colonia del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez) teléfono: 55 51 31 57 53.

Dos por uno los jueves, a quien adquiera sus boletos en la página: boletopolis.com

30 por ciento de descuento a estudiantes, maestros, INAPAM y vecinos de la alcaldía Benito Juárez

 
A los jaliscienses nos está resultando muy largo este final de sexenio en el cual, según proclamó el gobernador que ya mero se va –¡Gracias a Dios!– iba a refundar el estado de Jalisco.

Nunca supimos bien a bien lo que significaba refundar, pero se llenaban la boca con la palabra. Ahora sus enemigos aseguran que, en realidad, lo que pretendía era refundirlo y que por poco lo logra.

En efecto, el registro que queda es que ha sido uno de los peores gobiernos habidos, y vaya que, en este sentido, especialmente con dos de los tres sexenios panistas que resultaron verdaderamente infames, ponen en verdad muy alta la vara de la incompetencia.

Las clases medias, y no digamos las más altas, no hacen más que refunfuñar y denostar a la 4T. Periódicos y locutores de televisión y radio no cejan en darle duro al régimen. Evidentemente no hay alusión alguna a los gobiernos anteriores que padecimos ni análisis del que todavía padecemos en Jalisco.

Entre otras cosas, para honrar el nombre de Movimiento Ciudadano, han logrado una parálisis casi total de la circulación citadina. En medio del gran crecimiento de la población no han conseguido más que reducir los espacios para circular creando una kilometrada de carriles dizque para bicicletas, por la cual pasa una cada venida de obispo. No son pocos los ciudadanos que en este sexenio han visto duplicarse sus tiempos de traslado, pues al incremento de automóviles ha correspondido una reducción de espacios para circular.

También tenemos que felicitarnos porque este gobierno estatal es el primero en México que organiza una manifestación de sus adláteres en contra de la anual feria del libro, a efecto de impedir el acceso a los asistentes.

En este sentido, finalmente trató de construir una vía de ferrocarril o tranvía o como quiera llamársele justamente hacia el municipio vecino, en el que ellos tienen muchos intereses urbanos creados.

La semana pasada, por fin, se inauguró la famosa presa El Zapotillo, que tranquilizará la inquietud por falta de agua de los tapatíos durante varios años y aliviará la presión que ejerce la gran zona metropolitana del valle de Atemajac sobre el lago de Chapala. Es claro que el Ejecutivo jalisciense estuvo ahí poniéndose la medalla, sin recordar que había abrazado la causa de anegar el valle de Temacapulín y ahogar a tres poblaciones, una de las cuales tiene casi medio milenio de vida y un cementerio de una iglesia de tal antigüedad.

Eso quiso el último gobierno panista, el de ese PRI paniaguado de Peña Nieto y el propio Alfaro, pero no pudieron contra la defensa de los naturales y no pocos jaliscienses que los respaldamos.

Con el gobierno federal actual se hicieron las enmiendas necesarias para hacer la presa y también dejar vivas las tres poblaciones, cuyos habitantes aplaudieron a López Obrador con entusiasmo y, claro, le recetaron una rechifla de padre y muy señor mío al señor gobernador, recordándole, entre otras cosas, sus aviesas intenciones del pasado…

No en vano Movimiento Ciudadano perdió el control del Congreso de Jalisco, su representación en el federal y en el Senado. Triunfó solamente en el área metropolitana, donde dicen que hubo tantas irregularidades que han puesto en tela de juicio la legalidad de su victoria.

