La iniciativa proviene desde la bancada del PRI y la segunda, probablemente una de las más poderosas, nace desde Morena y su representante, la diputada Yuriri Ayala quien empuja su propuesta respaldada por todas las mujeres de los grupos parlamentarios, a excepción del PAN, principal opositor de este movimiento que se ha venido gestando con mayor poder en las últimas 2 semanas.
Esta nueva reforma que propone la derogación del delito, es decir, que no exista más el delito de las 12 semanas y causales produce controversia. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la CDMX se han abierto desde el 2015, al menos mil 240 carpetas de investigación por este hecho.
Hace 2 años, la capital alcanzó un hito histórico tras la apertura de 192 investigaciones en contra de mujeres imputadas por el delito del aborto fuera de las 12 semanas. Esto visibiliza la importancia de que el Estado elimine, por toda vía, la existencia de la punibilidad, pues la legalidad aún dista mucho de una perspectiva de género y de derechos humanos.
Aunque la mayoría de las carpetas de investigación son cerradas por falta de pruebas, sí se visibiliza que la criminalización se mantiene latente y que la CDMX está lejos de consagrar el bienestar colectivo para las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El debate en comisiones
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) aseguró que esta reforma responde a la voz de las mujeres que han salido a las calles para exigir su derecho a decidir:
“Eliminar el aborto como delito es un paso clave hacia la protección de los derechos de las mujeres y la salud pública”; y que el acceso legal y seguro al aborto es necesario para la equidad de género.
La diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) dijo que con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres. Precisó que desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77 por ciento realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez.
Por su parte, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA) explicó que las modificaciones al Código Penal local, buscan que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo no sean criminalizadas por buscar la libertad de decidir sobre su vida y cuerpo. Afirmó que esta reforma busca despenalizar el aborto y precisó que con esto no se pretende modificar el consenso de 12 semanas como límite para tomar la decisión de las mujeres a practicarse un aborto.
Con esta ley se reformarían el tercer párrafo del artículo 76, reformar la fracción VII y adicionar una fracción VIII al artículo 130 y derogar el capítulo V, Título Primero, Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de despenalización del aborto.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que sobre la despenalización del aborto hay posiciones a favor y en contra, por lo que “el Estado debe controlar las intervenciones sobre los cuerpos de las personas gestantes, y como agentes reproductoras de la especie, ya sea prohibiendo la práctica del aborto, legalizando y realizándola en hospitales públicos”.
Además, consideró que el tema debe analizarse de forma integral y no restrictiva, apoyando la idea del aborto en la libertad o autonomía de las personas gestantes. Argumentó que en el sistema jurídico internacional y su desarrollo jurisprudencial se ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica constituye un ámbito de la vida privada, que se relaciona con otros derechos.
En su oportunidad, la congresista Valeria Cruz Flores (MORENA) aseguró que el objetivo de este dictamen es que no se siga criminalizando el aborto; se busca que las mujeres accedan a un aborto seguro y adelantó que su voto sería a favor de las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo “y que ya no están”.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) expresó que la despenalización del aborto no sólo es una cuestión de salud pública sino un tema de justicia social y libre decisión; que “los derechos humanos no se debaten ni se condicionan”; y tampoco se deben penalizar. Recordó que la lucha por los derechos a decidir de la mujer ha tenido avances en diversos países de América Latina, pero afirmó que ha sido punta de lanza la CDMX, donde en 2007 se aprobó por primera vez la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
La diputada Patricia Urriza Arellano (MC) recordó que el aborto actualmente ya está legalizado, después de un movimiento de décadas del feminismo; y consideró que la penalización del aborto afecta a las mujeres más vulnerables, que no tienen recursos ni acceso a asesorías o defensa jurídica, por lo que es punitivista y criminaliza la pobreza.
La legisladora Tania Nanette Larios Pérez (PRI) enfatizó que gracias a las luchas ciudadanas se ha avanzado en la protección de derechos contra la estigmatización de las mujeres, y contra las visiones que reproducen esta violencia, aun cuando desde 2007 se ha avanzado jurídicamente. Apuntó que esta reforma es trascendente “para que ninguna mujer en la Ciudad de México sea criminalizada y vaya a prisión por decidir sobre su cuerpo”, al ya no existir un tipo penal que permita esta injusticia.
La diputada Cecilia Vadillo Obregón (MORENA), presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, comentó que despenalizar el aborto abonaría a desmantelar un sistema legal que ha perpetuado la violencia y criminalización ejercida contra las mujeres. Añadió que estas reformas buscan construir una legislación que permita garantizar el derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo.
Voces contra la iniciativa
La legisladora América Alejandra Rangel Lorenzana (PAN) indicó que no se han tomado en cuenta las propuestas de las asociaciones pro vidas, apoyada con más de 30 mil firmas. Enumeró sus argumentos en contra de la reforma, entre los cuales señaló quitar el límite de semanas para abortar; con lo que dijo, se busca sólo “matar con impunidad” y “legalizar el homicidio calificado con alevosía y ventaja”.
