Editorial La Jormada
Asimismo, la crueldad exhibida por funcionarios de diversas dependencias gubernamentales de Estados Unidos en el trato a los extranjeros pone sobre la mesa un hecho preocupante: ese trato es violatorio de los derechos humanos y no se justifica ni siquiera con las actuales regulaciones antimigratorias federales y estatales.
Por
lo demás, los atropellos no siempre se limitan a gritos, golpes y
jaloneos. Recuérdese, a guisa de ejemplos, el caso de Anastasio
Hernández, asesinado a golpes por agentes de la Patrulla Fronteriza en
la garita de San Ysidro, el 28 de mayo del año pasado, o el homicidio
del menor José Antonio Elena Rodríguez, perpetrado cinco meses después
en Nogales por agentes policiales estadunidenses que lo acribillaron
por la espalda desde territorio del país vecino.
Para poner fin a tales prácticas se requiere de algo más que modificaciones legales: es necesario que las autoridades del país vecino empeñen su voluntad política para contener un patrón de conducta de empleados públicos que creen que la condición de migrante indocumentado suprime el conjunto de derechos de una persona y que, en consecuencia, se le puede maltratar con toda impunidad.
Dicho de otra manera: si no se emprende desde las altas esferas políticas de Estados Unidos un combate real contra la impunidad policial y la xenofobia y el racismo que impregnan las filas de sus corporaciones de seguridad pública, ni siquiera una reforma migratoria podrá garantizar un trato digno a los migrantes.
Para poner fin a tales prácticas se requiere de algo más que modificaciones legales: es necesario que las autoridades del país vecino empeñen su voluntad política para contener un patrón de conducta de empleados públicos que creen que la condición de migrante indocumentado suprime el conjunto de derechos de una persona y que, en consecuencia, se le puede maltratar con toda impunidad.
Dicho de otra manera: si no se emprende desde las altas esferas políticas de Estados Unidos un combate real contra la impunidad policial y la xenofobia y el racismo que impregnan las filas de sus corporaciones de seguridad pública, ni siquiera una reforma migratoria podrá garantizar un trato digno a los migrantes.
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