La era jacksoniana (cuyo nombre viene del presidente Andrew Jackson que gobernó Estados Unidos de 1829 a 1837) trajo consigo, entre muchas reformas democratizadoras, la elección de los jueces. La idea que en estos años se ha discutido en México, tiene el antecedente en ese movimiento político y hasta religioso del vecino norteño. Los aristócratas dibujaban a Jackson como un burro porque lo asociaron a la ignorancia del pueblo común. Desde entonces, ese burro es el símbolo de su partido, el Demócrata. Cuando fue electo, la prensa lo llamó Su Majestad, La Chusma. El Jacksonismo era un movimiento popular que democratizó la democracia estudunidense, es decir, la de los varones blancos. El número de reformas es casi descriptivo: el sufragio dejó de ser exclusivo para los propietarios y contribuyentes; se instituyó el voto secreto; se abrieron las nominaciones de candidatos de los partidos a la votación popular y se propuso la educación universal; pero también los movimientos en el norte que encabezaron las feministas, la reforma penitenciaria que readaptara a los delicuentes, la abolición de las deudas como causas de encarcelamiento, la atención a los discapacitados y una forma nueva de atender la locura. Por supuesto, los jacksonianos también eran expansionistas, antinmigrantes, y no eran amigos de los afroamericanos ni de las comunidades indias a las que trasladaron por la fuerza al oeste. En su seno se gestó la idea de invadir México.

Para cuando Alexis de Tocqueville llega como ministerio público, en su primer viaje a Estados Unidos para evaluar su sistema penitenciario, se encuentra con ese movimiento popular contradictorio. El francés condena la llamada tiranía de las mayorías porque se sorprende de que Legislativo, Ejecutivo, y Judicial atiendan a la opinión pública: No conozco país alguno donde haya en general menos independencia de espíritu y de verdadera discusión que en Norteamérica. Luego sustituirá sus miedos mientras redacta el segundo tomo de La democracia en América, hacia el despotismo administrativo, es decir, la burocracia. Despreció a Andrew Jackson porque jamás entendió cómo tenía la aprobación mayoritaria si sólo había ganado, como general de la milicia, la batalla de Nueva Orléans. Tendrá sus dudas respecto a la elección de jueces, que es una herencia a partir de 1845 del movimiento jacksoniano en 24 de 34 estados de la unión: El gobierno de Estados Unidos no es uno de tipo federal. Es un gobierno nacional con poderes limitados. Los tribunales son electos y carecen de una Suprema Corte.

Desde entonces el debate siempre ha sido el mismo: a favor de la elección democrática, los jueces y sus decisiones tendrían mayor confianza de los ciudadanos y los funcionarios de justicia serían más responsables ante sus electores a través de la representación. Además, un Poder Judicial electo sería más independiente que uno designado porque las cuestiones de quién los propuso o los financió no serían un factor determinante. Ligados no a partidos o grupos de interés, estos jueces electos ejercerían una restricción más efectiva sobre todo el poder del gobierno y de los oligarcas. En tiempos jacksonianos se decía que, al estar representando a un consenso, tanto Legislativo como Judicial tendrían menos choques. Como lo dijo en ese entonces Andrew Jackson: Periódicamente una república debe tener un debate significativo sobre la dirección general de los tribunales y el papel de los jueces individuales en la contribución a esa dirección. La elección de jueces se veía como un tema de la democracia, no como un asunto del derecho.

Pero la reforma a la que hoy asistimos no es una democratización plena del Poder Judicial. En realidad es lo que en Estados Unidos se conoció como origen mixto, es decir, un método que mezcla tanto una comisión que evalúa los méritos de los abogados que quieren ser juzgadores con una elección popular. En el caso mexicano, por toda la desazón que existe en las confusiones de la oposición entre político y electoral donde ésta es un método, mientras aquella es una organización ideológica, se le ha puesto en medio, entre la comisión evaluadora y las urnas, un sorteo público, para evitar cualquier liga a un partido político o grupo de interés. A pesar de esto, los opositores de la reforma insisten aún en que democracia popular e independencia judicial se contradicen. Es como si una elección amarrara a un mandato unas sentencias que todavía no sabemos sobre qué caso van. Es como especular sobre un futuro que todavía no se ha dado. En cambio, lo que tenemos ahora son sentencias a favor de no pagar impuestos o de descongelamiento de cuentas de narcotraficantes, protegiendo a las compañías eléctricas extranjeras para no pagar por servicios del Estado o de minas contaminantes o de casos de corrupción plena que ya sabemos que el Poder Judicial va a emitir. No hay contradicción entre democracia e independencia, toda vez que el mandato popular es que se resuelva pensando en la dirección general de la república –como diría el burro Jackson– a la que tienen que estar sujetos todos los poderes, incluyendo los tribunales. No más.