La diputada Olivia Garza de los Santos (PAN) insistió en la importancia de proteger la vida desde la concepción, conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos. “Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente”, argumentó, con relación al derecho a la vida del nasciturus, o niño no nacido, a quien se debe reconocer su calidad de persona.
La diputada Lizzet Vanessa Bernal Rabadán (PAN) señaló no acompañar el dictamen, ya que no se han escuchado las voces de la sociedad y hace falta atender diversas problemáticas para garantizar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos sexuales, ya que se sigue revictimizando a quienes desean interrumpir el embarazo o son víctimas de delitos. Propuso reforzar la educación sexual, atacar la violencia obstétrica y resolver temas como los feminicidios y la violencia de género.
En su posicionamiento, el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) afirmó que esta reforma busca derogar el delito de aborto del Código Penal, autorizando interrumpir el embarazo en cualquier etapa. Señaló que permitir el aborto hasta un día antes del nacimiento, genera un desequilibrio entre los derechos de las mujeres con los del no nacido, por lo que se violaría el derecho a la vida.
El legislador Mario Enrique Sánchez Flores (PAN) se refirió a las consecuencias médicas que puede padecer la mujer por practicarse un aborto en estado gestacional avanzado, por ello se manifestó a favor de que esta información esté al alcance de todas las mujeres, así como de la prevención para que puedan tomar mejor “sus decisiones difíciles y complejas, sobre su cuerpo y su vida”.
La legisladora Yolanda García Ortega (PVEM) se manifestó en contra del dictamen, y defendió el valor de la vida humana, ya que consideró que ésta comienza en el momento de la concepción y termina con la muerte. Al defender su opinión expresó que “no considera el aborto como un derecho humano”, y en lugar de despenalizarlo, dijo que existen alternativas como entregar al bebé en adopción, y utilizar recursos para el apoyo a mujeres embarazadas, tratamientos de salud mental y programas de prevención de embarazos no deseados.
Desmitificar ¿Abortar a los 9 meses?
Para comenzar a desmenuzar esta resistencia primero se debe apuntar a algo: No existe algo tal como un aborto a los 7, 8 o 9 meses, eso ya tiene un nombre y es parto prematuro. Algo que ha existido desde siempre y que no infiere la muerte de ningún bebé, por el contrario, se atenderán las medidas suficientes para su bienestar. La discusión no es infanticidio (término rechazado por la OMS), es el deseo de no querer maternar.
Francisco Cué dice que, si bien es una duda generalizada, es un sinsentido que no debe nublar la vista de lo que es verdaderamente importante. El representante del CIEG rememora aquel 2021 cuando se discutió en la Corte la histórica sentencia del Caso Coahuila y la ministra Margarita Ríos Farjat se hizo tendencia por decir: No nos engañemos, ninguna mujer se embaraza para abortar.
«Ahora, parafraseando esto, me gustaría decir que ninguna mujer continuará su embarazo hasta los 8 meses para abortarlo y si sucede, es porque una mujer se ve necesitada, en ese momento será una necesidad. Lo más seguro es que es un parto prematuro, si lo hace, será por una cuestión médica y la persona más interesada en que el producto sobreviva será la propia madre.»
¿Por qué la más interesada en que viva será ella?: Porque ninguna mujer que someta su cuerpo a 8 meses de embarazo, con todo el impacto en su vida, en su cuerpo, en su movilidad, en el dolor, las repercusiones en su trabajo, en su economía y en su salud, querrá instrumentalizar con ese bebé, responde Cué.
Pero para atender todos estos casos y situaciones aún hace falta un recorrido amplio para el Congreso de la Ciudad de México y es que, se proyectan discusiones con personal capacitado en salud para realizar las recomendaciones correspondientes para los diversos escenarios. Hoy por hoy, el interés supremo de la iniciativa es eliminar el derecho penal en el aborto de una vez y para siempre.
Uno de los puntos más endebles sobre las resistencias en esto es referir que el paradigma en la Ciudad de México cambiará y que el aborto después de las 12 semanas ya será una normalización; el aborto después de ese tiempo siempre ha existido, basta poner la mira en el número de carpetas de investigación por el delito o en la cantidad de mujeres que deben interrumpir su embarazo por problemas de salud. Continuar penalizando el aborto no impedirá que las mujeres continúen interrumpiendo su proceso de gestación, pero sí reproduce la muerte materna por aborto inseguro.
Las restricciones legales y otros obstáculos hacen que a muchas mujeres les resulte difícil o imposible acceder a una atención para el aborto de calidad y que se provoquen ellas mismas el aborto con métodos peligrosos o recurran a proveedores no calificados. La condición jurídica del aborto no afecta a la necesidad de una mujer de abortar, pero sí a su acceso a un aborto seguro, sostiene la OMS.
Lee más sobre mitos y dudas al respecto de esta nueva reforma en Las mujeres podrían abortar después de la semana 12 de gestación en CDMX. Mitos, explicación y resistencias
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