«Intentaron abrir mi domicilio»: Titular del Observatorio de Violencia Social en Aguascalientes

 Escrito por Arantza Díaz

.-Ciudad de México.- Durante el fin de semana de principios de febrero, la presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Mariana Ávila Montejano se vio atravesada por una serie de circunstancias de acoso y tentativa de irrupción forzada en su domicilio.

Esta no es la primera vez que atentan contra integrantes de esta colectiva. En junio del 2024, parte de las instalaciones del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, registró un incendio luego de una serie de denuncias a las que habían dado acompañamiento, donde están involucrados funcionarios y servidores públicos de primer nivel.

“Todo este aumento de las agresiones se da en el marco de una serie de denuncias que hemos realizando, a partir de acompañamientos de revisiones de carpeta, en donde están involucrados funcionarios públicos y servidores públicos, pero principalmente servidores públicos de primer nivel”, aclaró. Mariana Ávila

Las mujeres defensoras de derechos humanos en México enfrentan un doble riesgo al realizar su trabajo: por defender los derechos humanos y por ser mujeres. A los altos niveles de violencia, que inhiben su participación en la vida pública, se suman estereotipos y normas culturales que cuestionan la actuación política y social de las mujeres.

De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) desde el año 2020 al 2023, 33 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México fueron víctimas de feminicidio y 23 tentativas de asesinatos, de acuerdo al Registro Nacional de la Red de México, que señala que mil 547 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos de este país han sufrido hasta 6 mil 870 agresiones diversas.

Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), se han posicionado en contra de que estos hechos queden en impunidad y las autoridades no realicen las debidas diligencias de investigación y protección a la defensora. Asimismo, exigen al Gobierno de Aguascalientes que implemente y active los mecanismos de protección necesario para garantizar un ejercicio libre por la defensa de los derechos humanos; los actos vividos en contra de Mariana Ávila Montejano mina seriamente la seguridad y tranquilidad, no solamente de manera individual, sino también, colectiva.

Cimacnoticias conversó con la defensora sobre el panorama actual y bajo qué margen se maneja el actual gobierno de Aguascalientes que corre bajo la bandera del PAN y su presidenta, María Teresa Jiménez Esquivel.

Dimensionando el quehacer como defensora

«Como Observatorio de Violencia Social y de Género hemos sido muy cuidadosas con nuestro protocolo, sin embargo, no somos ajenas al contexto de inseguridad que vivimos en el Bajío», narra Mariana Ávila para abrir el diálogo. Desde su perspectiva, el panorama de violencia azota con un mayor recrudecimiento a quienes ejercen el trabajo de la defensoría de los derechos humanos, pues se han convertido en una pieza de incomodidad para el Estado al documentar las crisis, evidenciar las escuetas acciones de protección y revelar las fallas sistémicas del Estado.

La defensora refiere que, al interior de su trabajo, es cuando hacen análisis de los procesos sobre por qué comienzan a llegar las víctimas al Observatorio, bajo qué condiciones o cómo se activan los mecanismos como por ejemplo, las alertas, es cuando la violencia revira en su contra.

Mariana Ávila explica en entrevista que actualmente están acompañando y documentando un caso de tortura sexual que involucra funcionarios y servidores públicos de Aguascalientes, un hecho que, para ella, está estrechamente relacionado con los actos de intimidación que ha vivido en días recientes,

«En días pasados intentaron abrir mi domicilio, no sé con qué intención (…) metieron una varilla a mi cochera para doblarla, afortunadamente, yo tengo mis medidas de protección que impidieron que la forzaran y entraran»

Asimismo, de manera concreta, la defensora compartió que se ha visto atravesada por otras circunstancias que han encendido todas las alertas del Observatorio y otras redes que están sosteniéndola actualmente, sin embargo, por motivos de seguridad y a fin de no entorpecer las debidas diligencias, Mariana Ávila prefiere no detallar con mayor precisión, pero sí advertir, de nueva cuenta, que estos intentos de intimidación están relacionados a los casos de tortura sexual que está acompañando la organización y que se han vuelto sumamente incómodos para algunas figuras de la política hidrocálida.