Alexis de Tocqueville había sido ministerio público en Versalles desde una temprana edad por las relaciones aristocráticas de su familia. Su amigo más cercano, Gustave de Beaumont, con quien planeó La democracia en América, lo describe así: No había obtenido sus mayores éxitos del pueblo, aunque nunca le faltó el sufragio de la élite. El mismo Alexis renuncia a la magistratura bajo un argumento político: Vivo de tal forma fuera de toda sociedad que me da terror convertirme con el tiempo en una máquina jurídica, como la mayor parte de mis colegas, incapaces de juzgar un gran movimiento, aunque muy aptos para deducir una serie de axiomas y para encontrar analogías y contradicciones. Preferiría quemar mis libros antes de llegar a ello. Resuena todavía, en medio de todas sus dudas e inconsistencias, una frase que bien les valdría sopesar a los actuales ministros de la Suprema Corte: El Poder Judicial retrasa al pueblo, pero no puede detenerle.

El presidente francés, Emmanuel Macron, perdió las elecciones europeas del pasado 9 de mayo. Para tratar de pillar a contrapié a la victoriosa extrema derecha, emuló a su vecino Pedro Sánchez, disolvió la Asamblea Nacional y convocó en el plazo de un mes unas elecciones que nadie esperaba.

Efectivamente, las legislativas pusieron en su sitio a la ultraderechista Rassemblement National (RN), que pese al espectacular saco de votos obtenido, quedó en tercera posición. Por desgracia para Macron, sin embargo, la victoria fue a parar a una novedosa alianza de izquierdas, el Nuevo Frente Popular. Es decir, los votantes confiaron en la izquierda para frenar la amenaza ultraconservadora.

El modelo francés tiene sus peculiaridades. Igual que en México, se elige por separado al jefe de Estado (presidente) y al Poder Legislativo (Asamblea), pero luego, este presidente nombra a un jefe de Gobierno (primer ministro) que debe recibir el visto bueno de la Asamblea.

Macron es presidente porque recibió una ingente cantidad de voto prestado con el único objetivo de frenar a Marine Le Pen. En 2017 logró sólo 24 por ciento de los sufragios en la primera vuelta, pero se encaramó hasta 66 por ciento en la segunda. Así funciona el veto a los ultras: todo el arco parlamentario apoya, aunque sea con la nariz tapada, a la opción que los ciudadanos eligen para hacer frente al RN.

No hacen falta clases avanzadas de democracia para entender que, en justa reciprocidad, si la izquierda ganó las elecciones de julio, suya debiera ser la responsabilidad de encabezar un gobierno que, de igual modo, debiera atender la realidad parlamentaria francesa, en la que la izquierda está muy lejos de la mayoría absoluta.

Pero ni corto ni perezoso, Macron ha decidido vetar a La France Insoumise, el principal partido del NFP, y atraer a los diputados más moderados de la alianza progresista. La precaria coalición ha logrado mantener la unidad, lo que ha llevado al presidente a arrojar la toalla y saltarse a la torera los resultados electorales. Ha nombrado primer ministro a Michel Bernier, conservador de Les Républicains, cuarta fuerza en la Asamblea. Necesitará el apoyo de su partido, de los macronistas y de la extrema derecha.

Es decir, Macron, quien convocó elecciones para frenar a la extrema derecha, ha ignorado la victoria de la izquierda en las urnas y ha acabado nombrando a un primer ministro que va a depender de Le Pen. Macron, pésimo estadista, ha demostrado que prefiere evitar a la izquierda que a la extrema derecha.

En paralelo, dos estados alemanes de la antigua RDA han saltado estos días a las primeras planas por el éxito de la extrema derecha. La AFD ganó en Turingia y fue segunda en Sajonia. En círculos de izquierda, la irrupción de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), escisión del Die Linke (la izquierda) que lleva el nombre de su propia protagonista, ha sido tema de conversación. Ha ganado a su matriz originaria y ha ocupado el tercer lugar en ambas regiones, pese a quedar muy lejos de la AFD y la conservadora CDU.

Hay quienes quieren ver en esta escisión una vía de futuro para la izquierda. El camino que abre, sin embargo, es peligroso. Atina en varios frentes que tienen que ver, sobre todo, con los límites de la izquierda alemana, por ejemplo, cuando cuestiona tótems de política exterior como la OTAN o el envío de armas a Ucrania, pero carga contra las supuestas políticas identitarias de lo que se ha venido a llamar interesadamente izquierda woke –ella lo llama liberalismo de izquierda– y no tiene problema en reivindicar un freno a una inmigración que ve desbocada. Es decir, asume muchos de los marcos que han favorecido el auge de la extrema derecha. BSW quiere entrar de lleno a disputar ese voto rural resentido con la modernidad y asume para ello la base sobre la que se construye buena parte del argumentario de la AFD. ¿Qué podría salir mal?

BSW es también, quizá, la reacción de una izquierda cansada de perder, que busca una respuesta fácil a la pregunta: ¿Cómo ganar? Es una reacción comprensible, en cierto modo; sentirse constantemente perdedor puede acabar resultando exasperante y aburrido.

Pero ese derrotismo ciega la vista y viste de fracasos lo que a menudo no son sino victorias robadas. Hay que trabajar un poco la autoestima. La izquierda del siglo XXI es hija de mil derrotas y otros tantos errores, pero también de otras mil victorias injusta y, a menudo, violentamente hurtadas. La lista es larga: de la República española a Gaitán y Arbenz; de Allende y Lubumba a Cuauhtémoc Cárdenas. Y muchos más.

Sin cambiar de siglo ni de continente, podemos empezar por Francia en este 2024, seguir por un Jeremy Corbin al que en su propio partido laborista inglés cortaron las alas, o a aquella primera Syriza a la que el directorio europeo decidió reducir a escombros como aviso a navegantes. Que nadie se engañe, el actual auge de la extrema derecha tiene bastante más que ver con pulsos antidemocráticos por parte del establishment, como el de Grecia en 2015 o el de Francia este verano, que con el hecho de que la izquierda haya decidido extender discursos y derechos a colectivos minorizados.

El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas con la intención de visibilizar y sensibilizar a la población sobre las problemáticas y desigualdades con las que se encuentran día con día en sus contextos.

En México, los pueblos y comunidades indígenas se enfrentan a los despojos de sus tierras por parte de las empresas; a la represión, estigmatización y criminalización que realiza el Estado en su contra por ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestarse ante las injusticias, así como la prisión política e incluso desaparición forza-da por realizar su labor como comu-nicadores populares y personas defensoras de derechos humanos.

En ese sentido, las mujeres indígenas son quienes cada vez más se enfrentan a estas situaciones por convertirse en liderezas de sus luchas y resistir ante los sistemas capitalista, patriarcal y colonial que se insertan en sus territorios.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se registró que casi 20 por ciento de la población total en México es indígena. De este porcentaje, 51.4 por ciento correspondía a mujeres y de este, el rango de edad con mayor concentración comprendía de 10 a 24 años. En cuanto al acceso a la educación, las mujeres hablantes de lengua indígena no logran terminar la primaria, en comparación con aquellas no hablantes de alguna lengua indígena, quienes en promedio logran terminar el esquema de educación básica (https://acortar.link/qZVjwe).

Además, con base en el informe Datos que duelen, redes que nos salvan, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), se documentaron alrededor de 700 agresiones hacia mujeres defensoras que pertenecen a organizaciones que defienden la tierra y el territorio, comunidades indígenas y/o afrodescendientes en América Latina. En México, la mayoría de esta criminalización y persecución política está dirigida hacia mujeres jóvenes indígenas (https://acortar.link/p7IQvI).

Ante este panorama, es necesario observar que las dinámicas generadas hacia ellas forman parte de un sistema que no sólo busca descolocar a las mu-jeres de puestos de liderazgo y toma de decisiones en sus procesos organizativos, sino que se sustentan en narrativas criminalizantes y discriminatorias hacia las defensoras indígenas.

Asimismo, los procesos de acceso a la justicia y a la protección de sus derechos humanos son obstaculizados por los prejuicios y estereotipos que existen socialmente hacia la población indígena y, por lo cual, miles de personas de este sector poblacional se encuentran injustamente encarceladas.