Los hechos no sólo la han atravesado a ella, sino que explica para la agencia que sus compañeras han notificado la presencia de personas sospechosas que toman fotografías de sus oficinas de trabajo, asimismo, en días recientes les han vandalizado la fachada. La defensora explica que, a pesar de que han tenido cambios de domicilio y estar dentro del mecanismo de protección, las integrantes del Observatorio no han sido atendidas de manera indicada: «El mecanismo no ha logrado el objetivo de que estemos tranquilas».

En esta entidad, desde el primero de enero del 2024 entró en vigor la Ley para las Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que implementó medidas de protección y prevención, según sostienen los mandatos de la ley, su marco normativa garantiza la integridad, vida, libertad y seguridad de todas las personas defensoras y periodistas hidrocálidas.

Esta ley se articula con la Coordinación Estatal del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Aguascalientes, que se conforma por diversos órganos, como la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado.

La Coordinación Estatal es la encargada de recibir todas las solicitudes de incorporación para el mecanismo de protección de las personas defensoras, asimismo, el órgano determina tres márgenes: Prevención, protección y medidas urgentes.

El PAN en Aguascalientes y los nulos contrapesos

La entidad de Aguascalientes se ha colocado dentro del visor nacional a causa de una serie de inconsistencias y retrocesos en materia de derechos humanos; no sólo se nombran los tropiezos con la violencia, sino además, la administración hidrocálida ha sido duramente cuestionada por organizaciones civiles y sus embates por cooptar, por ejemplo, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

En aras de esto, se nombra el mantenimiento de la derecha en la entidad que, en agosto del 2024 hizo historia luego de convertirse en el primer estado en reducir de 12 a 6 semanas de gestación el límite para acceder a la interrupción legal del embarazo, asimismo, el Congreso ocupado por una mayoría panista reconoció que el embarazo comienza desde la implantación del embarazo y pautó acciones penales para quien ejerza la interrupción legal del embarazo fuera de las 6 semanas.

Paralelamente, se recuerdan los hechos de uso desmedido de la fuerza en contra de 8 mujeres que participaron en la manifestación del 8 de Marzo en 2021; fueron golpeadas, sometidas contra el suelo y posteriormente, aprehendidas por el delito de «lesiones dolosas», cuando gobernaba el, igualmente, panista Martín Orozco.

Entre el primero de enero y el 4 de febrero, se han registrado 2 feminicidios; Brenda Lizbeth Padilla de 18 años y una mujer de identidad desconocida de entre 20 y 25 años. Mariana Ávila explica que, el panorama actual de Aguascalientes no es precisamente alentador, pues entre los hechos violentos mencionados con anterioridad y las omisiones insistentes de las autoridades, se crean condiciones violentas de impunidad y encubrimiento.

Al frente, está la gobernadora Teresa Jiménez quien, recientemente, encabezó la develación de la Placa de Recertificación del Centro de Justicia para las Mujeres comprometiéndose a garantizar una atención integral y de calidad a toda mujer en riesgo. Paralelamente, también carga desde hace 5 años señalamientos por actos de corrupción -al igual que su esposo-, luego de firmar un contrato con una empresa de iluminación bajo la premisa de crear el proyecto Modernización del Sistema de Alumbrado Público del Municipio por un valor de 900 millones de pesos; un sobrecosto aproximado de 600 millones de pesos.

Así, Aguascalientes se ha convertido en una de las entidades bastiones del PAN de manera histórica, sin embargo, el problema escencial no son las dificultades para contener la violencia -fenómeno que se replica a nivel federal-, sino las dificultades para acceder a una democracia más justa. La defensora refiere que el panorama político actual es muy complejo pues no existe ningún tipo de contrapeso institucional que permita frenar, cuestionar o indagar en prácticas irregulares al interior del gobierno de Jiménes: «Todo aquí es del mismo grupo político», concluye Mariana Ávila.

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