Recordemos que en algunos casos, como el de Kenia Hernández, el sistema de justicia actúa simbólicamente para emitir un mensaje de disciplina hacia las mujeres que protestan y se manifiestan contra las injusticias cometidas por el Estado mexicano en su perjuicio, pero, sobre todo, para aquellas mujeres defensoras que desafían los sistemas de opresión y de violencia en el país.

Por ello es que la resistencia de las mujeres indígenas surge desde distintos lugares y contextos que no sólo se concentran en combatir las desigualdades estructurales, sino en la construcción de vidas dignas desde el cuidado, el respeto y el acompañamiento colectivo con las demás personas, principalmente con las compañeras.

Ellas son quienes nos han enseñado a transformar nuestros territorios corporales y colectivos en espacios de sanación y resistencia ante las prácticas de violencia instaladas en el tejido social, a buscar alternativas de lucha que no dependan del enfrentamiento con el Estado, sino de la organiza-ción comunitaria para proteger lo común, en el cuidado de la tierra, de las semillas y de la vida.

Nos dan lecciones también sobre la reconfiguración de las dinámicas individualistas para pensarnos en colectivo en nuestras relaciones personales.

Después de tanto despojo de recur-sos, criminalización, y ahora con una mujer como representante del PoderEjecutivo federal, es importante analizar cuáles serán las narrativas de la próxima mandataria y sus líneas de actuación hacia las poblaciones indígenas para contrarrestar las desigualdades, principalmente las que afectan a las mujeres indígenas, qué enfoque usar y cómo ello abonará a fortalecer sus liderazgos.

Sin cambios en las dinámicas extractivistas y en su integración en la toma de decisiones en políticas públicas, los derechos humanos de las mujeres indígenas continuarán permeando en la construcción de condiciones dignas y rezagando a quienes tienen el poder de la transformación y procuración de la vida en colectividad.

En 2017, el ahora juez retirado de la Corte Suprema estadunidense Anthony M. Kennedy acuñó el término plaza pública moderna para referirse al Internet, en lo general, y a las redes sociales, en particular, como el espacio más importante para el intercambio de información y opiniones (shorturl.at/MRubc).

Los hechos han demostrado que el Internet y las redes sociales están muy lejos de ser una auténtica plaza pública, si bien todos los días y a todas horas concurren millones de usuarios a lo largo y ancho del orbe, lo cierto es que un puñado de empresas privadas controlan lo que se dice y lo que se transmite. La libertad de expresión en línea está bajo tutela de unas cuantas empresas privadas, llámese X, Facebook, TikTok y demás.

Recientemente, una serie de acontecimientos en diferentes latitudes ponen en evidencia las crecientes tensiones con relación a la libertad de expresión en el mundo digital entre los particulares que controlan las redes sociales y los diferentes países, con saldo positivo a las primeras.

En Estados Unidos, por ejemplo, el presi-dente Biden signó en abril de este año la ley para forzar la venta de TikTok o, de lo contrario, prohibir su uso en respuesta a la preocupación por vínculos de la compañía con el gobierno chino y el posible acceso de éste a los datos de 170 millones de estadunidenses en la plataforma. TikTok impugnó la referida ley aduciendo que atenta contra la libertad de expresión de sus usuarios, y a la fecha funciona en dicho país (shorturl.at/1swer).

El 1º de julio de 2024, la Corte Suprema estadunidense se pronunció sobre la demanda de NetChoice (una asociación entre cuyos miembros están Facebook y Youtube) contra las leyes de Florida y Texas en materia de moderación de contenidos por parte de las redes sociales. Si bien la Corte regresó los casos para análisis a instancias inferiores, lo cierto es que en la resolución de marras fijó los criterios conforme a los cuales debe realizarse tal escrutinio legal, señalando que las decisiones de las redes sobre remoción de contenidos están protegidas por la libertad de expresión conforme a la primera enmienda, por lo que el Estado no puede intervenir en las decisiones tomadas por las empresas (shorturl.at/cPWPp).

Hace apenas unos días, Mark Zuckerberg, CEO de Meta Platforms (que incluye a Facebook, Instagram, WhatsApp), en una carta dirigida al presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (shorturl.at/IUjdH), hizo públicos algunos pormenores de las relaciones de la empresa con los gobiernos de diferentes países en materia de moderación de contenidos. En específico, señaló que en 2021 el gobierno del presidente Biden presionó para censurar publicaciones referentes a la pandemia de covid-19. Sin embargo, refiere en la misiva, la decisión sobre los contenidos de sus plataformas pertenece por completo a ellos mismos, a nadie más.

Trasladándose al cono sur del continente americano, llaman la atención los casos de Venezuela y Brasil. En Venezuela, la situación cobró relevancia a raíz de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, a partir de las cuales el dueño de X, Elon Musk, y el presidente de dicho país, Nicolás Maduro, intercambiaron por una serie de mensajes con múltiples descalificaciones, lo que incluyó el reto de un combate cuerpo a cuerpo (shorturl.at/rUSwr). Más allá de lo hilarante y anecdótico, lo ocurrido en Venezuela es de traerse a colación porque el conflicto escaló hasta que el presidente Maduro se lanzó contra las redes sociales por ser usadas, acorde con el mismo Maduro, para instigar el odio contra su gobierno. De modo que llamó a sus seguidores a desinstalar WhatsApp y migrar a Telegram o WeChat; al tiempo que, ordenó avanzar en la regulación de las redes (rb.gy/8ki2c2).

En Brasil, el magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal y presidente del Tribunal Superior Electoral, mandató que X suspendiera cuentas de simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro por difundir información falsa y que atenta contra las instituciones democráticas. En respuesta, Elon Musk anunció el cierre de la representación de X en Brasil rb.gy/nv52uq). Frente al desafío abierto de la empresa y su dueño a las órdenes de las autoridades brasileñas, X fue bloqueado y dejó de prestar sus servicios en el gigante sudamericano el pasado 31 de agosto.

Del otro lado del Atlántico, en Francia, fue detenido el fundador y CEO de Telegram, Pável Durov, por una investigación relacionada con complicidad (al permitir transacciones ilegales de grupos organizados), negativa a comunicarse (rechazando la solicitud de las autoridades para proporcionar información o documentos) y demás (rb.gy/7znpy5). Es decir, la justicia francesa investiga al CEO de Telegram en términos de responsabilidad personal, no así a la compañía. Lo que, sin duda, implica un vuelco en la manera en que se fincan responsabilidades a las empresas de redes sociales y sus ejecutivos por el contenido que circula a través de las plataformas digitales. No obstante, lo que aquí se quiere resaltar es que Telegram se mantiene su funcionamiento normal en Francia.

Las experiencias referidas dan cuenta de la preocupación compartida y, en esa medida, de los intentos de los poderes públicos de diferentes Estados por circunscribir el poder que hoy tienen las redes sociales sobre la libertad de expresión de millones de usuarios alrededor del mundo. No obstante, el poder de los barones de las redes se conserva casi incólume (la única excepción parece ser Brasil). Las redes sociales siguen gobernando a sus anchas el discurso en línea. La plaza pública moderna y la libertad de expresión en Internet están en sus manos.

* Doctor en ciencias políticas y sociales, UNAM

Andrés Manuel López Obrador es un gran presidente. El único político en condiciones de quitarle a la izquierda organizada el enorme complejo de inferioridad causado por un régimen político que desde 1940 y hasta 2018 ocupó, decidió y dominó el país desde una visión monolítica y en beneficio de una minoría social y política.

Como líder, ha sido el único gran personaje del México contemporáneo. En seis años convirtió al país en envidia de otros países del continente y fuera de él. Es el único político que ha hecho comprender que gobernar no significa corrupción ni privilegios. No le correspondía a él hacerse responsable de las transgresiones históricas del Estado y, sin embargo, lo hizo: indios yaquis, guerra sucia o Ayotzinapa.

Durante su mandato, la nación se desarrolló como nunca. En lugar de desmantelarse como lo presagiaban sus adversarios reales y de pacotilla, incluidos algunos empresarios, políticos, periodistas e intelectuales. El riesgo al llegar al poder era convertirse en un presidente cínico. No fue el caso.

Pudo ser un presidente más y no lo fue. Como los anteriores, pudo ser sólo una caja de resonancia. Con fuerza y enorme convicción se expresó con claridad contra las intromisiones del poderoso vecino del Norte y contra la hipocresía, vaguedad y falsedades de su oposición, la derecha mexicana. Este personaje tan criticado y vituperado en los medios de comunicación tradicionales ha servido a los marginados y demás grupos sociales del país mejor que cualquier otro gobernante. Siempre con una postura definida.

En condiciones más favorables (dos años de pandemia) se hubiesen alcanzado más logros de gobierno. Si se compara cómo vivía el pueblo hace seis años y cómo vive ahora, se llega a la conclusión de que buena parte de la siempre postergada estabilidad económica se ha conseguido.

Queda a la nueva legislatura y el próximo gobierno la tarea de consolidar la transformación democrática impulsada por AMLO. Lo cual debe ser un compromiso permanente en los próximos años.

El gobierno que termina su ciclo histórico representa un modelo político que no se parece en nada a sus antecesores: ni presiones ni amenazas lo doblegaron. Nunca intentó cooptar a los opositores tradicionales ni se intentó practicarles fraude electoral para debilitarlos. El Estado dejó de manipular e intervenir en comicios locales y federales.

Acusado de ser férreo nacionalista, fue todo lo contrario a la claudicación en defender a una industria eléctrica y nunca oponerse con vigor al modelo de expoliación neoliberal.

La descalificación que hacen de él algunas plumas prianistas al adjetivarlo de dictador o presidente autoritario (por no aceptar negociar las leyes o los principios, por suponerse que están fuera del marco constitucional de componendas) no es nueva y mostró a lo largo de estos años la falta de inteligencia y escrúpulos que tiene la oposición partidaria e intelectual.

Las plumas del prianismo se equivocaron al considerar que el movimiento de transformación es producto de una deriva autoritaria o una próxima monarquía (sic). La claridad de la organización gubernamental, la fidelidad a respetar las bases de la democracia, está ahí para demostrarles su error, aunque les cueste entenderlo.

Las fuerzas políticas institucionales opositoras se oponen a toda movilización social que no pueden controlar. Siempre han terminado por combatir todo proyecto social o político que escape a su control y beneficio monetario.

No entienden que las verdaderas movilizaciones sociales actúan fuera del ámbito de los partidos. Los resultados electorales del sexenio favorables al movimiento autodenominado 4T dejaron constancia de que los mexicanos saben que los principales adversarios son los políticos y empresarios de derecha, que con una falta absoluta de patriotismo abonaron por décadas a la desigualdad social y destrucción de las instituciones nacionales y, por ello, sufragaron con toda simpatía a favor de los partidos políticos del movimiento transformador.

El tiempo puso las cosas en su sitio, los resultados gubernamentales exhiben la mejor de las propuestas para el futuro y transformación de México.

* Sociólogo e historiador Investigador titular del IISUNAM

El enfrentamiento de Elon Musk, uno de los mayores milmillonarios del mundo, dueño de la red X (antes Twitter), con el juez Alexandre de Moraes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil y autoridades de telecomunicaciones de ese país, es relevante para todo el mundo y va mucho más allá de un problema solamente en ese país.

Para empezar, no se trata de libertad de información. Musk no ha tenido ningún problema en eliminar decenas de cuentas y cientos de mensajes en X, con contenido social crítico a pedido de los gobiernos de India, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, censuró sin problemas la difusión del documental de la BBC The Modi Question, sobre el gobierno de India, cuentas críticas al gobierno de Erdogan en Turquía, etcétera (https://tinyurl.com/yezfsb4d). Tampoco dudó en restringir el acceso a su red satelital Starlink en Palestina a pedido de Netanyahu en Israel.

También está en conflicto en la Unión Europea por negarse a cumplir con la Ley de Servicios Digitales. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, declaró al respecto en julio de 2024 que X no cumple con la Ley de Servicios Digitales en áreas clave de transparencia (...) por tanto, engaña a los usuarios (https://tinyurl.com/m3svsyh3).

Uno de los temas de fondo que están en juego en estos conflictos, es la disputa por el control privado, a manos de unas pocas empresas tecnológicas, como las de Musk, de las comunicaciones, de la información y del despliegue masivo y global de la megaindustria digital de la persuasión o hypernudging. Es decir, la industria de cómo influenciar, incluso definir, las elecciones políticas, las decisiones de consumo y otras elecciones de grandes grupos poblacionales.

Esa industria de venta de influencias digitales está entretejida en las actividades y comunicaciones cotidianas, de trabajo, familiares, de educación, salud, políticas, entretenimiento de todas y todos. Es el factor principal que llevó a que ocho de los 10 hombres más ricos del mundo sean actualmente los dueños o socios mayoritarios de empresas digitales como Apple, Amazon, Alphabet/Google, Meta/Facebook, Microsoft y las empresas de Elon Musk.

Musk posee una fortuna personal de más de 200 mil millones de dólares, lo que significa que tiene más dinero que el PIB de alrededor de 150 países. Además de X, es dueño o socio mayoritario de la empresa Tesla, de la empresa aeroespacial SpaceX (uno de los principales socios privados de la NASA) y la red Starlink, que tiene ya cerca de 7 mil satélites de comunicación en órbita, más que la suma de todos los satélites controlados por gobiernos. Musk es el actor principal de la privatización del espacio y la órbita terrestre, desde la que se habilitan las comunicaciones satelitales. Su apuesta es controlar la comunicación de Internet en todo el planeta, interviniendo así virtualmente en la mayoría de los rubros industriales y financieros (Detallé más en Privatización del espacio y más allá https://tinyurl.com/wzxmcfyj).

Musk es un ególatra y mitómano que ha construido una imagen falseada para los medios. Por ejemplo, no creó Tesla ni inventó los autos eléctricos, sino que invirtió en la empresa e hizo juicio a los inventores para aparecer como fundador. Recomiendo ver la serie de podcast Elon Musk Unmasked (https://techwontsave.us/elon-musk-unmasked).

El actual conflicto en Brasil comenzó cuando un juez le ordenó a X bloquear siete cuentas por difundir información falsa. Son cuentas con contenido racista, de violencia y relacionadas a la intimación a acciones ilegales, como el intento de toma del Congreso de Brasilia el 8 de enero de 2023 por seguidores de Bolsonaro. Un estudio de New York Times mostró que en los meses posteriores a que comprara Twitter (ahora X), aumentaron exponencialmente las cuentas y mensajes con discursos racistas, homófobos, misóginos, neonazis, diversas teorías de conspiración y discursos de odio (https://tinyurl.com/2r3ak33f).

Musk se negó a cerrar esas cuentas, retiró los representantes de X en Brasil para evitar que las autoridades los encontraran y comenzó una campaña personal en X contral el juez Alexandre de Moraes, con mensajes a todos los usuarios de X sobre su supuesta defensa de la libertad de información y acusando que sufría persecución política (Musk es amigo de Bolsonaro, Trump, Netanyahu, Milei y figuras del estilo).

El Tribunal Supremo de Brasil apoyó al juez de Moraes, quién ordenó a X cerrar actividades en todo el país, al no tener allí un representante legal. Musk usó entonces su red de Internet Starlink para seguir trasmitiendo X a los usuarios en Brasil, ante lo cual, la autoridad de telecomunicationes (Anatel) comunicó a Starlink que cancelaría sus concesiones. Ante ello, Starlink se retractó y dejó de trasmitir X en su red. Musk prefiere mantener el acceso de Starlink al mercado brasilero que va mucho más allá que X.

La combinación de poder tecnológico, financiero, de comunicaciones e influencia mediática de Musk lo ha convertido en un agente geopolítico de enorme poder, que interviene en situaciones bélicas, de comercio internacional y muchas más en la vida de cada país y de cada persona. Es imprescindible detenerlo. El conflicto en Brasil es apenas un paso.

* Investigadora del Grupo ETC

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